Memorias del subdesarrollo cannábico

El desacuerdo era si había sido por la virgen o por la marihuana, si aquello era obra de un milagro o de un tratamiento. Ocurrió a finales del siglo diecinueve. Una mujer mexicana padecía de histeria y la asediaban visiones. Al curarse supo a quien se lo debía: había ido a visitar a la Guadalupe. El psicólogo que había llevado su caso tenía una explicación más profana.

“No, yo le estaba tratando con marihuana fumada, y esto fue lo que calmó su histeria”, rectificó el médico, según cuenta Benjamin Smith, profesor de historia latinoamericana en la universidad de Warwick (Reino Unido). “Lo escribe en una revista médica, en 1893”. Hoy en día aquél tratamiento del México de la época del telégrafo sigue pareciendo innovador, transgresivo. A diferencia de entonces, en 2018 todavía resulta ilegal.

“Hay un psiquiatra en México que está experimentando con la cuestión de usar marihuana como droga de salida con sus pacientes que tienen problemas de adicciones, por ejemplo para los adictos de opiáceos o de benzodiacepinas”, cuenta Jorge Javier Romero, profesor–investigador del departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana. “Ha tenido buenos resultados pero es una investigación clandestina, por la prohibición. Si lo agarran ahorita lo meten a la cárcel. Es ilegal lo que está haciendo”.

Entre ambos tratamientos hay un siglo de estigma y de prohibicionismo en México. A los pacientes les fue más sencillo creer en la intervención divina antes que gozar de políticas que permitieran los beneficios médicos de las drogas.

“México fue de las primeras naciones en estigmatizar de forma importante el consumo de la marihuana”, explica Smith. “Es importante entender que esto es un estigma autogenerado que se remonta al Porfiriato: comenzaron a alegar que fumar marihuana no sólo implicaba que eras pobre, y a menudo indígena, pero también alegaban que la marihuana podía volverte muy violento. Que podía suscitar alucinaciones que podían inducirte a la criminalidad y a la violencia”. El estigma se perpetuaría en un “pánico moral” durante la revolución, el miedo a sus soldados más humildes venía envuelto del tufo de la marihuana. Pocos años después, en la Constitución de 1917 se hablaba de “sustancias que envenenan al individuo y degeneran la raza”. Para 1971, bajo la presidencia de Luis Echeverría, el texto fue reformado a “degeneran la especie humana”.

El resultado de esta historia es un rezago médico y científico difícil de colmar. “La ley mexicana era más radical que los tratados internacionales, prohibía cualquier trabajo de investigación o médico sobre la marihuana, hasta el cambio de hace dos años. Entonces México se quedó muy atrás,” dice Romero.

Ese cambio en 2016 fue la iniciativa por parte del presidente Enrique Peña Nieto para reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, que abrió la puerta al uso medicinal y evita la criminalización de los consumidores. Luego fue aprobada por senadores y diputados antes de postergar su reglamentación en peripecias gubernamentales. Pero el problema nunca fue meramente legal.

“La investigación se podía hacer antes, lo que pasa es que es administrativamente imposible realizar investigación con marihuana, eso prácticamente no ha cambiado”, dice Jorge Hernández Tinajero, profesor de la UNAM e integrante del Colectivo por una política integral hacia las droga. La especialista en políticas de drogas Zara Snapp apunta a los órganos gubernamentales: “El uso científico no estaba restringido, lo redujo todas las barreras y los obstáculos que puso Cofepris y la Secretaría de Salud para acceder a los permisos para hacer estudios con cannabis”.

La prohibición a ultranza ha cedido paso a un cambio, aunque sea ya a dos décadas de la primera legalización medicinal de Estados Unidos en 1996. “El rezago yo creo que ya es muy difícil de superar”, según Romero, y sus secuelas están a la vista: “Nadie está investigando en México, la universidades no quieren investigar sobre eso. Son muy poquitos los que investigan, de una manera casi artesanal”.

Por eso, en el acceso a las investigaciones existentes, los roedores habían corrido mejor suerte que muchas personas. Entre los trabajos realizados en México con tetrahidrocannabinol (THC, constituyente psicoactivo del cannabis) se encuentran los experimentos conductuales del Dr. Próspero García, de la UNAM. De momento se han tenido que limitar a realizarse con ratas. “No hace los estudios con personas, aunque hay muchos que les gustaría formar parte de estudios clínicos por el impacto positivo que podría tener en su vida”, dice Snapp.

La investigación científica hasta ahora da la pauta de las carencias que enfrenta el cambio en el uso médico de la marihuana al ser digerido por las autoridades actuales. Para buena parte de los pacientes, puede significar que la puerta entreabierta simplemente no los deje pasar.

Según José Manuel García-Vallejo fundador de Autocultivo Medicinal en México (AMEM), está en juego en el actual proceso el acceso más vasto y justo a los beneficios médicos del cannabis. “No se contempla la salud para todos, que es el espíritu de la ley que se aprobó. Lo que se buscaba era darle salud a toda la población”.  AMEM busca brindar a todos los que requieren del uso médico del cannabis las herramientas legales y prácticas para acceder a él. “En AMEM somos una mayoría los epilépticos, sin embargo también hay gente con fibromialgia, gente con cáncer, diabetes, glaucoma, la lista es muy extensa. La idea es que sea una comunidad de pacientes para pacientes. Sin importar qué padecimiento sea”.

El motivo de su preocupación son los “Lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis y derivados de las mismas”, presentados por Cofepris el 5 de noviembre pasado y sus implicaciones para el tipo de consumo medicinal.

“Le decimos al titular de la Cofepris, Julio Sánchez y Tepoz, que eso no nos funciona, que la importación no es suficiente, que necesitamos una industria nacional, que necesitamos que exista producto accesible a la población”. García-Vallejo ha impulsado su visión de una marihuana medicinal verdaderamente democrática en diversas etapas del proceso. Y han sido muchas.

Tras la aprobación del uso medicinal del cannabis por los diputados en abril 2017, la Cofepris debía publicar un reglamento que la regulara, dando las pautas para comercializar, importar y exportar, así como sus usos médicos y científicos. El resultado, tras más de un año y medio, de retrasos y deslindes de diferentes órganos, y a decir de García-Vallejo consultas hechas y deshechas, no llegó a ser publicado en el Diario Oficial. No hay reglamento, sólo lineamientos.

Y en ellos, agrega,  falta lo más importante: el auto cultivo.

Es la convicción que guía su activismo, articulada por su experiencia personal. Epiléptico desde los 23, expuesto a los efectos secundarios de la medicina tradicional, tenía 32 años cuando sufrió “una crisis convulsiva masiva” y decidió que no podía volver a los medicamentos de farmacia. Tras un abanico de terapias ineficientes se interesó en la alternativa del cannabidiol (CBD), un componente del cannabis cuyos beneficios médicos ya usaban en Estados Unidos, en el estado de Colorado.

“Me fui a Colorado a estudiar el tema y aprender sobre cannabis, y sus variables. Estando por allá me viene una ausencia: eso significa que voy a tener una crisis. Jalo de un vaporizador de CBD que me habían prestado, y me saca de la crisis. Ahí descubro que ya tengo un medicamento de rescate, cosa que antes no conocía. Eso me lleva a poder decir de primera mano que el CBD me cambió la vida”.

De vuelta en México, supo del caso de la niña Grace Elizalde, de Monterrey, quien sufría unas 400 convulsiones diarias, víctima del síndrome de Lennox-Gastaut al cual los anticonvulsivos no brindaban una solución. En 2015, un amparo para importar ese producto hizo de ella la primera paciente en beneficiarse del CBD en México. García-Vallejo se sumó al padre de Grace, Raúl Elizalde, para impulsar un cambio duradero en la concepción del país del potencial medicinal del cannabis.

“La niña Grace es un parte aguas, a partir de ese caso la opinión empezó a ser favorable a los usos médicos y científicos de la marihuana. Y ya para ahora es mayoritaria esa posición”, explica Jorge Javier Romero. “Le puso cara al problema, puso un caso concreto donde el uso de CBD como anticonvulsivo estaba funcionando”.

Pero la forma en que se dio el parte aguas, que el mismo Peña Nieto citó como “emblemático”, condicionó sus siguientes pasos. El enfoque restringido a la importación de CBD provocó que García-Vallejo promoviera otras opciones que permitieran una aplicación más amplia del uso medicinal. “Llegó un punto de ruptura entre Raúl y yo, en el cual él decide que se va a quedar con la importación pero yo sentía que eso no es suficiente”, dice.

Confinarse a la importación provoca, según él, graves formas de exclusión de los pacientes. En primer lugar, en la eficiencia de la cura proporcionada. “Por lo que yo he aprendido necesitas una dosis muy especificas de cannabinoides para cada quien, y es complicado que una farmacéutica pueda hacer un producto estandarizado que le funcione a todos”.

De acuerdo con Hernández Tinajero, aunque “sí hay ciertos medicamentos que están probados, estandarizados y muy útiles para ciertas cosas”, el problema reside en que “la cannabis es muy variable incluso dentro de las mismas cepas. Lo hace muy difícil de estandarizar”. Surgen entonces las carencias en los tratamientos: “A veces genera cierto tipo de tolerancia o resistencia, entonces gente con cierto tipo de epilepsia necesita otra sepa, otra variedad de marihuana para controlarse, y pasar de una a la otra, y eso no lo ofrece la industria farmacéutica. Y justo lo que no se aprobó fue el cultivo con fines privados que puede solucionarlo”.

“El único producto que se comercializa cuesta 6,500 pesos, por un frasco que contiene 237 ml de jarabe alto en CBD. Eso es impagable para muchos. Sólo gente con mucho privilegio va a estar pagando esa cantidad de dinero”, rebate García-Vallejo.

Según Hernández Tinajero, la exclusión económica exige replantear las prioridades de un mercado por crearse en el país. “Creo que ahí hay un debate que no ha sucedido que es interesante: cómo la regulación de las drogas tendría que ajustarse a parámetros no centrados en el lucro y en la industria de producción de medicamentos, sino en darle alternativas a la gente con otras cosas”.

Según los entrevistados, es necesario un modelo que desarrolle tecnología propia, en vez de ser dependiente de la importación del extranjero. Apuntan en particular a Canadá, donde se legalizó la marihuana recreativa el pasado 17 de octubre.

“Mientras que Canadá ya desarrolló toda un industria de marihuana medicinal muy grande y muy fuerte, México no tiene nada, pero absolutamente nada. Y se va a convertir en dependiente de esa industria en cuanto aquí se regule”, advierte Romero. “Lo que quiere esa industria es entrar al mercado mexicano. Quedarse con el mercado mexicano. Como si fueran mineras. Tal vez, si hay un cambio en la ley, ellos mismos comenzar a producir aquí, pero ya con la tecnología canadiense, no con tecnología propia desarrollada por mexicanos”.

Junto a los avances se gestan los riesgos de las oportunidades perdidas: agregar otro capítulo a una larga historia de desencuentros en el uso de una planta restringida una y otra vez a lo largo de la historia en detrimento de la mayoría de quienes la necesitan. “Mientras se está derrumbando el edificio de la prohibición, los primeros que van a entrar son los grandes capitales, y que a veces están asegurándose que entren sólo ellos, no la gente”, advierte Hernández Tinajero.

“Eso es lo que puede pasar con la industria: va a quedar monopolizada por importadores que se van a dedicar a comercializar a productos de otros lados, para beneficio de una minoría”, dice García-Vallejo.

En paralelo, siguen moviéndose las placas tectónicas de la legalización. El pasado 6 de noviembre, la senadora Olga Sánchez-Cordero, del partido Morena, publicó en la Gaceta Parlamentaria una iniciativa de ley con miras a regular su producción, distribución y comercialización. En materia de auto consumo indica “queda permitido sembrar, cultivar, cosechar, preparar y transformar hasta veinte plantes de Cannabis para consumo personal”. Agregando después que podrán solicitar un permiso “las personas que debido a su condición de salud” requieran de más plantas.

“Yo estoy muy entusiasmado y muy feliz”, opina al respecto García-Vallejo, “es bastante exhaustiva, da modelos para todos los gustos y sabores. Y ya no se trata sólo de fines de lucro, creo que todos cabemos en esta canasta y no tenemos que estarnos peleando”.

Incluso se atreve a imaginar una posible fecha para ver cumplida su meta. “Tengo esperanzas de que para el próximo 4/20 tengamos una legalización total en este país. El próximo cuatro de abril, el día que se celebra el cannabis en el mundo”.

 

 

 

Intervención por Pablo Domrose

Qué es el género indefinido y por qué llegó para quedarse

El 2 de noviembre pasado, María Carolina González Devesa, de 32 años, se convirtió oficialmente en Carolina Gerónimo González Devesa: a un nombre de mujer y a uno de varón se sumó, en su documento y en su partida de nacimiento, la categoría indefinida de sexo.

Ocurrió en Mendoza, donde el Registro Civil procedió con una una resolución administrativa enmarcada en la Ley de Identidad de Género. Y fue el primer caso de sexo indefinido en el mundo. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de “género indefinido”?

Hay mucha gente que no se siente ni hombre ni mujer, y ni siquiera trans. De hecho, en el Grupo de Atención a Personas Transgénero del Hospital General de Agudos Carlos G. Durand (uno de los pocos hospitales que en la Argentina atiende este tema), la consulta por el género indefinido o fluido es la que, en los últimos tiempos, más ha crecido entre los adolescentes, y hoy ocupa entre un 15% y un 20% de todas las consultas que se registran allí.

Frente a esta realidad, las taxonomías son escasas: el género ha pasado a ser flexible y su condición binaria ya parece algo de los tiempos del Arca de Noé.

“Soy una persona de género fluido, gender fluid nos dicen”, escribe SaSa Testa en el libro Soy Sabrina, soy Santiago: Género fluido y nuevas identidades, que es la primera autobiografía de una persona no binaria publicada en la Argentina. “Como sea, no me autopercibo ni totalmente mujer ni totalmente varón. Me chupa un huevo si, cuando me cruzan por ahí, me ven XX o XY o andrógino”.

“Correrse del binario y saber que no se es ni hombre ni mujer”, dice ahora SaSa Testa, “te hace dar cuenta de que el mundo en sí mismo está pensado de una manera binaria, con una lógica dicotómica, que hace que estés adentro o afuera de algo”.

SaSa nació como Sabrina Betania pero más tarde se asumió como Santiago Nicolás Testa. Tiene 33 años, da clases de Castellano, Literatura y Latín, y ya había publicado antes otros dos libros. Aunque el mundo siempre espera definiciones, SaSa asegura que una persona puede elegir no darlas. En su libro escribió: “¿Qué lugar nos queda para lxs que no estamos a gusto ni allá ni acá? Me cuestan las certezas. La contradicción permanente también es una forma de habitar el mundo. No le debo a nadie la coherencia”.

El trámite que se siguió en el caso de Mendoza fue el mismo que en cualquier otro de cambio de identidad de género. “Cuando completó el formulario, le aconsejé que en el apartado de sexo pusiera: Ninguno, conforme me habilita la Ley de Identidad de Género”, dice Eleonora Lamm, la subdirectora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, que acompañó a la persona que protagonizó este caso.

Luego del capítulo mendocino, dos diputadas nacionales (Silvia Horne y Lucila de Ponti, del Movimiento Evita) presentaron un proyecto para eliminar la categoría “sexo” de todos los documentos de identidad y papeles oficiales. “El Estado debe respetar el género autopercibido de acuerdo a cómo lo siente cada persona”, se lee en el texto.

La creciente liberalización de las identidades pone en jaque al sistema administrativo público: pensiones, salud y elecciones son sólo tres áreas, entre muchas, ordenadas de un modo binario. “Poco a poco se podrá ir demostrando que la categoría legal del sexo carece de sustento jurídico”, dice Eleonora Lamm.

“La categoría sexual no se corresponde con la Ley de Identidad de Género, que habla de ‘género’ y no de ‘sexo’. Por ende, no hay inconveniente en otorgar derechos sobre la base de otras pautas, o de ninguna pauta, o sin tener en cuenta el sexo”, dice Lamm. Cada área deberá adaptarse, y la jubilación se podría otorgar sobre la base de los años trabajados.

Alexis tiene 22 años y no nació con este nombre, sino con un nombre femenino que hoy define como su “deadname”. De hecho, la única condición que puso para darme una entrevista fue que no le pregunte aquel primer nombre. “Ese otro nombre es como si fuera de otra persona”, dice. “Y no sé quién es esa otra persona”.

Ahora ocupa sus días trabajando en su propia línea de ropa, pero eso no le da mucho dinero y siente la precarización de una persona trans. Algunas noches organiza encuentros en los que pasa música. Desde que era una niña fue consciente de que había ciertas actividades de nena que le gustaban (jugar con muñecas y maquillarse) y también otras de nene (patear una pelota o mover autitos), pero recién a los 16 años, gracias a lo que encontró en Internet, comprendió que existían vivencias del género no clásicas.

Luego, en fiestas queer como Brandon, Eyeliner y Turbo, pero también en Facebook, tumblr y reuniones “marica-queer”, vislumbró lo que llama “un escape del mundo cis heternormado” y conoció a muchas de sus amigas trans, fluidas y no binarias que le dieron empoderación y contención en momentos confusos, difíciles.

“Yo no me siento una chica, pero tampoco quiero ser del todo un chico”, dice Alexis. “Me muestro acorde a mis ganas y defino mis tiempos de fluctuación de un género a otro. Hay puntos del espectro que me gusta habitar más tiempo que otros”.

Hace un tiempo inició un tratamiento de reemplazo hormonal que le produjo cambios en la voz, en el vello corporal y en la contextura física. No lo hizo para verse completamente como un varón, sino para explorar ese territorio incierto que existe en su propio cuerpo. “Se siente como muchas emociones juntas”, explica. “Es gratificante porque me veo como creo que soy, con mis estándares de belleza, en un cuerpo no binario. Así quise construirme. Pero también da miedo. Porque cuando cambiás tu imagen te exponés a violencias y discriminaciones para las que nadie te prepara”.

Alexis eligió su nombre por su cualidad unisex. Y también eligió un segundo nombre, Perseo, porque significa “destruir”. “Tuve que destruir muchas cosas para ser quien soy ahora”, dice.

Al mismo tiempo que en Mendoza se labraba ese primer documento de identidad de sexo indefinido, el género fluido se consolidó como uno de los grandes temas en el XXV Simposio de la Asociación Mundial de Profesionales de la Salud Transexual, que se celebró en Buenos Aires. Y también será un tema principal en el próximo Congreso Argentino de Psiquiatría, en Mar del Plata, en abril del año que viene.

“Es el gran tema”, dice Adrián Helien, médico psiquiatra, director del Grupo de Atención a Personas Transgénero (del Hospital Durand) y autor del libro Cuerpxs equivocadxs: Hacia la comprensión de la diversidad sexual (en coautoría con la periodista Alba Piotto). “Hay que deconstruir las categorías binarias aunque puedan ofrecer un carácter tranquilizador: el género no soporta las clasificaciones estancas”.

En su sala de consultas, Helien acompaña a los pacientes en su búsqueda. “Algunos hacen un tratamiento hormonal, otros no”, dice. “La solución tiene que ser a medida de cada uno. Se trata de la diversidad corporal y de las distintas conformaciones corporales. Sin extremos”.

Dentro de lo incierto, es claro que estamos viviendo un radical cambio de época y que no hay vuelta atrás. “En lugar de insistir en que los hombres y las mujeres pueden ser y pueden hacer cualquier cosa, yo y otras personas no binarias nos preguntamos por qué sólo categorizamos a las personas como mujeres y hombres”, escribe, en un artículo titulado Why be nonbinary? (publicado en aeon), el profesor de Yale Robin Dembroff.

Sigue: “Las preguntas por las categorías que deben guiar nuestra vida social no pueden responderse describiendo el mundo, porque lo que en realidad preguntan es cómo debemos describir el mundo. Son preguntas normativas. Los filósofos han discutido durante mucho tiempo las razones por las cuales algunas categorías son mejores que otras. Las identidades no binarias nos obligan a colocar las categorías binarias de género bajo un escrutinio similar a las consideraciones morales y políticas. Debemos preguntarnos no solo cuáles son estas categorías, sino también si debemos continuar usándolas, y por qué”.

SaSa Testa, a su modo, lo dice más crudo: “Al principio, cuando no podía verbalizar casi nada de esto, quizás era un poco más condescendiente con los demás. Ahora, en cambio, no puedo dar más definiciones que ésta: no soy ni hombre ni mujer”.

Este artículo fue publicado originalmente en Red/Acción.

¿Cómo regular las drogas en México?

La guerra contra las drogas ha fracasado: desde 2011, la Comisión Global de Política de Drogas, integrada por varios ex presidentes y dos Nobel, pide cambiar de rumbo; y ya no se pronuncia solo por una droga, habla de regular todos los mercados.

En México, después de 12 años de una política que ha generado una epidemia de homicidios  —251,633 muertes desde 2006—, por primera vez se habla de un cambio de estrategia que priorice la salud pública por encima de las medidas punitivas.

Un grupo de académicos de la mano del expresidente Ernesto Zedillo, presentó hoy La política de drogas en México: causa de una tragedia nacional, una propuesta radical, e indispensable, para remediarla. La propuesta conjunta de los investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Catalina Pérez Correa y Alejandro Madrazo, y de Fernanda Alonso, estudiante del doctorado en la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, hace un diagnóstico al sistema prohibicionista en el país y una propuesta de regulación droga por droga.

Uno de los principales hallazgos de este documento es que la guerra contra las drogas es el principal motor de la epidemia de homicidios que vive México desde 2006, y esto ha afectado directamente la esperanza de vida de los mexicanos. Entre 2005 y 2010, la expectativa de vida disminuyó un 0.6 %. En Chihuahua, Sinaloa y Durango la esperanza de vida disminuyó en tres años durante el mismo período.

“Por primera vez desde la Revolución cayó la expectativa de vida de los mexicanos debido a los homicidios. Esta epidemia es producto de la guerra contra las drogas, entonces esta guerra vulnera el derecho a la salud de los mexicanos”, explica Alejandro Madrazo.

Al analizar qué han hecho los gobiernos pasados y sus consecuencias, los expertos sugieren un cambio de política que priorice la salud pública, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y que las políticas sean adaptadas por y para las comunidades locales. Un nuevo sistema de drogas, indica el documento, deberá prever un acceso efectivo a la información, medicinas y tratamiento que advierta sobre los riesgos de su uso. Asimismo se deberá diversificar y revisar las leyes y políticas públicas con base en el mejor conocimiento y evidencia.

Para pasar de la prohibición a la regulación, la nueva política deberá liberar a presos por delitos de drogas no violentos y garantizar un acceso legal y regulado a todas las drogas, de manera  segura e informada.  “Regular sólo una droga y dejar a las personas que usan otras en manos de los delincuentes y el sistema de justicia penal, significa aceptar daños sociales injustificables”, dice la propuesta.  Las fuerzas armadas, agrega, no deben participar en las tareas de control de drogas ni en ningún otro asunto de seguridad pública. La militarización actual debe ser reducida de manera progresiva y escalonada, teniendo en cuenta las necesidades de seguridad diferenciadas.

Estas son las propuestas para regular cada mercado:


Cannabis

Existen diferentes modelos que pueden usarse para regular el cannabis, desde el comercialmente más libre hasta el monopolio estatal. El primero es similar al utilizado de tiempo atrás para regular las bebidas alcohólicas, y que se está aplicando al cannabis en ciertos estados de la Unión Americana, como Colorado y Washington. El monopolio estatal es el esquema adoptado por Uruguay.

Modelo comercial: Ofrece  una variedad de productos y precios que satisfagan mejor la demanda, a un costo relativamente bajo para el Estado. Su principal desventaja sería la creación potencial de una industria cuya principal preocupación sea la maximización de utilidades, no la salud pública.

Modelo estatal: El gobierno sería responsable de cada paso de la cadena de producción, desde la semilla hasta el punto de venta. Bajo este modelo, el gobierno podría franquiciar a los productores para cultivar la planta y luego vender el producto a través de farmacias autorizadas. Es indispensable contar con un organismo gubernamental separado y especializado a cargo de regular toda la actividad, incluso si la última está en manos del gobierno mismo. Su desventaja podría ser la ineficiencia y la dificultad para adaptarse a los cambios en la demanda. Si no hay suficiente producción o si el producto no es de buena calidad ni tiene una potencia lo suficientemente alta, algunos usuarios podrían regresar al mercado negro.

Modelo mixto: Podría permitir la venta al por menor en el punto de producción para los productores, pero la mayor parte del mercado se atendería evitando la integración vertical. Este modelo permitiría un control gubernamental estrecho de la sustancia misma y al mismo tiempo facilitaría la recopilación de información sobre el mercado, para documentar y evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de salud pública de la regulación. Para este modelo, es necesario establecer dos entidades gubernamentales distintas, al menos inicialmente: una empresa pública que tendría el monopolio de la venta al por mayor; y como en los casos anteriores, una agencia separada para regular y hacer cumplir la regulación.

Opioides

Los opioides también deben ser incorporados al mercado legal, pero bajo una regulación mucho más estricta que el cannabis. Se recomiendan  dos regulaciones paralelas, que no son excluyentes: el cultivo privado, aunque estrictamente regulado, de amapola; y la producción privada de productos farmacéuticos para uso médico nacional e internacional, y un monopolio público para el cultivo de amapola y la producción y distribución de opioides destinados a usos distintos a los farmacéuticos. La regulación del cultivo privado de la amapola y la producción de opioides permitiría a los productores actuales salir del mercado ilícito y aprovechar un sector en el que ya se han especializado. Esto podría facilitar la construcción de un mercado legal (y la inanición del mercado ilícito actual).

Cocaína

Los expertos sugieren  la creación de un monopolio estatal de cultivo, producción, importación y venta al por mayor, y otorgar licencias a un número limitado de farmacias para vender el producto final con las debidas recetas, siguiendo estrictas pautas como la prohibición de la publicidad, el etiquetado adecuado y el registro de cantidades. La regulación de la cocaína serviría como una medida de reducción de daños que evitaría otras formas más peligrosas de derivados de la coca, como el crack, a la vez que proporcionaría acceso a productos seguros.

Otros

La metanfetamina y los inhalantes comerciales son dos substancias particularmente problemáticas bajo la prohibición vigente. Para ellos, debe tenerse en cuenta un enfoque doble: despenalizar el uso y la posesión de metanfetamina para uso personal y promover que las personas que usan metanfetamina cambien a drogas más seguras y legales. Más tarde, el modelo HAT podría ser potencialmente adaptado para su uso con la metanfetamina. Actualmente, no hay medicamentos debidamente aprobados en el mercado para tratar la dependencia a la metanfetamina. Sin embargo, algunos estudios sugieren que el uso de ciertos estimulantes podría servir para tratar la dependencia de la metanfetamina y la cocaína.  La investigación a fondo de ésta y otras opciones debe ser alentada y financiada. En cuanto a los inhalantes (un producto comercial que actualmente no está prohibido pero que es muy nocivo cuando se usa como droga), podrían explorarse programas piloto, como la sustitución por el cannabis legal. Los ingresos de los mercados lícitos emergentes de cannabis, opiáceos y cocaína deberían destinarse en parte a la prevención y el tratamiento de las poblaciones que usan inhalantes, especialmente los jóvenes.

 

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Fabricando cuerpxs. Transhumanismo y transfeminismo

«Creo que el capitalismo sigue siendo el género de futuro más peligroso que podamos imaginar».

–Angela Y. Davis–

 

Conmemoramos una vez más el Día Internacional de la Mujer. Una vez más tenemos un 8 de marzo que amerita salir a las calles y denunciar las violencias que las mujeres enfrentamos. Hacernos visibles y tomar los espacios públicos para romper los techos de cristal. Eso es ya de suyo simbólico. Pero para mí este 8 de marzo posee un significado adicional. Hace un año elegí comenzar mi tratamiento de reemplazo hormonal justo en esta fecha. Para mí, el 8 de marzo es el aniversario de mi posibilidad de enunciarme y vivirme como mujer.

Representa, de igual modo, un punto para detenerme y volver a pensar qué me significa ser mujer, ser una mujer trans. Qué retos he encontrado. Qué discursos y qué espacios me han recibido de buena gana y cuáles no; cuáles me han silenciado o han denegado mi derecho a ser yo misma. Qué posibilidades materiales e institucionales hacen factible el hecho mismo de vivirme. Y un poco de eso va este ensayo. Comienzo con la esfera de lo individual, que se va desdoblando para incluir una reflexión sobre el cuerpo trans, sobre sus condiciones de posibilidades discursivas y materiales y sobre los horizontes de su futura transformación. En algún punto esta narrativa muta en una reflexión en torno a esto último, y se convierte en un ensayo de corte filosófico respecto a una reflexión transfeminista relativa a la tecnología y los discursos que la acompañan. Finalizo con un esfuerzo por volver a poner en el centro una alianza de mujeres, una alianza radicalmente crítica e incluyente.

Empecemos, pues, con este testimonio diciendo que en no pocas ocasiones el acto de vivirme y enunciarme como mujer genera asco, sorpresa o descalificación. Quiero, sin embargo, concentrarme en esta última. Atender a una de las formas de descalificación más recurrentes que he enfrentado, tanto dentro como fuera de las redes sociales; la que implica cuestionar mi identidad de mujer al señalar que me es imposible parir, al señalar que me es imposible siquiera albergar o, para el caso, producir un óvulo para que luego este sea fecundado. Señalan que la biología, ya sea la genética o la anatomía, implica un destino que determina un género, una identidad y una posición social y política que no me está dado ocupar.

Estas voces hacen de la posibilidad misma de ser madre una suerte de condición sine qua non, esto es, radical y fundamentalmente necesaria, para poder ser una mujer; yo no la cumplo, dicen, y por ello no puedo presentarme como una de ellas. Algunas de estas voces sostienen lo anterior con la finalidad de exaltar una complementariedad que asigna a las mujeres –definidas de esta forma– el papel histórico del hogar, la domesticidad y el cuidado. Para arrojar, así, a la gente trans a la esfera de la patología desde la cual no solo se nos anula políticamente, sino que se nos busca intervenir para alinearnos al mandato cis-heterosexual.

Otras de estas voces, por el contrario, señalan la posibilidad de la gestación como el punto nodal sobre el cual se construyó la explotación femenina. Para este segundo grupo de voces no solo no puedo ser mujer, sino que ni siquiera puedo atreverme a soñar con ser parte del sujeto político del feminismo, ya que ese sujeto, argumentan, implica únicamente a las mujeres nacidas como tales y todo el control que habrán de sufrir sus cuerpos dada esa capacidad reproductora que el mundo de los hombres les expropia.

Esta expropiación, añaden, obedece a imperativos patriarcales fundados en la conversión del cuerpo femenino en un objeto cuyo valor de uso es precisamente la reproducción y el cuidado, que son la base sobre la que se genera toda una estirpe de varones y su asociada herencia –económica y genética–. Se mantiene así el control de la propiedad dentro de los confines de una familia que se autoproduce al explotar las capacidades reproductivas de las mujeres y que requiere el riguroso control de su sexualidad. Las mujeres adquieren, de este modo, un valor de cambio que no solo genera alianzas entre linajes de patriarcas, sino que gesta a los nuevos patriarcas, valor de uso por excelencia de un cuerpo objetivado.

De nuevo, insiste este segundo cuerpo de voces, mi imposibilidad de parir me coloca fuera de este dispositivo de control. Se crea una frontera, desde esta postura, que hace de una crítica genuina una posición fundamentalista que pasa por alto que los cuerpos femeninos viven otras muchas modalidades de explotación que sí son compartidos entre cuerpos cis y trans.

Sea como fuere, estas críticas, por paradójico que resulte, provienen de dos formas de pensar cuya forma de concebir a la mujer descansa en un compromiso fundamentalista que hace del sexo –colapsado en una simplicidad impropia de las ciencias biológicas– algo autoevidente, transhistórico y natural; pero, sobre todo, fundante de un orden político y social que o bien se defiende, o bien se critica. Coinciden entonces, en extraña alianza, la derecha conservadora profamilia y el feminismo radical transexcluyente. Quizá sea la única coincidencia pero, desde luego, no menor.

A últimas fechas, sin embargo, recibieron enorme atención tres líneas de investigación biotecnológicas de corte transhumanista, es decir, que no nada más consideran factible la intervención tecnológica sobre el propio cuerpo, sino que la interpretan como un acto de liberación y mejora que nos aleja de esta carne y sus ataduras, de esta carne que se enferma, envejece y muere. El transhumanismo, heredero histórico de ciertas apuestas eugenésicas de comienzos del siglo XX, sueña con una humanidad capaz de construirse a sí misma, escapando del decaimiento que la materialidad de todo cuerpo implica; nuestro sueño de construir cuerpos inmortales, eternamente jóvenes y ajenos a la enfermedad es el mejor ejemplo de esta ideología que ahora encontramos en series como Altered Carbon –muy recomendable–.

Estas líneas versaban sobre el cuerpo de las mujeres trans. Una de ellas prometía no solo la posibilidad de poder ser madres gracias a transplantes de útero, también diagnosticaba que dicha posibilidad estaba a nada de volverse real. Finalmente, decían, las mujeres trans seríamos mujeres completas.

La segunda de estas líneas señalaba que las dosis de hormonas que actualmente recibe un cuerpo trans suelen ser fijas y no operan de modos tales que atiendan a las cambiantes condiciones internas del cuerpo; no hay, dicen, la posibilidad de producir más o menos hormonas de acuerdo con cambios sutiles que ocurren en unidades de tiempo cuya oscilación se mide en horas o días. Empero, apuntaban, muy pronto la bioingeniería haría realidad ovarios biónicos en los cuales el tejido ovárico de alguna mujer cis sería implantado en una mujer trans y, gracias a nanotecnologías varias se lograría no solo evitar el rechazo del tejido, sino que este se comunicase con el resto del cuerpo para producir dosis de hormonas que pudieran fluctuar a todo lo largo de los ciclos que experimenta un cuerpo. De nuevo las mujeres trans nos veríamos «completadas» al tener no solo úteros, sino ovarios… y ovarios biónicos.

Por si esto no bastara, este año hemos conocido el caso de una mujer trans que ha podido dar leche a su hijo biológico gracias a un coctel de fármacos que emularon el rol de la prolactina, hormona encargada de inducir la producción de leche. De nuevo aquí esta retórica de que ya no habrá experiencia femenina que le sea ajena, en principio, a las mujeres trans si pueden pagar por ella, desde luego.

Los dos grupos mencionados antes reaccionaron en redes sociales ante estas noticias. Para el primero, el transhumanismo representa una perversión de una naturaleza humana que imaginan divina, pero que argumentan simplemente como dada por una evolución que la forjó óptima aunque también inmodificable so pena de un enorme costo para la especie; un costo que, de nuevo, solo expresan mediante estándares morales chovinistas que toman como ideal al patriarcado y su noción de familia con todo y esos roles de género que el feminismo no se ha cansado de denunciar. Su fijismo, por supuesto, es anatema a un Darwinismo.

Para el segundo grupo el transhumanismo también representa un enemigo que avanza en ese proceso que el patriarcado y el capitalismo han impulsado en nefasta hermandad: la objetivación del cuerpo femenino. Ahora los úteros habrán de venderse, los ovarios habrán de circular como mercancía, y el cuerpo femenino se volverá un dispensario que podrán comprar «los varones» para seguir expropiando un cuerpo. Plantean así un reto ético, político y analítico ante lo trans para, desde allí, anularlo, descalificarlo y condenarlo a la posición de amenaza oculta para las mujeres.

Y aquí es entonces donde al transfeminismo le tocaría irrumpir para tomar una posición crítica ante un reto planteado desde un prejuicio que quizá muy pronto ha querido arribar a una conclusión desde la cual justificar una cruzada. Primero que nada habría que reconocer que, en efecto, vivimos en una época que algunxs antropólogxs hoy califican de biocapitalista (p. ej. Kaushik Sunder Rajan). En este biocapitalismo la vida misma se volvería una mercancía. Se daría un paso más que implicaría que ya no solo se vende la fuerza de trabajo que le es propia a un cuerpo, sino que el cuerpo mismo puede mercantilizarse. Fragmentarse, incluso, y atomizarse en pedazos que tienen la capacidad de circular en redes de consumo.

El biocapitalismo es hoy una realidad gracias a convergencias tecnológicas entre las nanociencias, las biotecnologías, las ciencias cognitivas y las ciencias de la información –la llamada convergencia NBIC–, pero también porque la regulación sobre los cuerpos y su precarización ha hecho posible que haya cuerpos que consumen y cuerpos que son consumidos (algo que depende de las relaciones norte-sur, de las poscoloniales, de las raciales, de las de género, etcétera.). Se puede así patentar una secuencia de un genoma o ponerle precio a un órgano o una línea celular. Se generan UBJETOS, esto es, fragmentos de un sujeto vuelto objeto, vuelto mercancía.

Este hecho no puede ser ignorado por ninguna filosofía política de la tecnología, ciertamente no por una filosofía de corte feminista o transfeminista. Al transfeminismo le tocaría señalar que una mujer que no es madre, ya sea porque no quiere o porque no puede, no es una mujer incompleta. Le tocaría señalarle a esa jerga transhumanista que inunda los medios que no somos mujeres incompletas y que la posibilidad de parir o de tener ovarios biónicos no nos hace final y plenamente mujeres. Esa retórica en apariencia progresista borra siglos de lucha feminista por separar lo femenino del rol de madre, algo que al feminismo de la primera ola todavía le costaba trabajo hacer.

Y hay que recordarles que algunas mujeres trans ya son madres y no por ello son «más mujeres» o «más plenas qua mujeres». Son madres por adopción, pero también, en otros casos, por biología, al haber contribuido con un espermatozoide. Y ni lo primero ni lo segundo les cancela su condición de madres. La maternidad no se define tampoco por una filiación genética ni se pierde el hecho de ser madre por haberlo sido gracias a un gameto asociado a la función masculina.

Esa retórica de que el cuerpo trans está imperfecto e incompleto, de que es tecnológicamente completable, es profundamente transfóbica. De nuevo nos coloca en la abyección con la excusa de perfeccionarnos. Con esto no busco satanizar la tecnología y a quien decida usarla. Lo que sí pretendo es hacer dos llamados de atención. Por un lado, el ya mencionado, esto es, cuestionar de modo radical los valores que movilizan esas narrativas que quieren volver a anclar lo femenino en la maternidad y en la posesión de un órgano.

Por otro, quiero hacer un llamado de atención a la importancia que tiene elaborar un transfeminismo radical, sensible a las múltiples formas en las que opera la opresión. Algo que nos legó el feminismo negro fue la claridad de señalar que no todos los cuerpos de mujer están atravesados por las mismas realidades y que las alianzas no son mecánicas ni automáticas, pues las relaciones de opresión pueden privilegiar a algunas mujeres mientras se explota a otras.

Un tema que en la actualidad cruza a la filosofía política de la tecnología de corte feminista es precisamente el que trata las tecnologías reproductivas y los valores e intervenciones que promueven. Se atrinchera de nuevo en un biologicismo la idea de la familia, la maternidad y la paternidad porque «no hay nada como un hijo biológico». Pero también promueve la objetivación y mercantilización del cuerpo femenino por medio de, por ejemplo, vientres subrogados. Allí también hay un biocapitalismo que mercantiliza la función reproductora de un cuerpo y la subsume haciendo de ella algo que puede comprarse en el mercado, pero en un mercado atravesado por esta radical asimetría en la que hay cuerpos que se venden y cuerpos que pueden comprar.

El feminismo negro, nacido de la crítica al esclavismo, ya lo había dicho. Una mujer puede ser la explotadora de otra. Y, si ello es posible, es porque la categoría «mujer» no nombra una única posición social ni una única corporalidad. Hay incluso un sesgo capacitista en pasar por alto esto mismo, ya que se presupone que todo cuerpo asignado al nacer como mujer, pero que no puede ser madre es, de alguna forma, un cuerpo fallido, incompleto o merecedor de corrección o lástima.

De allí que el reto formulado por un feminismo radical transexcluyente sea relevante, pero erre en su apuesta política y en su diagnóstico. No solo se equivoca al considerar que únicamente el sujeto trans puede ser partícipe de la explotación del cuerpo femenino, ignorando que las mujeres cis han participado en relaciones de explotación y objetivación sobre otras mujeres cis desde hace siglos; también termina por invocar un claro capacitismo que hace menos a toda mujer cis que no pueda parir, que no pueda ser madre. Y enarbola sin quererlo el valor de la maternidad como piedra de toque.

Pero en algo tiene razón. El transfeminismo no puede pasar por alto la pregunta de las dinámicas que subyacen a una posibilidad tecnológica. ¿Qué implica poder tener un útero o un ovario biónico? ¿Qué condiciones económicas y no nada más tecnológicas lo han hecho posible? Aquí no basta ya con cuestionarnos los valores que moviliza un transhumanismo, sino las prácticas materiales –económicas y de movilidad de ubjetos– que este produce.

No soy, de ninguna manera, tecnofóbica y no veo en la intervención tecnológica una distopía –caray, tomo hormonas y quiero implantes– y tal vez por eso no me gusta la serie Black Mirror. Pero sí soy lo suficientemente Harawayana para saber que la tecnología puede ser emancipadora aunque puede no serlo, y la posibilidad de averiguar cómo funciona en cada ocasión y contexto depende de las formas en que subjetiva y en que se inserta en relaciones productivas. Del Poder y del Capital.

Quizá haya quien quiera tener úteros y ovarios, pero si el precio es la explotación de la vulnerabilidad de otras mujeres, entonces es un precio demasiado oneroso. El transfeminismo debe rechazar esa fantasía transhumana y aspirar a una tecnología que no opere al convertir a los sujetos en ubjetos. Nada hay en el sujeto trans que lo alinee a ser una herramienta de la explotación de la otra.

De hecho, poner en primer plano cómo los cuerpos están colocados en diversos ejes de opresión que tienen que ver con el capitalismo, el sexismo, el cisheterosexismo, el patriarcado, etcétera, es lo que hace ver que no es la capacidad reproductora en sí la que ha hecho posible la explotación y expropiación del cuerpo femenino, sino la forma como esta es subsumida dentro de las relaciones fomentadas por estos sistemas de opresión. Y ese hecho gesta alianzas, pues otros cuerpos, incluido el trans, tienen también sus propias historias de subsunción y opresión. Se comparte, así, un enemigo y es por ello que somos un único sujeto político, si bien borroso, vago en sus límites, y radicalmente heteróclito.

Tal vez decir todo esto y decir que también por esto se marcha un 8 de marzo suene a teoreticismo extremo, pero creo que no está de más ir cuestionando los ejes políticos de discursos y prácticas tecnológicas que pueden no estar en un plano central, si bien movilizan de igual manera posiciones ideológicas contrarias al feminismo. Y, finalmente, también se marcha para ponerle un alto a esos discursos y sus simplicidades.

 

En portada: Kasia, Estera Lazowska, glitch.

Niñas que vuelan: pájaros del cuerpo

La danza es, en primer lugar, la imagen de un pensamiento sustraído de todo espíritu de pesantez. […] Digamos que hay una germinación o un nacimiento danzante, de lo que podríamos llamar el pájaro dentro del cuerpo.

Alain Badiou, «La danza como metáfora del pensamiento»

*

Nada en el mundo es tan débil y flexible como el agua.  Lo débil vence lo fuerte. Lo blando vence a lo duro.

Tao Te King, 78

Rachael Denhollander, el pájaro dentro del cuerpo

Mantengan este nombre en mente. Hoy abogada y entrenadora estadounidense de treinta y dos años, Rachael fue gimnasta la mayor parte de su vida de niña y adolescente, como suele ser la vida de las profesionales de la gimnasia artística, quienes pueden comenzar a entrenar desde los tres años de edad para alcanzar su máximo desempeño entre los catorce y los veinte recién pasados, y retirarse antes de los treinta, casi siempre mucho antes. Llegar a la gimnasia de «élite», como se la conoce en el circuito, toma años de durísimo entrenamiento; una dedicación que le ha valido a este deporte ser considerado como entre los más difíciles y demandantes de los que compiten en los Juegos Olímpicos. Y las atletas que este sistema de entrenamiento crea no son convencionales. Las gimnastas mutan sus cuerpos a golpe de lesiones y desafíos de la mecánica; además son indeciblemente fuertes. Faye Barras (doctorante de Física) ha comprobado mediante diversos estudios de física que en determinadas ejecuciones cada gimnasta ejerce una fuerza equivalente a la que ejercen dos jugadores de futbol americano: son fuertes. Sin embargo, la cara sonriente y cubierta de diamantina rosa de los atuendos de estas niñas gráciles que vuelan distrae al ojo humano. El espectáculo es primero. Lo que hay detrás de esa fuerza y esas sonrisas con glitter es un sistema de explotación física, mental, emocional y sexual que hoy ha provocado la peor (y necesaria) crisis que el deporte de alto rendimiento de Estados Unidos haya tenido que enfrentar, y no es cualquier cosa: casi doscientas atletas abusadas sexual y físicamente en general (negligencia médica, trastornos de la alimentación, autolesiones, por ejemplo) cuando eran casi todas menores de edad. Lo dijeron muchas de las supervivientes en la semana de sentencia a Larry Nassar: una debió ser suficiente. Una institución de élite (USG), una universidad (de Michigan) y decenas de entrenadores son cómplices de que un solo hombre, a la vista de todos, depredara a niñas de seis años que solo querían volar y conquistar un sueño que huele a agua podrida: competir en los Juegos Olímpicos.

En septiembre del 2016, The Indianapolis Star publicó una investigación en la que Denhollander denunciaba el abuso sexual del que fue víctima por parte de Larry Nassar, médico osteópata del equipo nacional de gimnasia artística de Estados Unidos (quizá el equipo con mejor reputación en el mundo) y de la Universidad de Michigan, cuando ella era menor de edad. En agosto había asentado su denuncia penal en ese mismo estado de la Unión Americana. No sorprende a nadie que no fuera ni la primera ni la única. Rachael, antes de hacer este posicionamiento público, se dedicó a investigar el nombre de Nassar y encontró al menos una denuncia anterior archivada, luego resultaron varias más, desde 1998. Hay diferencias entre esas primeras denuncias y la de Rachael Denhollander; primero, esta vez la víctima ya no era una niña de seis, diez, quince años cuya palabra es ‘fácilmente’ puesta en duda, sino una abogada dispuesta a hacer caer a este depredador sexual de menores de edad costara lo que costara. Luego, el contexto: para Denhollander, los movimientos #MeToo y #Time’sUp propiciaron el momento perfecto para hablar en voz alta. Era ahora o nunca. Llegó sola (siempre acompañada por su esposo) a la sala de la corte donde se llevó el juicio que terminó este enero con una sentencia para Nassar de ciento setenta y cinco años en prisión; pero a partir de entonces lo que ahora las supervivientes llaman «un ejército de supervivientes» comenzaron a mover las aguas hasta hacer caer a este ‘médico’ y lograr el cierre bajo investigación del rancho de entrenamiento de Márta y Béla Karolyi, los entrenadores de Nadia Comaneci, los artífices de que Estados Unidos (cuando se mudaron allí) entrara en el panorama de la gimnasia artística de élite, y quienes mantuvieron a Nassar como médico del equipo nacional a pesar de las constantes denuncias y rumores de sus agresiones sexuales, a las que se suma el hecho de que no curaba satisfactoriamente las lesiones de las atletas y permitía que compitieran con lesiones severas.


Gimnasia: «obediencia y piernas largas»

¿Cómo llegamos a este punto? Si alguien repasa la historia de la gimnasia olímpica (su nombre es ‘artística’, pero se le dice olímpica desde que comenzó a competir en estos juegos, donde la mayor parte de la gente la conoce y la ve, si bien el circuito incluye múltiples tipos de competencias) podrá ver la radical evolución en la rama femenil, que pasó de movimientos más bien característicos de una clase de educación física cualquiera al desafío de la mecánica de los cuerpos convencionales con las complejas rutinas de Simone Biles. Aunque la gimnasia se da por creada a finales del siglo XIX, en Alemania, las mujeres pudieron practicarla con fines de competencia olímpica hasta 1928. Alemania… no puedo sino pensar en ese artículo maravilloso de Alain Badiou, «La danza como metáfora del pensamiento»[I], del que tomo el título de este texto y los subtítulos: «De acuerdo, existe una concepción de la danza que la describe como el cuerpo asediado por la música y, más preciso, como el cuerpo asediado por ritmo. Pero esta concepción es una vez más aquella de “obediencia y piernas largas”, aquella de nuestra pesada Alemania, aun cuando la obediencia reconozca que la música es su ama». Todo lo que es obediencia no es danza, es parada militar; es cuadro, es orden, es control: solo el «…impulso desobedecido se opone a Alemania (“obediencia y piernas largas”)». Y el sistema de entrenamiento hizo que la obediencia fuera la mística de este deporte: estas niñas están entrenadas para obedecer hasta el dolor, literalmente.

La disciplina severa, la ambición de éxitos, la competencia descarnada, los rankings, la persecución hambrienta de oros y premios quiso destruir la danza en el corazón de estas niñas. Pero, como veremos, no lo logró. Siempre hay corazones y pies sedientos de danza que logran recuperarse y levantar el vuelo, tome lo que tome.

Mientras más mujeres testimonian los abusos de Nassar o del rancho Karolyi, más pienso en el entrenamiento de la gimnasia como un «fascismo del cuerpo», más allá de su pertinencia ideológica si consideramos que la hegemonía indiscutible de la gimnasia fue Europa del Este (el bloque soviético) hasta 1996, cuando Estados Unidos desarrolló su escuela muscular, potente (no en el sentido spinoziano) y rápida. Fascismo como transformación violenta de los cuerpos en una unidad falsamente libertaria, más bien opresora, aglutinante como cuadro militar capaz de olvidarse de su propio cuerpo en tanto ente orgánico y vivo, y que se entrega al peligro, a la muerte, a la destrucción. O también como un capitalismo extractivista de las potencias  del cuerpo (esta vez sí en sentido spinoziano).

Lo he dicho siempre que he podido, más como una intuición arrebatada que como una hipótesis fundada: la obsesión de Estados Unidos con las conquistas de la Guerra Fría y por superar en el medallero a Rusia (ex URSS) estaba incompleta sin la gimnasia. El Este, con su tradición de artes circenses y ballet, la llevó a lugares insospechados, y de aquel lado de la Cortina de Hierro estuvieron dispuestos a averiguar «lo que un cuerpo puede» de la manera menos autónoma, ética y mágica posible: hicieron a estas niñas levantar el vuelo a fuerza de maltrato, de disciplina férrea y de obediencia sin cuestionamientos. El bloque soviético ponía la gimnasia y punto. El sistema se replicó idéntico en Estados Unidos, la tierra de la libertad, y lo elevó, si era posible, a grados de explotación todavía más severos.

«Hay que tener en cuenta que la danza, que es tanto pájaro como vuelo, también es todo lo que el infante designa», es Alain Badiou de nuevo: la magia y la ligereza de los acróbatas circenses se fundió con la disciplina (delicadísima, pero disciplina al fin) del ballet para crear las escuelas de gimnasia más respetadas de la historia de esta disciplina: la rusa y la rumana. Y la gimnasia se fundió con la carrera más depredadora del deporte de alto rendimiento en Estados Unidos: los aparatos, las técnicas, los modos de extirpar de las pequeñas niñas que entran en los gimnasios el mayor rendimiento posible. Ellas solo quieren volar, pájaros como son.

Rachael Denhollander tuvo una hija que hoy, a los tres años de edad, ruega por que la inscriban en gimnasia. #MeToo le dio el momento, pero su hija le dio la fuerza interna que le faltaba (a decir de ella) para denunciar pública y penalmente a Larry Nassar: si su hija, si sus pupilas son buenas, el sistema de entrenamiento las va a depredar, ella lo sabe, y no vamos a prohibirles a las niñas volar: vamos a cambiar el sistema. Hoy todo el entorno de la gimnasia profesional en Estados Unidos cae como fichas de dominó, y es preciso que no se detenga. Denhollander es entrenadora, como Dominique Moceanu, exgimnasta que ha denunciado este medio abusivo y explotador desde hace décadas. Denhollander comenzó su testimonio el día de la sentencia (24 de enero pasado, el último, por cierto, de todos los testimonios) preguntando cuánto vale una niña. Hablo por mí: les cambio todas esas medallas por que puedan volver a danzar, por que vuelen. No hay Juegos Olímpicos ni Carrera Espacial que valgan el precio que pagan los cuerpos de estas niñas: generaciones de mujeres maltratadas, explotadas; suicidios, autolesiones, ansiedad, depresión, desconfianza, dolor. Márta Karolyi llegó a declarar que su éxito se basa en que si una de las chicas falla o se lesiona, tienen otra para poner en su lugar, como si de una fábrica de músculos se tratara; y que una medalla está bien, pero que solo el oro vale, y eso la describe de cuerpo entero. No, Márta, no más. Desobedecieron: comienzan a danzar, a oponerse a la parada militar, dejan de ser el campo donde se libra la guerra de las medallas, de los avances, de los logros y las conquistas, aunque ellas mismas se llamen «ejército de supervivientes», porque hoy necesitan esa fuerza, ese aglutinamiento; porque todos los Larry Nassar deben ver que juntas, reunidas, acompañadas, escuchadas, creídas, son eso: un bloque de cuerpos vivos y orgánicos, de singularidades que desafían el poder que las ha mantenido maltratadas, abusando de sus ilusiones y de su confianza. Yo quiero imaginarlas como una caravana feliz de acróbatas y bailarinas; escapadizas del fascismo, de la lógica extractivista que saca de ellas la potencia y el alma como saca cobalto de una mina.

Gracias, Rachael Denhollander y todo «el ejército de supervivientes»: comenzaron a cambiar la gimnasia de un modo que nadie esperaba, no desafiando la fuerza de la gravedad: o sí, la fuerza de la normalización de la violencia, el abuso y la explotación de los cuerpos de las mujeres para acumular éxitos, oro. Estamos ante muchas de las mujeres más fuertes del planeta, lo que ellas pueden hacer, lo que sus cuerpos pueden es magnífico, es único; lo que sigue es sostener su ola para que puedan volver a volar y cambien el sistema de entrenamiento de la gimnasia… o no, no hay Juegos Olímpicos que valgan. Como les dijo la jueza Rosemarie Aquilina, quien permitió en un acto simbólico de reparación que más de ciento cincuenta mujeres dieran su testimonio públicamente y confrontaran (si así lo querían) a Nassar en la corte[II]: «Dejen su dolor aquí y vayan al mundo a hacer las cosas magníficas que hacen».


*El título parafrasea a un comentario de Imuris Valle, investigadora experta en la cultura rrom, que tomo de su FB: “[…] nunca más, una niña que quiera volar, puede ser presa fácil de predadores”.

[I] Disponible en: http://www.mxfractal.org/RevistaFractal50AlainBadiou.html

[II] La semana de lectura de la sentencia no constituye el juicio, que comenzó a finales de 2016 y duró todo el año 2017; los testimonios públicos de las supervivientes fueron un acto que ocurrió en el marco de la lectura de la sentencia. Nassar se declaró culpable meses atrás.

 

En portada: Jamie Dantzscher, exgimnasta, miembro del equipo olímpico de gimnasia artística de EUA.

Propuesta 0040: ¿es momento para un #censotrans en México. Censo de población y vivienda 2020?

Los censos de población y vivienda son herramientas de política pública utilizadas por los países para conocer, con mayor profundidad, a su población; las condiciones que guarda el inventario de vivienda nacional, así como las condiciones generales de vida de sus habitantes. Aspectos como el volumen de la población, su estructura por edades, su ubicación geográfica, su nivel de acceso a derechos sociales son solo algunos de los insumos fundamentales para cualquier decisión en materia de política pública por parte de las autoridades. Son, pues, un ejercicio social y estadístico que permiten responder a múltiples interrogantes clave para entenderlos mejor.

Para el caso mexicano, los primeros censos datan de la época colonial; el más conocido de ellos es el censo de «Revillagigedo»[I], denominado así en honor a su impulsor, Juan Vicente Güemez Pacheco y Padilla, quien fuera virrey de Nueva España y conde de Revillagigedo. Este censo se levantó entre 1791 y 1792 y contabilizó a la población en trece de las diecisiete intendencias existentes; en aquel momento la población censada alcanzó 1.7 millones de personas  (Inegi, 1985).

A principios y mediados del siglo XIX, ya en el México independiente, se llevaron a cabo algunos conteos de población, como el de 1831, el de 1837 y el de 1849; pero no fue hasta 1854 que el entonces presidente de México, Félix Zuloaga, ordenó el levantamiento de un censo que abarcara la totalidad del territorio nacional. Este fue terminado un año después y arrojó una población de 9.8 millones de personas. Algunas décadas más tarde, en 1882, y a iniciativa de don Antonio García Cubas, se fundó la Dirección General de Estadística (DGE), que perduró hasta la creación del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) en enero de 1983 (Inegi, 1985).[II]

La DGE tuvo a su cargo el censo general de la República mexicana levantado en 1895 en el auge del Porfiriato; los tabulados de este ejercicio pueden consultarse actualmente en el portal del Inegi. El cuestionario incluyó preguntas sobre el culto de las personas, su estado civil, su nacionalidad, su nivel de instrucción, así como su ocupación. La población total para ese año sumó 12.7 millones de personas, entre sus principales resultados destaca el hecho de que ocho millones de personas no sabían leer ni escribir, o que solo residían en el país alrededor de cincuenta y cinco mil extranjeros (DGE, 1895).

Después, la DGE llevó a cabo el censo de 1900, para el cual se estipuló un apartado penal que obligaba a todos los habitantes de la República a inscribirse en el empadronamiento y a responder con la verdad, ya que las negativas o la provisión de datos falsos conducían al arresto o hasta un mes de multa. A partir de ese año la frecuencia de los censos fue decenal con la excepción del elaborado en 1921.

Por lo general los censos han privilegiado la recopilación de información respecto a dos grandes rubros para caracterizar a la población. Por un lado, destaca la información demográfica representada a partir de variables como la edad, el sexo, la fecundidad de las mujeres, la nacionalidad, el estado civil y, por el otro, la información socioeconómica a partir de datos como la escolaridad, la ocupación principal, la posición en el trabajo, el ingreso y las condiciones de la vivienda, por mencionar algunas.

Si bien este grupo de variables (demográficas y socioeconómicas) han estado presentes en todos los censos de la era moderna, resulta valioso constatar cómo algunos requerimientos de información que se ven reflejados a manera de preguntas en los cuestionarios han cambiado a lo largo de las décadas. Esta situación da cuenta del dinamismo social, del cambio en las costumbres, y de la concepción que se tenía sobre la cosa pública en el momento de su elaboración.

Una pista de esto la ofrece la pregunta que se hizo durante cuarenta años (entre 1940 y 1970) a la población, cuestionándoles si por costumbre o de manera habitual usaban huaraches, zapatos o si andaban descalzos. Esta pregunta dejó de hacerse en el censo de 1980 para dar paso a otras que comenzaron a tener una mayor importancia y que fueron incluidas en censos posteriores, como aquellas relativas al uso de las tecnologías de la información destacando el acceso y uso de teléfono celular e internet.

Este ha sido el caso de la pregunta sobre el dominio de lenguas indígenas que se utiliza desde 1950 como proxy para determinar el origen étnico de la población y que ha permitido visibilizar a la población indígena del país. Desde mi óptica, no resulta descabellado demandar que la inclusión de nuevas preguntas, además de reflejar los cambios sociales y tecnológicos, deban orientarse al reconocimiento de nuevos derechos y realidades que favorezcan y reconozcan la diversidad y la inclusión.

Otro ejemplo de esto lo constituye la pregunta sobre autoadscripción afrodescendiente incluida en la Encuesta Intercensal 2015[III] que, como señala en su texto Eduardo Torre Cantalapiedra, permitió visibilizar y ampliar el conocimiento relativo a la población afro en México (Torre, 2017). Gracias a este reactivo hoy sabemos de qué tamaño es este grupo poblacional, dónde se encuentra ubicado y conocemos su caracterización demográfica y socioeconómica.

El último gran avance en el reconocimiento de nuevos derechos y realidades sociales se presentó en el Módulo de Movilidad Social Intergeneracional (MMSI) incluido en la Encuesta Nacional de los Hogares levantada en 2016 por el Inegi. La innovación, y desde mi punto de vista principal acierto del MMSI, fue el de pedirles a los encuestados que autoidentificaran el color de su piel con base en la escala cromática empleada en el Proyecto de Etnicidad y Raza en América Latina (PERLA) que contiene once tonalidades distintas.

Los resultados confirmaron lo que muchos creíamos: el color de la piel tiene un impacto directo en la estructura de oportunidades de la población, en la que un color de piel más claro se asocia con mejores condiciones de vida. Esta nueva evidencia puede y debe favorecer la erradicación de prácticas discriminatorias como solicitar la inclusión de fotografías en el Curriculum Vitae de las personas que buscan empleo. Para conocer más sobre el tema pueden ser consultados los especialistas Raymundo Campos y Federico Navarrete.

Como vemos, los censos son instrumentos muy poderosos que deben estar sujetos a controles democráticos. Para el caso del Inegi, el artículo 88 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica obliga al instituto a aplicar una consulta pública con el afán de recoger las inquietudes de la sociedad, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, así como cualquier otro agente interesado en manifestar inquietudes. Para la siguiente edición del censo en 2020, el Inegi habilitó un portal web durante el tercer trimestre de 2017 para recibir los comentarios de la ciudadanía, y deberá tener definido el instrumento de captación para el segundo trimestre de 2018.


Fue en este contexto que solicité mediante la propuesta 0040 que se incluyera una pregunta en el cuestionario básico que recoja información relativa a la identidad de género de los encuestados. Esta pregunta se reduce a preguntarles a las personas si se sienten identificadas con su sexo biológico y si está en sintonía con decisiones previas (lengua indígena, autoadscripción afro, autoidentificación cromática) que se han tomado para favorecer la inclusión; y tendría el gran mérito de visibilizar a un grupo poblacional bastante marginado y vulnerado: la población trans.[i]

En un texto previo, mi colega Kira Almendra González y yo planteamos la necesidad de visibilizar a esta población con el objetivo de continuar la batalla por el reconocimiento pleno y la defensa de sus derechos como ciudadanos mexicanos, con independencia de sus preferencias, orientaciones e identidades de género. En este sentido, hay que destacar y subrayar la importancia que han tenido reformas como las hechas al código civil del entonces Distrito Federal para permitir la reasignación sexo-genérica. Destacan también avances en otras esferas, así lo demuestra lo sucedido en Guanajuato, donde hace apenas unos días tuvo lugar la primera graduación de una mujer trans, Ivanna Tovar Adjuntas, estudiante de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad de Guanajuato, no obstante, el camino por recorrer aún es bastante largo y sinuoso.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha tomado nota de la condición de vulnerabilidad a la que se enfrenta esta población y se ha preocupado por evitar la vulneración de sus derechos electorales. La dirección ejecutiva de capacitación electoral y educación cívica en coordinación con la unidad técnica de la igualdad de género y no discriminación trabajaron en el diseño de un protocolo que permita a la población trans votar en las elecciones de 2018. El protocolo garantiza que la falta de concordancia entre la expresión de genero del votante con la fotografía de la credencial para votar no sea un impedimento para la emisión del voto. Vale la pena subrayar el impulso que han dado a este proyecto las consejeras Pamela San Martín y Adriana Favela pese a las desafortunadas declaraciones del consejero Jaime Rivera al respecto.

En caso de aceptar la propuesta 0040, México no sería el único ni el primer país en dar este gran paso hacia la inclusión y hacia el reconocimiento de la realidad cotidiana de una población que en México polariza y confunde. Huelga señalar que, pese a que un segmento de la población pueda pensar lo contrario, la población trans tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier otra.

En principio, lo que tendría que seguir por parte del Inegi es al análisis de todas las propuestas captadas durante el periodo de la consulta; al ser el censo un ejercicio de enorme magnitud que pretende obtener una fotografía lo más completa posible del país, la inclusión de preguntas tiene un importante impacto presupuestal (estimado en alrededor de trescientos quince millones de pesos por pregunta). Sin embargo, esto no debe de ser el único criterio que valorar en el análisis de la propuesta 0040, ya que visibilizar de tajo a un grupo poblacional tan poco conocido hasta el momento no es poca cosa, puesto que su visibilización implica su reconocimiento.

Aceptar esto en un país donde la homofobia y los modelos de conducta heteronormativos siguen gozando de cabal salud no es cosa menor. Contar con un cúmulo de información estadística precisa y confiable es un insumo fundamental para, en caso de encontrarse la voluntad política, diseñar políticas públicas e impulsar cambios normativos que favorezcan la inclusión y la integración de la población trans.

El caso de Pakistán podría resultar ilustrativo, la oficina censal de este país levantó un censo nacional de población y vivienda en 2017 que además de actualizar su volumen poblacional, que llegó a los 207.7 millones de personas, dio fe estadística sobre la existencia de 10,418 personas autoidentificadas como trans. La inclusión de la pregunta relativa a la identidad de género no fue sencilla en ese país, grupos civiles y organizaciones lograron activarse y llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia, que se pronunció a favor. A su vez, persisten múltiples quejas de personas que fueron enumeradas como hombres a pesar de haberse identificado como trans.

A pesar de las quejas, la población trans de ese país será sin duda la principal favorecida en esta república islámica, su par mexicana debería contar con el mismo beneficio. Otro caso de éxito más cercano, pero con menor alcance es el de Uruguay,[ii] ya que en 2016 el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) se dio a la tarea de efectuar un censo trans que terminó por visibilizar a ochocientas cincuenta y tres personas. Cabe señalar que este ejercicio no se llevó a cabo en el marco de un censo nacional de población y vivienda.

Otro caso de interés es el de Ecuador, donde el Instituto Nacional de Estadística y Censos en coordinación con organización proderechos de la población LGBTTTI llevó a cabo una encuesta  sobre condiciones de vida, inclusión social y derechos humanos en 2013. Este levantamiento logró identificar a dos mil ochocientos miembros de esta población, entre ellos, ochocientos setenta y cinco trans. Al igual que lo acontecido con el caso uruguayo, le encuesta no se efectuó en el marco de un censo nacional de población y vivienda, lo que sin duda limita su impacto.

Perú tuvo la oportunidad de hacer un #censotrans en 2017, sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dejó pasar esta gran oportunidad esbozando justificaciones poco contundentes y claras, como argumentar que la estadística nacional aún no estaba preparada y no podría asumir el reto de permitir la identificación de la población trans en el censo. En su lugar, el INEI optó por colgar en su sitio web un cuestionario enfocado hacia la población LGBTTTI en lugar de incluir alguna pregunta expresa o permitir opciones para su identificación en el cuestionario censal.

Este no debe ser el caso de México; el país en su conjunto debe otorgarse la oportunidad para dar un paso en el camino correcto y aceptar la existencia de esta población de una vez por todas. El Inegi cuenta desde el año 2008 con autonomía constitucional y su junta de gobierno tiene las atribuciones legales y los mecanismos técnicos para hacer de esto una realidad si así se lo plantea.

Ni duda cabe que la materialización de la propuesta 0040 tendrá varios escollos por sortear en su camino, en el que el componente económico será tan solo uno de los factores. Se antoja sencillo que de ser aprobadas, las presiones políticas emanadas desde diversas trincheras —como el Frente Nacional por la Familia o la Iglesia católica— se harán presentes para oponerse a la medida. El periodo electoral de este año, no obstante, abre una coyuntura particular en la vida democrática del país y es precisamente en momentos como este cuando quienes apoyan causas como la de la inclusión deben demandar a los candidatos a puestos de elección popular su compromiso total hacia las causas de las poblaciones minoritarias, y exigirles que demuestren en dónde se colocan en el espectro ideológico.


 

 ¿A favor del reconocimiento y la ampliación de los derechos o en contra? Tanto en los dichos como en los hechos

 

Hoy vemos cómo la administración del presidente Trump en Estados Unidos se ha posicionado en contra. Si bien una corte federal en Washington DC bloqueó algunas secciones de la prohibición impuesta por Trump para que personas trans pudieran formar parte de las fuerzas armadas, el embate continúa, así lo indica la directiva enviada por la casa blanca al Centro de Control de Enfermedades (CDC) prohibiendo la utilización de ciertas palabras (entre ellas la palabra transexual) en la producción de documentos oficiales.

La aprobación de la propuesta 0040 y la inclusión de la pregunta sobre identidad de género cobra aún mayor importancia en el contexto electoral que estamos viviendo, en vista de que los candidatos para la presidencia de la República (Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador) parecieran sentirse más cómodos abrazando agendas conservadoras, como la predicada por el Partido Encuentro Social (PES) o por la jerarquía de la Iglesia católica, que rechazan la posibilidad de considerar a la comunidad trans como depositaria de derechos.

Habrá seguramente otras propuestas que deban considerarse por parte del Inegi y competir entre sí mismas para ser consideradas en el cuestionario final. Lo que la junta de gobierno de dicho instituto no debe dejar de lado es que la causa de la inclusión no puede ni debe tasarse ni valorarse solo a partir de criterios económicos. Es, en definitiva, YA momento para un #censotrans en México.

Te invito a apoyar esta propuesta otorgando tu firma a la petición «Junta de Gobierno del INEGI: Censo Trans 2020  (Propuesta 0040)»  publicada en change.org: http://chn.ge/2BKfHTG


[I] Si bien este censo es el más conocido, se hicieron ejercicios de naturaleza censal de manera previa; hay registros que datan de 1584, como el trabajo «Relaciones Geográficas» ordenado por Felipe II, o los llevados a cabo por Juan Díaz de la Calle, que contienen información demográfica para periodos que oscilan entre 1654 y 1667.

[II] Vale la pena remembrar la existencia de diversas oficinas y organismos abocados a labores estadísticas como la contaduría de propios, la comisión de estadística militar, el Instituto de Geografía y Estadística, la Secretaría de Fomento, ente otras.

[III] La Encuesta Intercensal 2015 reemplazó a los conteos de población que se efectuaron en 1995 y 2005.

[IV] La población trans se compone de transexuales, transgéneros, travestis e intersexuales.

[V] Cabe mencionar que Michelle Suárez se convirtió a sus treinta y tres años en la primera legisladora trans de Uruguay en 2017.


Referencias

DGE. (1895). Censo General de la República Mexicana 1895. Dirección General de Estadística.

INEGI. (1985). Estadísticas Historicas de México. Aguascalientes: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática .

Torre, E. (2017). Novedades en el panorama de las identidades en México : la pregunta sobre afrodescendientes en la Encuesta Intercensal 2015. Coyuntura Demográfica, 87-94.

 

 

 

Pásele, güerito. El discreto caso del racismo mexicano

Hubo un momento en que México y Suecia no se encontraban en las antípodas: durante los momentos más álgidos de la dictadura de Pinochet acogieron a manos llenas a los chilenos víctimas de persecución política. En el imaginario contemporáneo, los países escandinavos –con Suecia a la cabeza– se han erigido como el estándar de bienestar ante el cual el resto del mundo atreve o evita comparaciones, según sea el caso. Actualmente, alérgico a los análisis comparativos, México admite con agrado ese lugar antitético.

Con esta quimera en mente llegué a Suecia huyendo de una tiranía más silenciosa pero igual de mortífera: el trabajo de oficina. Me endeudé de manera desvergonzada para hacerme de un posgrado que de antemano sabía sobrado, a lo mucho un costoso rodeo que aplazaría un par de años mi inevitable regreso a la mazmorra en que las condenas se purgan de ocho a cinco. Como mexicano un tanto privilegiado (de clase media o que pretende serlo), fue revelador encontrarme al otro extremo de un continuo de pigmentaciones que determina tu lugar en la sociedad: en la noche, noté de inmediato, a las viejitas suecas les daba miedo.

Mi ventajosa experiencia en México como hombre de piel morena –de una coloración que francamente me exime de ciertas variedades de la discriminación– criado en entornos de privilegios aspirados, pretendidos y asumidos, fue puesta a prueba en un país de mayoría blanca que atraviesa un peliagudo escenario migratorio. A punta de interpelaciones y comentarios sobre mi color de piel, mi palmaria mexicanidad, mis raíces indígenas (considerado poco menos que un insulto entre muchos mexicanos), llegué a padecer una clase de disonancia cognitiva que con el tiempo me incitó a reflexionar sobre mi subjetividad y mi posición asumida en la sociedad desde esa subjetividad. En algún momento mi vanidad de mexicano aventajado se encontró tan apaleada que me llevó a idear mi propia versión de la venganza de Moctezuma: ligarme a cuanta chica rubia pudiera como famélico sistema de validación, con la medida justa de famélicos resultados.

El punto de partida de este periplo ocurrió a pocas semanas de mi llegada a Suecia en un bar estudiantil durante una temporada en que rutinariamente se bebe hasta la desmesura. Apenas mi equilibrio comenzaba a tambalear, un guardia alto, rubio, ‘galán’ me advirtió que de no moderarme me sacaría del lugar. Me noté cercado por personas, pensé, de meneos tan vacilantes como los míos sin que garrochas güeras les echaran en cara su conducta. Me invadió una forma imprecisa de la indignación, quizá porque nunca o pocas veces me había sentido tan consciente de algo tan aparentemente trivial como mi apariencia. Me arrimé a su rostro increpándole si la raíz de su bronca sería más bien otra. «¿Me estás diciendo racista?», arremetió sin pelos en la lengua. La mención de esa palabra me aplacó de inmediato. Serenado –vapuleado– me dirigí a la barra a beber un vaso de agua. Me di cuenta de que había verbalizado algo cuyo gustillo amargo podía saborear en la punta de mi lengua, en el filo de los labios, sin el soplo para darle vida en palabras, diría Valle-Inclán. El sujeto, al ponerme frente a ese término, tan indecente, tan indebido, había removido el dique que sostenía una frágil presa lingüística. Desde el incidente empecé a departir entre mis compañeros sobre temas de racismo y xenofobia con una libertad embriagadora, desconocida en mi terruño. En esa fiesta, me daría cuenta tiempo después, había ganado el derecho de llamarle a las cosas por su nombre.

No importa que tus visitas al tianguis resulten en la culposa pero placentera sospecha de que en una de esas sí pasas por güero: en Suecia el México profundo se lleva a flor de piel. Ahí vine a entender hasta qué punto este mote articula una doctrina de persuasión que apela a la arraigada idealización de lo blanco. Que un vendedor callejero cachondee con sus distantes –seguramente inexistentes– orígenes criollos es el mayor halago al que un clasemediero mexicano puede aspirar. De más está que ya entre cuates, con toda dignidad, se muestre en desacuerdo, en una de esas hasta ofendido: pocas cosas más decepcionantes que advertir que, por regla general, los vendedores ambulantes son daltónicos.

Que lo blanco sea la norma en un país como Suecia es una obviedad que no se asume con la comodidad con que se acoge en un país como México. La tersa revelación de que una sociedad puede desafiar el orden natural de las prácticas discursivas que reproducen patrones de exclusión me llegó demasiado tarde. Y aunque es innegable que en Suecia la discriminación se experimenta a raudales, mi tiempo ahí me llevó a reflexiones en torno al racismo en casa que se desprenden de un íntimo examen de consciencia que en lo colectivo es inaplazable.

A pesar de las notables asimetrías entre ambos países hay procedimientos en su manera de experimentar, interpelar y desafiar el racismo que valen la pena examinarse. Pero no es una trivialidad sugerir que para iniciar un diálogo es necesario que podamos admitir, ya sin rubores de primaria, que la realidad mexicana es racista. Bien hace Héctor Toledano en caracterizarlo como «el proverbial elefante en la habitación que todo mundo pretende ignorar con estudiada indiferencia».


María-Teresa Tess Asplund confrontando a una marcha antiinmigrante de extrema derecha en Suecia, 2016.

Aunque salte a la vista que en México existe una sociedad ordenada en torno a líneas raciales, el ciudadano promedio te afirmará con la llaneza de quien sustenta un posgrado en sociología que el racismo entre mexicanos no existe, evidencia de que la turbia complicidad suele ser más llevadera que la admisión de culpa. Sin embargo, se manifiesta en la mayoría de nuestras interacciones diarias en la esfera pública o privada, en nuestra decisión de matricular a nuestros hijos en una u otra escuela, en nuestra aversión o afinidad por el transporte colectivo, en los restaurantes que frecuentamos o evitamos, en las fiestas a las que nos invitan o de las que nos apartamos, en cuán probable es que contemos con el acceso para leer esto. Tenemos la prudencia, no obstante, de hacerlo pasar por clasismo: esa otra forma de discriminación con que nos sentimos más en casa. Pero en una la realidad económica que está terminando por nivelar las clases sociales –aplanando con furor las líneas materiales que antes las demarcaban–, se preservan y ejercen por medio del capital simbólico por antonomasia; basta un ejercicio elemental de sinceridad para admitir que gran parte de lo que asume de una persona y su lugar en la sociedad emana de especificidades congénitas: su tono de piel, su fisonomía.

Los diálogos en torno al racismo mexicano están atrapados en una dicotomía que sitúa a lo indígena contra todo lo demás, una partición cuya ambigüedad es en gran parte achacable a lo que Federico Navarrete (2016) llama la leyenda del mestizaje, capítulo esencial de una narrativa cultural que insiste en situar a lo indígena como un remanente incómodo –si acaso extravagante– de la plena consumación del encuentro entre dos mundos: un mestizaje genético y cultural asistido en partes iguales.

Es provocador sugerir que el mestizaje, pilar totémico de la identidad mexicana, sea una fabulación. Aunque no lo fuese del todo, la idea misma se planta frente a una conveniente ideología oficial que organiza la sociedad en bloques –lo blanco, lo mestizo, lo indígena– invitándonos a formular modelos más complejos y plurales. Unos que admitan, por ejemplo, una franca conversación sobre las sutiles formas de discriminación cotidiana que emergen de las grietas de un racismo estructural no tricotómico.

Diversas corrientes del análisis discursivo afianzadas en las ciencias sociales (la foucaultiana, la teoría discursiva, la psicología discursiva, entre otras) buscan desenterrar –y así antagonizar– estructuras interseccionales de opresión naturalizadas en el lenguaje, es decir, aquellas que hemos interiorizado al punto que no se ven y de las que nadie habla de manera frontal. Norman Fairclough (1989), en su seminal Language and Power, propone que las prácticas discursivas tienen efectos ideológicos, es decir, contribuyen a la creación y reproducción de relaciones de poder desiguales entre grupos sociales. Acudir al análisis crítico del discurso permite evidenciar cómo la discriminación racial en México se oscurece detrás de un sofisticado género discursivo de amagos, vaguedades y apelativos lacerantes que preservan relaciones de dominación. Aquello que es obviamente discriminatorio –o prestigioso– se reproduce por medio de un vocabulario oblicuo: prieto, naco, gente bien, chaca, ñero, muertodehambre, fresa, nice, nopal, junior, criado, güerito, jodido, gato, papaloy, prole, mirrey. Bien visto, la relación de México con el racismo toma elementos del albur, desahogo predilecto de una sociedad que revela su ambigua relación con el sexo mediante un juego insolente de alusiones. Quizá parezca un exceso sugerir que la pandemia de agresión sexual contra las mujeres y la extendida aversión hacia las personas LGBTQ sean prácticas que mantengan un vínculo explícito con un género de humor más bien socarrón. Pero sería un desatino refutar de antemano que es la expresión tangible de algo que tiene origen en el lenguaje. Si entendemos el albur como un juego ramplón de espejos, quizá en México debamos hablar del racismo como albur: el cachondeo con un tema que no terminamos por admitir del todo.


En Suecia el tema de las relaciones raciales[I] está tan candente que el partido de extrema derecha Sverigedemokraterna (Suecos Demócratas) oscila entre la segunda y tercera fuerza política del país. En estos días, buena parte de las conversaciones de café giran en torno al clima y la xenofobia. Esto se debe en buena medida a que el añejo estereotipo de Suecia como el milagro social demócrata está siendo desafiado por el abatimiento del estado de bienestar bajo la presión de la globalización neoliberal, lo que produce desigualdades agudizadas por la transición de una sociedad monoétnica a una multiétnica (Møller Mulvad & Møller Stahl, 2015).

Pero desde donde estaba parado –y esto es atribuible a mis achatados estándares de calidad de vida– los contrastes eran, antes que económicos, de carácter visual. A primera vista o eres rubio y alto o eres pelioscuro y bajito, pero el promedio lleva vidas relativamente prósperas. Esto hace que la discriminación cotidiana, cuando ocurre, no tenga el lujo de camuflarse detrás de un calculado diferencial de exclusiones y alusiones à la mexicana. Las madres con carriolas se esperan unos segundos más de lo necesario para asegurar que no les sigues los pasos; los comensales te ojean sin disimulo cuando entras en un restaurante que no expende falafel; en el transporte público tu asiento adyacente es el último en ocuparse. No importa que portes signos sociales que en México te hermanan con la gente bien (aquellos que son blancos o quieren parecerlo): ya sea que lleves un polo Lacoste o mocasines Ferragamo, ahí tendrán su origen en la fayuca.

Pese a esto los suecos llevan una delantera irrefutable: debido a que las diferencias visuales son categóricas, es posible aludir al racismo sin ambages. En Suecia se habla públicamente sobre el racismo con la tersa crudeza de quien habla sobre la miseria en México: sin tanto rodeo, aunque duela. Allá se tiene la ventaja (o desventaja, según adonde mires) de que las relaciones raciales no estén inmovilizadas por relatos culturalistas que buscan preservar el orden natural de las cosas. Siempre queda, para alivio de muchos, la opción de apelar al relativismo cultural: reconocer que cada cultura –con sus normas, prácticas, valores particulares– es igualmente legítima, siempre y cuando retocen en sus respectivos patios de recreo. Una forma cómoda, pues, de tolerancia a la distancia. Después de todo ser identificado como racista, ya sea en México o en Suecia o en Estados Unidos, carga implicaciones negativas graves.

De este modo, el discurso oficial de Sverigedemokraterna ante la migración (de personas musulmanas, ante todo) se desprende de la nostalgia cultural: el guiso tradicional del que proceden los valores suecos está siendo contaminado por agrios, incompatibles, agentes foráneos. Pero si en Suecia la careta del relativismo cultural esconde un rostro xenófobo, en México nuestros parámetros de discriminación se aproximan a algo así como la endofobia. Nada mejor para cultivar el resentimiento en toda su diversidad que sentirse un extraño en casa.

Por otra parte, su reciente experiencia como sociedad multicultural hace que las glosas culturalistas o historicistas –moneda corriente en sociedades con marcadas desigualdades– carezcan de poder explicativo. En la ausencia de una historia de sometimiento étnico y racial, se mueven con envidiable soltura al desconocer el vasallaje que impone la tradición. Para ellos el racismo es un hecho actual, que afrontan como un problema actual. En México la discriminación aparenta ser un atolladero intransitable porque nos referimos a un pasado atávico para justificar –perpetuar– la parálisis del presente.

Da la impresión que desde el agitado despertar de las elecciones del 2014 en que el partido de extrema derecha obtuvo 13% del voto popular, hay un impulso público —promovido, sobre todo, desde dos frentes: los medios y las escuelas— por evitar que monopolicen y capitalicen la conversación en torno a la migración, refrendados por el avance de la derecha populista y xenófoba a lo largo del continente. En las escuelas, con la anuencia del Ministerio de Educación, diversas ONG se aproximan a los semilleros de la ciudadanía para propiciar una temprana discusión sobre la reproducción cotidiana de la discriminación –traer a la luz los mecanismos furtivos que mantienen el racismo estructural– en la sociedad en su conjunto.

Por su parte, la cultura mediática sueca contrasta con la mexicana a un grado obsceno. Navarrete (2016) asegura que en nuestros días la televisión es el principal vehículo para la reproducción del racismo. No sería exagerado sugerir que hay más diversidad pigmentaria en un frasco de Tic Tac que en la publicidad mexicana. Visto desde el provinciano mirador de mi formación mediática mexicana, los medios privados y los publicistas en Suecia incurren en disparates indescifrables: aún sin los compromisos normativos del servicio público, se muestran dispuestos a abordar temas de interés social desde convenciones estéticas que obedecen a imperativos comerciales. Aunque sea minoría, la población de origen no-escandinavo está visiblemente representada en todo tipo de contenidos. No es inusual llegar a ver barbudos pelinegros en los carteles de la tienda departamental de lujo Åhléns, una controversia equiparable a que una persona de piel morena (que no ha puesto pie en un salón de bronceado) figurara en las campañas publicitarias de Palacio de Hierro o de Aeroméxico. En este tenor, la diversidad en los actuales anuncios de IKEA dejan en ridículo a la selección francesa de futbol.


Aunque el lugar común dice que la historia es escrita por los vencedores, un analista discursivo sugeriría que ya escrita, su vigencia queda en manos de quienes la encarnan y reproducen. La tarea medular de un analista discursivo consiste en exponer que la historia también se edifica y ordena por medio de discursos hegemónicos y es, por lo tanto, impugnable. Así es como los fundadores de la Escuela de Essex[II], la célebre pareja posmarxista Laclau y Mouffe (1985), propugnan que estos discursos hegemónicos que articulan las relaciones de dominación («las mujeres no son iguales que los hombres») necesariamente requieren de lecturas antagónicas para explicar el cambio de significaciones en las prácticas discursivas.[III]

En México el lenguaje de exclusión ha cambiado en los últimos quinientos años, pero las condiciones que encumbraron a los grupos privilegiados se mantienen firmes. Referirse a la cultura sobre la estructura es una manera de ratificar la rigidez de una sociedad que repudia el cambio. En esta línea, darle al clasismo un lugar privilegiado en el análisis de nuestra diferenciada realidad social significa declinar el espectro completo de su esclarecimiento. Aunque como concepto recoge las raíces económicas y sociales de la discriminación, como discurso carece de la amplitud y el vigor para esclarecer el posicionamiento de los diferentes grupos en las clases.

La exhortación de reconocer, como primer paso, que la realidad mexicana es racista no es poca cosa. Jørgensen y Phillips (2001) apuestan por iniciar cambios sociales desde el lenguaje, pues lo consideran una forma de acción social que desempeña un papel en la producción del mundo social –incluyendo el conocimiento, las identidades y las relaciones sociales– y, por lo tanto, en el mantenimiento de patrones sociales específicos. En este sentido, no se puede desestimar la cadena de equivalencias entre ciertas prácticas de discriminación y las palabras que elegimos emplear, insinuar o desconocer para referirnos (o no) a ellas. Las palabras, en su ausencia o suplantación, pueden contribuir a la anomia social, lo que puede tener consecuencias en la consolidación de la democracia y el bienestar personal.

Si Suecia es evidencia de algo es lo siguiente: aunque el ambiente de discriminación que encara la sociedad sea amplio y sostenido, la forma en que han elegido expresarse del mundo está moldeando la forma en que lo tratan. Que les aguarda un porvenir intricado no admite discusión, pero han empezado a descobijar al imberbe elefante apoltronado en el rincón para abordarlo en público, a vista y oídos de todos, haciéndose de las monturas discursivas apropiadas. No debería ser necesario experimentar una sociedad que desafía la normalización de la discriminación con locuacidad para darse cuenta de que la normalidad mexicana, afianzada por la desigualdad y el desprecio, ha encontrado en la discreción a su mejor cómplice.


[I] En inglés se utiliza el concepto race relations para designar las relaciones entre dos o más razas dentro de una misma comunidad. Su aplicación en español se revela torpe debido a su ausencia en los discursos públicos.

[II] La Escuela de Essex es una de las más reconocidas y sofisticadas variedades de análisis del discurso que se apoya en tradiciones posestructuralistas y psicoanalíticas.

[III] A menudo se ha criticado al estructuralismo por su pobre capacidad explicativa respecto a la idea de cambio; el posestructuralismo tiene en cuenta el cambio en virtud de su premisa: la estructura nunca es fija porque los significados solo pueden fijarse parcial y temporalmente.


Referencias

Fairclough, N., 1989. Language and Power. London: Longman.

Jørgensen, M., Phillips, L. 2002. Discourse Analysis as Theory and Method. London: SAGE Publications Ltd.

Laclau, E., Mouffe, C. 1985. Hegemony and Socialist Strategy. 2001. London: Verso

Møller Mulvad, A., Møller Stahl, R., 2015. What makes Scandinavia different? Jacobin [en línea] Disponible en: https://www.jacobinmag.com/2015/08/national-review-williamson-bernie-sanders-sweden/.

Navarrete, F., 2016. México racista. Una denuncia. México: Grijalbo

 

#OctubreTrans: 21.10.2017 Día Internacional de Acción por la Despatologización Trans

No siempre estuvimos aquí, pero ustedes tampoco. No somos lxs hijxs de un presente futurista y prometeico que ha inventado nuevos géneros, pero tampoco son ustedes lxs poseedorxs de un cuerpo sacramental, natural e intocado, evolucionado y divino a una misma vez. No somos ni el eunuco ni la lesbiana traidora convertida en macho opresor; tampoco somos la fantasía poshumana que algunxs han querido ver en nosotrxs y que ha llevado a que se nos acuse de no ser la vanguardia que, según nos dicen, deberíamos ser en esta guerra contra el género y el cis-hetero-patriarcado.

Y ustedes tampoco son ese radical contraste ante nosotrxs. Ustedes no son, no todxs, ese pseudohumanismo imperial y religioso que quiere leer la Biblia en El origen de las especies y decretar una biología que es destino, es moral y ley –incluso palabra divina–, y que busca declararnos artificio perverso y contranatura. No somos lxs grandes pervertidorxs de niñxs, somos y fuimos esxs niñxs.

Tampoco son ustedes, no todxs, ese discurso excluyente que pugna por una pureza del sujeto del feminismo basado en un sexo sin historia, presuntamente fijo, más por dogma que por argumento, y que decreta que toda mujer trans es un invasor o que todo hombre trans es una traidora. No somos ni drones del cis-hetero-patriarcado, infiltrándonos malignamente, ni cobardes desertorxs de una lucha. No nos toca ser vanguardia –esta lucha es de todxs–  ni nos toca que se nos legitime por medio de la beatitud luchadora. Somos y eso es todo.

Entre nosotrxs y ustedes media más un artificio lingüístico que una ruptura ontológica. Nosotrxs somos muchxs, somos Multitud(es), ustedes también; nuestros nombres son Legión ‘cause we are many. No somos una nueva clase de ser humano. Somos, como ustedes, radicalmente heterogénexs. Casi siempre mundanxs y algunas veces heroicxs. Empero, sí tenemos una historia propia, una historia de nosotrxs que es política, política ontológica, porque emergimos en la historia como una cofradía de voces clamando y reclamando nuestro derecho a la existencia.

Este mes, #OctubreTrans, es por un momento nuestro mes. El 21 de octubre fue el Día Internacional de Acción por la Despatologización Trans. Desde 2009, la Campaña Internacional Stop Trans Pathologization (STP) toma este día para hacer un fuerte llamado de atención para visibilizar los estragos que conlleva la patologización de las identidades, corporalidades y subjetividades trans. Una patologización codificada en el Manual de Diagnóstico Estadístico de Enfermedades Mentales (DSM) de la Asociación Psiquiátrica Americana (APA) y en el Código Internacional de Enfermedades (ICD) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este día sirve también para exigir que lo que hace inteligible nuestra existencia, lo que nos hace sujetxs viables, no sea el sendero de la enfermedad mental, ya bajo la etiqueta del síndrome de disforia de género, ya del desorden de identidad de género. Defendemos, para aquellxs que así lo deseen –a plena conciencia y voluntad–, el acceso a la medicamentación e intervención quirúrgica, pero como un derecho al libre desarrollo de la personalidad, como un derecho a la identidad, y no como un deber, un acto de validación o una suerte de restitución de unx sujetx que se narra fallidx e incompletx.

No negamos, desde luego, las experiencias de disforia y de dismorfia que suelen, pero no las creemos exclusivas de nosotrxs. Las hemos sentido, las sentimos cotidianamente. Creemos, sin embargo, que en gran medida nacen de una emocionalidad colectiva que decreta nuestrxs cuerpxs como fallidxs e incompletxs. Una emocionalidad que introyectamos.

Hemos querido, en función de eso, de esa lucha global que habrá siempre de adquirir tintes locales escribir un ensayo que motive y comunique la relevancia de este día. Esta es desde luego nuestra voz, situada y concreta, sitiada y en resistencia, y no habla en nombre de todxs lxs que comparten con nosotras estas identidades/corporalidades/subjetividades. Aspiramos así a promover un diálogo, un sendero a la despatologización y a la dignificación de lxs cuerpxs trans y somos simplemente dos voces dentro de esa multitud. Celebramos toda otra voz que se sume a ello.

En cualquier caso, hemos elegido un conjunto de puntos que en este #OctubreTrans nos parecen merecedores de nuestra atención.

 


La calle, el asco, el deseo

A muchas mujeres trans nos ha pasado que al transitar por el espacio público nos encontremos con expresiones de asco, con algunas cuantas miradas lascivas, con algunos comentarios y ofertas sexuales no solicitados o, en el mejor de los casos, con gestos de confusión que equivocan pronombres. Sin duda que no a todas nos pasa de la misma forma. Habrá algunas que no sean reconocidas como mujeres trans sino hasta que su voz se hace presente, habrá otras que abiertamente desafían las lecturas que se hagan sobre sus cuerpos, habrá otras que opten por una ropa que disminuya estas microviolencias, y están también las que son trabajadoras sexuales y se la juegan en cada ocasión. Cualquiera que sea nuestra experiencia, aprendimos que tendríamos que navegar en nuestras cotidianidades a través de todo aquello.

Ahora bien, este microrrelato no agota las vivencias trans; nada hemos dicho de cómo la pasan los hombres trans o todas aquellas identidades, corporalidades y subjetividades no binarixs que también irrumpen en una calle, que suele estar cargada de expectativas y normas que decretan nuestrxs cuerpxs como ajenxs a ese espacio.

Pero aquí no nos interesa la exhaustividad, sino simplemente señalar que el aspecto político del sexo/género está cargado de emociones y que estas son políticas a su vez porque están cargadas de valoraciones y normas. El asco que nos dirigen no viene de que nuestrxs cuerpxs sean antinaturales o artificiales o que contravengan alguna supuesta norma biológica, y tampoco de que seamos sujetxs sórdidxs con vidas vinculadxs al oprobio. ¿Acaso ustedes no transforman sus cuerpxs? ¿No se ejercitan, no se broncean, no se tatúan, no se ponen perforaciones? ¿No tienen cirugías estéticas o prótesis incluso tan mundanas como unos anteojos? Su cuerpx, como el nuestrx, narra una historia de vida y en esa historia de vida se observa cómo habitamos nuestrx propix cuerpx.

El asco viene de esa enseñanza que dice que nosotrxs somos enfermxs, que somos aberrantes; una enseñanza en todo caso sostenida por el afán de hacer de la cis-generidad y la heterosexualidad un mandato natural. El asco es el resultado de inculcar transfobia en la sociedad. Una transfobia patologizante que nos restringe el acceso al trabajo y, con ello, al goce de múltiples derechos, generando así una vulnerabilidad corrosiva. De allí la importancia de luchar contra una patologización que nos coloca como abyectxs trastornadxs. De allí el vínculo entre un discurso institucionalmente sostenido y el gesto callejero de desprecio.

Y de allí también el deseo exotizante que no puede pensarnos como personas plenas, sino como cuerpxs de consumo, cuerpxs desechables y construidxs para el gozo del otro. Incluso para su gozo culposo que desencadena, en algunos casos, crímenes de odio con una saña tremenda. Y son crímenes de odio por la dimensión política de la emoción involucrada, por el aplanamiento de unx sujetx reducidx a un estereotipo vilipendiado.

Luchar contra la despatologización es también luchar contra uno de los motores más fuertes de esas emociones políticas que sostienen al cis-hetero-patriarcado y su dinámica violenta. Es reconocer, por tanto, que el cis-sexismo existe y genera privilegios y opresiones; afecta esperanzas de vida y crea vulnerabilidades diferenciadas. Y no debería ser un escándalo hablar de un privilegio cis-género como si esto invalidara las luchas de otrxs cuerpxs. Escándalo es que no se entienda que una faceta del privilegio es no reconocerlo. Escándalo es no atender al hecho de que habitamos múltiples dimensiones y en algunas somos privilegiadxs, mientras que en otras no.

La violencia transfóbica sigue siendo el pan de cada día para las personas trans en una sociedad que en algunos estados ha reconocido derechos en lo formal, pero que en el día a día sigue condenado a una gran mayoría a la exclusión del reconocimiento legal de nuestra identidad, de la educación, de la familia, del trabajo, del derecho a la salud sin patologizar, de la justicia, del amor y de espacios públicos de convivencia.

Treinta y cinco años es el número de la esperanza promedio de vida de las trans. Un número que se nutre de los suicidios, de las muertes por problemas de salud relacionados con la modificación corporal en el uso de aceites modelantes u otros polímeros, la ingesta de hormonas sin acompañamiento médico, y de los transfeminicidios.

Estos crímenes de odio son la última expresión de una larga cadena de violencias y exclusiones sociales que mandan el mensaje de que las vidas y lxs cuerpxs trans no importan, de que no nos merecemos nada más que la muerte.

El gran potencial estigmatizador de la patologización, aunque aparentemente recluida en los libros de psicología y psiquiatría y en los centros de salud, es la sombra que acompaña y va sembrando el discurso de odio desde las conversaciones cotidianas, pasando por el sensacionalismo de los medios de comunicación hasta el discurso religioso al hacernos ver como sujetxs trastornadxs, como perversxs, como impostorxs y traidorxs del sexo «que nos tocó» o como sujetxs siempre emocionalmente enfermxs e infinitamente incomprendidxs.  La patologización es la marca de la incomprensión de una sociedad transfóbica que cierra la puerta a nuestras vivencias, a nuestras subjetividades, a nuestras historias, que nos han hecho ser lo que somos, y a nuestras más profundas motivaciones de seguir siendo quienes somos.

México ocupa el segundo lugar en crímenes de odio contra personas LGBTI. Las personas trans, y en específico las mujeres trans, son las más vulnerables a la violencia y discriminación. Hace un año, por ejemplo, se hizo visible una ola de transfeminicidios que en menos de cincuenta días ya contaba al menos diez vidas arrebatadas.

Sabemos que la despatologización no acabará por acto de magia ni con la transfobia ni con los crímenes de odio, ya que estas violencias están movidas por más factores estructurales; esto es así porque la patologización no solo ocurre dentro de las instituciones de salud, sino que ese discurso patologizante nos lo lanzan desde distintos espacios como justificante de violencias. Sin embargo, despatologizar en el corazón de la institución médica es dar un paso contra la transfobia, es desmontar la autorización de un discurso que históricamente ha relegado nuestra sexualidad al campo de la enfermedad/curación e incomprensión, es desarticular un discurso que estigmatiza nuestras experiencias porque estas no pueden ser encajadas en los estrechos marcos de la cis-generidad.

Estudios recientes elaborados por autoridades médicas, como psiquiatras o endocrinólogos, comienzan a cuestionar la narrativa de la enfermedad mental o de la identidad trans intrínsecamente enferma. El estudio «Eliminando la identidad transgénero de la clasificación de enfermedades mentales: un estudio de campo para la CIE-11 en México», publicado en la revista The Lancent Psychiatry en 2016, apunta a que si las personas trans tienen problemas psicológicos o disestrés y disfunción es por la violencia que tiene raíces sociales y no por el hecho de que ser trans sea una enfermedad.

«La definición de la identidad trans como un trastorno mental ha sido utilizada para denegar la asistencia sanitaria y ha contribuido a la percepción de que las personas transgénero deben ser tratadas por especialistas en psiquiatría», señala el autor de dicho artículo.

Luchamos por despatologizar sin que eso se traduzca en desmedicalización forzada por parte de las instituciones de salud que hoy brindan servicios de transición hormonal. Aunque también estamos contra la medicalización como norma, como obligación para las vidas trans que desean realizarse mediante otras formas.

En septiembre de este año la Sociedad Endocrinológica, una sociedad internacional de expertos médicos e investigadores, elaboró un protocolo con directrices específicas para que los seguros médicos de los distintos países cubran los costos de las intervenciones médicas que un médico puede prescribir a una persona trans, como tratamiento hormonal o cirugías. Estas directrices están motivadas por un biologicismo que intenta alejar a la transexualidad/transgeneridad del campo de la patologización psicodinámica y la acerca al campo del desorden biológicamente causado que hay que curar.

Nos sumamos a este llamado a que los seguros o servicios de salud atiendan nuestras necesidades de transición, pero no porque abonemos a la narrativa de que somos la consecuencia del desorden biológico, sino porque lo creemos un derecho que los servicios de salud deben otorgar como parte del desarrollo de la personalidad de las personas trans. Frente a la coyuntura del ataque conservador de la administración de Donald Trump en contra de las personas trans, creemos que es un falso dilema la disyuntiva que se plantea entre el mantenimiento de nuestros derechos a la medicalización sobre la base de la patologización, o la despatologización a costa de la pérdida del acceso a las tecnologías de transición. Exigimos el mantenimiento de los programas de transición en las clínicas de salud porque creemos que el acceso a la salud es un derecho que no se construye exclusivamente mediante la patologización.

En México solo existen dos clínicas públicas especializadas en la transición hormonal para las personas trans, ambas ubicadas en la Ciudad de México; quizá con la reciente publicación de un nuevo protocolo de salud para personas LGBTI a cargo de la Secretaría de Salud esto cambie. Pero hasta ahora en el resto del país las personas trans no tienen acceso a un tratamiento hormonal gratuito o programas especializados, lo cual genera que las personas trans migren de sus estados a la Ciudad de México para adquirir estos tratamientos o, en el peor de los casos, recurren a la automedicación sin acompañamiento lo que conlleva problemas de salud, además de problemas emocionales por no poder acceder a las tecnologías que posibilitan el cambio de sexo/género. La cobertura médica para la transición es una demanda que los actuales movimientos trans siguen peleando, pues no todxs lxs que las desean tienen acceso a ellas.

Detrás de esta exigencia hay una historia, una historia que comenzó en la década de los cuarenta del siglo XX cuando, a raíz de la creciente demanda de cirugías de cambio de sexo que muchas personas empezaban a solicitar, en la medicina inició una discusión en torno al sexo y su plasticidad. No entendían la etiología de ese deseo de cambio de sexo, por lo que terminaron por postular la existencia de un «sexo psicológico», más tarde reformulado como «identidad de género», que se sumaba al sexo cromosómico, sexo hormonal, sexo genital y sexo de caracteres sexuales secundarios. Todas estas características y causalidades, señalaron lxs médicxs, conformaban el sexo de una persona. Dicho sexo, también reconocían, tenía niveles de posible alteración que podían reencauzar al cuerpo sexuado haciéndolo cambiar de un sexo a otro.

Este deseo de cambio sexual, motivado por un complejo proceso de (des)identificación de sexo/género, es el que se llevó a los terrenos de la patologización  en tiempos muy tempranos cuando la medicina descubría de forma empírica esa instancia de lxs sujetxs que no se explicaba por una congruencia o consecuencia de otros niveles del cuerpo sexuado.

Somos, en función de todo esto, lxs migrantes del sexo/género. Somos el producto de una historia atravesada por la medicina, por las tecnologías de trasformación corporal y por las luchas políticas por el derecho al cuerpo y a la autodeterminación.

Hoy seguimos reivindicando la identidad de género. Esa instancia que da a la primera persona la facultad de decir quién es y hacia dónde quiere ir. En este #OctubreTrans, y en calidad de personas que no nos reconocemos como enfermxs, afirmamos que seguiremos luchando contra la patologización de nuestras identidades y nuestrxs cuerpxs.

 

 

Coordenadas de la marginación en Guadalajara

«¡Basurera… marginal… pepenadora!» le gritaba Soraya Montenegro a María la del Barrio mientras sus guardaespaldas evitaban que siguiera golpeándola en una famosa escena de telenovela de los años noventa. María era una chica luchona de un barrio marginado y Soraya, su némesis, una loca que había crecido en una colonia privilegiada y a quien la sola idea de movilidad social le revolvía el estómago. Movilidad social, para los que desconocen el término, se refiere a la medida en que las personas de una sociedad pueden «moverse» a clases sociales distintas a las que nacieron, contrario a vivir en una sociedad en la que los pobres deben hacer un esfuerzo épico para no terminar igual que sus antecesores y los ricos pueden hacer uno más bien mediocre sin preocuparse demasiado por las consecuencias. Esta idea se justifica a partir de conceptos como la meritocracia, o como lo opuesto al nepotismo: la cohesión social o el grado de integración de la sociedad y el aprovechamiento óptimo del talento de los miembros de la misma (CEEY, 2013). El insulto hacia María tenía como propósito recordarle que su oficio había sido el de los pobres y su código postal el de los de afuera. De acuerdo con este personaje cínico del folklor mexicano que nos hereda Televisa, los pobres deben quedarse donde están y no mezclarse con los ricos.

Todos sabemos lo que significa ser barrendero o pepenador, pero ¿qué significa ser marginal? La discusión sobre la marginación surge en los años sesenta en las Ciencias Sociales para describir los efectos dispares y desiguales del proceso de industrialización y desarrollo que experimentó Latinoamérica en la posguerra (Andrea, 2012). Se comenzaba a observar cómo al mismo tiempo que la economía crecía, grupos enteros de la sociedad se quedaban fuera del progreso y se concentraban en los márgenes de las urbes en barrios pauperizados. La marginación es la expresión más aguda de la desigualdad social y es el resultado de la manera como se desarrolló nuestra región después de las guerras mundiales del siglo pasado, etapa en la que la riqueza se concentró de tal modo que los avances que experimentó la sociedad en salud, educación y vivienda no llegaron de la misma forma a todos. Algunos incluso siguen esperándolos, creando fronteras claras entre los de adentro y los de afuera. Tan alarmante es el concepto como triste que sea utilizado por una generación de miembros de las clases privilegiadas para humillar a otros al  mofarse de su condición de pobreza y exclusión social, lo que muestra la poca empatía que existe entre clases sociales. Ejemplos de esto son cada vez con más frecuencia subidos a YouTube en escenas que ni los guionistas de Televisa habrían podido inventar, o narrados en textos como el Mirreynato.

Las personas que habitan en territorios marginados viven una realidad bastante complicada por lo menos en cinco dimensiones: la ecológica, esparciéndose entre basureros, contaminación y signos de visible deterioro del territorio; la sociopsicológica, pues participan menos de las decisiones sociales y experimentan menor integración de sus comunidades; la sociocultural, al presentar bajos niveles de salud, educación, vivienda y menor acceso a la cultura; la económica, con ingresos de subsistencia y empleos inestables; y por último, la política, sin organizaciones políticas que los representen de manera adecuada y con mayor propensión a ser manipulados por otros grupos políticos (Enríquez, 2007). El fenómeno social de la marginación no se puede reducir en toda su complejidad a un solo índice o número, son muchos elementos y dimensiones las que hacen a alguien marginal en este contexto y no todos ellos pueden medirse con facilidad. No es sencillo medir el grado de integración social de las comunidades o la fuerza de sus redes para llevar al éxito sus demandas. Es por eso que para estudiarlo se le ha acotado y limitado su medida a una aproximación del fenómeno por medio de elementos que son fáciles de medir en censos, pero que están relacionados con las dimensiones más complejas como mínimo.

En México, el Consejo Nacional de Población (Conapo) se da a la tarea de calcular en cada ejercicio censal (desde 1990) un Índice de Marginación Urbana (IMU) como herramienta técnica para identificar la geografía de la marginación en el país. Este índice se construye al medir el acceso de la población a beneficios como educación, salud y vivienda. El IMU cuenta con diez variables que se ponderan estadísticamente en un solo valor mediante un método un poco más complicado que un promedio (Conapo, 2010). Dos variables de educación: el porcentaje de personas en edad de estudiar y que no asiste a la escuela y el porcentaje de mayores de quince que no completó la educación básica; dos de salud: los que no tienen derechohabiencia a servicios de salud y el promedio de niños que mueren al nacer; cinco de condiciones de las viviendas: el porcentaje de casas que no tienen drenaje conectado a la red pública o fosa séptica, que no tienen excusado con conexión de agua, que no tienen agua entubada, que tienen pisos de tierra y el porcentaje de casas donde hay hacinamiento;[I] y, por último, el promedio de viviendas sin refrigerador como indicador de la capacidad de ingreso de las personas.

El hecho de que el índice se relacione con fenómenos sociales que son característicos de las zonas marginadas sin que en su fórmula haya ninguna medida de estos es reflejo del éxito que este cálculo significó en la tarea de aproximarnos a definir quiénes son los marginados. La utilización del IMU también ha permitido a investigadores acercarse a distintos fenómenos sociales como los maltratos que sufren las mujeres durante el embarazo adolescente (Cuevas et al., 2006) y este se encuentra estrechamente ligado con la condición de pobreza. El índice, en sus primeros esfuerzos, se calculó en los ámbitos estatal y municipal y solo permitía conocer la distribución geográfica de los marginados a gran escala, lo cual ha sido muy útil para hacer comparaciones entre estados y entre regiones. Hoy tenemos información a nivel de colonia para toda el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) gracias a un ejercicio elaborado por el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG Jalisco), con base en datos del último censo de población y vivienda de 2010.


Guadalajara es una de las urbes más extensas y pobladas de América Latina, y como tal representa un excelente caso de estudio para entender el fenómeno de la marginación. Históricamente, podemos situar la segunda mitad del siglo XX como el momento en que la ciudad comenzó a crecer de forma imparable. Nuestras abuelas y abuelos nos confirman cada que tienen la oportunidad hasta dónde llegaba la ciudad en sus tiempos, pero ellos mismos no acostumbraban hacer la misma pregunta a sus abuelos porque les habrían mencionado las mismas fronteras que ya conocían. Si bien es indiscutible que desde su fundación en 1542 la ciudad había estado en constante crecimiento, después de la Revolución y, sobre todo a raíz el proceso de industrialización que siguió a esta, fue cuando la ciudad comenzó a experimentar un crecimiento poblacional exponencial y a consumir cada vez más y más hectáreas de las rancherías aledañas para albergar a los recién llegados y a los recién nacidos.

 Ilustración 1. Plano de la ciudad de Guadalajara en 1908 sobrepuesto a la imagen satelital actual

 Fuente: http://jorgedelatorre.net y Google

De acuerdo con el historiador y museógrafo José María Muría, la población de Guadalajara a principios del siglo XIX no superaba los cuarenta mil habitantes (Muría, 2004). En el censo de 1930 la ciudad registró ciento ochenta mil habitantes en mil novecientos treinta hectáreas, y para 1970 ya se podía hablar de una zona metropolitana que incluía a Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque con un millón cuatrocientos noventa y tres mil habitantes asentados en una superficie de trece mil veinte hectáreas (Del Carmen, 2005). En esos tiempos la expansión de la ciudad fue tan insaciable que los problemas asociados con la provisión de servicios rebasaron la capacidad de las autoridades para atenderlos. En las décadas de los años sesenta y setenta las autoridades concentraron sus esfuerzos en lograr una anexión física y funcional de la ciudad de Guadalajara con las poblaciones vecinas, los municipios de Zapopan y Tlaquepaque; y a partir de los años ochenta lo mismo sucedió con en el municipio de Tonalá. La antigua carretera a Zapopan dejó de existir para convertirse en avenida Américas, por cuyo trazo hoy se albergan colonias densamente pobladas. Con el paso de los años las demás fronteras geográficas como los ríos y arroyos fueron siendo entubados y remplazados con avenidas, distribuidores viales, túneles y pasos a desnivel.


Tabla 1. Crecimiento de la población y de la extensión del territorio habitado en el AMG de 1930 a 2010

Fuente: Del Carmen Venegas, 2005; Network, 2009. Nota: la extensión territorial de 2010 corresponde a 2009.

Distintos elementos que fueron confluyendo y sucediéndose en el tiempo explican este proceso de urbanización, entre ellos destaca, por ejemplo, la estabilidad económica surgida en el país después de la Revolución. Gracias al talento de empresarios locales como Salvador López Chávez y Abelardo García Arce se crearon empresas icónicas de la ciudad como Calzado Canadá y la refresquera Sidral Aga. La primera llegó a ser la empresa más importante del ramo en Latinoamérica, pero no se supo adaptar a la apertura comercial; y la segunda se coronó con bebidas como el Zubba, refresco de uva sin gas, y su homónimo de manzana Sidral Aga. Este proceso consolidó la fuerza de atracción que tuvo la ciudad y que atrajo a millones de otras regiones y del campo a la ciudad. Otros factores que también jugaron un papel importante fueron los avances de la época en medicina y provisión de servicios de salud que aumentaron la esperanza de vida y redujeron la mortalidad infantil, y la extensión de las vías de comunicación en el país (tren, accesos carreteros, centrales de autobuses, aeropuertos, etcétera) que permitieron a otras personas venir a la ciudad. Pero al mismo tiempo, factores humanos como la corrupción e incompetencia propiciaron la creación y el crecimiento de asentamientos irregulares y dieron origen a múltiples colonias que ahora comparten como sello la carencia de planeación, provisión de servicios básicos, violaciones a las normas establecidas, problemas de propiedad y vulnerabilidad a catástrofes como inundaciones.

Con el cambio de milenio la población del AMG superó los tres y medio millones de habitantes asentados en una superficie de cuarenta y seis mil quinientas hectáreas, una duplicación de población con respecto a treinta años atrás. En esas fechas el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) contaba con más de un lustro de haber sido firmado y comenzaba a atraer capital internacional en forma de plantas de manufactura con orientación exportadora. SCI San Mina, Flextronics, Honda, Jabil Circuits, Continental son los nombres de algunas de las corporaciones que decidieron instalarse en la zona. Por esos años, a los municipios de El Salto, Tlajomulco, Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán les llegó el proceso de urbanización similar al experimentado por los cuatro municipios originales del AMG treinta años antes. Hasta llegar hoy a una ciudad que cuenta con un macrolibramiento en construcción que planea conectar efectivamente a los nueve municipios que conforman el AMG (Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y recientemente Zapotlanejo). Los datos de 2015 dicen que ahora hay cuatro millones ochocientos mil habitantes en sesenta y cuatro mil cien hectáreas.


Con mapas podemos apreciar grados de marginación que hay en cada colonia del AMG en distintas tonalidades. Comprender cada vez mejor este mapa y lo que hay detrás de cada tonalidad es un insumo básico para aquellos que quieren incidir en la planeación urbana, desde diseñarla hasta evaluarla, y fundamental para que los gobernantes de las ciudades definan cuáles son las áreas más necesitadas de servicios. Pero también es crucial que los ciudadanos conozcan cómo se calculan los grados de marginación para quitar el velo de misticismo que hay detrás de las estadísticas oficiales y evitar que los burócratas conviertan estos indicadores en fetiches. Porque el enorme esfuerzo que llevó reducir un fenómeno de tantas dimensiones a un número sencillo puede fallar si quienes se dedican a atender el problema caen en el error de creer que para ayudar a los marginados basta con afectar las variables que entran en la fórmula y olvidan la discusión más amplia que existe al respecto: la importancia de elementos como la segregación social o la falta de representación política, por mencionar algunos que se quedaron fuera de la ecuación.

El siguiente mapa muestra la marginación urbana por colonias del AMG más actualizado que se tiene, utilizando el índice del IIEG Jalisco con datos de 2010 y con información relativa a colonias. Esto representa una diferencia metodológica con respecto al índice que calcula Conapo, ya que este utiliza Áreas Geo Estadísticas Básicas (AGEB), la unidad básica de división geoestadística con la que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) clasifica al territorio nacional. De acuerdo con el Inegi, una AGEB típica comprende unas cuantas manzanas delimitadas a la perfección por calles, avenidas, andadores o cualquier otro rasgo de fácil identificación en el terreno, como una colonia; pero las personas no conocen hasta dónde llega la AGEB en la que viven, por lo que culturalmente hace más sentido para la ciudadanía conocer esta información a nivel de colonia.


Ilustración 2. Grado de marginación urbana de las colonias del AMG
Fuente: elaboración propia con base en información sociodemográfica provista por el IIEG.

El patrón espacial de la marginación se concentra sobre todo en las orillas o márgenes del AMG, de forma principal aunque no exclusiva en los municipios de Tonalá, Zapopan, El Salto y Tlajomulco. Contrario a lo que acontece en Guadalajara, que es el municipio más antiguo y a partir de cual comenzó a expandirse la ciudad. A pesar de que existen claros focos de marginación, por fortuna estos son la excepción más que la regla. Solo 1.43% de la población total del AMG vive en condiciones de alta o muy alta marginación, pero este pequeño porcentaje llena por completo el Estadio Jalisco, y un 7% adicional (casi trescientos mil habitantes) viven en condiciones de marginación media.


Ilustración 3. Porcentaje de la población por grado de marginación urbana del AMG
Fuente: elaboración propia con base en información sociodemográfica provista por el IIEG.

Para entender mejor lo que esto significa podemos observar lo que implica cada grado de marginación en términos del valor promedio de cada una de las variables que componen el índice. En las colonias de muy alta marginación solo 10% de los niños de entre seis y catorce años de edad asisten a la escuela, mientras que en el resto de colonias 90% de los niños asisten con regularidad. Tan solo tener un grado de marginación media implica que 47% de las personas que viven en una colonia no terminó la educación básica; 40% no tiene derechohabiencia a servicios de salud; en 2% de los partos de las mujeres en edad reproductiva el niño fallece al nacer; una quinta parte vive sin estar conectado a la red de agua potable y más de 10% de las viviendas no tiene ni siquiera un refrigerador en casa. Esto pone de relieve que si bien los grados de marginación altos y muy altos hablan de condiciones de vida paupérrimas, los grados medios ya significan condiciones de vida lejos de las deseables y con desventajas considerables respecto a la población más privilegiada.


Tabla 2. Promedio de las variables que componen el Índice de Marginación Urbana por grado de marginación y general
Fuente: elaboración propia con base en información sociodemográfica provista por el IIEG.

En Guadalajara, independientemente de que el grado de marginación en el municipio sea en general bajo y muy bajo, hay una notable diferencia entre el oriente y el poniente de la ciudad divididos por la calzada Independencia, lo que confirma el estereotipo que se tiene en el lado poniente sobre el cambio de panorama que implica ir «de la calzada pa’allá». En Zapopan hay tres zonas en donde se concentra la marginación. La primera, al sur, en las colonias allende del Colli, instaladas en las faldas del Bosque de la Primavera en un triángulo delimitado por el bosque, el Anillo Periférico y la prolongación de Mariano Otero. La segunda zona, en los extremos del poblado de Tesistán a sus cuatro latitudes. Por último, hay una zona de elevada marginación en colonias circuncidantes al Bosque del Centinela, como la colonia Mesa de los Ocotes. Estas últimas en franco contraste con el fraccionamiento residencial de Las Cañadas, una de las zonas residenciales más exclusivas de la ciudad frente al mismo bosque.

El municipio de Tonalá concentra dos focos de marginación muy importantes y varias colonias marginadas desperdigadas a lo largo de todo el municipio. El primero en la parte norte, formado por un aglomerado de dieciocho colonias que colindan con el Periférico por un lado y con la Barranca de Huentitán por el otro, y que van desde Lomas del Zalate hasta los Amiales. El segundo foco de marginación, y que por mucho es la mayor concentración de toda el AMG, se ubica en el área donde se juntan los municipios de Tonalá, El Salto y San Pedro Tlaquepaque e incluye a colonias de todos ellos. Es un conjunto de más de treinta colonias ubicadas entre canales y cuerpos de agua contaminados por las industrias aledañas y aguas negras de otras zonas residenciales. Esto genera situaciones paradójicas, como el hecho que la población no pueda acceder a fuentes de agua limpia a pesar de tener agua corriendo a escasos metros de sus viviendas, y que las temporadas de lluvia nunca estén exentas de muertes y accidentes a causa de crecidas e inundaciones.


Ilustración 4. Foco de marginación en colonias del Salto, Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá
Fuente: elaboración propia con base en información sociodemográfica provista por el IIEG.

Es una lástima que el crecimiento desenfrenado de la urbe no estuviera acompañado de un proceso de planeación que le permitiese una mejor articulación y funcionalidad. Cayó presa de la incompetencia y corrupción gubernamental combinada con la voracidad característica de los intereses inmobiliarios, y así la ciudad se fue extendiendo «sin ton ni son». Municipios enteros como Tlajomulco, que vio crecer su población en 510% pasando de cerca de setenta mil habitantes en 1990 a cuatrocientos veinte mil en 2010, son un claro ejemplo del fracaso de la política de vivienda con constantes como la ausencia de áreas verdes y recreativas, espacios públicos, baja calidad de los materiales de construcción en las viviendas, limitada oferta de servicios públicos y lejanía de los centros de trabajo. Colonias como Chula Vista, Santa Fe y Lomas del Mirador son testigos del abandono y deterioro que sufren sus moradores, y otros municipios del AMG como El Salto, Juanacatlán y Tonalá no difieren ejemplarmente. Los que viven en el Jordán o Bellavista en Tonalá lo hacen muy distinto que quienes viven en el Country Club o Providencia, que antaño eran ranchos en la carretera que llevaba a Zapopan.


La marginación es un fenómeno social en continua evolución. Desde la primera vez que se calculó hasta hoy hay variables que han dejado de entrar en la fórmula. En el 2000, por ejemplo, los cálculos del IMU incluían variables como el embarazo adolescente e ingresos monetarios. Una razón para dejar de incluir una variable es que deje de variar lo suficiente entre la población como para permitirle al mapa cambiar de color, lo que sucedería si todos tuvieran un refrigerador. Pero también se pueden dejar de incluir variables por factores políticos o para maquillar los datos y hacer parecer que los problemas son mucho menores. Por esta razón la sociedad debe demandar siempre la máxima trasparencia de la autoridad y exigir que se den y agoten todas las explicaciones en su actuar. También es importante recalcar que hay dimensiones relacionadas con la marginación que son más complejas, por ello es fundamental mantener la discusión conceptual abierta y pensar en formas de incluir estos y nuevos elementos que surjan como relevantes. Las nuevas tecnologías e internet no existían cuando se comenzó a hablar de marginación y ahora fungen como elementos democratizadores del conocimiento, por lo que tal vez sería relevante saber en qué medida unos tienen acceso y otros no. En ese sentido, el mapa que vemos es solo uno de los mapas posibles y es igualmente necesario conocer sus limitaciones. Pero las limitaciones del IMU no deben ser un impedimento para que este se utilice en la toma de decisiones de los hacedores de política pública, ya que resalta colonias y problemas que requieren ser atendidos de manera urgente, y pone en perspectiva la relevancia de las políticas públicas existentes y el costo que significan para las generaciones futuras la corrupción e ineptitud que hacen a otras fracasar.

Por último, no se debe olvidar la importancia de impulsar una mayor cohesión social y eliminar las barreras que separan a las poblaciones de la ciudad en todas sus formas porque la desigualdad nos aleja de una mejor versión de la ciudad, una versión que es posible y medianamente probable. En tan solo trece años, de acuerdo con las proyecciones de población 2010-2030 elaboradas por Conapo, la población de la AMG alcanzará los más de cinco millones y medio, casi un millón más que en 2015. Estos nuevos pobladores, al igual que los actuales representados en los mapas, tienen derecho a una mejor ciudad y es responsabilidad de todos construirla.


[I] Cuando llegan a residir 2.5 o más personas por cuarto, dado que la limitación del espacio impide la sana convivencia y el adecuado desarrollo de las actividades personales.


Referencias

Andrea, D. (2012). La noción de marginalidad en la teoría social latinoamericana: surgimiento y actualidad. Universitas Humanísticas, pp. 17-34.

CEEY. (2013). Informe de movilidad social en México 2013: Imagina tu futuro. Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Distrito Federal. Disponible en http://www.ses.unam.mx/curso2013/pdf/MovilidadSocialMexico.pdf

Conapo. (2010). Índice de marginación urbana 2010. Consejo Nacional de Población, Distrito Federal. Disponible en http://www.Conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indice_de_marginacion_urbana_2010

——. (2012). Catálogo del Sistema Urbano Nacional 2012. Tech. rep., CONAPO, México.

CONEVAL. (julio de 2015). Comunicado de prensa no. 005. CONEVAl informa los resultados de la medición de pobreza 2014.

Cuevas et al. (2006). Violencia y embarazo en usuarias del sector salud en estados de alta marginación en México. Salud Pública de México, (48) 239-249.

Del Carmen Venegas, A. (octubre-diciembre de 2005). El crecimiento urbano y las características socioeconómicas de la Zona Metropolitana de Guadalajara: la generación de áreas pauperizadas. Carta Económica Regional.

Enríquez, P. G. (2007). De la marginalidad a la Exclusión Social: Un mapa para recorrer sus conceptos y núcleos problemáticos. Fundamentos en Humanidades, (VIII) 57-88.

Muría, J. (2004). Nueva situación de la Nueva Galicia en el S. XVIII. Sumario Histórico de Jalisco, 119-143.

Network, L. A. (2009). Dinámica demográfica del área metropolitana de Guadalajara. Disponible en https://www.lahn.utexas.org/Case%20Study%20Cities/Guadalajara/Guadalajaraall.html


Datos abiertos

Para consultar las fuentes de datos utilizados en la redacción de este texto, visitar:

a) Tabulados de marginación por colonia IEEG

b) Mapas que reflejan el status de los indicadores para el IMU

c) Mapa de colonias del estado de Jalisco IEEG

d) Proyecciones de Población 2010-2030 a nivel municipal por CONAPO

 

 

Pigmentomanía (tercera entrega)

¿Existe en México una verdadera «pigmentocracia»?, es decir, ¿un régimen social en que el color de piel es el factor determinante de la condición socioeconómica, del acceso a los servicios públicos y a los espacios privados, del reconocimiento del ascenso social y del prestigio? En otras palabras, ¿será cierto que en nuestro país «las personas con piel más clara son directores, jefes o profesionistas mientras que las de piel más oscura son artesanos, operadores o de apoyo»?

Las respuestas a esta pregunta han ocupado las mentes y las plumas de numerosos periodistas, economistas e historiadores en las últimas semanas. David Páramo negó de manera tajante la existencia del racismo en México, señalando que incontables casos individuales desmentían la afirmación del director del INEGI. Por otro lado, José Ignacio Lanzagorta saludó el estudio de Movilidad Social de los Mexicanos como la conformación inédita e incontrovertible de la existencia de una discriminación sistémica por color en nuestro país. Sin duda, el reciente estudio del INEGI ha confirmado los hallazgos de los estudios de PERLA y del sociólogo Santiago Villarreal llevados a cabo unos años antes. La correlación entre color de piel y condición socioeconómica existe, lo que nos toca hacer es tratar de comprenderla más allá de la pigmentomanía.

Páramo tiene razón en afirmar que la formulación tajante de los resultados es falsa: todos conocemos personas de piel más oscura en posiciones destacadas en la vida social y profesional de México y también personas de piel clara que ocupan puestos menos prestigiosos. Por otra parte, atribuir al color de piel de personas particulares su pertenencia a las posiciones más encumbradas de la sociedad parece exagerado e incluso injusto. Que yo sepa ni la UNAM ni el ITAM, dos instituciones educativas muy demandadas como puertas de entrada a las élites de este país, incluyen criterios fenotípicos para seleccionar a sus candidatos en sus exámenes de admisión. Quiero creer que los mejores doctores, abogados e ingenieros de México lo son por sus talentos y su dedicación y no por el color de sus ojos.  Lo mismo considero que la encumbrada posición de nuestros mirreyes corporativos y de nuestros gobernantes que solo han venido a aprender no se debe tanto a su aspecto físico, pero sí  sobre todo a sus conexiones familiares, a sus compadrazgos y amistades, a las redes de complicidad que han logrado tejer tras años de esfuerzos, incluso tal vez a algo parecido al mérito, aunque den pocas muestras de ello. El ámbito social donde parece imperar una auténtica pigmentocracia es el de la publicidad y la televisión: en las pantallas y los espectaculares la blancura «natural» —o sintética— sí adquiere un valor mayor que cualquier otro talento o capacidad. Pero incluso ahí, detrás de las pantallas, los aspectos físicos de los operadores de cámara, de los productores, de los guionistas y de los creativos son también más diversos.

Dicho esto, tampoco podemos sostener que nuestra vida social es «indiferente al color» o color blind, como se dice en Estados Unidos, o afirmar que no hay discriminación porque todos somos mestizos, un argumento que suelen esgrimir los miembros de nuestras élites para tranquilizar su propia conciencia.

Tanto en México como en los demás países de América Latina el color de piel es utilizado de manera común y generalizada como indicio para determinar la posición socioeconómica de las personas. En otras palabras, cuando queremos colocar en la jerarquía social a alguien que encontramos en la calle, que conocemos en el trabajo o en el antro, recurrimos a su pigmentación como un elemento importante de nuestra evaluación. Sin embargo, este valor cromático nunca se lee solo, ni de acuerdo con una paleta objetiva, pues se combina con otros elementos, como la forma de hablar y de vestir, las formas de comportarse, las identidades étnicas y los infinitos marcadores de clase social. Estos elementos influyen aun en nuestra percepción del mismo pigmento: una persona de clase más alta nos parecerá más blanca y viceversa. También percibimos el color de piel de manera diferente según los contextos sociales: el cadenero del antro y el «castinero» de una agencia de publicidad serán más sensibles a los tonos epidérmicos que los maestros de nuestras escuelas y universidades y que los médicos de los hospitales, o al menos eso quiero creer. Los ejecutivos morenos de un banco quizá no reúnan los requisitos de blancura para aparecer en las páginas de sociales, como le reveló un fotógrafo a Mario Arriagada, pero me atrevo a esperar que su color de piel no será un obstáculo para promoverlos en su empresa.

Además, y esto es clave, todos nosotros conocemos bien estas formas de lectura del pigmento y las manipulamos de manera más o menos deliberada. Como han demostrado los estudios de Mónica Moreno, las mujeres se blanquean para hacerse hermosas y para ascender socialmente. Parafraseando el ofensivo refrán, «la mona» sabe que la seda sí puede transformarla, junto con los tintes de cabello, las cirugías plásticas y las modas importadas.

Los estudios estadísticos basados en las paletas de color de piel pueden darnos una imagen general de este sistema, pero nada más. En primer lugar, corren el riesgo de volver estática y rígida una realidad dinámica, plural y contradictoria. En segundo lugar, no explican nada en sí mismos, pues una correlación entre pigmento y posición social poco significa hasta que podamos comprender los mecanismos causales efectivos que han producido esta estratificación por color de piel a lo largo del tiempo.

¿Se trata de una herencia de las divisiones de castas de tiempos coloniales, como sostenía Alejandro Lipschutz, el inventor del concepto pigmentocracia en 1944? ¿Es un legado de la definición exclusiva de la ciudadanía impuesta por los liberales en el siglo XIX que obligó a la mayoría de la población a blanquearse cultural, y también epidérmicamente, para participar en la vida nacional? ¿Se trata del lado oscuro, o más bien blanqueador, de la ideología del mestizaje que pretendió siempre clarificar a los indios y evitar a toda costa el oscurecimiento de los blancos? ¿Será la excrecencia contemporánea de la cultura de consumo globalizada y su idolatría de la blancura y del racismo implacable de nuestros medios de discriminación… perdón, de comunicación? Tras siglos en que el ascenso a las élites ha pasado por «mejorar la raza», ¿cuál es la relación entre la blancura social y la blancura física? Antes de afirmar que en México existe una pigmentocracia deberíamos intentar responder estas preguntas.

Por otro lado, si queremos comprender cómo se mantiene la estratificación por color de piel en el presente debemos identificar los mecanismos concretos que la hacen operar. El economista Raymundo Campos ha mostrado que en solicitudes de empleo las mujeres con piel más blanca tienen un poco de ventaja sobre las más morenas, pero en verdad no es tanta y el estudio no encontró un sesgo similar en el caso de los varones. El libro de Eugenia Iturriaga sobre Mérida, Yucatán, Las élites de la ciudad blanca, y las encuestas de Rosario Aguilar en la Ciudad de México han mostrado que mucha gente asocia tener la piel blanca con ser respetable, honesto y exitoso, y la piel más oscura con lo contrario. ¿De qué manera influyen estos prejuicios en nuestra vida social, en el modo como decidimos nuestros votos o elegimos a nuestros amigos o parejas?

Pintura de casta, Colectivo Zunga, Colombia, 2012 [performance]

Mientras no conozcamos mejor los mecanismos y las prácticas que trasladan de manera efectiva el color de piel a estatus social, y viceversa, puede resultar prematuro e incluso peligroso aislar ese factor de las demás formas sociales de diferenciación y discriminación. Las paletas cromáticas pueden exagerar y confirmar los prejuicios que imperan en nuestra sociedad, pese a los propósitos antidiscriminatarios de quienes las utilizan. El hecho mismo de que los resultados de estos estudios parezcan confirmar nuestro sentido común es otra razón para ser cuidadosos a la hora de interpretarlos.

Un peligro particularmente grave, señalado con oportunidad por la red INTEGRA —un colectivo de académicos comprometidos en la lucha contra el racismo— y por Olivia Gall en un artículo exhaustivo en Nexos, es establecer asociaciones entre las evaluaciones de color de piel, por definición cambiantes e inexactas, y las imaginarias identidades raciales, siempre inseparables del racismo. Ambos textos criticaron la forma como el estudio del INEGI confunde el color de piel, las categorías étnicas y geográficas —como indígena o africano o asiático—, y el concepto mal definido y siempre peligroso de raza.

En una sociedad racista como la nuestra, practicante de una multidiscriminación implacable, todos los que queremos estudiar y combatir estas prácticas, para intentar reducir la lacerante desigualdad social que acentúan, tenemos la responsabilidad de cuidar que nuestros estudios y nuestras palabras no terminen por confirmarlas y fortalecerlas. Y en este terreno las buenas intenciones no son lo único que cuenta.

 

En la imagen de portada: Pintura de casta, Colectivo Zunga, Colombia, 2012, [performance]