Elecciones 2016: Veracruz, un estado en descomposición, una elección descompuesta

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Las elecciones del domingo 5 de junio serán de las más importantes en nuestra democracia reciente. Se renuevan 12 gubernaturas, 388 diputaciones locales y 548 ayuntamientos de 11 entidades (en Oaxaca se elegirán 153 por régimen de partidos y 417 por usos y costumbres). En la Ciudad de México, por su parte, serán electos 60 de los 100 diputados que conformarán la Asamblea Constituyente que redactará la primera Constitución de la capital. Los comicios convocarán a más de treinta millones de mexicanos, el 36% de la lista del padrón electoral registrado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

En tan abigarrado panorama destaca la elección en Veracruz. Con una lista nominal de 5,667, 000 electores (que representan el 7.9 % del total del padrón nacional), Veracruz es la tercera entidad por número de votantes y la de mayor padrón en las elecciones de este año.

Para sincronizar el calendario de las elecciones estatales con el de las federales, en 2014 se efectuó una reforma a la Constitución mexicana. Los estados a su vez debieron modificar sus leyes. Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz, remitió una reforma político-electoral al congreso local en diciembre. Su aprobación estableció que el mandato del gobernador electo este 2016 será de dos años (del 1 de diciembre de 2016 al 30 de noviembre de 2018). Igual periodo cubrirán los 50 diputados locales que serán electos, 30 por mayoría relativa y 20 por el principio de representación proporcional.


Un estado en agonía

Más allá de los caprichos del calendario, hay otros elementos insólitos en el contexto de esta elección: en Veracruz no ha existido alternancia partidista, característica que comparte con otras cuatro de las 12 entidades con elecciones gubernamentales este año (Durango, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas).

En la mayoría de los estados la aprobación del gobernador supera a la del presidente. Por contraste, Duarte de Ochoa tiene la peor aprobación de quienes gobiernan las entidades federativas con procesos electorales (según una encuesta de El Financiero, el 72% de los veracruzanos desaprueba su administración y solo un 24% la aprueba).

El deterioro económico y social es otro factor decisivo. Veracruz es hoy uno de los estados con mayor índice de pobreza, mayor impunidad y menor desarrollo. El Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX) 2016, presentado por la Universidad de las Américas-Puebla (UDLAP), sitúa a Veracruz dentro de las diez entidades con mayor nivel de impunidad, señalando que su grado es superior a la media nacional. Por su parte, el estudio Semáforos económicos electorales 2016 señala a la gestión de Duarte de Ochoa, junto con la de Gabino Cué Monteagudo, gobernador de Oaxaca, como las que mayor deuda, pobreza y desigualdad laboral dejarán a sus sucesores. Además, el estudio exhibe el nulo crecimiento económico y laboral, en contraste con el aumento de la deuda, los robos, la pobreza y la desigualdad.

Javier Duarte heredó de Fidel Herrera una deuda de 21 mil millones de pesos y dejará, al salir en diciembre de este año, pasivos que ascienden extraoficialmente, a más de 45 mil millones –el monto exacto es motivo de controversia pero su adeudo supera a los apoyos federales que recibe (la cifra la he redondeado con base en datos de Forbes, El Economista y El Financiero). A pesar de ser la tercera entidad que más dinero recibe de la federación, la administración de Duarte de Ochoa nunca pudo disminuir los pasivos, sino que cada año restructuró la deuda, aumentando el déficit público. La llamada de atención que recibió por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por el “mal manejo de los recursos federales en prácticamente todos los rubros” y su indolencia para demostrar el uso de dichos depósitos, mostró el grado de impunidad y de cinismo en la administración económica de esta gestión. Sumemos los adeudos que mantiene con la Universidad Veracruzana, el saqueo de las pensiones de los trabajadores del Estado –a través del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE)– y el desvío de dinero federal por una suma cercana a los seiscientos cincuenta y cuatro millones de pesos, a través de empresas fantasmas –como ilustra fehacientemente el ejemplar reportaje que se está publicando por entregas en Animal Político– y entonces entenderemos por qué Javier Duarte y su herencia son un lastre para el candidato priista Héctor Yunes Landa.


Rebelión en la granja y estercolero

Los conflictos definieron la elección desde el comienzo. A causa de los continuos escándalos y las denuncias de anomalías, el gobernador tuvo desde las precampañas especial interés en su relevo.

Héctor Yunes Landa, senador priista, político con amplia trayectoria y experiencia en cargos de elección, consciente de que el principal opositor de su candidatura era el propio gobernador, exhibió desde sus actos de avanzada una retórica incendiaria que contrastaba con su habitual parsimonia y diplomacia. En respuesta, Javier Duarte, con ese humor característico, más propio de un adolescente que de un estadista, acudió a la toma de protesta de la dirigencia estatal de la Liga de Comunidades Agrarias de la Confederación Nacional Campesina (CNC), para obsequiar al senador –que ese día celebraba su cumpleaños– una caña de pescar, para que pescara a los peces gordos del Estero –aludiendo a los políticos panistas de apellido Yunes, familiares del priista, ya que el primogénito del hoy candidato panista-perredista, Miguel Ángel Yunes Márquez, compró una mansión en la exclusiva zona conocida como El Estero, la cual suelen citar los políticos priistas como evidencia de la corrupción del actual alcalde de Boca del Río. Yunes Landa acusó el golpe y la ofensa y respondió con impecable timing en una carta abierta en que devolvía la caña exponiendo en diez puntos su rechazo no solo al regalo sino al gobernador.

Tras el espaldarazo por parte del líder del PRI nacional, Manlio Fabio Beltrones, a su antiguo secretario, Héctor Yunes Landa, Javier Duarte aún intentó revertir la decisión negando que Enrique Peña Nieto o el PRI nacional hubieran decidido en Veracruz y calificó esas noticias de “mamadas” junto con otras expresiones arrabaleras. No era para menos: al impedirle elegir un sucesor, Beltrones patentizó su público repudio al gobernador. Una aversión que no oculta: a raíz de la difusión de las amonestaciones de la ASF al gobierno de Veracruz por la opacidad en la administración de los recursos recibidos (¡el 61% de las anomalías las concentra este estado!), el líder del priismo en un acto proselitista en Tabasco declaró: “Javier Duarte deberá de estar presentando, obviamente, cuentas concretas y verdaderas a los veracruzanos.” Después, recularía.

La actual administración estatal atacó desde el principio a Miguel Ángel Yunes Linares, quien fuera candidato a la gubernatura en 2010 de la coalición ¡Viva Veracruz! (que formaron el PAN y Nueva Alianza) y perdió por un estrecho margen (2.57%). A través de la prensa afín al régimen, se entabló una persistente campaña de desprestigio contra los Yunes panistas, Miguel Ángel y su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, alcalde de Boca del Río, Veracruz. Tras las designaciones de los dos primos hermanos Yunes, Héctor y Miguel Ángel, como candidatos a la gubernatura respectivamente por las coaliciones Para mejorar Veracruz (PRI-PVEM-AVE-Nueva Alianza y PFCRN) y PAN-PRD, las filtraciones y denuncias aumentaron. Medios afines, sindicatos, organizaciones paraestatales y políticos han servido de voceros para difundir presuntas traiciones, acuerdos secretos con el gobernador Duarte y recepciones de dinero. Incluso se han revivido las acusaciones de pederastia contra Miguel Ángel Yunes Linares y se han filtrado videos con presuntas muestras de actos corruptos. La difusión de los Papeles de Panamá, en los que se involucra a uno de sus hijos en una compra dudosa, contribuyó a este descrédito. En respuesta Yunes Linares denunció penalmente ante la fiscalía estatal al gobernador y a miembros de su gabinete por lavado de dinero, evasión fiscal y el presunto usufructo de los recursos públicos para enriquecimiento personal.

En el primer debate electoral los primos se acusaron personalmente. Punteros en las preferencias, las disputas y acusaciones acaso terminaron desgastándolos. En el último mes Cuitláhuac García, diputado federal con licencia y candidato de Morena, repuntó en la intención del voto. Si bien dicho crecimiento se atribuye al magnetismo de Andrés López Obrador, ha circulado la versión de una hipotética “concertación” entre Javier Duarte y el líder de Morena para inclinar el voto en favor de su candidato. Al respecto, en el segundo debate organizado por el Organismo Público Local Electoral (OPLE) varios candidatos se concentraron en estas acusaciones. Y mientras las descalificaciones, acusaciones e invectivas aumentan, las agendas de gobierno apenas si se muestran. No se vislumbra cómo se reactivará a un estado que pasó de ubicarse entre los más ricos a ubicarse entre los más pobres. El ambiente electoral en Veracruz está más centrado en el dolo que en las propuestas. Al final, el daño es para la ciudadanía, que asiste al espectáculo de una clase política totalmente corrupta.


La disuasión de la violencia

Las irregularidades rodean el proceso en Veracruz. Van desde denuncias de presuntos delitos electorales hasta la difusión de actividades propagandísticas del gobierno del estado en plena veda. Por ello hay lucubraciones sobre una posible anulación de las votaciones. La hipótesis central es que la anulación, al implicar una elección extraordinaria, impediría que cualquier Yunes fuera gobernador, con lo que Javier Duarte quedaría blindado, pues ambos Yunes han expresado su intención de castigar a quienes malversaron las finanzas públicas. Personajes cercanos al grupo a quien beneficiaría esta medida extraordinaria, como el abogado penalista Jorge Reyes Peralta, cercano colaborador de Fidel Herrera Beltrán, han enfatizado esta probabilidad aunque también lo ha hecho el consejero nacional del PRD, Carlos Navarrete, quien acusó al gobierno de promover esta situación. Por su parte el fiscal para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, anunció un gran despliegue en Veracruz, Quintana Roo, Puebla y Oaxaca, denominándolas como “zonas de atención prioritaria”, y destacó que es Veracruz donde existen más denuncias. “Se han presentado más de doscientas cincuenta denuncias, tenemos averiguaciones previas por turismo electoral, actas circunstanciadas por presión a los electores, compra de votos, condicionamiento de programas sociales y también tenemos carpetas de investigación por financiamiento ilícito de las campañas en todas sus modalidades”, dijo en entrevista.

A este difícil, complejo, turbio, soez escenario electoral se agrega la violencia. No debemos olvidar que Veracruz adquirió infamia internacional como un estado de alta peligrosidad para el periodismo. Cabría asentar, para el lector foráneo, que Veracruz ha sido tradicionalmente un territorio violento, donde la prensa ha sido amenazada por criminales establecidos –como los cacicazgos regionales de apellidos célebres en la política local: Lagunes, Yunes– y por los organismos gubernamentales encargados de reprimir la crítica, como ocurrió durante los sexenios de Agustín Acosta Lagunes, Patricio Chirinos Calero y Miguel Alemán Velazco. De ahí que las estadísticas de los ataques contra periodistas puedan variar dependiendo de la marca que delimite el periodo. Para limitarnos al sexenio de Javier Duarte, hay 163 agresiones documentadas contra periodistas durante el lapso de 2011 a enero de 2015, conforme a la investigación de la historiadora Celia del Palacio Montiel. De acuerdo con Artículo 19, se han perpetrado más de quince crímenes contra periodistas en la entidad.

Otros datos igualmente escalofriantes son las denuncias presentadas por violaciones a los derechos humanos. Durante este sexenio se han documentado 51 averiguaciones previas por la desaparición forzada a manos de elementos del Estado. La violencia de género, las fosas clandestinas, los feminicidios, los crímenes de odio, han aumentado.

Para enfatizar de manera contundente la inseguridad y el predominio criminal, en la última semana ocurrieron actos de violencia espectacular en las principales ciudades, entre ellas Xalapa, Veracruz, Orizaba y Coatzacoalcos. No apoyo teorías conspirativas ni especulaciones pero es difícil no relacionar los ataques del reciente fin de semana, uno de los cuales terminó en masacre en el bar gay Madame, cuyo número de víctimas oficialmente es de cinco pero extraoficialmente se enumera a varios más, con otros de años recientes, que suceden justamente en días previos a las elecciones. En junio de 2015, apenas un mes antes del proceso electoral, se perpetró un ataque con saña a estudiantes de la Universidad Veracruzana, un hecho que el fiscal de Veracruz intentó minimizar señalando que no eran estudiantes.

La respuesta hasta el momento de los hechos ocurridos en Madame es que los muertos eran delincuentes –el argumento común en las investigaciones de la fiscalía, no importa quién sea el titular ni quiénes las víctimas. Como si no bastara Veracruz, sin ser un polvorín como Tamaulipas, debido a la inseguridad e incapacidad institucional para ofrecer garantías, tendrá una elección muy difícil. Y, si la violencia, el clima de odio, la suciedad y la corrupción de la clase política consiguen disuadir al ciudadano de expresar su voto, el gran perdedor será este. Y el estado, cuyo deterioro político, económico y social fue continuo durante los últimos diez años.

(Foto: cortesía de Tattaglia2001.)

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

TIENES
QUE LEER

Shopping Basket