Desigualdad de género: la normalización de la invisibilidad

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Foto: Flickr de gaelx

Cuando uno revisa la literatura especializada, parecería haber un consenso en que la desigualdad es un problema. Lo es, entre muchas otras razones, porque transgrede el principio constitucional de igualdad y el derecho a la no discriminación; y las instituciones gubernamentales, al no garantizarlos, minan el Estado de derecho, su autoridad y la confianza de la población en su eficacia (todos ellos, por cierto, elementos necesarios para el funcionamiento de una democracia). Además, si entendemos la desigualdad como aquella producida por la diversidad de los derechos patrimoniales y las posiciones de poder y sujeción, en términos de Ferrajoli, no solo es un obstáculo para el desarrollo pleno de la personalidad, sino que socava la labor del Estado e impacta negativamente en el crecimiento económico de un país.

La desigualdad vuelve invisibles a quienes la padecen. Cuando esta es estructural, significa que ya se ha naturalizado en conductas sociales y estereotipos que legitiman el trato discriminatorio. En este caso se encuentran las mujeres. Si bien no todas sufren discriminación y algunas de ellas no solo la viven por ser mujeres sino también por su pertenencia a otro grupo o por ciertas características —como en el caso de las indígenas o de las que tienen una discapacidad—, en general ser mujer implica estar en una situación de desventaja frente a los hombres en el ejercicio de derechos.

La violencia que se ejerce contra muchas es el resultado más claro de la desigualdad. No obstante, existen otros tantos que nos resultan menos chocantes y a los que estamos tan acostumbrados ya que distan de ser objeto de nuestro asombro. Ejemplo de ello es la poca presencia que tienen las mujeres en el ámbito público y en los cargos de poder (públicos y privados) y lo poco que esto nos escandaliza. Las cifras hablan por sí solas. Según ONU Mujeres, a nivel mundial las mujeres solo representan: el 5% de los directores generales de las 500 compañías más importantes, el 9% de los negociadores de paz en conflictos armados, el 21.8% de los legisladores, el 24% de los puestos gerenciales y el 23% de los papeles protagónicos en las películas, y solo 1 de cada 4 personas sobre las que se lee o escucha en las noticias son mujeres.

En nuestro país la situación no es más halagüeña. Según el Informe Global de la Brecha de Género 2014, México ocupa el lugar 80 de entre 142 países (cabe señalar que en 2013 ocupábamos el lugar 68 de 136). Cuando revisamos los datos desglosados, encontramos que en participación económica y de oportunidades de las mujeres nuestro país ocupa el lugar 120; en trabajadoras profesionales y técnicas, el lugar 88; y en asistencia escolar, el 75. Ejemplos concretos hay muchos: la mayoría de los columnistas y articulistas en los periódicos nacionales y locales son hombres; solo hay cuatro mujeres en el gabinete extendido del presidente (el mismo que impulsó la reforma constitucional que busca garantizar la paridad entre hombres y mujeres, en candidaturas a legisladores federales y locales); solo dos de once son ministras de la Suprema Corte; muy pocas son las mujeres que dirigen universidades o centros públicos de investigación y, actualmente, no hay una sola gobernadora en el país.

Si tenemos datos serios que evidencian la desigualdad que sufren las mujeres y, como dije en un principio, los autores parecen coincidir en que esta no es deseable, ¿por qué no hemos asumido que es un problema público que debe atenderse? Quizá porque no hemos sabido introducirlo en la agenda de las políticas públicas. Este proceso de subir un tema a la arena pública es importante, según Elder y Cobb, porque: 1) la atención del gobierno sobre los asuntos es limitada; y 2) la concepción de que algo es o no un problema depende no solo de los hechos, sino de las creencias o los valores de una sociedad.

Respecto al primer punto, el gobierno da indicios de haber dirigido su atención a la desigualdad de las mujeres, pero no parece tener clara una estrategia para combatirla. Más allá de algunas acciones afirmativas (como lo son las cuotas de género en el sistema electoral) o medidas de capacitación y sensibilización, las barreras de acceso de las mujeres a la economía, a la justicia, a los cargos y, en general, a oportunidades dejan mucho que desear.

Por lo que hace al segundo punto, resulta alarmante darse cuenta de que la desigualdad de las mujeres ha sido invisibilizada porque los estereotipos que limitan el ejercicio de sus derechos han sido ya internalizados (por ejemplo, que las mujeres tienen más aptitud para las tareas domésticas, tales como la limpieza, el cuidado y crianza de los hijos). Ante ello, no podemos esperar a que la sociedad en su conjunto modifique la creencia de que las mujeres tienen características, por el simple hecho de serlo, que tienen como efecto limitar su autonomía y desvalorizar su dignidad. La garantía y protección de los derechos, como lo es el de tener las mismas oportunidades, no pueden estar sujetas a la percepción ni a los prejuicios de la gente.

Como el problema público que es, la desigualdad debe ser visibilizada para que el gobierno articule las políticas públicas que puedan combatirla, incluyendo la tarea de capacitar tanto a servidores públicos como a particulares, para ir dejando a un lado los estereotipos que limitan el ejercicio de los derechos. Es su obligación desmantelar aquel mandamiento de la granja Manor que hace setenta años, atinadamente, Orwell describió: “Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros.”

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