“Los narcos se han convertido en una explicación a casi cualquier delito en México”

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Policías de Michoacán muestran una bolsa de municiones en un mercado de venta ilegal de armas. Enero de 2014.

El libro Los cárteles no existen. Narcotráfico y cultura en México (Malpaso Ediciones, 2018) se ha convertido en los últimos meses en un eje de discusión sobre el porqué de la violencia en México. Su autor, el periodista y académico Oswaldo Zavala, defiende en sus páginas que la “guerra contra las drogas” es una narrativa fantástica creada por las autoridades —y reproducida acríticamente por muchos periodistas y medios— para ocultar otra realidad: una estrategia estatal destinada al control político y a la apropiación de los territorios ricos en recursos naturales.

Tu trabajo cuestiona la existencia de ‘cárteles’ en conflicto como un bando contrario al Estado, de hecho, apuntas al propio Estado como responsable de la violencia, como el protagonista de un capitalismo de despojo que busca apropiarse de los recursos naturales. ¿De dónde viene la violencia para mantenerse y perpetuarse?

La supuesta ‘guerra contra las drogas’ es el nombre público de una violenta estrategia estatal que ha tenido múltiples usos en México: desde la apropiación ilícita de territorios ricos en recursos naturales hasta la mediación de disputas entre grupos políticos rivales. El caso más emblemático, que han reportado periodistas como Ignacio Alvarado y Dawn Paley, pero que también han estudiado académicos como Guadalupe Correa, se localiza en el estado de Tamaulipas, donde la militarización ha facilitado el expolio del gas natural shale por parte de conglomerados trasnacionales.

Algo similar ha ocurrido con la militarización de la franja fronteriza cerca de Ciudad Juárez, donde también se encuentra otro importante yacimiento de gas natural. Pero en el mismo estado de Chihuahua es importante notar cómo las supuestas ‘guerras de cárteles’ han sido también utilizadas como método de sabotaje político. Al final de mi libro analizo cómo durante la gubernatura saliente de César Duarte —ahora prófugo de la justicia—, se nos advirtió sobre una nueva guerra que protagonizaría Rafael Caro Quintero, el envejecido traficante ochentero liberado en 2013.

En julio de 2016, inteligencia militar mexicana afirmó que Caro Quintero planeaba invadir Ciudad Juárez para arrebatarle el control de la ‘plaza’ al ‘Cártel de Sinaloa’. Bastó una entrevista que Caro Quintero concedió a la revista Proceso ese mismo mes para que de pronto la fiscalía general de Chihuahua acusara al Cártel Jalisco Nueva Generación de protagonizar la próxima guerra, todo pese a que incluso había aparecido una amenazante ‘narcomanta’ supuestamente firmada por Caro Quintero.

Para octubre de 2017, la historia dio un giro: la DEA informó que Caro Quintero en realidad se había unido al ‘Cártel de Sinaloa’ para colaborar con personajes como Ismael ‘El Mayo’ Zambada. En abril de 2018, el FBI escaló la alarma ofreciendo una recompensa de 20 millones de dólares por la captura de Caro Quintero, una suma sin precedentes en Estados Unidos, incluyendo la que se ofreció por la captura de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, a quien en su momento se le consideró el mayor traficante de todos los tiempos. ¿Cómo es posible que Caro Quintero, quien pasó 28 años en prisión, de pronto se convierta en el ‘más buscado’ en una cambiante trama de ‘guerra cárteles’?

Todavía más problemático resulta el anuncio del mes de agosto de 2018: el FBI, la policía de Chicago y las 10 oficinas de la DEA en México organizaron un operativo conjunto con el ejército y la policía federal de México para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, supuesto líder del ‘Cártel Jalisco Nueva Generación’. Pese a la poco consistente información de inteligencia, entretenida en anunciar ‘guerras’ entre ‘cárteles’ intercambiables, lo cierto es que estas alertas de seguridad podrían tener un objetivo mayor: mantener en México la justificación de la estrategia de seguridad por medio de la cual desde la presidencia de Calderón el ejército ha ocupado numerosas regiones del país.

¿Y quiénes verdaderamente sufren con todo esto? Los sectores más pobres del país, los jóvenes pandilleros, los desempleados y sin educación que conforman el perfil más recurrente de las víctimas de homicidio. Mientras, la clase alta y las trasnacionales continúan el saqueo de los recursos naturales allí donde curiosamente la violencia no incomoda a las empresas extractivistas.

¿Existen formas para desechar la pantalla con la que el Estado mantiene su narrativa de guerra contra las drogas? ¿Es posible desenmascarar a los verdaderos responsables de lo que ocurre en México?

El primer paso para fisurar la narrativa del Estado implica un esfuerzo consistente por cuestionar y finalmente suspender la reproducción de la versión oficial. Nos hemos acostumbrado a culpar a los ‘narcos’ y sus guerras porque hemos aceptado acríticamente lo que dice nuestro gobierno para explicar la violencia radical que nos aqueja. Este trabajo tendrá que empezar desde el periodismo antes que en cualquier otro campo. El periodismo es clave en este punto porque es a través de información ‘independiente’ que el gobierno legitima la narrativa oficial.

La mayoría de nuestros periodistas reproduce con demasiada docilidad los reportes de inteligencia, los partes policiales y las declaraciones de funcionarios que hábilmente insisten en atribuir toda expresión de la violencia a los ‘narcos’ que, aunque no dejan de matarse entre sí, mientras mantienen un inverosímil control ya no sólo del mercado de drogas en México sino en Estados Unidos y en numerosos países de Europa, Asia y África.

La narrativa oficial, como mencioné antes, está llena de incoherencias, exageraciones, datos imprecisos o de plano fantasiosos. Basta con seguir cuidadosamente la dimensión de estas supuestas guerras en los medios de comunicación para advertir los saltos ilógicos en la argumentación de estas historias.

Es por ello que mucho de lo que se nos dice del mundo del ‘narco’ es material ideal para la ficción, por lo cual son incontables ya las películas y series de televisión que se entretienen repitiendo las fantasías del discurso oficial. Es tan expansiva la narrativa hegemónica sobre los ‘narcos’ que las variaciones sobre esos personajes ya se han convertido en la explicación estandarizada a casi cualquier acto delictivo en México.

El reconocimiento crítico de este fenómeno es apenas el principio para comenzar a desenmascararlo. A partir de allí comienza el verdadero periodismo.

El Estado puede utilizar la violencia a conveniencia donde se necesite despoblar territorios, reprimir o incluso asesinar individuos y grupos resistentes

¿Es posible pensar que el nuevo gobierno federal rompa con este tejido?

La campaña presidencial de AMLO se distinguió por la articulación de un discurso de pacificación del país que incluía, entre sus puntos más relevantes, dos propuestas cruciales para alterar la política de seguridad. Primero, AMLO ha afirmado la necesidad de desmilitarizar la mal llamada ‘guerra contra el narco’ cerrándole espacios al ejército dentro del gobierno civil, y segundo, revisando los jugosos contratos que se han concedido con la reforma energética a trasnacionales que buscan el saqueo de las regiones donde más se ha experimentado la violencia como método de desplazamientos forzados.

Este giro, que también contempla la posibilidad de amnistía para los traficantes que no hubieran cometido delitos graves, sin duda conllevaría la desactivación de los mecanismos más violentos que han permitido los crímenes de lesa humanidad cometidos en nombre de la seguridad nacional.

Ahora bien, el ejército ya está dando claros indicios de que no abandonará su coto de poder con tanta facilidad. AMLO anunció recientemente, tras una reunión con los secretarios de defensa y de marina, que por lo menos en los primeros meses de su gobierno no es viable retirar al ejército de la estrategia de seguridad porque supuestamente la policía federal no está ‘en condiciones’ de reemplazarlos.

Notemos el apuro con el cual están intentando convencer a AMLO de renunciar a sus propuestas de campaña, en medio, además, de un contexto manufacturado por la inteligencia militar de México y las autoridades estadounidenses para dar la impresión de una continua emergencia de seguridad nacional y hemisférica. Me pregunto si las concesiones de AMLO se mantendrán una vez que tome el poder o si, como en su momento hizo el presidente Lázaro Cárdenas, ya una vez en el poder, se propondrá su presidencia como un programa radical de cambio.

¿Cuáles son los límites de esta narrativa estatal?

La narrativa oficial no tiene límites. Está basada en lo que Pierre Bourdieu llamó el ‘monopolio de la violencia simbólica’ que permite al Estado articular no sólo su estrategia de combate al ‘narco’ sino fabricar la imagen de los narcos mismos. Como hemos podido atestiguar en estos últimos dos años, la multiplicidad de supuestos ‘cárteles’ y sus capos, —‘El Chapo’, ‘El Mayo’, ‘El Mencho’, Caro Quintero, etc.— son material inagotable para entretener la atención de periodistas y ‘expertos’ en seguridad que se ganan la vida legitimando la información oficial por medio de reportajes y análisis que reproducen punto por punto la versión oficial.

Mientras haya una hegemonía política y cultural que mantenga esa narrativa como una expresión de la supuesta realidad del “crimen organizado”, el Estado puede utilizarla a conveniencia donde se necesite despoblar territorios, reprimir o incluso asesinar individuos y grupos resistentes. Aunque se contradiga o incluso resulte tan inverosímil como una novela de ficción, la narrativa se sustenta porque frente a la brutalidad de la violencia es muy difícil mantener una conciencia crítica. El Estado apuesta que ante la espectacularidad de los asesinatos a la sociedad civil sólo le quede condenar al enemigo más evidente, el ‘narco’, mientras clama por la ayuda del ejército y la policía federal. En tanto continúe la sangrienta ola de violencia, el ‘narco’ seguirá siendo el único culpable de los crímenes de lesa humanidad.

Se piensa que la despenalización del consumo de drogas daría fin a la oleada de violencia, pero yo no estoy tan seguro de ello. El ‘narco’ es el objeto central del actual discurso de seguridad nacional pero ciertamente no es, ni ha sido, el único. Recordemos que la aparición del securitarismo comenzó en 1947 en Estados Unidos para construir la estrategia anticomunista tras la Segunda Guerra Mundial. No obstante, una vez agotado el fantasma del comunismo a partir de 1989, Estados Unidos, durante la presidencia de Ronald Reagan, reorientó el aparato de seguridad construyendo el imaginario del ‘narco’ como una amenaza global.

Si elimináramos al ‘narco’ como amenaza con la despenalización de la droga, Estados Unidos puede fácilmente reemplazar un enemigo por otro. De hecho, ya lo está intentando: el discurso del presidente Trump que criminaliza la inmigración indocumentada como oleadas de bad hombres se ha intentado imbricar con la supuesta amenaza terrorista que representa la frontera entre México y Estados Unidos.

Junto con los migrantes indocumentados, se nos advierte, podrían cruzar por la frontera terroristas islámicos, confundidos por el mismo tono de piel. No debemos olvidar, encima, que esta estrategia racista y xenófoba ha sido adoptada tanto por republicanos como por demócratas en Estados Unidos, incluyendo en su momento a la propia Hillary Clinton cuando desde el Congreso estadounidense alertaba sobre el ‘narcoterrorismo’ fronterizo.

¿Qué tipo de periodismo es necesario?

Nuestro periodismo podría hacer lo que siempre ha hecho o debido hacer: reportear críticamente información verificable. El problema, no obstante, ha sido que el periodismo que cubre la violencia se ha dividido en dos corrientes principales: la que reportea sobre víctimas y la que indaga sobre los supuestos victimarios.

En ambos casos, los reporteros abdican la función esencial de su trabajo como periodistas, pues limitan su atención a sujetos que por sí solos no explican los sistemas de violencia de México. Quienes cubren a las víctimas, con frecuencia lo hacen desde un periodismo indignado que se confunde con el activismo y el trabajo militante de los derechohumanistas.

Este tipo de periodismo se extiende entonces en la crónica del dolor y el oprobio, pero no sobre las causas que produjeron la violencia en sí. Por otra parte, quienes abordan a los supuestos victimarios se encargan de promover la información oficial que las más de las veces determina a priori la identidad de los traficantes rivales en cualquier balacera.

No deja de sorprenderme la desfachatez de las corporaciones policiacas que culpan resueltos a este o aquel narco pero que dejan impune un altísimo porcentaje de los más elementales delitos. No ha transcurrido siquiera un día después de un homicidio, pero las autoridades ya saben qué sicario de cuál cártel agredió a qué rival. Esta estrategia de (des)información desde luego está diseñada para exculpar a las fuerzas armadas del país y para fincar toda responsabilidad en personas y organizaciones sin más evidencia que ‘inteligencia’ militar o policiaca.

El periodismo verdaderamente crítico requerirá de un acercamiento sin asunciones, cuestionará de entrada los usos políticos del discurso oficial y tratará de encontrar las conexiones entre la violencia y los procesos electorales, la geopolítica de la explotación de recursos naturales y la circulación de armas y dinero entre México y Estados Unidos.

Las reacciones del gremio periodístico sobre mi libro han sido en su mayoría muy positivas. Creo que los periodistas en general tienen una mayor capacidad de autocrítica que, por ejemplo, los investigadores académicos o los escritores de ficción. Un periodista entrenado está interesado sobre todo en afinar su información y en comprender los procesos sociopolíticos con profundidad.

He podido conversar con numerosos colegas en México a partir de la publicación de mi libro y he tenido intercambios muy productivos. Esto se debe en parte a que mi libro abreva del valiente e importante trabajo de reporteros como Ignacio Alvarado, Dawn Paley, Federico Mastrogiovanni y Julián Cardona, entre otros, que han sido los pioneros en analizar la política antidrogas y los discursos de seguridad nacional. Estoy seguro de que sobre todo las nuevas generaciones de periodistas podrán asumir una distancia crítica del imaginario hegemónico del ‘narco’ en la siguiente década en gran medida gracias al trabajo de todos estos imprescindibles reporteros.

 

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