La política popular en México: disyuntivas para la izquierda

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La debilidad de la izquierda honesta[1] de nuestro país no se debe a la falta de propuestas, ni de integrantes, ni de capacidad para construir acuerdos, tampoco de una “nueva teoría”. Nuestra debilidad se debe a que en México es prácticamente imposible conseguir influencia real en regiones populares sin recurrir a las prácticas llamadas clientelares: la distribución selectiva de programas sociales, la gestión informal de obras y servicios públicos; la creación y regularización de asentamientos urbanos ilegales. Esto pone a las organizaciones de izquierda en la disyuntiva de volverse clientelares, y con ello corruptas, o renunciar a tener influencia entre las personas para las que, se supone, están trabajando, y que además son la gran mayoría de la población.

Se trata de un problema muy grave y muy básico, del que sabe cualquiera que haya intentado hacer política seriamente entre la clase trabajadora, y al que muchos han intentando dar solución de un modo o de otro en sus zonas de influencia. Sin embargo, nunca he escuchado ni leído a nadie preguntarse por el problema en general; es decir, de qué manera un grupo de poder podría volverse hegemónico en ciertas regiones populares sin recurrir a esa clase de prácticas. Me parece que se piensa, por principio, que esta forma de hacer política es una opción que puede simplemente escogerse entre otras, y por tanto que llevarla a cabo, o no, es ante todo una cuestión moral. Se piensa, por ejemplo, que es posible ganar elecciones en distritos de bajos recursos sin tener que otorgar selectivamente bienes y servicios públicos, pero no es así. En todo caso podría crearse otra forma de conseguirlo, pero a la fecha esta otra forma no existe —y no porque no se haya intentado crearla.

Eso tampoco se debe a que la clase trabajadora mexicana sea políticamente ignorante o fácil de manipular. (De hecho lo es bastante poco, como veremos más adelante.) La cuestión es que el complejo sistema de relaciones políticas informales al que englobamos, tal vez indebidamente, bajo el concepto de “clientelismo” no es experimentado por sus participantes como un conjunto de herramientas que puedan emplearse o no a voluntad, sino como el funcionamiento de una maquinaria enorme contra la que en principio no puede hacerse nada, aunque uno forme parte de ella —es decir, del mismo modo en que los demás experimentamos las otras partes del orden político. 


Las “invasiones”

Lo primero que debo explicar para dar a entender mi punto es que la aplastante mayoría de las colonias populares del país son originadas por invasiones de paracaidistas. Los pobres que migran hacia las ciudades no tienen el dinero suficiente para comprar casas propias, o terrenos donde construirlas, ni para rentar. La solución habitual a este problema es organizarse con otras personas para apoderarse por la fuerza de un territorio ajeno en las orillas de alguna ciudad. Dicha “invasión” —ese es el término empleado en la jerga de las organizaciones populares— suele hacerse sorpresivamente y de un día para otro, de modo que cuando el gobierno se entere de lo sucedido ya sea prácticamente imposible sacar a la gente del lugar. Aun así son habituales los intentos de desalojo, y que los colonos combatan contra la policía para impedirlos. Esta organización para defenderse del gobierno se hace mientras se reparte el terreno y se separan algunos predios para futuras escuelas, hospitales, iglesias, avenidas principales, parques, etcétera. Al mismo tiempo, también, se empieza a construir, a picar piedra, a aplanar el suelo. “A mitad de un cerro lleno de piedras y de árboles —comentó uno de mis entrevistados—, decíamos ‘aquí va a ser la calle Fulana, más acá va a estar la secundaria’; era algo demasiado abstracto.” [2]

Esto requiere, desde luego, mucha organización; un nivel de organización difícil de imaginar para quien no lo ha vivido, y que la intelectualidad rara vez le atribuiría a los paracaidistas de los cinturones de miseria de la ciudad. Los acuerdos con el gobierno no son indispensables, pero sí bastante útiles, y salvo raras excepciones cualquier “invasión” los tiene previamente o los consigue. Gracias a dichos acuerdos se puede ganar, para empezar, la tolerancia a la invasión en cuestión; en segundo lugar, materiales de construcción, y, por último, la regularización del terreno como una colonia hecha y derecha, que por ley debe recibir ciertos servicios públicos.

Ahora bien, como se sabe, dichos beneficios se consiguen normalmente a cambio del apoyo a ciertos políticos: los colonos irán a los mítines de ciertos candidatos, harán campaña por ellos y en ocasiones incluso algunos de ellos operarán como golpeadores a su servicio. También llega a suceder, y no es tan raro como tal vez pueda pensarse, que la organización en cuestión sea honesta, y que se resista a esta clase de acuerdos. Los grupos, digamos, bienintencionados, suelen recurrir a la presión (marchas, mítines, tomas de edificios públicos) y a la autogestión. El problema que tienen es que son métodos menos eficientes. Esto quiere decir que las organizaciones honestas —o “intransigentes”— suelen tardar más en conseguir los mismos servicios que las organizaciones que admiten volverse base de apoyo de algún grupo político deshonesto. Hablando precisamente de ese tema, un líder popular de ideas revolucionarias, que invadió terrenos en Tláhuac en los ochenta, comentó:

Tú entras así con toda la intención de dejar todo —familia, todo—, y sí te desespera, porque por ejemplo la gente te compara, y dice “no, ese güey es rependejo”, porque dice “no, pues quién me da más, ¿no?” Y sí lo dicen así: “no, es que a la gente buena no la respetan”. Pero si haces, haz de cuenta, tu PRI chiquito, pues la gente sí se acopla.

Estas grandes organizaciones, que llegan a aglutinar a decenas de miles de personas, suelen decaer, paradójicamente, cuando triunfan. Una vez que los vecinos han conseguido las escrituras de sus casas, y tienen los servicios públicos básicos, comienzan a dejar de asistir a las asambleas, a las marchas, a las jornadas de trabajo voluntario (llamadas en el medio “faenas”), pues ya no tienen mucho que ganar con su participación. Esta historia se repite siempre, o casi siempre. Eso no quiere decir que la gente deje de organizarse, sino que ahora lo hace menos y, sobre todo, en grupos más pequeños.

Los asentamientos que todavía son irregulares suelen tener un solo gran líder, que realiza personalmente todos los acuerdos importantes con los políticos aliados, y que dirige las asambleas y los trabajos de construcción. En la jerga de los estudios académicos sobre el clientelismo, a este líder no se le llamaría “mediador”, sino “patrón”. Su organización comprende regularmente a un miembro de cada familia, y es normal que participar en ella sea una obligación.

Una vez que el asentamiento en cuestión se ha regularizado, la organización popular se divide por lo regular en muchas pequeñas organizaciones dirigidas por muchos pequeños líderes, sin poder coercitivo sobre sus seguidores. Eso no quiere decir que deje de haber política. La hay, y mucha. No solo más de la que suele imaginarse en el mundo intelectual, sino literalmente más de la que cabe en el terreno; es decir que existe una “sobreoferta” de pequeños líderes vecinales que pelean por su influencia sobre un espacio escaso. La diferencia es que se pasaría, digamos, del monopolio a la libre competencia de los servicios de intermediación informal entre el Estado y los ciudadanos, y de la mutua obligación a la lógica del intercambio de favores.

Lo fundamental es que participar en estas prácticas sigue siendo la única forma eficiente de conseguir ciertos bienes y servicios públicos, desde cosas tan básicas como destapar una coladera, limpiar un camellón o arreglar un farol —o “luminaria”, según la formalista jerga empleada en estas labores—, hasta construir un centro de salud o fundar una nueva ruta de microbuses. Todo debe “gestionarse”, y dicha gestión, entiende cualquier vecino algo realista, se hace necesariamente por medio de un líder[3] u organización vecinal con influencia en el gobierno local. De ese modo dichos líderes populares siguen siendo parte fundamental del funcionamiento cotidiano de la ciudad, y no hace falta ser ignorante ni idiota para recurrir a sus servicios.

Antes de explicar con algo más de detalle qué es gestionar algo y cómo se hace, quiero extraer un par de conclusiones de lo dicho hasta aquí: las grandes organizaciones populares, para existir, necesitan algo qué ofrecer a la población, y no porque esa sea nuestra cultura política, sino porque la población de bajos recursos necesita cosas, y hay siempre otras organizaciones que se las ofrecen. De ese modo, una gran organización de solicitantes de vivienda puede disolverse en la práctica por el mero hecho de haber conseguido dicha vivienda, y ya no tener ahora nada más que ofrecer. Un líder de menor poder puede organizar a un grupo de vecinos para la pavimentación de tres calles, hasta que lo consigue y cada quién se regresa a su vida normal. Lo más común es que los organizadores populares vivan, entonces, a la caza de nuevos problemas que arreglar, o de nuevos terrenos que invadir, para seguir teniendo “gente”. Esto pasa también con los esfuerzos más honestos; así, por ejemplo, las policías comunitarias de Guerrero se han enfrentado a varios problemas para mantener el interés de la población local una vez que han conseguido solucionar la crisis de seguridad que había en la región.


La “gestión”

Legalmente hablando, gestionar algo, en el D.F., es llevar una queja o demanda a una ventanilla del Cesac (Centro de Servicios y Atención Ciudadana), organismo presente en cada delegación política de la entidad. Ahí se entrega un papel con el requerimiento en cuestión; por ejemplo, reparar una “luminaria”. De acuerdo con el GDF:

Para presentar quejas y demandas, las organizaciones vecinales deberán presentar su requerimiento en las áreas de atención citadas [el Cesac], proporcionando los siguientes datos:

  1. Nombre completo del solicitante, comité u organización vecinal
  2. Domicilio del solicitante (calle, número, colonia, delegación, C.P.)
  3. Teléfono y/o correo electrónico para aclaraciones y notificaciones

En realidad, cualquier ciudadano tiene derecho a presentar este tipo de “queja o demanda”, forme parte de un grupo o no, si bien las cosas en la práctica no funcionan así; y a tal grado no funcionan así que incluso el propio GDF pone a las organizaciones vecinales como sujeto de ese derecho. Incluso se hace explícito en la página ya citada que dichos servicios están dirigidos a: “los comités, organizaciones vecinales o sociales, asambleas ciudadanas y Asociaciones Políticas del Distrito Federal”, lo que no es verdad legalmente hablando, sino solo en la realidad. Uno de mis entrevistados, un líder vecinal, describe el asunto de la siguiente manera:

Según la ley, elaboras tu escrito dirigido al director en cuestión, lo llevas a la ventanilla; ahí te lo reciben, toman nota de tu demanda y te dan una copia de recibido, y tienen quince días para responderte, positiva o negativamente. En ese ínter el papel “camina”, y tiene que ir a la dirección que corresponde. Ese es el mecanismo que debe seguirse, pero los grupos sociales, grupos de vecinos, ya saben que eso no camina muy bien, y lo “brincan”. Entonces, como una formalidad, ingresas a veces el documento, pero como ya sabemos que se puede tardar mucho en que te resuelvan, hay dos vías para que esto camine bien, según nuestra experiencia. Si el funcionario es amigo tuyo —políticamente amigo, digamos—, puede ser que interceda para que la gestión sea pronta. Cuando no es tu amigo, lo que haces es presión social. Los vecinos obligan al funcionario a darles una audiencia pública; hacen marchas, cierran la delegación. Cuando la presión es muy fuerte, te resuelven. Esa es la mecánica.

Estos hechos sencillos son la base de la que parte casi todo lo demás. Hay un presupuesto limitado para resolver distintos problemas, y hay profesionales dedicados de lleno a conseguir dichos recursos (“bajarlos”, se dice en la jerga ya mencionada) en beneficio de quienes pidieron su ayuda y en detrimento de los demás. Al ser así, es comprensible que no quede nada para quienes no cuentan con la ayuda de uno de esos profesionales (los líderes), y por lo tanto es comprensible que ante cualquier demanda, incluso las más simples (como solicitar los beneficios de algún programa social o que alguien se lleve una montaña de basura que fue tirada en la esquina), sea necesario acudir a uno de ellos.

El hecho, pues, de que muchos líderes populares “jaloneen” de distintos modos el presupuesto etiquetado para obras, servicios y programas sociales, hace forzoso que todos deban hacer lo mismo para acceder a él, y volverse así parte del mismo problema. Lo mismo pasa con sus respectivas “clientelas”: vecinos que no pueden acceder a los servicios públicos más elementales sin ejercer este tipo de acción política, lo que los pone en competencia con los demás vecinos por los mismos recursos limitados. No es una cosa que uno pueda elegir hacer o no.

Por último, quien pretende ser un organizador popular honesto, de izquierda, que intenta hacer política “de otro modo” en cualquiera de estas regiones, muy difícilmente puede hacer frente a la competencia de todos los demás líderes, que finalmente resuelven problemas, y problemas reales. Es posible que influya moralmente en sus vecinos, pero no que los convenza de que reparar la tubería no sea importante, ni tampoco que le sea fácil crear tuberías nuevas autogestivamente. Y eso lo obliga a hacer en ocasiones acuerdos políticos más o menos opuestos a sus principios.

Algunos líderes que siguen siendo fieles a sus convicciones eligen nunca gestionar nada para evitarse dichos problemas —para muchos, de hecho, “gestionar” es propiamente una mala palabra—, pero quedan casi invariablemente en la marginalidad: organizando conferencias, eventos culturales, talleres, etc. Otros admiten de mala gana la necesidad de gestionar, aunque procurando nunca establecer acuerdos demasiado opuestos a sus principios con los políticos locales. A diferencia de lo que un observador externo supondría, sí es posible hacer gestión sin establecer esa clase de acuerdos, pero resta mucho margen de maniobra, y pone al líder honesto en desventaja frente a los demás en la competencia por ganar recursos para sus allegados y, por tanto, influencia sobre la población local. Por último, otros más entran en la competencia sin ninguna restricción ética, a pesar, extrañamente, de no dejar de lado sus convicciones. Así he visto, por ejemplo, caciques hechos y derechos —que roban del erario público, tienen grupos de golpeadores, aplican técnicas fraudulentas en los procesos electorales, etc.— peleados entre sí porque uno es maoísta y el otro trotskista.


Clientelismo con “todo en regla”

Ya he aclarado que los procedimientos habituales de la política popular, tanto los que establecen una mutua obligación como los que son un mero intercambio de favores, no requieren que los involucrados sean de ningún modo malintencionados para funcionar. Ahora debo decir que tampoco requieren que actúen en la informalidad. Para explicar el punto describiré un poco la manera en que los funcionarios públicos se relacionan, en el D.F., con esta clase de actividades.

Los “padrinos” de cada líder no siempre son las mismas personas; sería más exacto decir que son siempre —o casi siempre— los mismos cargos. Es decir, que el director de Obras y Desarrollo Urbano de una delegación —sea quien sea— fungirá como el “patrón” que resuelve de manera “clientelar” —y aquí es donde el concepto comienza a dejar de tener sentido— la clase de problemas que institucionalmente están a su cargo. De ese modo, por ejemplo, la entrega selectiva de los beneficios de programas sociales queda por lo general a cargo del director de Desarrollo Social.

Podríamos decir que las funciones informales están estandarizadas en una medida similar a las formales, de modo que un nuevo periodo de gobierno trae también la alternancia de “patrones” con los cuales pactar el intercambio de apoyo político por recursos económicos; que cada nuevo titular de un puesto es el “patrón” que entrega selectivamente y con fines políticos particulares los recursos del área que formalmente le corresponde. Es común también que varios de los funcionarios a su cargo sean los líderes que le son más cercanos. De este modo, la jerarquía informal del clientelismo se institucionaliza, y tiende a proceder en estricto apego a la legalidad, lo que no la debilita, sino que la refuerza.

Para explicar esta, digamos, “institucionalización del clientelismo”, debemos explicar otro concepto clave en la jerga de la política de nuestro país: “etiquetar”. Se refiere a gestionar la inclusión de algo en el Programa Anual de Trabajo (PAT) de una institución, o, en otras palabras, en su presupuesto. Un líder tiene dos formas de gestionar algo: 1) la que ya hemos mencionado: conseguir que una parte de un presupuesto ya etiquetado previamente “baje” para “su gente”, negociando con un funcionario, o 2) gestionar directamente el “etiquetado” de un bien o servicio de su interés en el PAT de una institución. Lo segundo es más difícil, pero más formal y, sobre todo, permite la gestión de cosas más grandes: una escuela, un centro de salud. Normalmente se “etiquetan” las cosas que requieren mucho dinero, pero incluso las famosas despensas pueden estar etiquetadas formalmente en los recursos de campaña de un partido político, licitarse a las empresas que se las proveerán, etcétera. Del mismo modo, “en el presupuesto tal cual puede decir ‘en la calle tal esquina con tal, se va a pavimentar’”. “Etiquetar” es la vía más formal que puede tomar la “gestión”.

Cada actividad considerada clientelar tiene una manera legal de realizarse. No siempre se hace de ese modo, pero ese no es el punto; el punto es que siempre puede hacerse así, y que eso es, también, lo más adecuado a los intereses particulares de los involucrados. Un líder popular y el funcionario público que funge como su “padrino” preferirán siempre una forma de traficar influencias que no los meta en problemas legales. En otras palabras, el estricto apego a la legalidad no impide de ningún modo que la política popular siga estando regida por el intercambio de favores entre desiguales; de hecho tal intercambio no tiene mejor forma de darse.

Ahora bien, en general los líderes más beneficiados serán quienes apoyaron en las elecciones a los gobernantes y legisladores locales en turno. Es decir, que el presupuesto para infraestructura, servicios urbanos y desarrollo social será llevado preferentemente a las personas que le dieron su apoyo a los gobernantes en turno, en detrimento de las que no lo hicieron. Los líderes que ayudaron al ganador tendrán posiblemente un empleo —poco importante— en la delegación o el municipio, y sobre todo más recursos qué repartir, y por tanto más gente que “jale” con ellos. Dicha “gente”, a su vez, no vota por el candidato al que considera “mejor en general”, sino por el candidato con el que tiene acuerdos —por medio de dichos líderes—, y que, precisamente por eso, la va a ayudar en caso de ganar. La relativa efectividad de dicha reciprocidad entre desiguales es la base de todo el sistema.

Este es otro gran problema para quien pretenda ser un organizador honesto. La clase trabajadora no apoya a ciertos candidatos corruptos por ser ignorante o estar siendo manipulada, sino precisamente por las razones opuestas. Conoce el sistema y se sabe desenvolver en él con habilidad, y no a cambio de migajas, sino de agua, luz, vivienda, hospitales, escuelas. Por tanto, el problema al que se enfrenta en la práctica un dirigente popular honesto no es darle a los trabajadores “conciencia de la realidad”, sino alternativas prácticas para conseguir los mismos beneficios de mejor manera y con menor esfuerzo.


Ideas prácticas y posibles soluciones

Muchos izquierdistas honestos consideran que se debe dejar de participar en los partidos políticos, por su corrupción, y que se debe en cambio buscar el cambio “desde abajo”, en los movimientos sociales. Olvidan que dichos movimientos sociales son igualmente corruptos que los partidos —las excepciones existen, desde luego, pero son más o menos igual de raras en ambos mundos—, y que muy probablemente la principal fuente de ambas corrupciones es la forma clientelar en que, precisamente, los partidos y las organizaciones populares necesitan relacionarse para subsistir. En ese sentido, el debate entre los que piensan que hay que luchar dentro de las instituciones —lo que sería eficiente pero corruptor— y los que prefieren el movimiento social —lo que sería más honesto, pero menos eficiente— carece de sentido. Ninguna organización popular tiene futuro sin conexiones políticas, y ningún grupo de políticos de profesión tiene tampoco ningún futuro sin una base social. La pregunta, por tanto, no es si debe lucharse “desde dentro” o “desde fuera” del sistema, sino cómo crear una forma distinta, no clientelar, de combinar ambas luchas; una forma que no obligue a ninguna de las dos partes a privilegiar los acuerdos particulares por encima de lo que entiendan por bien común.

1. Una forma habitual de intentar salir del problema es diversificar las fuentes de ingresos de las organizaciones populares; es decir, dejar de depender de la “gestión” con el gobierno local volviéndose asociaciones civiles donatarias, que puedan recibir recursos del sector privado, de fundaciones, etc. Muchos han hecho esto, e incluso la mayor parte de las organizaciones populares de cierto poder ya son asociaciones civiles y reciben dinero sobre todo del narcotráfico, para el que ahora lavan dinero. Que eso pase no significa, desde luego, que los políticos y activistas honestos no puedan emplear la misma estrategia para conseguir recursos de fuentes más limpias. De cualquier modo, si bien eso puede hacer que las organizaciones se vuelvan más independientes, no hace que dejen de necesitar ofrecer bienes y servicios a sus allegados a fin de conseguir su lealtad política. Así, pues, la diversificación de fuentes de ingresos es necesaria pero no suficiente.

2. Otra posible solución, para intelectuales de izquierda con deseos de participar en el movimiento, es el desarrollo de proyectos para grandes organizaciones populares ya existentes. En esta clase de grupos existe una grave falta de cuadros preparados académicamente, y las de mayor envergadura no solo suelen reconocer esa falta, sino que tienen recursos suficientes como para desarrollar investigación independiente. Creo que se ha experimentado demasiado poco con esta opción, que no solo sería una forma de colaborar, sino también de luchar por la hegemonía en regiones populares, y de imaginar y desarrollar formas distintas de política popular, de la mano de dirigentes que también están interesados en eso —que, se crea o no, existen.

3. Desde hace algún tiempo, entre la izquierda honesta del mundo está en boga el desarrollo de proyectos autogestivos, de economía solidaria, tecnologías ecológicas, etc. Se han desarrollado muchas cosas al respecto, y en ocasiones con muy buenos resultados, aunque casi siempre como alternativas a la política propiamente dicha —incluso en ocasiones como estrategias para de hecho aislarse del resto de la sociedad. Tal vez el principal camino de salida de nuestro problema sea aplicar esas formas novedosas de trabajo comunitario con fines propiamente políticos, como una manera de ganar influencia en regiones populares y capacidad de negociación en los partidos políticos de izquierda. Pensemos, por ejemplo, en producción energética en pequeña escala en algunas colonias de Chalco, o en sistemas comunitarios de tratamiento de aguas negras que mitiguen la escasez del líquido en Iztapalapa. Todo esto sería bastante provechoso, daría empleos, recursos y hasta buena prensa, además, claro, de influencia territorial y poder de negociación a un grupo político bienintencionado en cualquier partido de izquierda. ¿Los políticos no lo permitirían? Eso depende de que uno sea, o no, uno de esos políticos; de que se estén ganando, o no, votos con eso. Sería una forma benéfica y honesta de abrirse paso entre la clase política, y seguramente más efectiva —aun pensando maquiavélicamente— que distribuir materiales de construcción o gestionar el destapado de coladeras.

(Este ensayo es la segunda parte de una serie que se propone repensar las realidades de la política popular, el clientelismo y la izquierda en México, y cuya primera entrega es “Nuestra imagen de la política popular: un caso de ceguera ilustrada”.)


Notas

[1] Entiendo que decir “honesta” es tan vago como decir “izquierda”. Emplearé aquí estos términos, sin embargo, porque creo que existen ciertos problemas que comparten todas (y solamente) las personas que se han dedicado a la política en México y que se consideran, subjetivamente, honestas y de izquierda, independientemente de lo que entiendan por esos términos. Se trata de problemas que no tiene ninguna persona que se considere a sí misma deshonesta, de derecha o que no se haya dedicado nunca a la política. Sé que esta aseveración puede sonar extraña o inverosímil, pero conforme avance mi argumento se entenderá de lo que hablo.

[2] Todas las citas de este artículo provienen de diez entrevistas realizadas a diferentes líderes vecinales de la ciudad. Por respeto a ellos no mencionaré sus nombres. La información que vierto aquí proviene en parte de mis conversaciones con ellos y en parte de la experiencia política que he tenido yo mismo como una especie de líder.

[3] No se empleará aquí la palabra “líder” como sinónimo de “dirigente”, sino como un tecnicismo popular que se refiere a esta clase de mediadores informales entre el Estado y los ciudadanos.


(Foto cortesía de Daniel Lobo.)

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