“O follamos todos, o la puta al río”: discriminación y violencia lingüística

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En una columna de análisis deportivo del periódico español El País, firmada por el escritor Manuel Jabois el 14 de mayo de 2015, entreverado en opiniones coloridas, se lee: “O follamos todos, o la puta al río”. El escritor lo pone como un reporte del decir de un aficionado (no como algo aseverado por él mismo) molesto porque su equipo estaba por quedar fuera de posibilidades y el equipo rival no.

Este dicho añejo es popular en la España actual. En significado es equivalente a su inocente contraparte latinoamericana: “O todos coludos o todos rabones”. Sin embargo, la violencia metafórica del primero lo coloca como uno de las expresiones más deplorables del habla española actual. Permítaseme desglosar rápidamente esta violencia. Primero, debemos notar la carga de género. La frase alude a una mujer que se confronta a una situación agresiva con una cantidad de hombres. Segundo, analicemos la situación de la trabajadora sexual —suponiendo (aunque esta suposición no esté justificada) que a ello se refiere el término “puta” del dicho, y no a una mujer que practica otro trabajo. Su destino se decanta entre dos posibilidades: macabramente, la mejor de ellas es una violación tumultuaria. La peor, el asesinato. Finalmente, por supuesto, está el hecho de que ella no tiene ni control ni opinión sobre su propio destino, pues este depende en su totalidad de que el grupo de violadores se ponga de acuerdo sobre si acaso todos tendrán turno de ultrajarla o no, lo que la convierte en una mujer absolutamente objetualizada, desprovista por completo de voluntad y valor en sí misma.

Estas características hacen de esta frase popular un paradigma de un tipo particular de violencia lingüística. Aquí otras compañeras en ofensa: “puto” o “maricón” para referir a cobardía; “no seas nena” o “pareces mujercita” para referir a debilidad; “trabajas como negro” para referir a una persona explotada laboralmente. Estas frases comparten una propiedad fundamental que las hace muy escurridizas: la invisibilización de la violencia misma que conllevan. A oídos de muchos españoles, por ejemplo, nada hay de ofensivo en la frase mencionada. La intención del hablante que la emite, por supuesto, no es o violar tumultuariamente a una trabajadora sexual o asesinarla. La intención simplemente es comunicar que el reparto de un bien debe ser equitativo. ¿Qué problema hay en ello? Tuve ocasión reciente de corroborar esto al discutir la dolorosa frase con un amigo español. La proferí, atónito, esperando su respuesta. Mi amigo me vio y aseveró: “Claro, frase muy popular, ¿y qué problema tienes con ella?” Que a una persona inteligente y preocupada por la realidad social, como en estima tengo a mi amigo, no le aparezca evidente la violencia de la frase muestra cómo el uso cotidiano a lo largo de generaciones va haciendo dicha violencia cada vez más difícil de detectar. El lenguaje nos acostumbra poco a poco.

Las intenciones originales se pierden, sí, pero los insultos perduran. Detengámonos en esto: precisamente porque la frase quiere comunicar que un bien debe ser repartido equitativamente, el uso de la metáfora en cuestión es francamente escalofriante, pues concibe a una mujer como eso, un bien que los hombres pueden distribuirse entre sí para satisfacer su deseo sexual o que también pueden asesinar, dependiendo de sus deliberaciones. Esto deja en claro que la metáfora escogida para comunicar lo que se quiere es a todas luces deplorable, ultra-violenta y machista en extremo. Por ello repetirla, aunque la intención no sea comunicar el contenido expresado en la metáfora sino la idea ya mencionada, resulta problemático. Gira nuestro imaginario en la dirección en la que una mujer puede ser tratada del modo descrito, y añade, así, a un contexto de desigualdad e hiper-sexualización de las mujeres. No hay modo de ligar una sola emisión de esta frase a la violencia física efectuada contra una mujer en concreto, de eso no hay duda. Sin embargo, el uso constante de esta y frases similares nutre (aunque sea a cuentagotas) al contexto de discriminación de grupos vulnerables. Y ese contexto discriminatorio, creo, es el que favorece la aparición de la violencia física. Si bien es cierto que otras actitudes alimentan ese contexto en mayor medida, ello no quiere decir que el uso de estas frases no lo haga (como he dicho, a cuentagotas). Por otro lado, a la inversa, parece que solo en un pueblo que ha padecido discriminación radical hacia la mujer podría surgir un dicho popular de esta naturaleza.

Que los insultos perduran, aunque las intenciones comunicativas cambien, queda claro también con las otras expresiones: “puto” refiere actualmente también a cobarde porque la cobardía es una propiedad que ofensivamente es atribuida a los hombres gay. “Pareces mujercita” refiere a debilidad porque dicha propiedad es asociada a las mujeres. Por eso, así como la transmisión del insulto no depende de la intención comunicativa del hablante, tampoco depende de que el receptor de estas oraciones se sienta insultado. Porque el insulto es a los hombres gay en su conjunto, en un caso, y a todas las mujeres, en otro. Se les reitera la discriminadora idea de que la cobardía y la debilidad son propias de su orientación sexual y de su género, respectivamente. Ello no quiere decir que estas palabras no puedan ser re-apoderadas por estos propios grupos, como cuando son proferidas entre ellos con una intención de reivindicación y no de denuesto —aunque también sea el caso que ellos mismos puedan decirlas en calidad de insultos y entonces contribuyan al contexto de discriminación para consigo mismos.

Estos insultos comparten la condición de invisibilización con muchas otras prácticas que oprimen sistemáticamente a personas de diversos grupos sociales. Por ejemplo, la expectativa de que dentro de una pareja heterosexual de profesionistas la mujer haga las labores domésticas, o que mientras la maternidad sea un obstáculo para la carrera de las mujeres, la paternidad no tenga efectos negativos en la de los hombres —como sugiere un estudio reciente sobre las contrataciones de tiempo completo de profesores de ciencia en universidades de Estados Unidos. Dicho estudio muestra que actualmente mujeres en igualdad de circunstancias con pares hombres suelen ser preferidas por comités académicos de contratación en un porcentaje de dos a uno. Por ello, el estudio postula que la falta de representación de las primeras en la ciencia no se debe a prejuicios en los procesos de contratación en su contra. Una mejor explicación apunta al hecho de que estas, debido a los límites de su reloj reproductivo, tienen que buscar la titularidad de sus plazas al mismo tiempo en que se convierten en madres. Considerando que tienen que dedicar mucho tiempo y energía al nacimiento y a la crianza de los hijos, muchas simplemente no buscan la titularidad, o lo hacen en una profunda desventaja con relación a los hombres —que no tienen que realizar un esfuerzo equivalente para ser padres mientras buscan posiciones permanentes de trabajo en la academia.[1] Así como en el caso de los insultos invisibilizados, puede resultar difícil darse cuenta de la opresión inherente a estas prácticas. Sin embargo, todas ellas esconden un privilegio para un grupo y por ello son opresivas. Iris Marion Young sostiene que por cada grupo oprimido en un aspecto hay uno privilegiado en ese mismo aspecto. Esto queda claro con los ejemplos mencionados: los hombres ejercen el privilegio —por el simple hecho de ser hombres— de prescindir de ayudar en el trabajo doméstico y de compatibilizar el bien de la paternidad con sus carreras —a diferencia de las mujeres, que tienen que absorber los costos de dichos privilegios ajenos.

Como he mencionado, la invisibilización hace que el insulto que cargan las oraciones hasta ahora vistas sea resbaladizo y complejo. Ello las distingue de otras ofensas lingüísticas más directas hechas por motivo de género, orientación sexual, religión o pertenencia étnica, cultural o nacional —i.e., cuando directamente se insulta a una persona indígena por ser indígena, a una mujer gay por ser gay, a una persona musulmana por ser musulmana. Llamemos a esta segunda clase de ofensas insultos arteros.

Queda muy abierto el debate sobre qué se debe hacer para combatir a los insultos invisibilizados y a los insultos arteros. Sobre cómo abordar los últimos en la esfera pública, bajo el adecuado rótulo de discurso de odio, hay vasta literatura. Como es sabido, en la tradición estadounidense tanto la práctica política como la académica favorecen permitir todo tipo de aseveración, por más ofensiva que sea, mientras no represente una incitación directa a la violencia física. Es por ello que el Ku Klux Klan puede llamar “simios” a los afroamericanos que protestan contra el alza de la bandera confederada en Carolina del Sur, que el insólito precandidato republicano a la misma presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, puede decir que los indocumentados mexicanos son violadores, o que el pastor Terry Jones puede hacer una gira nacional bajo el eslogan “el islam es el diablo”, quemando una copia del Corán en cada punto de encuentro. Ninguno de estos actos de habla, se dice, puede vincularse causalmente con la violencia física hacia alguno de los grupos vulnerables mencionados, por lo que se hallan protegidos por la libertad de expresión. En cambio, en Francia, Inglaterra, Canadá, Holanda, Sudáfrica e India, por mencionar algunos casos, la legislación avanza cada vez más hacia la idea de que el discurso de odio emitido en la esfera pública no puede contar con esta protección, conduzca a la violencia física o no.

En México, por su parte, pandeando el Artículo 1ro de la Constitución —en tanto que no refiere directamente a actos lingüísticos discriminatorios—, los ciudadanos tienen el extraño derecho de insultar con toda la saña y odio del mundo a una mujer por ser mujer, a una persona indígena por ser indígena, a una persona discapacitada por ser discapacitada. Por otro lado, es gratamente sorprendente que la libertad de expresión ya no proteja al discurso realizado con el propósito explícito de denostar la orientación sexual de las personas gay —debido a la importante resolución del 6 de marzo de 2012 de la Suprema Corte de Justicia. Esto es, sanciones de orden civil se siguen al utilizar “puto”, “maricón” o “puñal” como lo que aquí he llamado insultos arteros, pero no cuando se usan como insultos invisibilizados. Esta resolución es histórica —aunque, debe decirse, poco o nada haya cambiado la realidad discursiva de nuestra vida pública todavía. Más preocupada parecía la Corte en el pasado por proteger la etérea autoestima de nuestra loable (¿cómo decir otra cosa?) nación, con esa estrambótica deliberación y subsecuente resolución del 5 de octubre de 2005 que impide denostar al lábaro patrio.

Por supuesto, no intento cerrar un debate teórico que ha producido tanta literatura como lo es el de los contornos de la libertad de expresión. Sin embargo, en ocasiones me desvela la idea de que los insultos arteros, a diferencia de los insultos invisibilizados, son mucho más fáciles de abordar. Se nos olvida que, como J. L. Austin mostró y muchas feministas han revitalizado (entre ellas, Rae Lengton, Sally Hanslanger y Jennifer Hornsby),  los actos de habla son precisamente eso: actos. En los insultos arteros, la intención directa del hablante es insultar, ejercer violencia lingüística para lastimar a su conciudadano, hacerlo en sus palabras una persona de segunda o de tercera, si persona acaso, un inferior en una supuesta jerarquía entre seres humanos. En mi opinión, no hay sociedad que pueda hacer valer la dignidad personal, el respeto mutuo, y los valores de la fraternidad y la igualdad equitativa de oportunidades cuando estas actitudes lingüísticas son toleradas de forma sistemática. Cuando los insultos arteros son legales, dicha sociedad se condena a sí misma a estar partida, disgregada en irritaciones de grupo, abonando institucional y socialmente a la vulnerabilidad de ciudadanos ya desprotegidos. En una sociedad así, en el mejor de los casos, el grupo insultante (asumiendo que no está incitando a la violencia contra los insultados) desea expresar de forma cotidiana su frustración perenne por compartir la cooperación social con tantos inferiores. Por su parte, los grupos insultados están condenados a desarrollar sus vidas bajo el yugo de esas oraciones, sabiendo de las enfermizas psicologías superioristas de sus conciudadanos insultadores. No hay modo, pues, de realizar los valores democráticos básicos mencionados (dignidad personal, respeto mutuo, fraternidad, igualdad equitativa de oportunidades) ni a corto, mediano, o largo plazo. Y, en mi opinión, una democracia que no aspira a realizar esos valores no es una democracia digna de existir.

Por esta razón fundamental creo que los insultos arteros por motivo discriminador no deben estar protegidos por la libertad de expresión. Solo tratando de combatirlos de muchos modos (y aclaro que la infinita mayoría de combates no son la cárcel o el cierre editorial), podemos tratar de honrar estos valores irrenunciables de una democracia plena, funcional y sustantiva. Cuando el ex gobernador de Jalisco (en ese momento en funciones) Emilio González Márquez asevera que las personas gay “le dan asquito”, debe ser sancionado. Cuando el ex diputado chiapaneco (entonces en funciones) Alejandro García Ruiz sostiene que “las leyes, como las mujeres, se hicieron para ser violadas”, debe ser sancionado. No estoy afirmando que discriminar sea un rasgo permanente del carácter de estos servidores públicos. Como Aristóteles nos enseñó en la Ética a Nicómaco, no podemos saber si una persona practica la virtud de la justicia al verla realizar un solo acto justo —ya que la consonancia entre la virtud y el acto pudo haber sido suerte o cálculo. Para saberlo, necesitamos observar la conducta de esa persona por mucho más tiempo porque la virtud de la justicia es una disposición del carácter a responder de modo justo en todas las situaciones que lo requieran. Lo mismo, me parece, debemos decir de los vicios como la discriminación. Para saber si una persona tiene ese vicio, es preciso conocer su conducta por largo tiempo, saber si es un rasgo de su carácter, y eso no puede inferirse del hecho de que realizó una práctica discriminadora concreta. Por eso creo que, al enfrentarnos a un insulto artero de un servidor público, debemos concentrarnos en desarticular duramente el acto como tal, echar a andar las sanciones adecuadas para el caso, manifestar de la forma más enfática que esa conducta es intolerable entre nosotros —tratando de evitar más instancias de la misma—, y no en el linchamiento público del emisor.

Más complicado, me parece, es el camino a seguir con los insultos invisibilizados. Asumiendo que la intención no es insultar (al menos no por motivo discriminador) a la persona a la que se dirige el epíteto ni al grupo al que se termina insultando, no es tan fácil atacarlos. Sin embargo, considero que a estas alturas de nuestra ya larga vida colectiva debemos estar atentos. La gran mayoría de ciudadanos queremos democracias diferentes. Queremos igualdad plena, sin privilegios injustificados para algunos y cargas injustas para otros, una sociedad para realizar bien la vida desde la calle hasta las instituciones. Entre estas personas deseosas de continuar empujando hacia ese ideal habrá una generalidad de hablantes inocentes, que se expresan de este modo por diversión, costumbre o jocosidad. Sin saberlo, participan invisiblemente de la reproducción social de insultos que contravienen el ideal que perseguimos. Y precisamente para esto, para poder alcanzar el ideal que perseguimos, creo que llegó la hora de poner atención a lo que nos decimos los unos a los otros.


Notas

[1] Véase Wendy M. Williams y Stephen J. Ceci, “National hiring experiments reveal 2:1 faculty preference for women on STEM tenure track”, Proceedings of the National Academy of Science of the United States, Vol. 112, no. 17, pp. 5360-5365, 2015. Véase también este video.


(Foto cortesía de Francisco Huguenin Uhlfelder.)

 

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