El fin de la guerra en Colombia: una oportunidad de reconciliación

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“La paz está cerca”. Esta ha sido la frase más escuchada sobre lo que ocurre en Colombia en estos tiempos. El proceso de diálogos entre el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ya asoma el tren de aterrizaje y, tras cuatro años de intensas negociaciones en La Habana (Cuba), se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que la firma del acuerdo final es una realidad. Ahora bien, más allá de la optimista frase de campaña, la paz en Colombia está lejos. Y es que construirla será un proceso que tardará años, quizás décadas. Aún falta, por ejemplo, resolver el conflicto con el ELN, la segunda guerrilla del país, y detener el exponencial crecimiento de los grupos paramilitares, que con distintos nombres se han refundado luego de su desmovilización en 2005. Solo cuando el Estado haya recuperado el monopolio de las armas podrá empezar verdaderamente el proceso de construcción de la paz.

Pero ¿qué significa “construir la paz”? Colombia vive desde hace más de medio siglo un conflicto armado de alta intensidad. En la primera mitad del siglo XX, producto del excesivo centralismo y de un modelo económico que copió el sistema de vasallaje, en el que la tierra productiva quedó en manos de las élites de las cinco ciudades grandes y las mayorías fueron vistas como mano de obra barata, empezaron a surgir los movimientos populares. Las ideas comunistas y socialistas impulsaron la formación de sindicatos y ligas campesinas. En este contexto surgió un líder que rompería en dos la historia de Colombia: Jorge Eliecer Gaitán. Un abogado liberal de extracción popular que, con un discurso reformista, aglutinó un movimiento importante.


Las raíces de la guerra

En la Colombia de 1940, profundamente desigual –igual que la de hoy–, el discurso de Gaitán se regó como pólvora. El enfrentamiento entre el Partido Liberal y el Conservador subía de tono en los campos colombianos. Los “rojos” liberales eran excomulgados u asesinados y los “azules” se desplazaban o corrían la misma suerte fatal. En ese momento se prendieron las primeras chispas de un conflicto armado que lo antecedían una decena de guerras civiles desde la independencia de España. Pero el detonante de nuestro conflicto contemporáneo fue, sin duda, el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de abril de 1948, cuando se perfilaba con fuerza para ser el próximo presidente. Su muerte trajo un estallido social de incalculables dimensiones y, desde Bogotá hasta la Guajira, se reprodujeron asonadas y choques entre liberales y conservadores. El saldo de muertos solo sería la cuota inicial de un periodo mucho más sangriento. Y marcó el inicio de lo que en Colombia se conoce como La Violencia (1948-1958), un periodo que dejó más de doscientos cincuenta mil muertos y que sentó las bases de la guerra que hoy el gobierno y las FARC tratan de detener.

A partir de ese instante, el movimiento popular de izquierda fue completamente marginado de la vida política. Cada intento por surgir era contestado con un proceso de paz en el que los acuerdos eran incumplidos y sus líderes políticos más visibles eran asesinados. Le pasó a Guadalupe Salcedo, Jacobo Prías Alape (el “Charro Negro”), a Óscar William Calvo, a Carlos Pizarro, a Bernardo Jaramillo y a un largo etcétera de líderes de izquierda que dejaron las armas con la promesa de la paz y encontraron una bala como respuesta de la “mano negra”, porque todos los casos, sin excepción, siguen en la impunidad.

Pero volvamos a los años sesenta, cuando fueron fundadas las guerrillas colombianas. La proscripción del comunismo por parte del presidente militar Gustavo Rojas Pinilla; el incumplimiento de los compromisos firmados por el gobierno tras la desmovilización de las guerrillas liberales y el asesinato de sus líderes impulsó la fundación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) en 1964. En principio, esta organización se fundó como una autodefensa campesina que protegía a sus familias, tierras y animales, ubicadas en alejadas montañas de Colombia. Hasta que el gobierno de turno, alarmado por la supuesta amenaza que representaban estas “repúblicas independientes”, bombardeó Marquetalia, El Pato, El Davis y Riochiquito. Ese fue el bautismo de las FARC y el nacimiento de una nueva guerra de doscientos mil muertos.

En los años setenta y ochenta, Colombia vio el surgimiento de otros grupos guerrilleros. El establecimiento hacía aguas y la respuesta fue un nuevo proceso de paz, en el que se desmovilizaron cinco guerrillas. El pacto se selló con una Asamblea Nacional Constituyente y la promesa de inclusión. Pero de nuevo la “mano negra” volvió a impedir que la izquierda en Colombia fuera una opción real de poder y se vino el asesinato de sus principales líderes, entre ellos dos candidatos presidenciales, y el genocidio de un partido político surgido del acuerdo de paz. Cerca de tres mil militantes de la Unión Patriótica fueron asesinados. Para este momento, el narcotráfico vivía su momento de oro y de su alianza con la Fuerza Pública –las policías nacionales y las fuerzas militares– surgieron los paramilitares: grupos de ultraderecha que fundaron sangrientos y poderosos ejércitos antisubversivos. Este es el epílogo del conflicto armado que llega hasta nuestros días.


El auge del conflicto armado

En los años noventa los campos de Colombia fueron disputados por las FARC, el ELN y los paramilitares, estos últimos respaldados por la Fuerza Pública –una verdad judicial que sigue repitiéndose en los estrados hoy–. Terminando esa década también llegó un intento de paz con las FARC. Un proceso de diálogos que se desarrolló en San Vicente del Caguán entre un Estado debilitado y una guerrilla capaz de mantener retenidos en sus campos a más de cuatrocientos soldados. Los diálogos duraron tres años sin mayores avances. Y a la soberbia de las FARC, que se sentía cerca de un triunfo militar, el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana contestó con una reingeniería de las fuerzas militares con apoyo norteamericano.

Ya se podrán imaginar la guerra que se vino. Con un ingrediente adicional: el narcotráfico como combustible principal de los armados. Bombas por montones, armas, lanchas, aviones, interceptaciones, torturas. Un resultado devastador: 1,900 masacres; 220,000 muertos; 6 millones de víctimas; 7 millones de hectáreas despojadas; 50,000 desparecidos; 27,000 personas secuestradas; 2,000 casos de violencia sexual. Un espiral de violencia donde se diseñaron y ejecutaron aterradores métodos de tortura: desmembramientos, violaciones, incineración de personas, ahogamientos.

Por eso, simbólicamente, el proceso de paz que se adelanta en La Habana busca cerrar el capítulo de la guerra anteriormente narrada. Y es que el conflicto entre el Estado y las FARC es el más largo del hemisferio occidental y ha sido el alimento de otras formas de la guerra. Claro que la firma del acuerdo final no significa la consecución de la paz, sino el inicio de su construcción. La primera piedra de un nuevo edificio social.

El reto de cumplir con los acuerdos alcanzados no es menor, porque implica al menos dos cosas importantes: primero, adelantar las reformas para que Colombia deje de ser uno de los países más desiguales del mundo (solo como por mencionar algunos indicadores: el 77.6% de la tierra está en manos del 13.7% de los habitantes; el 30% de la población se encuentra en condición de pobreza; el 8%, en pobreza extrema; el 6%, no sabe ni leer ni escribir y la impunidad ronda el 80%). Y segundo, garantizar el acceso de la insurgencia a la vida política, lo que exige, antes que nada, garantizar la vida de quienes dejen las armas. Una tarea que históricamente le ha quedado grande al Estado colombiano. Y le ha quedado grande, en parte, porque esta es una sociedad intolerante, en que el que piensa distinto es estigmatizado, segregado o asesinado.

Ahí es donde está el principal reto para alcanzar la paz en Colombia: un cambio de conciencia ciudadana. De respeto por el otro en todos los sentidos. Asunto que implica no solo el respeto por el pensamiento diferente, sino la verdadera inclusión. El abandono del clasismo, del machismo, de la homofobia, de la corrupción, de la cultura del “vivo vive del bobo”; de un Estado mezquino que opera para cuidar los privilegios de una clase social parasita, que aprovecha el caos de la guerra para sacar la mayor tajada. Como ven, la paz en Colombia no es un reto pequeño. La firma de los acuerdos de fin del conflicto entre el gobierno y las FARC son una esperada oportunidad para que este país tenga un nuevo comienzo.

Vendrán tiempos difíciles, ninguna cultura se cambia con la firma de un papel. Y para implementar los acuerdos de paz se requerirá una nueva sociedad. Porque el conflicto armado habrá llegado a su fin, pero afloraran los conflictos sociales. Implementar la paz necesitará de un nuevo orden social, económico y político. Cambios que la élite que domina Colombia se ha negado a hacer desde hace más de medio siglo. Y en un país tan polarizado como la que hoy vivimos, muchos serán los obstáculos que interpondrán quienes esperan que nada cambie. En ese camino, la verdad de la tragedia nacional será la encargada de dar luces sobre el camino de la reconciliación. Porque más que la paz, lo que este país necesita es la reconciliación entre sus ciudadanos.

(Foto: cortesía de PresidenciaRD.)

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