¿Es la salud de Enrique Peña Nieto un tema de interés público?

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Desde el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto las preguntas e hipótesis sobre su estado de salud han aparecido intermitentemente en los medios y las redes sociales. El debate empezó a circular en 2013 cuando el presidente fue intervenido para quitarle un nódulo tiroideo.  Después regresó tras la publicación de una serie de fotografías en las que aparece con un aspecto demacrado y pálido y, finalmente, en junio de este año una cirugía de la vesícula dio vuelo al sospechosísimo y a las preguntas alrededor de su verdadera condición.

Pero, antes de que todo eso pasara, la pregunta de si la salud de un presidente es de interés público o no ya estaba en el aire. En la organización ARTICLE 19 habíamos hecho una solicitud de información para despejar la interrogante.

En ese momento la pregunta era legítima y ameritaba un debate serio al respecto. En la región, el acceso a la información del estado de salud de mandatarios y candidatos presidenciales se estaba convirtiendo en una exigencia ciudadana.[1] En Venezuela el presidente Hugo Chávez murió tras las elecciones antes de tomar protesta, sin que la ciudadanía tuviera conocimiento del avance de su enfermedad; en Colombia el presidente Juan Manuel Santos presentó un cuadro de cáncer y posteriormente divulgó parte de su expediente médico con la intención de generar certidumbre sobre su capacidad de gobernar; en Argentina Cristina Fernández de Kirchner fue intervenida por un hematoma subdural y el tratamiento de la información fue cuestionado por la sociedad; y en Chile, Pablo Longueira, candidato oficialista a la presidencia, renunció a su candidatura por una depresión.

La discusión tiene varias aristas y, sin duda, requiere un análisis a detalle, pues en principio toda la información relacionada con el estado de salud de las personas es privada y solamente el paciente tiene derecho a conocerla (aunque paradójicamente existen casos, principalmente en los sectores vulnerables, en los que ni ellos tienen acceso).

Sin embargo, la idea de que un derecho humano es absoluto ha sido ya superada en innumerables ocasiones, incluso cuando se trata del derecho a la privacidad. En 1974 una corte en Estados Unidos señaló que “entre más público es un individuo, más limitado el alcance de lo privado”.[2] A nivel nacional, en 2010, la Suprema Corte advirtió que “las personas públicas tienen proyección o notoriedad en una comunidad y, por ende, se someten voluntariamente al riesgo de que sus actividades o su vida privada sean objeto de mayor difusión, así como a la opinión y crítica de terceros, incluso aquella que pueda ser molesta, incómoda o hiriente”.[3] También la Constitución dispone que, cuando el ocultamiento de la información privada ponga en riesgo la seguridad nacional, la salud pública y el orden público, o bien cuando pueda afectar los derechos de terceros, dicha información debe ser pública.[4]

Entonces, ¿por qué la información sobre el estado de salud de un presidente no sería una excepción a  la privacidad?

Para ARTICLE 19, la respuesta era simple y la clave se encontraba en la calidad de la persona de quien se requería conocer el expediente médico. El presidente de la república es el representante del Estado mexicano; el encargado de promulgar y ejecutar las leyes; de nombrar y remover a los secretarios de Estado, embajadores, coroneles y oficiales superiores del ejército; de preservar la seguridad nacional; de disponer de la guardia nacional; de declarar la guerra; de dirigir la política exterior; es el único que puede restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos o garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente, a una situación de invasión, perturbación grave de la paz o de cualquier otra que ponga en grave peligro o conflicto a la sociedad, entre muchas otras cosas.

El presidente, por otra parte, se debe en todo momento al pueblo que le otorgó el voto para ser su representante y por esto, aun en breves momentos de ausencia, es necesario contar con la aprobación del Congreso para que alguien más pueda asumir sus responsabilidades. Pese a que el presidente tenga plena libertad para elegir sobre su vida, existen ámbitos de esta que nos conciernen a todos porque pueden impactar –directa o indirectamente– en nuestros derechos y en la forma en la que asumimos nuestras obligaciones.

La respuesta a nuestra solicitud fue rápidamente otorgada: “la información es confidencial”. A pesar de los requerimientos legales que amerita la restricción del derecho de acceso a la información, la unidad responsable remitió el oficio que originalmente se había generado tras una solicitud similar sobre el expresidente Felipe Calderón. Después, el antiguo IFAI confirmó la respuesta y, finalmente, el Poder Judicial de la Federación (en primera y segunda instancia), tras un arduo litigio y la presencia constante y activa del personal de la oficina del presidente en las audiencias judiciales, sin cuestionar nada y de forma unánime, determinaron que no hubo una violación al derecho de acceso a la información de ARTICLE 19.

La cantidad de recursos materiales y políticos puestos por la presidencia para no entregar la información abre más dudas de las que despeja. Estas fueron las acciones y  los argumentos presentados por la autoridad judicial:

  1. Un domicilio conocido por todos, menos por el juez. En un juicio puedes llamar a terceros interesados; debes decirle al juez dónde encontrarlos y, si su domicilio es conocido por todos, lo informas. En este juicio se llamó a Enrique Peña Nieto a comparecer y se le informó al juez que su domicilio estaba en “Los Pinos”; sin embargo, el juez solicitó aclarar el domicilio del presidente pues de no hacerlo se cobraría el pago de edictos.[5]
  1. Un informe de más de cien hojas para decir que no. La expectativa inicial en este juicio era orillar al organismo garante del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales (el IFAI) a hacer una prueba de interés público (como las que había hecho la corte[6]) y generar criterios ante la colisión de los dos derechos que garantiza. Sin embargo, la falta de un informe justificado de su parte se resolvió con cien hojas firmadas por la Consejería Jurídica que describían en un centenar de sinónimos lo que es “absolutamente privado”.
  1. La justicia pronta y expedita. A pesar de los pronósticos y de la atestiguada lentitud con la que operan los Tribunales Colegiados, una vez en revisión los magistrados tardaron un mes en dictar sentencia.

El texto entre líneas quedó claro: la figura del presidente es incuestionable. El amparo se solicitó sobre dos actos: el primero, la omisión del legislativo de incluir como una excepción a la privacidad el interés público de la información privada; el segundo, la negativa en el acceso a la información de la salud del presidente Peña Nieto. A pesar de esto, el Tribunal Colegiado solo discutió sobre la omisión del legislativo. No existió debate respecto al acceso a la información solicitada; no se habló sobre el derecho a la privacidad de la figura del presidente frente al de una persona común. Simplemente se dijo: “toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales sin excepción”. Sí, todos tenemos derecho a que nuestros datos estén protegidos, pero la salud del presidente es asunto de todos.


Referencias

[1] Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información.  “Acceso a la Información de la Salud de los Jefes de Estado”. Disponible aquí.

[2] Gertz v. Robert Welch Inc., 418 U.S. 323 (1974).

[3] Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jurisprudencial: “Derechos a la privacidad, a la intimidad y al honor. Su protección es menos extensa en personas públicas que tratándose de personas privadas o particulares”. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 165050, Tomo XXXI, Marzo de 2010, Tesis: 1a. XLI/2010, p. 923.

[4] Artículo 16, segundo párrafo: “Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros”.

[5] Notificaciones en los medios de comunicación de mayor circulación del país.

[6] Registro: 2003631. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Rubro: Libertad de expresión. Elementos del test de interés público sobra la información privada de las personas.


(Foto: cortesía de Presidencia.)

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