Después de Ayotzinapa 8. Narcotráfico y política de drogas

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Las razones de la violencia

Jorge Javier Romero: Históricamente México ha tenido una alta tasa de homicidios. Sin embargo, esta había bajado hacia fines de la década de los ochenta, hasta llegar a un nivel bastante aceptable. La actual oleada de violencia está íntimamente ligada a la política estatal del presidente Felipe Calderón, que enfrentó directamente, con el ejército y la policía, al crimen organizado. A partir de entonces se produjo la fragmentación de los cárteles, lo que diseminó la violencia en todo el país y tuvo como efecto secundario el empoderamiento de los cárteles con redes organizativas que reclutan gente para dedicarse a actividades delictivas.

La razón de que la violencia se haya disparado también tiene que ver con los cambios en el régimen político mexicano, que debilitaron la forma tradicional de mantener el orden y el sistema instaurado por el PRI. En estos procesos de ruptura de los pactos políticos no se logró construir un orden jurídico sólido ni un Estado de derecho robusto.


La violencia como ventaja competitiva

Mario Arriagada: La política de drogas lanzada por Calderón está asociada a los efectos nocivos de un incremento brutal de los asesinatos, las ejecuciones y una serie de distorsiones, como el secuestro y el cobro de seguridad. Pero parece que nos enfrentamos a una paradoja porque, entre lo planeado por Calderón y lo ejecutado por Peña, hay pocas diferencias de fondo y, sin embargo, hoy está disminuyendo la violencia aunque la política no haya cambiado.

Jorge Javier Romero: Sin lugar a dudas esta política ha tenido efectos en el debilitamiento de los carteles, además de que modificó sus ingresos. Ese no es el problema. El problema es que no estamos mejor que hace tiempo. Un indicador de éxito sería que estuviéramos en los mismos niveles de violencia que hace veinte años, y no es así.

Hay que entender, por otra parte, qué son los grupos de delincuentes. Ellos no son especialistas en drogas; son expertos en mercados clandestinos y organizaciones que usan la violencia como ventaja competitiva. Por lo tanto, cuando controlan un territorio, pueden competir con el Estado y las instituciones. Es por eso que venden derecho a la protección, al comercio, etcétera, que son cosas que el Estado debería controlar. El problema fundamental está en que durante mucho tiempo estas organizaciones negociaron con el régimen del PRI, mantuvieron relaciones de negocio y connivencia con el poder político del país.


El presupuesto municipal, ese gran botín

Mario Arriagada: El caso de Iguala es muy significativo de esta situación de connivencia entre grupos del crimen organizado y el poder político. Hace poco unos investigadores publicaron un estudio sobre municipios, a nivel de la violencia criminal. Encontraron que, aparte de actividades como el secuestro y las drogas, hay otro gran botín: el presupuesto municipal. De hecho, los municipios que producen más ingresos, como es el caso de Acapulco, están bajo asedio de esos grupos criminales. Ellos disfrutan de esos dineros estatales. ¿Qué pasa, entonces, con el poder público local?

Jorge Javier Romero: ¿Qué pasaba antes? La coalición política tenía mecanismos internos para defenderse, más o menos, de la influencia de los grupos criminales, como los comités disciplinarios, ciertas sanciones, etcétera. Cuando se rompió el monopolio del PRI y comenzó la competencia electoral por el control de los presupuestos locales, esto se volvió un espacio de complicidad en el que las organizaciones de delincuentes compiten por el control de los presupuestos locales y las actividades políticas.

¿Las policías estatales van a resolver sus problemas de eficacia, legalidad y corrupción? Evidentemente no sin la redistribución de atribuciones y la eliminación de los problemas legales porque la estructura misma de la policía en México es un problema. Los oficiales no son profesionales; no cuentan con recursos ni están bien pagados; tampoco tienen incentivos de carrera que los comprometa con su trabajo. Desde Fox los gobiernos federales andan queriendo reformar a los cuerpos policiales pero no pueden llevar eso a la práctica. Un policía no se corrompe si tiene un salario digno, buena imagen pública o seguridad social en caso de que le pase algo en su trabajo. Es difícil evitar que se corrompan si tienen que comprar la pistola y el uniforme y, además, ganan tres mil pesos. Eso tiene que cambiar; toda la estructura debe modernizarse.


Un estado de excepción no declarado

Jorge Javier Romero: Si vemos los datos del programa de políticas de drogas del CIDE, son escalofriantes. Cuando el ejército interviene en actos de violencia su índice de letalidad es muchísimo más alto que el de las policías locales o estatales. La relación entre muertos y heridos en los enfrentamientos suele ser apabullante. La relación entre muertos y heridos en cada intervención armada es mayor que la que existe en situaciones de guerras reales, como Irak o Afganistán.

Conocemos el caso de Tlatlaya porque hubo testigos, llegó la prensa extranjera y se abrió. Pero solo es un botón de una política y conducta habitual del ejército, que se agrava cuando es la Marina quien actúa. Su índice de letalidad es peor.

El ejército ha estado violando sistemáticamente los derechos humanos. No respeta la legalidad y el orden jurídico; tampoco interviene para aprender y procesar, sino que mata. ¿Cuántas órdenes judiciales ha habido en las acciones del ejército? El número es ínfimo. Cuando uno ve las narraciones pareciera que, de casualidad, los soldados iban patrullando por ahí, los agarraron a balazos y respondieron. Lo que pasó es que Calderón les dio instrucciones de acabar con esos delincuentes a toda costa y, por supuesto, el orden jurídico mexicano no importó, con lo que se creó un Estado de excepción no declarado.


La catastrófica prohibición

Jorge Javier Romero: Si hoy solo se legalizara la marihuana, el efecto sobre la violencia sería bastante menor, porque el daño ya está hecho. La acumulación originaria ya se hizo; es decir, los grupos de delincuentes ya se enriquecieron y organizaron gracias a las ganancias del mercado clandestino de las drogas, no solo de la marihuana. Lo que sí los debilitaría mucho sería una regulación sensata de las drogas. La marihuana sería un buen primer paso para generar una idea distinta en la sociedad sobre cómo debe administrarse el problema de las drogas.

Si yo les preguntara a ustedes cuál es la droga más peligrosa que existe hoy en el mercado, ¿qué responderían? La más peligrosa es el alcohol. Sin embargo, cuando se ven las encuestas de percepción sobre el peligro de las drogas la gente percibe al alcohol como muchísimo menos peligroso que las otras drogas. Si podemos administrarla legalmente el alcohol, ¿por qué no las otras drogas?

Hay drogas que se prohibieron con protocolos científicos falsos, como el MDMA y el éxtasis, que es una sustancia inocua si la comparamos con la peligrosidad de otras pero que es ilegal porque sus usos atentaban contra la conciencia puritana de la administración de Ronald Reagan. Igual pasó con el LSD, y ahora, en Stanford, se está volviendo a estudiar sus efectos médicos luego de haber sido tan satanizado y prohibido. Tenemos una gran cantidad de sustancias prohibidas, y a los únicos que beneficia esa prohibición es a los delincuentes que manejan el mercado. La prohibición no ha logrado reducir sustancialmente el consumo, ni ha evitado que haya una oferta para satisfacer esa demanda, y, por supuesto, no ha resuelto los problemas de salud asociados al consumo de sustancias.

¿Qué porcentaje de los usuarios de drogas ilícitas es problemático? Solo un 13%; es decir, hay un 87% de usuarios que no es problemático, ni para sí mismo ni para la sociedad. Por ese 13% estamos haciendo una guerra que ha dejado resultados devastadores en países como México, Afganistán y Colombia.

La heroína es una droga muy adictiva, de las más peligrosas junto al alcohol, pero mucho peor que la heroína es su prohibición. De los usuarios de heroína, solo el 25% es adicto, pero suele usar jeringas contaminadas y así se contagian de VIH o hepatitis C, lo que aumenta la mortandad.

En países como México producimos y exportamos drogas a Estados Unidos, que es el gran mercado, mientras que acá el mercado es muy chiquito. Si vemos los datos de la encuesta nacional de mediciones, solamente un poco más del 4% de la población ha probado una droga ilegal alguna vez en su vida. Y en nombre de ese 4%, para resguardar su salud, estamos en guerra.

¿Cuántos muertos hubo en México por consumo de cocaína en los últimos años? En los seis años de la guerra de Calderón hubo seiscientos muertes por consumo de cocaína. Y la mayor parte de esos fallecimientos tuvo que ver con la adulteración de origen de la cocaína. Ahora, ¿tenemos que salir a matar a los traficantes a punta de bala para resolver ese problema? No.

El punto es que, como política pública, la prohibición ha sido catastrófica. Esta prohibición, que empezó con los tratados de Shanghai en 1912 y se fue haciendo cada vez más severa, al principio solo era una cuestión de aduanas. Nadie pensaba que había que prohibirlas con ejércitos en las calles, pero a partir de la década de los setenta hubo una alarma social en Estados Unidos por el aumento del consumo de drogas psicodélicas y de marihuana.

Se dijo que el movimiento pacifista era efecto de las drogas y que por eso los jóvenes no querían luchar por su país. En realidad, la epidemia de heroína en Estados Unidos se produjo por los veteranos de Vietnam, que regresaban con dolores terribles y no tenían acceso a medicamentos esenciales de forma legal, por lo que se entregaban al consumo de heroína. Las drogas no fueron la causa del movimiento pacifista, pero se creó esta imagen entre la derecha conservadora que Nixon aprovechó y después Reagan intensificó.

También los países musulmanes y muchos países asiáticos adoptaron la prohibición por su cuenta, pero el núcleo duro del prohibicionismo lo impuso Estados Unidos. Es una política pública que no se basó en conocimiento científico y que después se volvió tremendamente refractaria a reformarse a partir del conocimiento científico y la evidencia. Si vemos las evidencias nos percatamos de que la prohibición, como política pública para administrar el problema de las drogas, es estúpida y carísima a nivel social, en términos económicos y de salud.


(Selección y transcripción de Albinson Linares.)

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