Maternidad adolescente, entre el escándalo y la inercia

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Hace unos días el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) hizo pública la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) de 2014. Desde 1992 esta encuesta permite medir el pulso de las variables centrales del cambio demográfico, a saber, la fecundidad, la mortalidad y la migración.[1] La encuesta aporta, además, información relevante para el seguimiento de la salud materno-infantil y el comportamiento sexual y reproductivo de las mujeres mexicanas.[2]

En este último ámbito, uno de los resultados de la encuesta que más revuelo ha causado es el incremento de la maternidad adolescente en el país, reflejada en el aumento de la tasa de fecundidad de mujeres entre 15 y 19 años, que pasó de 70.9 nacimientos por cada mil mujeres en este rango de edad en 2009 a 77.0 en 2014, aumento que coloca a la fecundidad adolescente actual en niveles cercanos a los que presentaba hace más de diez años.[3] Más aún, la Enadid 2014 demuestra que las proyecciones de fecundidad adolescente elaboradas por el Consejo Nacional de Población (Conapo) basadas en supuestos demográficos y de política pública fueron demasiado optimistas, pues estimaban que en el mismo periodo de referencia de la encuesta la tasa rondaría los 66 nacimientos por cada mil adolescentes.

Cabe preguntarse si el dato arrojado por la Enadid 2014 es realmente sorpresivo o si, por el contrario, existían pistas que permitían anticipar que la maternidad en la adolescencia, lejos de ser un fenómeno en retroceso en el país, se agudizaba. Las estadísticas previas a la encuesta indicaban que los nacimientos ocurridos entre madres adolescentes iban en ascenso desde hace algunos años. Los datos obtenidos a partir de registros de nacimientos muestran que, aunque la fecundidad general en el país desciende, la participación porcentual de los alumbramientos de madres adolescentes tiende a aumentar, pasando de representar 16% de los cerca de los 2.3 millones de nacimientos ocurridos en el año 2000, a cerca de 18% en 2013, cuando se estima que ocurrieron, en total, más de 1.6 millones de alumbramientos.[4] Es decir, la encuesta viene a confirmar la tendencia observada en otras fuentes y obliga a preguntarse qué ha tenido que pasar para que un fenómeno identificado como un tema prioritario para las políticas de salud y población no solo no muestre avances sino que se recrudezca. Antes, sin embargo, valdría la pena revisar las razones por las que la procreación en la adolescencia es un tema problemático en términos no sólo individuales sino sociales, es decir, por qué se encienden las alarmas cada vez que nuevos datos revelan la persistencia de este fenómeno.

Las y los adolescentes representan alrededor de 15% de la población total y se estima que esta proporción se reducirá en años venideros como parte del proceso de envejecimiento demográfico que el país ya ha iniciado. La narrativa del llamado “bono demográfico” —ese momentum poblacional en el que existen más personas en edad de trabajar que de no hacerlo, y se presume una mayor oportunidad para la inversión, el ahorro y, en general, la prosperidad económica y social— ha convertido a “la juventud” en personaje central de la retórica oficial del desarrollo.[5] En este sentido, la reproducción en la adolescencia se considera un problema en la medida en que interrumpe o, por lo menos, complica el proceso virtuoso de acumulación de ventajas individuales y colectivas.

Desde una perspectiva de salud pública, la maternidad a edades muy tempranas se ha señalado como causa de dificultades de salud durante el embarazo y el parto, tanto para la madre como para el producto. En 2009 las defunciones de mujeres menores de 19 años de edad por causas asociadas al embarazo o el parto representaron 13.8 por ciento del total de muertes maternas registradas en el país. En 2013 esta cifra aumentó a 15 por ciento.[6]

En el marco de la reflexión sociológica, el análisis de la maternidad adolescente ha cobrado relevancia en función de dos procesos: por un lado, su vinculación con procesos de estigmatización y, por otro, su papel en la reproducción de desventajas sociales que favorecen la transmisión intergeneracional de la pobreza y acentúa procesos de desigualdad y exclusión social.

El estigma del que son objeto el embarazo y la maternidad adolescentes es, en realidad, la acumulación de varios juicios sobre lo que se considera una experiencia descolocada, a destiempo, que incumple las expectativas de lo que se considera una adolescencia “normal”. La adolescencia y la juventud son construcciones sociales cuyo significado descansa menos en alcanzar ciertas edades que en concretar transiciones específicas mediante las cuales los individuos se constituyen como sujetos sociales preparados para participar activa y competentemente en procesos más amplios de reproducción social. Estas transiciones son, típicamente, la culminación de la trayectoria educativa, la inserción al mercado de trabajo, la salida del hogar de origen y la formación de la propia familia. Las convenciones sociales que organizan a las sociedades en tiempos y espacios definidos, establecen el momento y el orden en el que estos procesos deben ocurrir y sancionan la ruptura o alteración del ritmo y la secuencia de las transiciones. Tener hijos cuando aún se es adolescente representa justamente eso, una violación a las normas, la disrupción de una trayectoria normalizada —al menos en el imaginario colectivo— que pone en riesgo la constitución de las y los adolescentes en sujetos sociales, independientes y productivos.

Pero sobre la maternidad adolescente pesan “capas” adicionales de descalificación. En primer lugar, la representación social de la adolescencia, vista como una etapa “difícil”, de indefinición y cambios de diferente orden que hacen de las y los adolescentes sujetos en continuo riesgo de perder control sobre sí mismos y sus decisiones, razones por las cuales se piensa que su vida —sexualidad incluida— debe ser tutelada. En segundo lugar, el estigma sobre la sexualidad, en particular la percepción negativa aún prevaleciente de la sexualidad no adulta, no marital y con fines no procreativos. En tercer lugar, y de manera determinante, el estigma sobre la sexualidad femenina, la condena moral sobre la experiencia del cuerpo y, en general, el placer sexual de las mujeres. En efecto, las representaciones sociales de la sexualidad masculina y femenina proponen esquemas de valoración radicalmente opuestos para varones y mujeres respecto al inicio de la vida sexual, el número de parejas, el uso de protección e, incluso, la exploración de la identidad sexual misma. En conjunto, las desigualdades de género que atraviesan la sexualidad adolescente y el vínculo indisociable entre la procreación y el cuerpo femenino, tienden a colocar la mayor parte de la responsabilidad de un embarazo en las mujeres.

Ahora bien, la relación entre maternidad adolescente y procesos de empobrecimiento y desigualdad se sostiene en el hecho de que, históricamente, la mayor parte de las mujeres que son madres en la adolescencia reúne características que las insertan en escenarios de precariedad definidos por su concentración en estratos de menor ingreso, residencia en contextos urbanos o rurales marginados, menores niveles educativos, escasez o ausencia de modelos de movilidad social, entre otros (Stern y Menkes, 2008; Villagómez y Colín, 2010; Saraví, 2009). Visto así, tener hijos a edades tempranas se considera un rasgo clave de la reproducción intergeneracional de la pobreza: el acceso limitado a espacios de desarrollo  —entre ellos la educación formal— restringe el horizonte de planeación de las adolescentes que, por el contrario, son rápidamente incorporadas a las tareas del espacio doméstico, desde donde construyen un proyecto de vida que apresura el inicio de sus propias familias y complica su incorporación a un mercado laboral de suyo precario. En estos contextos, algunos autores ven en el embarazo adolescente una respuesta “adaptativa” que permite conciliar, tanto material como subjetivamente, la escasez de recursos con expectativas limitadas (Geronimus, 1991; Stern, 2003). La maternidad adolescente, de algún modo, adelanta procesos que habrían tenido lugar de cualquier forma en un sistema de relaciones sociales marcado por la distribución extremadamente desigual de las oportunidades y los riesgos.

Pero ¿qué tan extraordinaria es la maternidad adolescente, aún como respuesta adaptativa? Un vistazo rápido de algunos indicadores también disponibles en la Enadid 2014 y sus versiones anteriores permite ver que los eventos clave de la vida sexual y reproductiva no están demasiado distanciados de la adolescencia: en 2009, la mitad de las mujeres entre 15 y 49 años ya había tenido su primera relación sexual a los 17.8 años; la misma proporción ya estaba unida a los 19.6 y tuvo a su primer hijo poco después de los 20 años. Para 2014 estas edades permanecieron prácticamente inmutables.[7]

Entonces, por un lado, el vínculo entre la vida sexual y la vida reproductiva de las mujeres mexicanas es sumamente fuerte y suele estar enmarcado en relaciones de conyugalidad;[8] por otro, estos eventos se concentran claramente en las edades que marcan la transición entre adolescencia y adultez. Es decir, México es un país en el que la vida adulta de al menos la mitad de las mujeres se inaugura en torno a la vida reproductiva. Es, en buena medida, lo que significa “hacerse mujer” en algunos segmentos de sociedades tan extremadamente desiguales como la nuestra. La fuerza de la maternidad como parte del proyecto de vida de las adolescentes, aunada a la escasez de oportunidades de realización que ofrece un país en el que la mitad de la población es pobre y solo una de cada cinco personas está libre de carencias sociales, indican que, lejos de ser sorpresivo, el resultado de la Enadid 2014 es más bien lógico.

Pero la encuesta también revela que las condiciones en las que las mujeres adolescentes experimentan estas transiciones violentan su derecho a una vida sexual libre, segura, placentera y sin consecuencias no deseadas. A pesar de que el conocimiento sobre la existencia de métodos anticonceptivos es prácticamente universal,[9] solo la mitad de las adolescentes utilizaron alguna forma de protección en su primer encuentro; apenas cuatro de cada diez chicas sexualmente activas utilizan métodos anticonceptivos[10] y el porcentaje de adolescentes unidas con demanda insatisfecha de anticoncepción[11] casi triplica al del total de las mujeres en edad fértil (13.5% contra 5%, respectivamente).[12] Como resultado de esto, en 2014 el 30% de las adolescentes gestantes declararon que sus embarazos no fueron planeados y en casi 18% de los casos tampoco eran deseados.[13] Más aún, estos porcentajes son superiores a los observados en la Enadid 2009 (27.4% y 12.9%, respectivamente), lo que da cuenta de la complejidad y la urgencia de atender el problema.

Es decir, ni la reproducción en la adolescencia ni sus múltiples aristas son problemas nuevos. La Enadid 2014 no hace sino confirmar su persistencia y, de paso, el fracaso de las políticas públicas orientadas a las y los adolescentes. Ni los programas de población —que dedican un apartado al tema de la fecundidad en esta etapa de la vida— ni los programas para la salud sexual y reproductiva de adolescentes, que la Secretaría de Salud ha editado en dos ocasiones,[14] parecen haber funcionado.[15] Este año se anunció la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes (Enapea),[16] un esquema basado en la coordinación multisectorial e interinstitucional que, al amparo de un multicitado enfoque de derechos, se ha propuesto disminuir el número de embarazos en adolescentes.[17] Se trata de un plan complejo, de una ambiciosa ingeniería programática que, extrañamente, recula al momento de proponer indicadores para dar seguimiento a la estrategia y medir su impacto.[18] Aunque no hay demasiados elementos para pensar que lo que se ha propuesto sí funcionará esta vez, habrá que darle a la recién estrenada Estrategia el beneficio de la duda.

Cabe hacer, sin embargo, una última pregunta: ¿qué propone el país para las adolescentes que ya son madres y que se encuentran en francos procesos de acumulación de desventajas sociales? El enfoque de este plan maestro es claramente preventivo y no quisiéramos acusarlo de no cumplir algo que no promete. Pero preocupa que se descarte como población objetivo de acciones específicas a las madres adolescentes, particularmente a las que se encuentran en situaciones de precariedad socioeconómica.[19] La política pública parecería excluir nuevamente a estas mujeres que no cuentan con recursos económicos o mecanismos de protección social que les permitan seguir estudiando, trabajar o realizar acciones para tener control de su vida y sus decisiones, planear hacia el futuro. Son mujeres que solo aparecen en la contabilidad de la pobreza o cuando se les clasifica como “ninis”, añadiendo una marca más al estigma.


Referencias

Furstenberg, Frank. 1998. “When will teenage childbearing become a problem? The implications of western experience for developing countries” en Studies in Family Planning, Vol. 29, No.2, Adolscente Reproductive Behavior in the Developing World. Pp. 246-253.

Geronimus, Arline. 1991. “Teenage Childbearing and Social and Reproductive Disadvantage: The Evolution of Complex Questions and the Demise of Simple Answers” en Family Relations, Vol. 40, No. 4. Pp.: 463-471.

Saraví, Gonzalo. 2009. Transiciones vulnerables. Juventud, desigualdad y exclusión en México. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas): México.

Stern, Claudio. 2003. “Significado e implicaciones del embarazo adolescen en distintos contextos socioculturales de México: reseña de un proyecto en proceso” en Revista Estudios Sociológico. Vol. XXI, No. 63. Pp: 725-745. México: El Colegio de México.

Stern, Claudio y Catherine Menkes. 2008. “Embarazo adolescente y estratificación social” en Lerner, Susana e Ivonne Szasz (Coords.), Salud reproductiva y condiciones de vida en México. Tomo I. México: El Colegio de México.

Villagómez, Paloma y Yeimi Colín. 2010. “Evolución de la maternidad adolescente en México, 1974-2009” en La Situación Demográfica de México. México: Conapo. Pp. 37-53.


Notas

[1] Hasta el momento la encuesta se ha realizado en cinco ocasiones: 1992, 1997, 2006, 2009 y 2014.

[2] Por desgracia los varones se encuentran históricamente excluidos de este tipo de encuestas. La información que se recaba sobre su comportamiento sexual es mínima y se refiere únicamente a su participación en el uso de métodos anticonceptivos.

[3] De acuerdo con la Enadid 2009, en 2001 la tasa de fecundidad adolescente ascendía a 78 nacimientos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años de edad.

[4] Estimaciones propias con base en estadísticas de nacimientos recabadas por el Inegi (página consultada el 18 de agosto de 2015). Un aumento de dos puntos porcentuales en poco más de diez años puede parecer poco, pero es importante considerar que, con excepción de los eventos migratorios, los fenómenos demográficos se caracterizan por su estabilidad en el tiempo y por su inercia. Tanto la fecundidad como la mortalidad son fenómenos multicausales y complejos, difíciles de acelerar o ralentizar en plazos cortos. El caso de la reproducción adolescente es particular, además, porque revirtió su tendencia al descenso.

[5] Hay considerables supuestos detrás de la idea del “bono demográfico”, por ejemplo: una fuerza laboral suficientemente preparada, un mercado formal de trabajo dispuesto a acoger a nuevos trabajadores en condiciones favorables, un sistema de protección social consolidado, entre otros aspectos imprescindibles para que los jóvenes de ahora pudiesen sostener a las generaciones que les preceden y a las que les suceden.

[6] Datos del Observatorio de Mortalidad Materna en México, para 2009 y 2013 (página consultada el 19 de agosto de 2015).

[7] Datos estimados por el Inegi, Presentación de resultados principales (página consultada el 19 de agosto de 2015).

[8] Algunos estudios documentan la creciente ocurrencia de uniones que tienen como antecedente un embarazo. En estos casos, resulta notable el peso de la norma social que busca “cobijar” o proteger de algún modo el poceso de la maternidad/paternidad situándolo en un escenario conyugal (Furstenberg, 1998).

[9] Lo que no significa que se sepa utilizarlos correctamente ni que resulte sencillo obtenerlos.

[10] Esta cifra aumenta a 51.5% entre adolescentes unidas (15% en 2014) que, muy probablemente, ya tienen hijos. Es decir, el sistema de salud llega a estas mujeres, tal vez por primera ocasión, cuando ya iniciaron su vida reproductiva, no cuando esta puede postergarse.

[11] Esto es, mujeres en exposición al riesgo de embarazarse que, a pesar de no desear hacerlo, no usan métodos anticonceptivos.

[12] Estimaciones del Conapo con base en Enadid 2014 (página consultado el 19 de agosto de 2015).

[13] Por supuesto, el dato contrario también debe ocuparnos: 51.5% de las adolescentes sí deseaba embarazarse. Estimaciones propias con base en Enadid 2014.

[14] El primero correspondió al periodo 2008-2012 y el segundo corre de 2013 a 2018.

[15] Afirmación que ganaría profundidad si al menos el del sexenio pasado hubiese sido evaluado.

[16] Disponible aquí.

[17] Aunque rebasa el aliento analítico de este artículo, es importante notar que aunque la estrategia se presenta como una que busca disminuir embarazos, tiene por indicador principal de resultado la tasa de nacimientos. El paso entre embarazo y nacimiento parece natural, pero no es automático. Dar ese paso, inadvertida o deliberadamente, implica omitir del mapa de prioridades el tema del aborto. O, por lo menos, tener un problema de incongruencia entre conceptos e indicadores.

[18] Por ejemplo, frente al complejo problema que implica la relación entre los servicios públicos de salud y la población adolescente, la Estrategia propone medir el “porcentaje del personal de salud que conoce y está de acuerdo en dar servicios de salud sexual y reproductiva a la población adolescente con base en la normatividad aplicable y vigente” (el subrayado es mío). O, bien, propone evaluar el objetivo de “Asegurar el acceso efectivo a una gama completa de métodos anticonceptivos (…) para garantizar una elección libre e informada y la corresponsabilidad del varón en el ejercicio de la sexualidad”, midiendo la prevalencia anticonceptiva de las adolescentes y los tipos de métodos que usan, dejando de lado asegurarse de que, además, obtengan estos servicios de manera gratuita e inmediata en los servicios públicos. Esto implica hacer caso omiso a la evidencia que demuestra que la fuente principal de obtención de anticonceptivos entre los adolescentes son los servicios privados, las farmacias, donde apenas pueden pagar el costo de preservativos.

[19] Existen iniciativas internacionales que atienden a madres y padres adolescentes basadas en el enfoque de “segundas oportunidades”. Unicef es activo promotor de este tipo de acciones en otros países en desarrollo. Por alguna razón, esto no ha tenido eco en México. El único programa del gobierno federal que tiene por población objetivo a adolescentes madres o embarazadas es el Programa Nacional de Becas, en la modalidad de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (Promajoven), adscrito a la Dirección General de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública (DGEI-SEP). Entre 2004 y 2013 ha otorgado apenas poco más de 70 mil becas  (página consultada el 21 de agosto de 2015). Si bien su focalización en población indígena y rural está plenamente justificada, es necesario preguntarse quién atiende a las jóvenes que viven en ámbitos urbanos, donde se concentra el incremento del fenómeno en los últimos años.


(Foto cortesía de sari_dennise.)

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