Norte y sur: la desigualdad en el campo mexicano

Campo mexicano
Este panorama es la realidad del campo mexicano.
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Una ilustración simple del campo mexicano es suponer que existen dos productores de alimentos. Uno vive en el norte, con cientos de hectáreas, gran cantidad y calidad de maquinaria agrícola, riego, oficinas, bodegas, técnicos, recibe apoyos para más maquinaria, coberturas de precios e incentivos a la exportación. El otro productor vive en el sur, tiene apenas una hectárea, bajos rendimientos y lo que cosecha apenas le alcanza para comer él y su familia. Los apoyos con los que cuenta, además de programas sociales, son una transferencia directa cada vez que siembra, algunas capacitaciones para la producción en grupo y costales de fertilizante que “le manda” el candidato o presidente municipal en tiempos electorales. La mayor parte de la población rural se encuentra más cercana al productor del sur que del norte.

Este panorama es la realidad del campo mexicano. Es cierto que los grandes productores agrícolas han llevado al sector agroalimentario a tener una balanza comercial positiva durante los últimos años, pero estos grandes productores son minoría. Como en muchos otros sectores, la riqueza, el poder y la productividad se concentra en los más favorecidos. Los que se quedan atrás, se sumergen cada vez más en un ciclo de privación de libertades.

Las políticas públicas al campo tienen dos vertientes claramente distinguibles: la social y la productiva. Durante mucho tiempo se ha intentado atenderlas de manera separada y mediante diferentes secretarías sin ningún tipo de coordinación. La realidad es que existe una intersección de estas dos esferas en la que se encuentran gran parte de los productores agropecuarios y su atención por parte del gobierno no es clara.

Las políticas públicas en el campo dependen del Programa Especial Concurrente (PEC), que incluye los recursos destinados a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), así como programas de las secretarías de Medio Ambiente, Bienestar, Trabajo, Educación entre otras. Este año, el PEC —que pasó de 334 mil millones de pesos en 2018 a 342 mil millones en 2019— se enfoca más en lo social que en lo productivo.

 

Hay un incremento importante en la atención a la pobreza en el medio rural y a la educación e investigación del 58% y 31% respectivamente, lo que refleja prioridad presupuestal en temas estratégicos para el desarrollo rural. Un aspecto negativo es la reducción del 53% en el, de por sí, bajo presupuesto del programa de sustentabilidad de los recursos naturales.

Se observa cierta reducción de duplicidades. Por ejemplo, parte del notable incremento a la atención a la pobreza en el medio rural se trata de los recursos que se restaron al derecho a la alimentación (ver gráfica 1). Así, el instrumento más amplio de apoyos al campo (PEC) se muestra sin reducción de recursos, pero con una reorientación hacia la redistribución y combate a la pobreza.

Aunque el incremento en el destino de recursos para objetivos sociales parezca positivo, la prioridad de programas sociales por encima de los productivos ha sido catalogada como una debilidad del PEC por el Centro de estudios de Finanzas Publicas de la Cámara de Diputados (2018).

En términos de políticas públicas para el campo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) es la principal ejecutora de gasto y durante años se ha enfocado más en la parte productiva que en la social.

En el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 (PPEF2019), se contempla un monto de 57.3 miles de millones de pesos para la SADER, lo que representa aproximadamente un 20% menos que el año anterior. Esta reducción resulta de una combinación de la desaparición de algunos programas, reducción de presupuestos para otras y la creación de nuevos programas comprometidos durante la campaña presidencial.

Los programas de la anterior Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) que permanecen en SADER sufrieron reducciones presupuestales que promedian un 56%. El Programa de Fomento a la Agricultura, que contiene al PROAGRO Productivo, mucho tiempo conocido como PROCAMPO, presenta una reducción del 83%. Será interesante ver cómo se maneja este recorte presupuestal con los beneficiarios, pues por varios años este programa ha sido asistencialista y utilizado con fines políticos.

Con la presentación del PPEF2019 queda clara la apuesta del gobierno federal por la redistribución y el enfoque social. Los cambios son fuertes y dan un giro a la manera en que se distribuían los apoyos al campo, pasando de la parte productiva hacia el bienestar rural.

El proyecto de presupuesto asigna la mayoría de los recursos hacia las nuevas políticas para el campo, pero también muestran decisión y voluntad política de cambios importantes. Se espera que el campo deje de ser utilizado como moneda de cambio y que se genere bienestar real para los productores rurales, incrementos en los volúmenes de producción y garantizar la seguridad alimentaria.

Los cambios en el presupuesto muestran un fortalecimiento del estado en su papel de redistribuidor de riqueza mediante programas gubernamentales, y más aún, en un sector sumamente desigual. Esta reorientación rompe con un esquema de asignación que lleva varios años operando, el de separar lo productivo de lo social en la población que se dedica a las actividades agropecuarias.

La apuesta es buena, pero el riesgo de que gran cantidad de recursos para asistencia social rural vayan en detrimento de una política encaminada a la productividad es latente. Con este cambio hay mucho que ganar, pero más que perder si no se alcanzan los resultados esperados.

Por otro lado, la SADER parece desentenderse del enfoque agroecológico y sustentable de la agricultura. No hay rastros en el presupuesto para estrategias generadoras de valor adicional por la cultura, los métodos tradicionales y orgánicos y otras prácticas que fomenten la conservación y cuidado del medio ambiente.

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