aguaexp

La palabra de un narcotraficante

El pasado 12 de noviembre empezó el juicio más importante en Nueva York en los últimos 20 años: el de Joaquín El Chapo Guzmán, acusado por las autoridades de ser el mayor narcotraficante del mundo. En tan solo un día se mostró que nos esperan cuatro largos meses de ataques, traiciones y conspiraciones. También de argumentos inesperados del abogado de Guzmán Lorea, supuesto líder del cártel de Sinaloa,  para demostrar que su cliente es inocente de los 17 cargos en su contra.

Nunca antes había habido una acusación tan grande contra un capo. Pablo Escobar murió antes de ser llevado ante la ley. Al Capone solo fue juzgado por lavado de dinero.  El juicio de Guzmán Loera ha sido calificado como “épico” por los expertos, quienes consideran un verdadero reto demostrar su culpabilidad.

El martes pasado las redes sociales se incendiaron después de que el abogado del Chapo, Jeffrey Lichtman, mostró la estrategia que desarrollará en los próximos meses. Acusó al ex presidente Felipe Calderón y al todavía mandatario Enrique Peña Nieto de recibir sobornos del cártel de Sinaloa. El defensor también señaló que Guzmán Loera  es un “chivo expiatorio” del gobierno y desvió la atención hacia Ismael El Mayo Zambada, quien nunca ha sido detenido y al que señaló como el verdadero líder del cártel de Sinaloa.

Calderón negó las acusaciones en su contra y Presidencia las calificó como “falsas y difamatorias”.

La Fiscalía de Estados Unidos dice que cuenta con más de 300,000 documentos, cientos de grabaciones y unas 140,000 llamadas y mensajes de texto interceptados durante dos décadas. Este material se presentará como evidencia para demostrar que Guzmán Loera es el mayor traficante del mundo, responsable de asesinatos, lavado de dinero y conspiración. Sin embargo, en algo coincide con la defensa: hubo sobornos a autoridades por parte del cártel.

El juicio del Chapo representa la perversión del sistema mexicano. Más allá de las acusaciones entre unos y otros, el juicio muestra un debate ético, judicial y social sin precedentes: ¿Quién dice la verdad? ¿Se puede creer a un narcotraficante? ¿Qué y quiénes están detrás del narco en México?

Lo que está en juego es el relato de una de las épocas más violentas del país: si, como dice la narrativa oficial, el Chapo es la encarnación del mal, la máxima cabeza de esa industria del narcotráfico que domina un país; o si el narcotráfico es el producto de un sistema corrupto que conquista la riqueza del territorio a través de la violencia.  No podemos dejarnos llevar por grandes titulares y el calor de las redes sociales. La Fiscalía pidió al juez Brian Cogan desestimar los argumentos de Lichtman por estar basados en rumores. El juez, sin embargo, solo amonestó a Lichtman por haberse “apartado de pruebas directas o indiciarias” y pidió al jurado que se apegue a las pruebas. Lo mismo que debemos hacer quienes seguimos el caso. 

Estos son los cimientos sobre los que se construye el llamado “juicio del siglo”:

La defensa

Jeffrey Lichtman es un abogado criminal, de 53 años, que ha sido calificado por la prensa como “estrella” “legendario” “brillante” y “genio legal”. En su página web enumera al menos una treintena de casos en los que ha sentado precedente. Es  famoso por defender a John “Junior” Gotti, uno de los grandes capos de la mafia en Nueva York. El hijo del jefe de la familia Gambino fue acusado por tres casos de homicidio y Lichtman logró que los tres juicios fueran anulados.

En el caso de El Chapo Guzmán tiene una estrategia similar. “Ganar un juicio a la vez”, según dijo en una entrevista con la BBC.  A lo largo del juicio pretende mostrar que “no todos los males en México se deben a Joaquín Guzmán” y que la violencia, el tráfico de drogas y la corrupción de funcionarios son parte de un problema mayor.

La defensa, que costará al menos cinco millones de dólares, también ha denunciado que no ha podido asesorar debidamente a su cliente debido a las estrictas condiciones de seguridad en las que se mantiene a Guzmán, quien permanece encerrado 23 horas al día y a quien en el primer día de juicio se le negó abrazar a su esposa.

Mientras el fiscal Adam Fels insiste en mostrar al Chapo como líder de un imperio que ha trabajado en al menos cuatro continentes y ha traficado cientos de toneladas de droga a Estados Unidos entre 1989 y 2014, la defensa planea mostrar a Guzmán como un “don nadie”, que ha sido culpado durante años por los crímenes de Zambada.

En la defensa están también  Eduardo Balarezo, un especialista en crimen organizado que se presenta en su web como “el abogado del Chapo” y que anteriormente defendió a Arturo Beltrán Leyva, y William Purpura, defensor de Richard Anthony Wilford, capo de la droga de Baltimore. 

La acusación

La Fiscalía dice que al menos unos 40 testigos podrán declarar contra Joaquín Guzmán. El caso tuvo que ser sobresellado por “cuestiones de seguridad” debido a la cantidad de información y porque hay nombres de varios funcionarios mexicanos.

En el tercer día de juicio, declaró Jesús Rey Zambada, hermano del Mayo, quien fue un líder del cártel en Ciudad de México. También estarán Dámaso López Nuñez, alias El Licenciado, quien lo ayudó a escapar del penal de Puente Grande y después ascendió en la jerarquía del cártel de Sinaloa; el piloto Miguel Ángel Martínez, a cargo de las operaciones áreas en los 80s y 90s; el traficante César Gastélum, detenido en 2015 por operaciones a gran escala entre México, Centroamérica y Colombia, y los  colombianos César Gastélum y Alex y Jorge Sifuentes, colaboradores del cártel de Sinaloa.

Se espera que en los próximos días aparezcan más testigos como los hermanos Pedro y Margarito Flores, quienes fueron de los narcotraficantes más poderosos en Chicago, el hijo de Ismael Zambada, Vicente Zambada, quien lideraba una facción del cártel y el hijo de Dámaso López, que lleva el mismo nombre, quien se entregó a las autoridades el año pasado.

 

explainer_4

El “referendo” electoral sobre Trump arroja un país partido por la mitad

Al término de las elecciones legislativas los demócratas retomaron la Cámara de Representantes perdida hacía ocho años: su esperada “ola azul” se alzó en la escala local impulsada por candidatas mujeres, por la diversidad y los suburbios; se secó en la áreas rurales. El “muro rojo” republicano se cayó a pedazos en zonas urbanas pero contra él se estrellaron las esperanzas de un giro de poder en el Senado, donde el partido del presidente Donald Trump acentuó su control. Pese a recuperar varias gubernaturas, los Demócratas vieron escaparse el poder en los estados más importantes: Texas, Ohio, y quizás Florida.

El veredicto de las legislativas fue planteado por muchos como un referendo sobre la presidencia de Trump. Los votantes no fueron indiferentes al llamado. La participación, que suele caer en elecciones intermedias en las que no está en juego la Casa Blanca, ahora se movilizó en ambos bandos: a falta de datos finales, los 114 millones que acudieron a las urnas ya pulverizaron los 83 millones de 2014. De forma provisional, los 27 escaños ganados en la Cámara dan una ventaja de 222 demócratas frente a 196 republicanos; en el Senado, dos escaños adicionales aumentan la ventaja republicana a 51 contra 46; siete estados de los que estaban en juego cambiaron a gobernadores demócratas, pero sus derrotas fueron las más dolorosas, y el conteo hasta ahora indica 25 electos republicanos por 23 de sus rivales.

A esto Trump no dudo en llamarlo un “tremendo éxito”; también festejaron los demócratas. El desenlace de la jornada electoral pareció formularse en escenarios paralelos, cual en países distintos, y según líneas divisorias que sólo se han acentuado desde la elección presidencial en 2016.

Al amanecer de un nuevo trazado del escenario político estadounidense, la polarización estridente de los últimos años ha cavado un poco más sus trincheras. De cara a las elecciones presidenciales de 2020, ¿qué síntomas nos deja las elecciones sobre el estado de ese país a la mitad del mandato de Trump?

  •   El fin del poder legislativo único. Por dos años Trump pudo contar con un congreso a su favor para impulsar la mayoría de sus reformas y legislaciones, pese diferencias puntuales con republicanos moderados en el Senado. Los resultados en la Cámara transforman este escenario. El nuevo ecosistema político partido a la mitad augura un camino rocoso para sus iniciativas futuras. En tiempos de enorme división, el voto lo ha forzado a negociar.
  •   Cada partido blande las herramientas deseadas. Demócratas: tras años de impotencia tienen en sus manos los poderes y recursos sustanciales brindados por la Cámara. Podrán ejercer poder citatorio para exigir cuentas a miembros del gobierno e iniciar investigaciones que lo incomoden, por ejemplo reabriendo en el Congreso la investigación sobre los vínculos de Trump con Rusia. Entre sus prioridades estaría presionar al presidente para que revele su declaración de impuestos, la cual han exigido desde su candidatura. De ahora en adelante, el fantasma de la destitución ronda el Capitolio, pero es un arma de doble filo que podría ser juzgada como extrema por buena parte del país, y que sería improbable ver prosperar ante el Senado. Republicanos: lo reñido y virulento de la confirmación del juez Kavanaugh a la Suprema Corte ya no tendrá lugar de ser, tras el aumento de la ventaja republicana en el Senado. Uno de los objetivos del gobierno Trump ha sido transformar el escenario legal en Estados Unidos de manera durable, eligiendo jueces conservadores en todos los niveles. El terreno ganado abre la puerta para cumplir una de la grandes metas —y más potentes legados— de su administración.
  •  Una victoria mayúscula para las mujeres. Si ola azul hubo, se debió a las mujeres, que ganaron un número histórico de puestos en la Cámara de Representantes. Hasta este momento han sido 84 candidatas demócratas victoriosas en estas legislativas, el denominador común de la reconquista en muchos de los asientos más competidos de la elección. Si se les suma las doce ganadoras del lado republicano, el total provisional de 96 electas establece un nuevo récord que supera las 84 del actual congreso. En la época de movimiento #MeToo el rechazo a Trump galvanizó las candidaturas de mujeres, y encontró su contraparte en las urnas.
  •   Una elección que expande la diversidad. Fue una elección de primeras veces entre las victorias demócratas en el Congreso: tras 230 años fueron electas las dos primeras mujeres indígenas, Deborah Haaland de Nuevo México y Sharice Davids de Kansas. La segunda, además, se convirtió en la primera mujer abiertamente lesbiana en ganar en el estado tradicionalmente republicano. También en Colorado hubo triunfo para la diversidad sexual: Jared Polis se convirtió en el primer gobernador homosexual en triunfar en las urnas. En Massachusetts, Ayanna Presley se volvió la primera congresista afroamericana, mientras en Texas ganaron la dos primeras legisladoras latinas, Sylvia García y Verónica Escobar. Con tan solo 29 años Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York, es la mujer más joven en ser electa al Congreso.
  •   Las grandes transformaciones tendrán que esperar. Se habló del “efecto Beto O’Rourke” rumbo al Senado de Texas, mientras Andrew Gillum parecía capaz de convertirse en el primer gobernador afroamericano de Florida. Impulsados por la coyuntura y cambios demográficos, dos jóvenes estrellas del partido demócrata contendieron para ganar puestos que rehúyen su partido desde 1988 y 1998. Al final, márgenes estrechos no evitaron una nueva victoria republicana, de Ted Cruz y, a falta de un conteo final en el que lleva ventaja, quizás Ron DeSantis.
  • Territorios partidistas cada vez más definidos. Pese a algunas sorpresas, la tendencia a una oposición entre el voto urbano y el rural se acentuó. Como en un juego de espejos, los demócratas tuvieron 77 de sus victorias en el 20 por ciento de los distritos más urbanos, los republicanos 73 en el 20 por ciento más rural. Buena parte de las ganancias que voltearon la Cámara ocurrieron en los suburbios, en los que alguna vez fueron un baluarte republicano y que hoy han complicado con su voto el resto del mandato de Trump.

“Todo se deshace; el centro no puede sostenerse”, esta línea de un poema de W. B. Yeats marcó los escritos de la periodista estadounidense Joan Didion durante los extremos de división de los años 60. A más de medio siglo, la cita vuelve a resonar con un presente escindido.

aguaexp2

La crisis del agua en Ciudad de México

Desde las 5:00 de este 31 de octubre, gran parte de Ciudad de México se ha quedado seca, por lo menos hasta el 3 de noviembre. A sus 36 años, el Sistema Cutzamala, responsable del 30 por ciento del abastecimiento de agua de la ciudad, requiere de reparaciones de tuberías, trabajos en la planta potabilizadora Los Berros y en las bombas. Según el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el corte afecta al 45 por ciento de la capital mexicana: 480 colonias, 13 de las 16 alcaldías, casi cuatro millones de habitantes.

Entre los pocos en sacar algún beneficio están las tlapalerías y ferreterías. Estos negocios no se dan abasto para surtir la urgencia ante cortes totales y parciales de 72 horas y la incógnita de otras tantas para restablecer el servicio.

Todo lo que pueda almacenar agua se vendió como pan caliente. En la tlapalería y ferretería “Las Nueces” de Azcapotzalco, ayer sólo quedaba un tinaco de 1,100 litros. Todo lo demás encontró dueño desde la semana pasada. En la Magdalena Contreras, a la tlapalería “La Lupita” no le quedaba “ni una cubeta”, excepto las de 20 litros de pintura si el comprador estaba dispuesto a lavarlas. En la Benito Juárez, la ferretería “Ray” se quedó desde el lunes sin botes de 60 y 30 litros. Lo único que había eran unos recipientes diminutos en un rincón. En el mercado de Medellín, en la colonia Roma, los tambos de agua de 100 litros que normalmente se venden a 300 pesos, ahora cuestan tres veces más.

Los capitalinos se preparan para una semana de escasez y racionamiento, pero más allá de superar los asuntos cotidianos sin agua, nos preguntamos: ¿Por qué se seca una ciudad construida sobre un lago?

  • Desperdicio, despilfarro y desparrame. La pérdida se mide en alrededor de 22 metros cúbicos por segundo, entre 35 por ciento y 40 por ciento del agua traída a alto costo y desde lejos que se queda en camino, en fugas que representan más agua de la que hoy tiene en crisis la ciudad. “De arreglar las fugas no se necesitaría el Sistema Cutzamala”, explicó en conferencia de prensa la semana pasada Manuel Perló Cohen, especialista en sistemas hídricos del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

 

  • Un ciclo nocivo de demanda creciente y agua finita. El caso del Sistema Lerma, responsable del 12 por ciento del agua para la CDMX, ilustra lo insostenible de la producción de agua urbana, según escribió Alejandro de Coss en Horizontal: “Una ciudad sedienta agotó las lagunas, sustento económico de miles de personas, y aceleró la creación de un corredor industrial en la zona. Este corredor, junto con la ciudad y los nuevos desarrollos inmobiliarios en Lerma, demandaron cada vez más agua, un recurso que, sin los espacios de recuperación que le daban los bosques y campos de la zona, seguirá volviéndose cada vez más escaso”. O como lo escribió un presidente: “Ya nos acabamos la cuenca del Lerma. Ya estamos más lejos. Esto no puede seguir así. Es una monstruosidad traer agua de lejos, subirla a este valle, para sacarla después”. El autor es José López-Portillo. Lo escribió en su diario, publicado hace 30 años.

 

  • Un consumo excesivo de agua. Los habitantes de la Ciudad de México consumen, en promedio, más agua al día que aquellos de Nueva York o París, y dejan muy atrás el promedio de otros países: 312 litros en promedio por habitante, cada día, respecto a 300 y 200 en las dos otras metrópolis, 130 en promedio en Alemania y tan bajo como 30 litros en promedio en el continente africano, según el estudio El ahorro eficiente del agua en viviendas de la Ciudad de México, de Nelly Mendiola Almaraz, de la UNAM. El problema se inscribe también en una dinámica nacional, una aceleración histórica en el uso de recursos. “En 1955, cada mexicano consumía alrededor de 40 litros al día; se calcula que en 2012 el consumo aumentó a 280 litros por persona al día”, según la asociación Agua.org.mx. 

 

  • Un problema agravado por el cambio climático. A mayor temperaturas y sequía, mayor evaporación, derivando en escasez de agua. A partir de ahí, según el New York Times, queda arruinarse o ver hundirse un poco más los cimientos de la CDMX. Una mayor demanda de agua “incrementa la presión de conseguir agua desde zonas de reserva distantes, a costos exorbitantes, o de drenar todavía más los acuíferos subterráneos y acelerar el colapso de la ciudad”.

 

  • Un derecho que refleja y acentúa la desigualdad. El agua es un derecho constitucional,  lo es el “acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho”. Pero de Cutzamala a los hogares se puede medir la desigualdad.La presión del agua de las tuberías está relacionada con el nivel de ingreso, y ambas cuestiones van a la baja entre más se aleje uno de Cutzamala”, explica The Guardian. “En las acaudaladas delegaciones del oeste de la ciudad, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, donde se ubica buena parte de los campos de golf de la ciudad, la presión del agua es de 14kg por centímetro cuadrado, suficiente para que funcionen los aspersores que riegan el pasto. Más cerca del centro de la ciudad (…) deben arreglárselas con un nivel de presión de menos de la mitad, y en ocasiones enfrentan escasez”. Hasta debajo de la escala: Iztapalapa, con una presión de “de 500g por centímetro cuadrado”, si es que el agua llega.

 

  • La historia sin fin. Ya en el siglo XVI el conquistador español Bernal Díaz del Castillo se asombraba de los estragos llevados a cabo desde la conquista en aquél lugar privilegiado para el agua: “Y diré que en aquella sazón era muy gran pueblo y que estaba poblada la mitad de las casas en tierra y la otra mitad en el agua, y ahora en esta sazón está todo seco y siembran donde solía ser laguna”. Lo resume desde 1915 Alfonso Reyes, en su Visión de Anáhuac: “Abarca la desecación del valle desde el año de 1449 hasta el año de 1900. Tres razas han trabajado en ella, y casi tres civilizaciones”.

 

Texcoco no

Retos y dudas después de la victoria de Santa Lucía

El domingo 28 de octubre concluyó la consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. El ejercicio convocado por Andrés Manuel López Obrador movilizó a 1 millón 67 mil ciudadanos que votaron mayoritariamente a favor de remodelar el actual aeropuerto, rehabilitar el aeropuerto de Toluca y construir dos pistas en la base aérea militar de Santa Lucía. Los porcentajes de votación fueron los siguientes: 29.08% votó por la opción de continuar la construcción del aeropuerto en Texcoco mientras que 69.95% votó a favor de la opción de Santa Lucía.

El presidente electo informó en rueda de prensa de que se suspenderían las obras y contratos en Texcoco y que de inmediato se pondría en marcha el plan de Santa Lucía.

Las reacciones al anuncio fueron divididas. Por un lado se celebraba que se acataran los resultados de la consulta ciudadana, por el otro, se alertaban de los riesgos económicos de la decisión.

Gustavo de Hoyos, presidente de la COPARMEX acusó de mentiroso a López Obrador en su cuenta de Twitter. De Hoyos mostró un video en el que el presidente electo —siendo candidato— declaró que estaría de acuerdo en que Texcoco pasara a ser una inversión 100% privada. Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial indicó que la decisión crearía un clima de incertidumbre para futuras inversiones.

A nivel local, el presidente de la COPARMEX en Hidalgo, Ricardo Rivera, consideró que la elección de Santa Lucía no ahuyentará a los inversionistas. Además, consideró que la decisión podría traer beneficios a la región. El director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Federico Patiño,  declaró que “los inversionistas deben estar tranquilos”.

En el caso de las inversiones realizadas por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), están garantizadas por la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) que se cobra a los usuarios del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, mismo que seguirá funcionando.


¿Qué hacer con la saturación aérea?

El documento del Foro Consultivo Científico y Tecnológico sugiere lo siguiente:

“El AIBJ [Aeropuerto Internacional Benito Juárez] se encuentra saturado ya que realiza más operaciones por hora que el límite establecido por la autoridad aeronáutica nacional. Se estima que a partir de 75% del uso de la capacidad máxima, el costo por operación se incrementa. El aeropuerto actual opera a más del 85% de su máxima capacidad. En 2017 recibió alrededor de 45 millones de pasajeros, lo que representa un incremento de 7.2% con respecto al año anterior. Debido a la densidad urbana de la zona, no cuenta con espacio para ampliarse”.

“Cualquiera de las dos opciones planteadas [Texcoco y Santa Lucía] requiere por lo menos cuatro años para entrar en operación, por lo que se necesitan soluciones a corto plazo. El gobierno electo ha decidido usar tecnología especializada y una optimización de las actividades en los aeropuertos como una posible alternativa”.

  1. Navegación Basada en Desempeño/Performance (PBN) y Toma de Decisiones Colaborativa en Aeropuertos (ACDM)

Se ha propuesto la implementación de dos sistemas que, al incluir procedimientos eficientes y tecnología moderna, permiten incrementar la capacidad instalada del aeropuerto actual. Uno es la Toma de Decisiones Colaborativa en Aeropuertos (ACDM, por sus siglas en inglés) y la otra es la Navegación Basada en Desempeño (PBN, por sus siglas en inglés). Estos sistemas consisten en un conjunto de nuevas tecnologías como la navegación avanzada vía satélite con equipo a bordo de las aeronaves y nuevos procedimientos de operación que ya se utilizan en gran parte de los aeropuertos en México, como por ejemplo Toluca, Cancún y Tijuana. Entre sus beneficios están:

Aumentan la capacidad de un aeropuerto entre 10% y 40%.

Reducen la distancia mínima necesaria entre aviones para una operación segura, así como los costos de operación y combustible.

Su implementación puede tomar año y medio y requiere de capacitación de personal, certificaciones y un equipo adecuado. Sin embargo, es difícil anticipar el grado de mejora que se podría tener en el AIBJ, ya que esto depende de las condiciones de cada lugar.

2. Sistema de Aeropuertos

La experiencia internacional sugiere que cuando existen aeropuertos saturados en grandes urbes, el uso de aquellos ubicados en los alrededores permite aliviar la saturación.

El aeropuerto más cercano a la Ciudad de México es el Aeropuerto Internacional de Toluca, a 53 km de distancia. Tiene una capacidad de cerca de 8 millones de pasajeros al año, pero en 2017 recibió solamente 789,081 pasajeros. Es decir, utilizó menos del 10% de su capacidad. Para atender la demanda aeroportuaria de la región podrían utilizarse las infraestructuras del aeropuerto de Toluca y de otros cercanos a la Ciudad de México (Puebla, Querétaro y Cuernavaca).

Esta perspectiva de sistema requiere habilitar o incrementar la infraestructura de los aeropuertos de una manera paulatina, conforme aumente la necesidad del servicio. El concepto implica algunos retos que tendrían que atenderse, como la altura a la que se encuentra el Aeropuerto de Toluca, que limita la capacidad de atender los aviones más grandes. Otro es la distancia a la Ciudad de México, que requeriría mejorar su conectividad terrestre.


La viabilidad de Santa Lucía

Grupo Multidisciplinario de Investigación en Infraestructura y Transporte Aéreo: “En el estudio, se puede observar que con las premisas planteadas y los resultados preliminares obtenidos de las simulaciones realizadas, el sistema aeroportuario MEX-NLU es factible hasta un horizonte de mediano plazo”.

  • NavBlue: “La conclusión del estudio revela que es técnicamente factible operar Santa Lucía aeropuerto como un aeropuerto internacional civil, en paralelo a mantener el actual aeropuerto de la Ciudad de México”.
  • Foro Consultivo: “Debido a que el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía se encuentra en un estado inicial de planeación y el de Texcoco ya está en construcción, existe una gran diferencia en la cantidad de información disponible para cada caso”.
  • Ricardo Arredondo Ortiz, investigador del Instituto Mexicano del Transporte: “El proyecto alternativo al NAICM requiere resolver el problema planteado por la consultora Mitre, relativa a la incompatibilidad de la navegación aérea del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y el Aeropuerto Internacional Santa Lucía (AISL), aunque existen indicios de que el tema se puede resolver mejorando la navegación basada en el desempeño de las aeronaves. De resolverse este problema de aeronavegación, se requerirá avanzar en el diseño conceptual del AISL, así como profundizar en los estudios de mecánica de suelos, hidráulica, ingeniería financiera, medio ambiente y conectividad, pues los datos presentados solo son suficientes para mostrar el potencial de esta solución, pero no permite estimar los costos constructivos ni de mantenimiento a mediano y largo plazo. También se requiere estimar la capacidad aeroportuaria conjunta, en el entendido de que la solución del AICM y AISL debería ser capaz de cubrir una demanda a largo plazo, superior a los 100 millones de pasajeros anuales, para el año 2060”.
aero

Guía rápida para entender la consulta sobre el nuevo aeropuerto de Ciudad de México

A partir de hoy y hasta el domingo 28 de octubre se llevará a cabo una consulta nacional para decidir el futuro del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Se trata de una consulta informal financiada por los legisladores del partido Morena y la Fundación Arturo Rosenblueth. El ejercicio se llevará a cabo en 1,073 mesas de votación repartidas en 538 municipios de todo el país. La pregunta impresa en las boletas es la siguiente:

“Dada la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México, ¿cuál opción plantea que sea mejor para el país?

— Reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía.

— Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”.

Hasta ahora se conoce que el control de votación será a través de una aplicación móvil que evitará la duplicación de votantes en el país. Sin embargo, se desconoce las especificidades técnicas y las directrices del manejo de datos personales de esta aplicación.

¿Qué dicen lo números?

La última encuesta realizada por Alejandro Moreno para El Financiero se llevó a cabo con dos clases de preguntas, una diseñada por el encuestador y otra con las que aparecen en la boleta de consulta. Los resultados fueron los siguientes:

Pregunta boleta.- 53% a favor de Santa Lucía; el 46% por Texcoco; y el 1% no contestó.

Pregunta encuestador.- 55% de las preferencias para Texcoco y el 37% por Santa Lucía.

La opinión publicada

El proceso de organización de la encuesta ha desatado críticas y una amplia discusión en redes sociales. Estos debates se pueden agrupar en las siguientes categorías:

Sobre la metodología de la consulta. En Twitter se puede consultar a Javier Aparicio y en la revista Nexos Sebastián Garrido ha hecho un análisis de los municipios elegidos para la consulta con el objetivo de entender el criterio de selección. Una de las conclusiones de Garrido es que no todos los municipios seleccionados se ajustan al criterio de los municipios urbanos más poblados.

 

Sobre la viabilidad técnica, jurídica y en materia de corrupción de los proyectos. En este apartado se puede encontrar información valiosa en distintos ámbitos. La organización PODER ha publicado un estudio de gran alcance en el que se analizan los contratos y la transparencia alrededor de las obras del nuevo aeropuerto.


Por su parte, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) ha generado desde hace algunos años un estudio sobre la necesidad del nuevo aeropuerto en Texcoco. El estudio llamado La Ciudad de México necesita un aeropuerto de clase mundial.

Por último, una de las campañas más visibles en las redes sociales ha sido la de #YoPrefieroElLago. Una de las peculiaridades de la campaña es que no se defiende la alternativa de Santa Lucía, sino que únicamente se rechaza la opción de Texcoco. El colectivo de #YoPrefieroElLago está integrado por pobladores de la región alrededor del aeropuerto, ambientalistas, activistas políticos, organizaciones no gubernamentales, académicos y artistas.

Sobre el racismo mexicano.

¿Por qué estamos discutiendo esto?

Desde el año 2000 se ha estudiado la posibilidad de construir un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. El argumento más socorrido es la falta de capacidad del aeropuerto actual para gestionar los viajes existentes y potenciales a la región centro del país. La primera vez en este siglo que nos enfrentamos a este dilema fue en el año 2001 cuando la disyuntiva era si construir el nuevo aeropuerto en Texcoco o en Tizayuca, Hidalgo. Después de decidir Texcoco, el gobierno federal y local se enfrentaron a los pobladores de la zona y se documentaron violaciones graves a los derechos humanos.

Después de su elección como presidente, Enrique Peña Nieto volvió a impulsar la idea de construir un aeropuerto. Se tomó la decisión de que fuese en Texcoco y que tuviese dimensiones de tal magnitud que convirtieran el aeropuerto no solo en una sustitución del actual, sino como un hub de conexión similar a Miami o Panamá. Se hizo un concurso internacional del proyecto que ganó la alianza de Fernando Romero con el arquitecto Norman Foster. En su momento el gobierno federal se comprometió a que el 20 de octubre de 2020 se inauguraría el nuevo aeropuerto en Texcoco. Sin embargo, las modificaciones al proyecto y los retrasos de la obra han puesto un horizonte en el 2024, cuando el sexenio de López Obrador esté por concluir.

Durante las elecciones intermedias de 2015, primeras en las que se presentó Morena para competir como partido político, Andrés Manuel López Obrador llamó a cancelar el nuevo aeropuerto. Desde entonces se propuso la alternativa de Santa Lucía que se puede leer en el libro Sistema Aeroportuario del Valle de México firmado por José María Riobóo y Sergio Rubén Samaniego y publicado por Miguel Ángel Porrúa en el año 2017. Durante la campaña electoral de 2018, la cancelación del aeropuerto fue un eje central del discurso del candidato de morena aunque su postura fue cambiando durante el periodo de campaña.

En torno a la consulta como método político se ha especulado sobre las razones detrás del ejercicio que se lleva a cabo estos días. Jesús Silva-Herzog Márquez argumenta que se trata de una maniobra para que el presidente electo se lave las manos ante las consecuencias del resultado de la encuesta. López Obrador, por su parte, ha dicho que se trata de revertir la forma autoritaria en cómo se toman las decisiones en el país y que se trata de un ejercicio auténtico para decidir en conjunto. Aunque ninguno de los actores involucrados ha anticipado las consecuencias políticas tras los resultados, se ha dicho que la consulta, aunque informal, será de carácter vinculante una vez que el gobierno electo asuma el poder.

queso-manchego

México y la Unión Europea: una cuestión de queso

Les prometo que hablaremos de queso. Pero para entender la controversia entre la Unión Europea y México en la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM) es necesario que hablemos de ganado lechero, razas de animales, clima y geografía; microbiología, derecho internacional, neoliberalismo, memoria, y sobre todo de derechos e instituciones. La prensa en España y México ha escrito sobre la falta de acuerdos en las negociaciones entre el bloque europeo y nuestro país por culpa del queso. En notas que parecen dictadas por los conglomerados que producen lácteos o escritas con nacionalismo encendido, se declara en ambos países que el otro debe rectificar. España alega que el origen es lo más importante, sin recordar que el nuestro lleva siendo menospreciado desde la llegada de Cortés, mientras tanto México argumenta que el uso popular de denominaciones crea nombres genéricos que no necesitan de un estado de derecho para mantenerse. Ambos argumentos son tan escuetos que no queda más que envolverse en la bandera nacional y defender la gastronomía como el último cuartel antes de perder todo ante la globalización.

El Oxford Companion to Cheese, un tomo enciclopédico que reúne todo lo relacionado al queso, define al queso manchego como aquel «producido en Toledo, Ciudad Real, Cuenca, y Albacete, en la región de La Mancha» en España. También establece que el queso «es de cuajada enzimática, prensado, sin cocción de la pasta, semiduro, añejado y hecho con leche cruda o pasteurizada de oveja de raza manchega». Basado en artículos publicados en revistas científicas, el autor nos indica que el queso que se «elabora con leche cruda debe de ser madurado por al menos 60 días, mientras que el que se hace con leche pasteurizada solo necesita ser madurado un mes». Finalmente, la enciclopedia habla de la marca que deja el entretejido de la pleita en la corteza, y que hace distintivo a este queso. Esta marca fue creada primero por los moldes de esparto y ahora es parte de los moldes de plástico usados por queserías de la región. Esta combinación de técnicas de producción, tipo de leche y procedencia es precisamente lo que la denominación de origen creada en 1984 protege. Parecería que con tantas especificaciones el queso manchego no debería sufrir plagios, no obstante, la verdad es que la controversia con México no es la primera que los productores de este queso han debido pelear. Ya en Europa se tuvo que prohibir a productores fuera de la región de La Mancha que usaran el nombre y se adoptó el uso de placas de caseína controladas por la denominación de origen para dar seguridad al consumidor. Sin embargo, aun en España existen productores que elaboran quesos del mismo estilo con leche de otros animales o mezclas, y los comercializan a placer. Es cierto que estos no llevan la placa de caseína, pero el mercado para queso imitación está en España tanto como en el extranjero.

El queso manchego que llega a México de España es de baja y mediana calidad. Igual se consigue en el autoservicio que en vinaterías, pero es más común verlo en menús de restaurantes de comida española. Es cierto que en México existe un queso de leche de oveja que algunos venden como estilo manchego, pero ese no es el queso que está en controversia, ya que su producción es poquísima.

En nuestro país el productor artesanal destacado de queso de oveja ha decidido apostar por el mercado que busca lo local y que reconoce la producción nacional. Productores con medallas internacionales como el Rancho San Josemaría o Casa de Piedra llaman a sus quesos simplemente por su maduración o les han dado nombres originales. Otros productores del Bajío como El Rebaño también siguen esta línea. Los productores que usan la denominación manchego o Idiazábal son tan pequeños que prohibirles el uso de estos nombres no arreglaría la controversia con la Unión Europea.

Lo que parece que tiene parada a la negociación es el queso estilo manchego, que en México empezó a producir Noche Buena —ahora Sigma Alimentos—, y que es un queso de leche pasteurizada de vaca que se describe en el libro Quesos Genuinos Mexicanos como un queso no artesanal ya que «requiere emplear leche pasteurizada, manejar cultivos lácticos, aditivos (cloruro de calcio y nitrato de potasio), cortar con liras el gel, prensar fuertemente la pasta homogénea y madurar el producto». Asimismo se describe a este queso como de «pasta semidura prensada» y madurado por no más de dos a cuatro semanas. Normalmente se vende prerrebanado en el autoservicio y su principal atractivo es que se derrite con facilidad. El queso tipo manchego es insípido, ya que la leche utilizada no conserva ningún sabor por la pasteurización. Los sabores que lo distinguen provienen de cultivo lácticos añadidos después de la pasteurización y que respondieron en su momento a la necesidad real de pasteurizar leche de bajo rendimiento.

Según me comenta el ingeniero mexicano David Morales Suet, el queso tipo manchego «se realizó por primera vez en la ciudad de Tulancingo en el estado de Hidalgo, en el año de 1970, de la mano del genial Ing. Guillermo Silva, de origen chileno, hoy nacionalizado mexicano y fundador de CEDELE. El Ing. Silva fue a México como representante de una empresa danesa que fabricaba fermentos lácticos liofilizados. Por petición de un empresario mexicano, él tuvo que aprender la receta del queso Manchego en España, la cual cambio para usar leche de vaca y crear este nuevo queso. En aquella época se confundía un poco el queso de los menonitas con este queso, pero finalmente por un tema comercial se decidió que se llamara tipo Manchego».

Entonces sucedió que el nombre se empezó a utilizar en México mucho antes de que se creara la denominación de origen en España. Lo que no quiere decir que el queso no existiera antes. Baltasar Mayo, investigador en el Instituto de Productos Lácteos de Asturias, nos recuerda que en el Don Quijote de la Mancha ya este queso era mencionado y que existen records desde 1878 en un libro llamado Explotación y Producción de Leches, Mantequillas y Quesos de Diferentes Clases escrito por Balanguer y Primo. Es esta memoria gastronómica a la que los productores en España hacen mención y son base para establecer el origen en La Mancha. Aunque es probable que la característica más importante del queso manchego no sea su procedencia sino su microbiología. En los años setenta investigadores españoles publicaron las características microbiológicas de la leche cruda con la que se elaboraba el queso antes de que la industrialización forzara a algunos productores a pasteurizar. En estos estudios, según Baltasar Mayo, se identificaron cuatro bacterias de ácido láctico (Lactococcus lactis, Lactobacillus plantarum, Leuconostoc spp., Enterococcus spp.) preponderantes en la producción y maduración de este queso. Es muy probable que esos estudios alentaron al ingeniero Silva a entender el proceso de elaboración, ya que se utilizaban cultivos lácticos para mejorar leche pasteurizada, que era también la norma que se prefería en México para quesos comerciales.

En México ya había existido un queso ligado a esta región de España. Con la Conquista llegaron no solo los animales lecheros necesarios para la elaboración de quesos, sino también las técnicas y el lenguaje para describirlos. En mi libro Quesos Mexicanos incluí información encontrada en el libro Virreyes y Virreinas golosos de la Nueva España, ahí se documenta que «en 1585, Diego Montemayor adquiere propiedades en Monterrey, donde se crían ovejas por su leche para hacer quesos. Posteriormente, este mismo libro informa que en la hacienda Castil Blanco, ahora Ixtacamaxtitlán, en el estado de Puebla, se producía por ahí desde el decimonoveno virreinato de la Nueva España, queso ‘estilo de La Mancha,’ cajetas y chongos».

Nuevo León y Puebla no se parecen nada a La Mancha. La región española es árida, de ahí su nombre en árabe «Al Mansha» (‘Tierra Seca’), por lo que se prefieren animales como las ovejas y cabras que se alimentan principalmente de arbustos y pastos bajos, y no necesitan de mucha agua. Estos rumiantes al ser más pequeños que una vaca o un búfalo de agua necesitan menos energía para sobrevivir en condiciones climáticas extremas; pero producen leche de alto rendimiento calórico, benéfico para sus crías y base de quesos grasos. Los animales que se siguen alimentando de pastos bajos son importantes en contenido calórico en la agroecología para producir alimentos ricos en proteínas para consumo humano. Pero este punto, por desgracia, no es en el que se enfocan nuestras negociaciones comerciales.

El queso manchego es el más conocido y consumido en España, y el tipo manchego es uno de los más consumidos en el nuestro. Entonces, la pregunta es comercial no histórica; después de todo ya nos dimos cuenta de que la historia no está tan clara y que, como tantas cosas entre nuestros dos países, es fruto de siglos de historia compartida. La respuesta tampoco es microbiológica o aun ecológica, ya que el debate no se centra en el intercambio que ayude a ambos países a disminuir su huella de carbono o a entender mejor lo que se conoce como terruño, o terroir para los de sensibilidades extranjeras.

Estos tratados se discuten bajo los parámetros del derecho internacional. Los tratados comerciales forman parte de un andamiaje mundial creado bajo parámetros del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y ahora de la Organización Mundial del Comercio. Y estos tratados son neoliberales, pues buscan la apertura comercial, la liberación de la economía y la reducción del rol del Estado. Tienen como parte importante el reconocimiento de la propiedad intelectual e industrial, que es transferible y finita. En México la aplicación de leyes neoliberales ha limitado la creación de denominaciones de origen a unos cuantos productos y hasta ahora no ha reconocido los derechos en colectividad de queseros nacionales. En algún momento existió la intención de crear una DO para el queso cotija, pero el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la negó y únicamente creo una marca colectiva para el Queso Cotija de la Región de Origen. En ese momento el IMPI alegó que este queso ya era genérico y que los queseros de la Sierra Jalmich no podrían restringir el uso de esa denominación a la industria lechera en el resto del país. Sí, esa misma industria lechera que ahora demanda protección de sus derechos en contra del productor de La Mancha.

Después de la fallida petición de los productores de queso cotija, vino la del queso bola de Ocosingo, la del queso doble crema de Chiapas y las del queso de poro de Balancán. Todos estos quesos fueron eventualmente protegidos con marcas colectivas que a la fecha no aseguran que no se produzcan en regiones fuera de los límites establecidos o por queseros que no están agremiados bajo la marca colectiva correspondiente. La rapiña de las marcas colectivas en México ha hecho que productores de quesos y otros alimentos protegidos no vean el beneficio prometido por las instituciones. En México el consumidor no tiene certeza de que lo que bebe o come sea del origen que promete, porque no hay legalidad, ni tampoco existe un sistema de derecho que asegure a productores y consumidores que sus derechos serán protegidos del campo a la mesa.

Pero no solo es el queso en México el que sufre la falta de protección por parte de nuestras instituciones. La falta de protección a la propiedad intelectual afecta igual a Microsoft que a Maluma. Entonces digo yo, protejamos la denominación de origen del queso manchego, pero asegurémonos de que en el proceso fortalezcamos nuestras instituciones, para salvaguardar nuestros derechos. Porque cuando eliminemos los discos pirata también estaremos defendiendo los derechos del productor de queso cotija.


Descargo de responsabilidad: soy de profesión vendedor de quesos, pero también lo hago en casa y doy asesorías para mejoramiento de procesos y promoción. Además, soy candidato a doctor en política y he trabajado en derecho internacional y diplomacia tanto en las Naciones Unidas como para el gobierno de México. Ahora abogo por los derechos del consumidor para tener acceso a quesos elaborados con leche cruda. La organización que dirijo en EUA recibe dinero de algunos consorcios europeos que promueven denominaciones de origen queseras, pero no de la que protege al queso manchego. Mi opinión aquí es a título personal y no la de mi compañía que se dedica a la venta de queso artesanal mexicano. Si es cierto que tengo un beneficio por la decisión final de la controversia, esta no está ligada directamente a la venta de queso manchego producido en España o de queso tipo manchego hecho en México.

Nuestra catástrofe presente

El derrumbe del socialismo real —marcado por la caída del muro de Berlín— apareció como la victoria del neoliberalismo como proyecto único de transformación universal. El neoliberalismo fue más que una respuesta económica a la crisis de la década de 1970 o una reestructuración del Estado: implicó la reconfiguración de lo político, de las formas de organización, representación y reproducción de la vida en sociedad.

Durante los cuarenta años de neoliberalismo no solo se afectaron los ámbitos estrictos de la reproducción del capital, sino también, y de manera relevante, a las formas de su propia oposición. La transformación universal del neoliberalismo trastocó la estructura de la izquierda tal como se había configurado desde mediados del siglo XIX, mutando tanto sus expresiones contingentes como el horizonte político en el que estaban inscritas.

En el caso mexicano, desde la década de 1960 el régimen autoritario había desplegado una estrategia contrainsurgente de carácter general que aniquiló, contuvo o mediatizó a la izquierda mexicana (en sus distintas expresiones: popular, armada o electoral).[I] La narrativa construida por el Estado fue que la revolución no sólo era imposible, sino suicida. El programa neoliberal se impuso desplazando no ya la posibilidad de la revolución socialista, sino desalojando la idea misma. Esta articulación entre el autoritarismo y el neoliberalismo moldeó un nuevo horizonte político de izquierda, no nada más en el cambio de la significación política, también en sus prácticas. En este nuevo horizonte fueron inscritas expresiones de izquierda que llamamos neoliberales.

En lo que sigue proponemos tres elementos que consideramos centrales en la transformación neoliberal de la izquierda, y que podrían guiar discusiones y reflexiones más amplias: una historicidad presentista, un objeto político fragmentado y la victimización de los sujetos políticos.


El presentismo

El presentismo, como la historicidad neoliberal, instala la no-necesidad de una narrativa ni individual ni colectiva. El presentismo anula la posibilidad de la experiencia del pasado. Hace imposible transformar la percepción de lo acontecido (sus eventos) en una experiencia con significado, articulada en una narrativa que funcione como guía u orientación en el presente. Asimismo hace imposible que las vivencias del tiempo construyan un programa que sea condición de posibilidad de futuro, que lo dote de un destino deliberado. El presentismo no anula el futuro, sino que lo anuncia solo como catástrofe.

En el presentismo lo acontecido solo puede ser consumido como mercancía. El pasado de las luchas de izquierda queda circunscrito a esa nostalgia actualizada como moda, impotente políticamente. Las fuerzas de izquierda son incapaces de convocar formas de articulación política que integren de manera crítica al pasado, que encadenen las luchas precedentes, triunfantes o derrotadas, en una narrativa que haga pensable la transformación social. El futuro, por su parte, aparece como una amenaza, como el lugar de la conjunción de todos los miedos sociales, en vez de la confluencia de las esperanzas.[II]

Bajo esta historicidad neoliberal, el presente aparece no como el lugar de articulación entre los procesos pretéritos y las ambiciones futuras, y más bien como el destino inevitable del pasado y en el último refugio frente a la catástrofe por venir.

En consecuencia, el horizonte de los proyectos de izquierda es el de la emergencia que exige únicamente la respuesta inmediata. Desprovista de la reforma, ahora instrumento de la derecha, o de la revolución, ideológicamente imposible, los movimientos políticos tienen como único horizonte el momento y la reacción a este. Con la dinámica de las nuevas redes sociales, la instantaneidad de la movilización replica la rapidez de la transmisión virtual de la información, pero, al mismo tiempo, reproduce la obsolescencia de los temas de discusión. Los movimientos sociales en los últimos años han ido incrementando su viralidad, pero han reducido sus capacidades organizativas y su posibilidad de permanencia en el espacio público.

El instante político y sus modos de manifestación tienen como correlato la particularidad del reclamo y, en consecuencia, la imposibilidad de transformarse en demanda universal que trascienda el instante. Este vacío de futuro se vincula con una consecuencia programática: la fragmentación de los horizontes de transformación por parte de la izquierda.


La gobernanza

El despliegue neoliberal no significó el desplazamiento de lo político ni de lo estatal, sino su mutación. El horizonte político de la izquierda no fue extinguido, en todo caso, reconfigurado; las formas en que se había expresado la izquierda socialista, ya como movimiento, ya como partido, perdieron pertinencia debido a su referencia estatal.

No hay que pasar por alto que, al menos para el caso latinoamericano, con la emergencia de los autoritarismos y las dictaduras a mediados de las décadas de 1960 y 1970, se desarrolló una crítica hacia los regímenes autoritarios que acompañó las luchas por la democracia. Sin embargo, una vez alcanzadas las transiciones muy pronto se pasó de la crítica al Estado hacia una crítica de la política estatista, es decir, al cuestionamiento y la desconfianza hacia aquel horizonte de izquierda en cuyo programa se consideraba la conquista del poder como un paso a la emancipación. Esta crítica a lo estatista, particularmente elaborada en sectores que comenzaron a configurar el ámbito de la «sociedad civil», se articuló con la reconfiguración neoliberal del Estado.

La aparición de agencias no gubernamentales, que fue entendida como un resultado del debilitamiento del Estado y el abandono de las tareas que había asumido durante el periodo de «bienestar», fueron formas del nuevo régimen neoliberal. Si el Estado neoliberal aparecía como un gobierno sin Estado, las nuevas formas de participación de la sociedad civil aparecieron como un activismo sin política, en el cual organizaciones privadas eran las encargadas de tareas públicas. Las formas no gubernamentales, tal como se expresan en las ONG, y el uso privado de lo político se convirtieron muy pronto en el paradigma de organización no estatal y de una nueva izquierda. [III]

Como resultado de esta privatización de lo político, el horizonte programático de la izquierda se fragmentó. A diferencia de las disputas y fracturas ideológicas de las décadas anteriores, que encontraban una nueva síntesis en el horizonte de la revolución, la fragmentación neoliberal de izquierda no encuentra o está impedida de una síntesis programática, pues su horizonte político sólo tiene solución de continuidad en lo particular. El objeto de la política perdió toda coherencia, pulverizado en una multiplicidad de demandas enarboladas por organizaciones privadas ultraespecializadas con baja capacidad de articulación entre ellas y prácticamente nula vinculación con los sectores populares.

En la forma «partido socialista» y en la forma «movimiento tradicional» los actores tenían estructuras organizativas que vinculaban la representación, la movilización y las demandas mediante mecanismos —directos o indirectos— de elección de liderazgos y creación de estrategias. En el nuevo consenso de política neoliberal, la dislocación aparece en tres partes. En primer lugar, los partidos de izquierda funcionan solo en las coyunturas electorales. Las bases históricas de los partidos de izquierda se encuentran desligadas de los procesos de toma de decisiones y definición programática; han sido reemplazadas, en cambio, por clientelas. Aislados en el acceso al poder, los partidos aparecen como entidades privadas especializadas en las contiendas electorales, mientras que la política es hecha de manera continua por técnicos a pesar de la alternancia gubernamental.

En segundo lugar, en los sectores populares organizados esta fragmentación aparece como una separación entre la movilización y la negociación política, en tanto que no existen redes organizativas que las integren. Los movimientos sociales en los últimos años aparecen en la esfera pública sin demandas específicas o, si las tienen, sin estructuras de representación que permitan la interlocución política, vertical u horizontal. Esta incapacidad organizativa se vincula con la adopción de un rabioso discurso antirrepresentativo, con un rechazo absoluto al acceso al poder.

Finalmente, las organizaciones de la sociedad civil, fundamentalmente ONG sin base popular, llevan a cabo negociaciones políticas —incidencia por fuera de los actores que pretenden representar. Estas organizaciones se presentan como el lazo de vinculación entre los movimientos y los partidos, desmarcándose, empero, tanto de los sectores movilizados como de los políticos, desligándose así de la responsabilidad sobre las políticas promovidas mediante su incidencia.[IV] Esta dislocación crea, en otras palabras, una movilización sin cabeza y una cabeza sin movilización.

En esta nueva forma de relacionarse con lo estatal y lo político, perdió sentido preguntarse y preguntar por las cualidades del mejor régimen, por las formas de alcanzarlo y conservarlo. La pregunta por el régimen fue sustituida por la «gobernanza», que no es otra cosa que la administración económica de la vida política por técnicos expertos, desde el Estado neoliberal o desde las nuevas organizaciones no gubernamentales. Un gobierno eficiente, transparente y abierto aparece como la nueva demanda de la sociedad civil sin preguntarse nunca un gobierno para qué o para quiénes.[V]


La víctima

El sujeto político también fue dislocado en sus funciones. En la experiencia del horizonte socialista el sujeto aparecía en primera instancia como agraviado (desposeído de sus medios de producción, conquistado por la violencia colonizadora, suprimido por la violencia patriarcal), pero era un sujeto que potencialmente podía hacer frente a su propio agravio (en la lucha de clases, en la lucha anticolonial o feminista) transformándose en un sujeto político. Esta transición requiere la apertura de una distancia con el agravio: de en sí, para sí, de particular a universal. Bajo el horizonte neoliberal esa transformación del sujeto se ve impedida, quedando atado al agravio. Esta imposibilidad implica que el sujeto político solo puede aparecer bajo la forma de la víctima.

La víctima es el protagonista de las irrupciones populares de los últimos años. No obstante, una vez que esta se transforma en algo más que ella, que intenta hacer frente a su propio agravio o que generaliza la desgracia en un nivel sistémico, es desechada y olvidada. La movilización, pues, mira solamente a la expresión del agravio y a su denuncia, pero no más a su transformación por el propio sujeto.

No todos los sectores movilizados son víctimas, pero la victimización aparece como el núcleo de la protesta. Los espectadores se reconocen en este nuevo actor político, pero no por un proceso de representación sino por la autoidentificación como potenciales víctimas, de modo que nada más pueden representar empatía acompañando el proceso de movilización de manera completamente acrítica. La articulación espectáculo-victimización aparece como un binomio inseparable de la política de izquierda moderna: todos los espectadores son potenciales víctimas y todas las víctimas son espectadores.

La única arma discursiva de este actor político neoliberal es, en consecuencia, el testimonio. Para la izquierda socialista, el programa, como descripción del futuro, era el artefacto que permitía la aglomeración de distintos sectores que preveían su emancipación. En contraste, en el testimonio el sujeto enuncia su agravio en un pasado que lo atraviesa irremediablemente y en un presente que no le pertenece como espacio de decisión y acción, sino de forma exclusiva como escenario en el que tiene que representar una y otra vez su posición como víctima.

La víctima es entonces, a diferencia del oprimido o del pueblo, un sujeto que es obligado a ser espectador de su propio destino y al que nunca se le otorga la capacidad de transformación consciente y colectiva de la realidad. La víctima nunca pasa de ser un actor en la representación de su desgracia a un agente en la producción de su historia.

El evento central de la izquierda en la forma partido o movimiento era la revolución o la reforma, en torno a los cuales se articulaban el sujeto, la forma discursiva del programa y la temporalidad hacia el futuro. Las revoluciones o las reformas eran los acontecimientos de transformación continua de la realidad, sucesos que alteraban el flujo de tiempo y que, sin embargo, se repetían sin cesar.

El tiempo de la víctima, como el de la izquierda neoliberal, es por esto, el de la catástrofe. Un fenómeno en el cual la destrucción sólo puede ser observada. La víctima mira hacia atrás, las ruinas del pasado, percibiendo sin experimentar ni la fuente de la destrucción ni su posible transformación. En este sueño repetido, en el testimonio perpetuado de la desgracia, el pasado inmediato y el futuro se confunden en una reiteración infinita del presente.[VI]


Nuestra catástrofe se encuentra, una vez más, a la vuelta de la esquina. Esta vez tiene la forma de la ruptura del pacto neoliberal, amenazado por la ultraderecha nacional-fascista. El establishment político, para combatirlo, ha cambiado a nuevos rostros, provenientes de los sectores privados, económicos, corporativos, y sociales: las ONG. En esta fase fresca del neoliberalismo, los gobiernos de Trudeau y Macron aparecen como el ejemplo de gobiernos eficientes y transparentes, cumpliendo los compromisos del consenso neoliberal a derecha y a izquierda. Este modelo de representación, caracterizado por su apertura, no requiere la presencia de los sectores populares que pretende representar. De los candidatos a la Asamblea de La République En Marche de Macron, más de la mitad provienen de la sociedad civil, no obstante, solo 8.5% provienen de clases populares, 23% de clases medias y el resto, 68.6%, de clases altas.[VII]

Este proceso, la conformación de una tecnocracia social del consenso neoliberal, aparece como la única respuesta posible a la derecha. La izquierda se construye de nuevo en urgencia y, en ella, hace frente común con sectores conservadores de los cuales, en otro contexto, no sería aliada —o al menos intenta convencerse de ello—. Por esta cara en blanco de lo contingente, se nos dice, debemos comprometer ideología, ser pragmáticos y no dogmáticos, representar una vez más el teatro de nuestra desgracia o ser espectadores de la de otros.

A menos que pensemos desde ya otras formas de la política, las alternativas al espectáculo del martirio y a la administración de la desgracia, estamos destinados a repetir nuestro presente de forma indefinida: aunque cada vez parezca menos tragedia y más farsa.


[I] Si tomamos por fecha de implementación formal el mes de noviembre de 1982, cuando se da a conocer la carta de intención entregada al FMI en la que se anunciaron los cambios en la política económica, y septiembre de 1965, como inicio de la contrainsurgencia mexicana, después del intento del Grupo Popular Guerrillero de tomar por asalto el cuartel militar de ciudad Madera, en Chihuahua.

[II] «Nos encontramos en un momento en que el presente es aquel al que se invierte la carga principal. […] El futuro ya no contiene todos los deseos […] En cuanto al pasado, nos damos cuenta que no es muy presentable». F. Hartog y F. Euvé. (2017). «La réforme au gré de l’Histoire». Études, (1): 64.

[III] Ver la dialéctica entre el derrumbe del Estado de bienestar y la aparición de la sociedad civil en A. Leal Martínez «El despertar de la sociedad civil». Disponible en https://horizontalnew.xtunn6-liquidwebsites.com/el-despertar-de-la-sociedad-civil-sismo-del-85-y-neoliberalismo/

[IV] «En el análisis final, las organizaciones humanitarias sólo pueden asir la vida humana en la figura de la vida desnuda o sagrada y, en consecuencia y a pesar de sí mismo, mantienen una solidaridad secreta con los mismos poderes a los que deberían enfrentarse».  G. Agamben. (1998). Homo sacer: Sovereign power and bare life. Stanford University Press.

[V] Después del terremoto de 2010, Haití se transformó en el país con más ONG per cápita en el mundo. Debido a las acusaciones de corrupción hacia el gobierno haitiano, este fue marignalizado de los esfuerzos de reconstrucción, de modo que la mayor parte de los recursos de Estados nacionales y organismos internacionales se canalizaron a través de dichas agencias. Este desbalance implicó que, por una parte, los mejores cuadros de la administración pública fueran absorbidos a las organizaciones con financiamiento internacional. Por la otra, a pesar de que más de 70% de sus recursos provenían de instituciones públicas internacionales, las ONG no rendían ninguna cuenta sobre sus manejos. La Cruz Roja, quien recibió alrededor de 500 millones de dólares en donaciones, solo envió a la isla alrededor de 40% de los recursos. De ellos, no probó su destino: con solo quince empleados en la isla construyó seis casas como parte de un programa de dotación de vivienda para 130 mil afectados. PIB, «Haiti: A Republic of NGOs?». Disponible en https://www.usip.org/sites/default/files/PB%2023%20Haiti%20a%20Republic%20of%20NGOs.pdf; NACLA, «NGOs and the Business of Poverty in Haiti». Disponible en https://nacla.org/news/ngos-and-business-poverty-haiti; NPR, «In Search Of The Red Cross’ $500 Million». Disponible en http://www.npr.org/2015/06/03/411524156/in-search-of-the-red-cross-500-million-in-haiti-relief

[VI] «El apocalipsis sólo llega una vez […] la catástrofe, en contraparte, se repite». Hartog, F., Mongin, O. y J. L.  Schlegel. (2017). «Comment rouvrir les futurs?». Esprit, (1): 50.

[VII] Richard Werly, «Pour Macron, des candidat très elitistes», Le Temps, 9 de junio de 2017. Disponible en https://www.letemps.ch/monde/2017/06/09/macron-candidats-tres-elitistes

Bush US Canada Mexico

TLCAN y los peligros de una mala renegociación

En unos días se dará inicio a la primera ronda de pláticas con las que arranca el proceso formal de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Estados Unidos ya ha dado a conocer sus objetivos rumbo a las negociaciones por conducto de la oficina de su representante comercial, el embajador Lighthizer. La mayor parte de los expertos en comercio internacional y negociaciones comerciales de los tres países concluyen que la administración Trump persigue objetivos ambiguos, en algunos casos contradictorios entre sí, y de conseguirlos el efecto sería un comercio menos libre en la región, pues Estados Unidos tendría mayor capacidad de implementar medidas discrecionales proteccionistas a los bienes de México y Canadá.

Son muchos puntos los que resultan preocupantes dentro de los objetivos que se presentaron, por ejemplo: la desaparición del Capítulo 19 del tratado eliminaría los mecanismos de resolución de controversias entre los tres países. Los paneles de expertos que deciden sobre si México, Canadá o Estados Unidos incurren en prácticas desleales al comercio y, si lo hacen, qué sanciones son pertinentes. Ejemplos de algunos casos que se han resuelto mediante este mecanismo son las disputas sobre el cemento mexicano, la madera canadiense o los productos de acero mexicanos. Estados Unidos no encuentra agradable el mecanismo porque limita su capacidad para tomar medidas retaliatorias de forma unilateral. Del lado canadiense y del mexicano el principal cambio que se busca al capítulo no es desaparecerlo, sino hacer más expedita la resolución de los paneles, un panel puede tomar entre doce y dieciocho meses para decidir en un caso, cuando el proceso podría reducirse a entre uno y tres meses. Otro punto que genera nerviosismo es la demanda de reglas asimétricas para la protección de inversiones para empresas de Estados Unidos. Esta demanda tiene como propósito que las empresas de aquel país puedan acudir a un sistema de arbitraje internacional en sus disputas en México y en Canadá, al mismo tiempo que las firmas de México y Canadá deben sujetarse a la ley de Estados Unidos, sin posibilidad de arbitraje internacional. Un último aspecto alarmante es la intención de eliminar la exclusión de productos mexicanos y canadienses de la aplicación de salvaguardas que Estados Unidos otorga a otros países fuera del TLCAN.

Estos son quizá los puntos más escandalosos entre los objetivos que Estados Unidos presentó. Sin embargo, a estos se suman otras preocupaciones, como su interés en la regulación de empresas estatales o de participación estatal, la integración conforme a sus intereses del sector energético de Norteamérica o el aparente deseo de retomar partes del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) con los costos que este implica. En general, la contradicción que existe entre querer disminuir los déficits comerciales bilaterales y mantener un comercio libre en la región es un tema que no se puede pasar por alto. Sin necesidad de abundar a profundidad en todos estos temas es evidente que todos ellos son asuntos de gran sensibilidad para México.

Estos temas nos dan un excelente contexto para situar tanto en su nivel de dificultad y el tiempo que puede tomar la renegociación. El consenso entre expertos es que es virtualmente imposible que un acuerdo con tales objetivos se pudiera terminar en diciembre de 2017, como los gobiernos de Estados Unidos y México desean. La única forma de que esa fecha fuera posible es que México y Canadá capitularan en cada punto y aceptaran las condiciones leoninas que busca la administración Trump. Si bien la posición de México aún no es clara y parece un intento de evitar el conflicto, el lado canadiense de la negociación sí ha tenido definiciones sobre los objetivos de Estados Unidos y todo parece indicar que opondrá resistencia y, por ende, alentará la renegociación. El promedio de una negociación comercial es de cuarenta y seis meses, la única ocasión en que un tratado con Estados Unidos tuvo una negociación menor a los seis meses fue el tratado con Jordania del año 2000.

Por lo anterior, México debe estar preparado para una negociación larga y llena de incertidumbre, aunque no se ven señales de que lo esté, y deberá enfrentar una negociación en la que los criterios políticos pesan más que los técnicos. Si fuera una negociación normal y los criterios técnicos importaran, no existiría el objetivo de disminuir los déficits bilaterales; esta idea carece de sentido en la economía moderna, y más bien representa una noción mercantilista del comercio. En el comercio internacional moderno importan poco los flujos de mercancías e importa más el valor agregado que se comercia. Por ejemplo, si solo tomamos el comercio en valor agregado entre México y Estados Unidos de acuerdo con el proyecto TIVA de la OCDE, el déficit comercial que Estados Unidos tiene con México es mucho menor, pasa de sesenta y cuatro mil millones de dólares, medido de forma convencional, a ser apenas de unos veinticinco mil millones de dólares si se mide por su valor agregado mexicano. Esta es en sí misma una muestra de que la negociación tiene un sentido más político que económico.

Si la negociación ha de obedecer a criterios políticos, entonces el gobierno mexicano debe considerar que la negociación va a ser más complicada. De darse un impasse entre los tres países existe una posibilidad real de que Estados Unidos denuncie el acuerdo y se salga, de modo que Trump pueda obtener una victoria política frente a sus bases electorales. Evitar un impasse y a la vez no ceder demasiado será un acto de equilibrismo para los gobiernos de México y Canadá.

No obstante, también es importante considerar qué quiere México del TLCAN, ¿cómo se mejora el acuerdo? ¿Qué desea obtener México de estas negociaciones? Si todo lo que deseamos es que el acuerdo siga vivo, entonces es probable que terminemos con un TLCAN que funcione menos bien, con un comercio menos libre, con reglas más discrecionales. Así como los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos han dado a conocer ya qué esperan de la negociación, el gobierno mexicano debería hacer lo propio. Tener una serie de objetivos y exigencias para sus contrapartes sería la forma más fácil y trasparente para poder evaluar si las negociaciones van o no por buen camino, si son un éxito, un fracaso y cuál es el saldo de ellas.

Las negociaciones comerciales son estratégicas, presuponen que el país siempre busca lograr la mayor apertura posible de su contraparte a la vez que otorga la menor apertura posible a esta. Estados Unidos ha planteado una agenda evidentemente proteccionista y con el deseo de extraer grandes concesiones del lado mexicano, por ello es de vital importancia que se cuente con una ruta muy clara de lo que se desea lograr y cómo se desea lograrlo. El principal reto es la posición de negociación debilitada que tiene el gobierno mexicano, y parece que en su misma prisa por aislar el proceso electoral del año próximo de la renegociación del TLCAN y terminarla rápido, está haciendo de una situación de por sí débil, una muy precaria.

Una forma de fortalecer la postura mexicana frente a la renegociación es involucrar a más sectores del país en su discusión, hacer una evaluación de quiénes han ganado y quiénes han perdido con el acuerdo. Por ejemplo, más allá del famoso cuarto de al lado constituido por grandes cámaras empresariales que acompañan el proceso de negociación, sería prudente abrir las consultas sobre el TLCAN a la academia, a los pequeños productores que no participan del acuerdo pero desearían hacerlo, a los habitantes que han sido completamente olvidados los últimos veintitrés años en el sur del país y a quienes el Estado les falló en su intento de integrarlos con el resto de la nación y a la economía global. Permitir que otros órganos del Estado como lo es el Senado de la República, que cuenta con facultades en temas de relaciones exteriores, participe de forma libre de la discusión le daría fuerza a la posición negociadora del país. Lo anterior haría ver a las contrapartes de la negociación que un arreglo aceptable por todos deberá ser benéfico, que existen posiciones políticas domésticas que deben ser satisfechas y que no todo el beneficio sea capturado por una parte.

Una idea muy inteligente para ganar poder de negociación y además de avanzar los intereses nacionales sería la de presionar para que exista la libre movilidad laboral en la región. De la misma forma que el otro factor de la producción se puede mover con libertad, el trabajo debería poder moverse libremente. De acuerdo con investigaciones de Michael Clemens del Center for Global Development, la libre movilidad laboral entre México y Estados Unidos produciría fuertes ganancias de crecimiento para las dos economías y una mejora importante en la calidad de vida de millones de personas. En este mismo aspecto radica, quizá, una de las pocas cosas positivas de retomar parte del TPP, la inclusión de un capítulo laboral al TLCAN que genere presión al gobierno mexicano para hacer cumplir su propia legislación laboral y los acuerdos de la OIT.

Otra idea muy inteligente es la que plantea la doctora Luz María de la Mora de exigirle al gobierno de Estados Unidos que, como parte de la renegociación, regrese al Acuerdo de París, ya que la salida de Estados Unidos del acuerdo ambiental puede interpretarse como un dumping ambiental, puesto que las empresas mexicanas y canadienses que sí están en el acuerdo enfrentan costos más altos, y las de Estados Unidos, habiendo salido del acuerdo, estarían incurriendo en una especie de competencia desleal con sus contrapartes.

Si bien estas exigencias no necesariamente se verían reflejadas en su totalidad en la realidad, al menos servirían para ejercer presión en la negociación y al mismo tiempo serían una defensa de los intereses nacionales y una verdadera modernización del acuerdo. La renegociación representa peligros para muchos sectores del país, en especial el del campo, el textil y la seguridad energética por nuestra dependencia del gas y la gasolina de Estados Unidos. Cuando la renegociación dé inicio es necesario que México considere estas cuestiones y que llegue lo más fortalecido posible, de lo contrario, solo con optimismo no se van a producir los resultados que queremos.

 

 

 

 

 

 

 

montajemonum_rojo

No, aquí no nos tocó vivir

A veces me parecen muy tiernos los gringos. Son los únicos habitantes del planeta que miden el éxito de sus eventos deportivos en kilos de guacamole consumidos o en cuántas veces se jaló de la cadena al medio tiempo. Son el país del mantel cuadriculado para el picnic en los días de sol; las bodas que se ensayan un día antes; el lugar donde todavía se venden miles de tarjetas para decir Thank you. Son —¡mi vida! — el país que creía que se acababa después de elegir a Donald Trump como presidente.

El mundo postapocalíptico en el que ahora vivo se parece demasiado al otro. Aquí en Nueva York el metro todavía funciona y la basura se recoge; hay tanta gente viviendo en la calle como antes de noviembre. No ha habido saqueos ni motines. Ha habido más protestas, eso sí, marchas en varias ciudades. Cómo olvidar la cartulina más radical, la más virulenta: la niña que garabateó con un puñado de colores. Otra pancarta popular en Nueva York dejaba claro lo que estaba en juego: ‘Protestar es el nuevo brunch’, decía, y por un sábado, Instagram se llenó de fotos de valientes demócratas en vez de mimosas.

Los gringos ven con apremio a Trump. Las señales del desmoronamiento venidero están en todos lados. El presidente mira mucha televisión; no entiende las metáforas. Un canal de noticias parece emisora de Estado, soldado del partido en el gobierno. Los números de Trump son de escándalo, inauditos: nunca un presidente había tenido una aprobación popular tan baja. Solo 40% de los estadounidenses lo respalda.

Y entonces, en algún rincón del otro mundo, Enrique Peña Nieto ve esas cifras y suspira de envidia.

Una encuesta del periódico Reforma, publicada a inicios de año, ponía en números un estado anímico: únicamente 12% de los mexicanos aprueba el trabajo de su presidente. Uno piensa que quizá no puede caerse más bajo y entonces llega el New York Times y nos desnuda ante el mundo con una metáfora en primera plana: la Ciudad de México, ahí donde está el Palacio Nacional, se está hundiendo.

Los mexicanos ya lo sabíamos. Lo presumíamos como parte del folclor decadentista ante las visitas. Esos edificios chuecos son una curiosidad, no pasa nada; ha habido operativos más publicitados para quitar los chicles de la banqueta que para resolver un hundimiento que lleva siglos. Es como el fin del Sistema Solar: está comprobado científicamente, será una catástrofe de grandes dimensiones, pero el proceso es tan discreto, tan comedido, que queda ignorado en un país que utiliza amplificadores con reguetón a todo volumen para llamar la atención de los compradores de coches distraídos.

La mirada extranjera suele revelar las cosas que, supuestamente, deberían sernos intolerables. Esas visiones son siempre ideológicas. A veces es el FMI que no se explica “tanto Estado”; otras, Creelman y el presidente que dura treinta años.

Pero ahora no hay justificación posible para las vergüenzas por las que pasamos. Si otro periódico gringo exhibe la casa de Malinalco de aquel secretario; si un grupo internacional de expertos se escandaliza ante la PGR y sus procedimientos; si resulta que el país supera a Afganistán e Irak en número de asesinatos diarios; si el gobierno compra sofisticado software antiterrorista para vigilar activistas; si se comprueba que México es el pedazo del mundo donde más periodistas son asesinados, no hay manera de decir ¡No es cierto!, ¡injerencia!, ¡es que aquí tenemos otras reglas!

Lo que sucede con México se parece mucho a aquella analogía del baño público putrefacto: quien entra por primera vez reconoce de inmediato el olor, todo le parece inmundo; quien ya lleva un buen tiempo sentado en la taza ni siquiera reconoce la peste, no recuerda si en algún punto le pareció imposible pasar más de un minuto en ese baño.

En esas estamos: un país que ya no se reconoce como un cadáver.

Un país donde el olor de las fosas comunes no nos llega. Donde un periodista es asesinado al mediodía, a la mitad de la calle. Donde se encuentra el cadáver de una mujer en el campus de su universidad más importante. Donde los militares llevan a cabo ejecuciones extrajudiciales. Donde parece ilógico que el Chapo haya querido escaparse del penal de Puente Grande, a la vista de las pachangas que tienen lugar ahí adentro. Donde la cifra de asesinatos de los últimos dos sexenios se utiliza nada más para el golpeteo político. Donde doscientos mil muertos ya es una frase hecha, un cliché extraño, que todos usan con la misma facilidad con que se dice cincuenta millones de pobres, por ejemplo.

Donde es inútil hacer listados como estos, principalmente porque se han hecho mil veces, porque quienes lo están leyendo ya conocen todo esto y son, espero, capaces de reconocer el olor a muerto.

Entonces hace falta convencer a los que están sentados en la taza, pensando que, bueno, sí, el baño está medio feo, las paredes pintarrajeadas, huele un poquito mal, pero qué le vamos a hacer, aquí nos tocó vivir, y el resto de esas frases manidas para consolarse. No hay ningún designio divino que marque a México como un país sufrido, hundido de manera irremediable. No es una cuestión científica, ni topográfica, ni antropológica. No es como la fenomenología insondable del futbol, donde por alguna extraña razón quienes juegan cada domingo en el llano de la delegación Xochimilco son infinitamente mejores que los seleccionados nacionales de Finlandia. Allá lo tienen todo, pero jamás han clasificado a un Mundial, a una Eurocopa.

La explicación de cómo llegamos a este punto es política. No es una cuestión de esfuerzo, de teoría del cangrejo, de que somos muchos. Es la decisión política de combatir al narcotráfico con el ejército, la decisión política de que algunos no paguen impuestos, la decisión política de defender un modelo económico que acentúa las desigualdades… y así ad infinitum. Que exista o no la propiedad privada, que las mujeres puedan o no votar, son —es extraño tener que recordarlo— cuestiones políticas, que se deciden desde la política.

Desde ahí mismo se puede —se debe, en estos momentos— convencer al resto del estado intolerable de las cosas. Así pasó, por ejemplo, con la expropiación petrolera. El esfuerzo político de Cárdenas y allegados planteó los límites de lo posible y de lo inaceptable en su tiempo. De pronto, millones de mexicanos se sintieron personalmente agraviados por la explotación extranjera. De otra manera no se explican los gallos, las gallinas y las joyas de la familia que fueron llevados al Zócalo en aquel entonces para pagar la deuda. Lo que diez años antes era impensable se volvió real, posible, por una decisión política.

Es evidente que estamos lejos de 1938. Hoy día hay quienes desangran al cadáver mexicano con catéteres improvisados para robarle ese mismo combustible que era —se suponía— de todos. Es otra metáfora burda: Pemex, piedra angular del sistema político mexicano durante tantos años, convertida en la primera víctima institucional del resquebrajamiento de ese modelo.

Hace falta, pues, volver a trazar esas fronteras. Definirnos como algo distinto que una enorme fábrica de coches japoneses, un campo de cultivo de amapola y marihuana, una fosa común de proporciones todavía indeterminadas. Los finlandeses no sabrán jugar futbol, pero pregúntenles si allá han visto niños limpiando parabrisas.

En una de sus películas, Michael Moore decide irse hacia Europa a ver qué ideas les roba a otros países para llevárselas a Estados Unidos. La mayor sorpresa del cineasta es que muchas de las iniciativas progresistas que más le interesan habían tenido un origen estadounidense, pero décadas de decisiones políticas específicas volvieron inalienables, casi divinos, ciertos derechos —la venta del rifle en el Wal-Mart— e inconcebibles ciertos otros —un sistema de salud pública—.

Lo mismo pasa en México, donde los políticos han tenido éxito en hacernos creer dos cosas: que la política es eso que hacen ellos —el Rólex, los millones de pesos en efectivo, las loncheras y chalecos de colores— y que hay ciertos problemas que son irresolubles. ¿Cuántas veces discutieron a profundidad López Obrador y Peña Nieto el tema del narcotráfico o la distribución del ingreso durante la campaña de 2012? ¿Cuántas veces lo harán los candidatos en 2018? La omisión de ciertos temas es —tiene que repetirse— una decisión política.

Del lado gringo de la frontera, Trump ha sido explícito en el rediseño nacional que propone. Su diagnóstico y soluciones son lamentables, pobres, de hedor oligárquico. Pero su figura, quizá, podría inspirar un ejercicio de definición negativa en el caso mexicano: un esfuerzo político en contra de. No parece casualidad que en México aparezca ahora en la escena política una mujer, indígena, con una agenda anticapitalista, frente al misógino, racista, magnate inmobiliario.

Definirse por oposición es una manera muy básica de trazar los límites de lo posible y de lo inaceptable, pero tiene que empezarse por algo.


Ilustración: Perro Demonio

¿Cuántos usuarios de Internet hay en México?

Uno pensaría que no hay pregunta con más fácil respuesta que la de conocer cuántas y cuántos en México son usuarias y usuarios de Internet… descubrimos dolorosamente que no, no es una respuesta sencilla.

El 25 de enero pasado publicamos un análisis sobre conectividad en México, para entender nuestras tendencias y brechas entre la población nacional, así como tratar de identificar el impacto de “México Conectado” en ambas. Cometimos entonces un error básico: no leer con lupa los cambios metodológicos entre 2014 y 2015, y comparar dos preguntas con distintas que no son comparables, y cuyas cifras que arrojan no son tampoco comparables. Mea Culpa.

El error nos fue señalado en marzo pasado por Juan Ortíz Freuler, en un detallado estudio que hizo para R3D.mx sobre el fraseo de las preguntas y las respuestas que recibió por parte del INEGI. Nuestra postura siempre es que los errores deben ser evidenciados y corregidos, y estamos agradecidos por ellos.

Encontramos, sin embargo, problemas con las conclusiones del estudio de Freuler: 1. Concluye sin matices que las dos fuentes de información (2014 y 2015) no son comparables en absoluto, nosotros creemos que en ambos hay preguntas que sí permitirían comparabilidad; 2. Atribuye la no comparabilidad a una intención explícita por parte del gobierno, centrando su argumento en la colaboración INEGI-SCT; ello ignora la autonomía operativa del INEGI, e ignora también que es común que INEGI colabore con las instituciones que demandan estudios y diagnósticos; 3. No analiza por qué cambios en quien responde la encuesta implican crecimientos en usuarios, ni por qué utilizando el mismo método de respuesta, la cifra crece también dramáticamente.

Este es un comentario un poco injusto, pone sobre Freuler una responsabilidad que corresponde a las autoridades y al INEGI aclarar, equivale a exigirle al autor aclaraciones que deben ser hechas por quienes diseñan los cuestionarios y procesan las respuestas; especialmente cuando los episodios de no comparabilidad de series de datos se han vuelto una regularidad bajo la presente administración. Y decir no comparabilidad es decir bloquear la evaluación ciudadana de desempeño y efecto de políticas públicas. Sirva esto para aclarar que no hacemos aquí una crítica al trabajo de Freuler y R3D.mx; sino que desde los datos generados por INEGI, queremos analizar con más detalle qué sí puede ser comparado y qué no.

Contexto

Cuando el MODUTIH cambió a la ENDUTIH se modificó la metodología para recabar información acerca del uso y acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), ¿Cómo se modificó la metodología y qué implicaciones tuvo? Ante la duda de cuánto ha crecido realmente el número de usuarios de internet, expondremos las razones para considerar que algunos de los resultados revelados por el MODUTIH son comparables con los revelados por la ENDUTIH.

El Módulo sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (MODUTIH), en su apartado 14, pedía a una persona del hogar que respondiera, para cada miembro del hogar, si tuvo acceso a internet en los últimos 12 meses. Cuando el MODUTIH fue cambiado a la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) hubo un cambio de metodología, se agregó un apartado para conocer el uso de las TIC de un miembro al azar de cada hogar. Este cambio se realizó con el fin de “captar de mejor manera el uso de las TIC en la población y ajustarse a la normatividad internacional” como menciona el INEGI en la nota técnica que anexó en 2015. Esto implica que el miembro seleccionado habla sobre su propia experiencia sobre uso de TICs, en lugar de que un miembro no aleatorio hable sobre lo que sabe de la experiencia del resto de miembros del hogar. Es de esperarse que los datos derivados por ambos métodos sean diferentes.

Es así que, en el apartado 7.1 de la ENDUTIH se comenzó a realizar la misma pregunta que en el apartado 14 del MODUTIH, pero ahora únicamente para una persona del hogar. Sin embargo, la metodología del MODUTIH para conocer si cada miembro del hogar tenía acceso a internet, en la que un miembro responde por el resto, no fue abandonada, sino que se conservó en el apartado 3.8.


¿Podemos comparar los usuarios de internet entre los diferentes años?

La gran duda es si podemos comparar el número de usuarios de internet reportados en 2014 y los años anteriores, cuando aún existía el MODUTIH, con el número de usuarios que reporta la ENDUTIH a partir de 2015. En la misma nota técnica, el INEGI aclara que las variables correspondientes a usuarios no son comparables entre MODUTIH y ENDUTIH, pero que las variables referentes a la disponibilidad de las TIC en los hogares sí lo son, apartado que incluye la pregunta 3.8. Además, preguntamos al INEGI si podíamos llevar a cabo dicha comparación, a lo que contestó, de manera ambigua: La pregunta 3.8 de la ENDUTIH 2015 fue incluida como medio de control a fin de contar con una referencia sobre el comportamiento de los indicadores sobre uso de TIC. De acuerdo con los resultados obtenidos, consideramos que el comportamiento de los indicadores es consistente. Si la metodología no ha cambiado entre el Módulo y la Encuesta Nacional, entonces ¿por qué no comparar el número de usuarios por medio de apartados que son equivalentes?

Si analizamos el aumento en el número de usuarios de internet a través de los años, vemos que existe una diferencia de poco más de 5 millones entre los que reporta la pregunta 7.1 (un miembro al azar)  y la pregunta 3.8 (un miembro contesta por todos) de la ENDUTIH. Dicha diferencia se podría deber a que la persona que contesta por todos los miembros del hogar puede no conocer la situación de acceso a internet de los demás habitantes; sin embargo, sí se reporta con exactitud la propia experiencia. Claramente, si quisiéramos medir el crecimiento por medio de la pregunta 7.1 estaríamos haciendo una sobreestimación del número de usuarios de internet. Justamente el error que cometimos en el reporte de enero.

Lo nuestro fue un error, lo lamentable es el uso intencional de ambas series para mostrar una realidad que no existe. Tristemente, el gobierno ha utilizado esta última pregunta para reportar el crecimiento extraordinario de personas con acceso a internet. Está comparando preguntas que no pueden ser comparadas de manera alguna.

 

Sin embargo, limitando la comparación sólo a las respuestas a la pregunta 3.8, se observa también un gran salto en el crecimiento de usuarios de internet de 2014 a 2015. Dicha tendencia se observa en la mayoría de los estados, pero las diferencias en crecimiento derivadas de las respuestas entre ambas preguntas son reveladoras: Oaxaca, Yucatán, Guerrero, Tlaxcala y Veracruz son los estados con una brecha más grande en el cambio de usuarios medido por ambas preguntas; mientras que las brechas son mucho más pequeñas en Sonora, Nayarit, Baja California, Colima y Nuevo León. ¿Por qué sucede este crecimiento repentino?

Nuestra hipótesis es que dicho salto se puede deber a un aumento en el número de personas que tienen acceso por medio de su celular. Sin embargo, no es posible dicho análisis por medio del MODUTIH y de la ENDUTIH, pues la metodología cambió de MODUTIH 2012 a MODUTIH 2013 y cuando se introdujo la ENDUTIH. En 2011 y 2012 se preguntó por el equipo tecnológico que más utilizaba la persona para acceder a internet, por lo que sólo podía haber una respuesta posible. En 2013 y 2014 la pregunta se amplió para poder dar razón de tres equipos tecnológicos que se usaban, por lo que el número de personas con acceso a internet por medio del celular aumentó drásticamente. Por último, al implementarse la ENDUTIH la pregunta cambió para referirse al equipamiento del hogar. Ahora se pregunta si en el hogar hay acceso a internet por medio de un teléfono celular para alguno de los miembros del hogar, por lo que no es posible saber el número de usuarios, sino sólo el número de hogares que cuentan con este tipo de acceso a internet, sin saber cuántos miembros dentro del hogar lo hacen.  Las tres preguntas evalúan el mismo aspecto, pero de manera diferente, por lo que los usuarios de internet por medio del celular no son comparables en el tiempo.

El mismo salto, aunque no tan abrupto, es observable al analizar el número de hogares con acceso a internet en el tiempo. Sin embargo, hay una diferencia muy clara entre la tendencia de crecimiento del número de hogares y la tendencia de crecimiento del número de personas con acceso a internet. En el año 2016 observamos que la pendiente para el número de hogares es aún mayor que la de 2015. En cambio, la pendiente disminuye notablemente en 2016 para el número de personas con acceso a internet. ¿Qué puede explicar dicho cambio?

Comencemos por notar que los estados, con excepción de Tlaxcala, con la brecha más grande entre ambas preguntas entre 2014 y 2015 (i.e. Oaxaca, Yucatán, Guerrero, y Veracruz), en los que el cambio en usuarios medido por un miembro aleatoriamente seleccionado en el hogar era mucho mayor que aquel en los que un miembro responde por todos; entre 2015 y 2016 el crecimiento se revierte y ahora el cambio en usuarios medido por un miembro que responde por todos es mayor que aquel atribuido a cuando un miembro responde por sí solo. En total, 12 estados presentan esta tendencia.

Aunque el INEGI no lo menciona en su nota técnica de 2016, tanto la pregunta 3.8 como la pregunta 7.1 sufrieron un cambio ligero que podrían explicar el cambio en la pendiente y hacer no comparables el número de usuarios de 2015 y 2016, aunque ellos argumentan que sí lo son. En 2015 se preguntó si se hizo uso de internet en los últimos 12 meses (misma pregunta que en MODUTIH), mientras que en 2016 se preguntó si se hizo uso de internet en los últimos 3 meses, por lo que se reportó una disminución en el crecimiento de número de usuarios de internet y en algunos estados hasta se observó que la cantidad de personas con acceso a internet se redujo (i.e. Chiapas, Oaxaca, Colima, Guanajuato y Campeche). Puede tratarse pues de personas con un acceso tan esporádico a Internet, que al acotar la temporalidad de 12 a 3 meses, desaparecen como usarios conectados. Sí, pero se reitera la duda: ¿Es comparable la ENDUTIH 2015 con la ENDUTIH 2016?, ¿Por qué el INEGI no menciona nada al respecto?


Concluimos cinco cosas:

Primero, sí es posible reconstruir una serie que, incluso con los cambios metodológicos, permita aproximarnos a una comparación temporal en la tendencia de usuarios de Internet en México.

Segundo, es importante enfatizar y analizar la diferencia en el número de usuarios contabilizables a partir de ambas preguntas. Necesitamos conocer con mucho más detalles a qué se deben las diferencias y por qué éstas han cambiado en el tiempo.

Tercero, para 2016 hay 65 millones de usuarios contabilizados cuando un miembro responde por sí mismo y 60.6 millones de usuarios cuando otro miembro (o el mismo) responde por el resto de miembros del hogar, INEGI y/o SCT tendrían que explicar con todo detalle su explicación sobre la diferencia entre ambas cifras, un total de 4.4 millones de usuarios.

Cuarto, INEGI debe ser más explícito en evidenciar y explicar los cambios metodológicos que inhiben la comparación temporal de sus productos. No basta con hacer responsables a los usuarios del uso de sus datos, cuando estos datos miden cosas distintas sin que los usuarios tengan claridad al respecto.

Quinto, el gobierno mexicano debe ser más transparente y responsable en las cifras que cita para justificar el éxito de sus políticas. En este caso, han salido explícitamente a citar cifras que saben no comparables, exagerando el crecimiento en usuarios de Internet; atribuyéndolas, además, a una política pública que como concluimos en el estudio de enero pasado, no es medible en términos de los datos disponibles.