Ryan Anderton

Cultivadores de coca y acuerdos de paz en Colombia: ideas para el debate sobre las drogas en México

Desde que las FARC y el estado colombiano firmaron la paz en noviembre de 2016, la atención internacional se ha centrado en la reincorporación a la vida civil de los guerrilleros y la participación política de la guerrilla más antigua de América Latina. Otro eje fundamental de los acuerdos, sin embargo, ha pasado desapercibido: la reforma rural y “la solución al problema de las drogas ilícitas”.

Sin trasladar políticas de un país a otro, o de una planta a otra, entender la política de control de drogas y familias campesinas cocaleras en Colombia puede aportar al debate sobre la legalización y el tratamiento de los cultivos de amapola en México.

¿Qué ha ocurrido en Colombia en los dos últimos años?

El origen: la coca sustituye al Estado

La coca resolvió lo que el estado no pudo: los nudos productivos campesinos, la falta de infraestructura vial, el acceso a la salud y a la educación o la inversión rural. Más de medio siglo de conflicto, con 218,094 asesinatos (1958 – 2012), de los cuales el 81% fueron civiles, en el que se han perpetrado 1,982 masacres (1985-2012) y se han desplazado 5,712,506 personas (1985-2012), creó una ruralidad en pobreza en donde se disputan tierras, recursos y se imponen modelos agroindustriales. Pero la guerra no fue la única responsable. Las políticas excluyeron a los campesinos del mercado por la falta de competitividad ante las lógicas mercantiles; desplazados y sin papeles de tierras, sin vías para sacar sus productos y sin capacidad de negociar precios, no son atractivos para las lógicas del capital agrícola.

El resultado es que los campesinos se dedican a transformar la hoja de coca en pasta base, el primer paso en el camino de la planta a la cocaína. Este polvo blanco y grueso se elabora en los “laboratorios”, “chongos” o “cocinas”, entablados rurales improvisados con canecas de gasolina y otros insumos necesarios. Según el más reciente informe de monitoreo de UNODC, en Colombia una hectárea de coca produce 5.6 toneladas de hoja al año y se produce 8.2 kg de clorhidrato de cocaína por hectárea cosechada que cuesta 1,508 dólares el kilo, pero cuyo precio se multiplica en las calles de las principales ciudades. Los campesinos venden la transformación previa de pasta base en un promedio de 554 dólares el kilo, por lo cual al año ganan 4,500 dólares, 380 dólares mensuales. Una cifra irrisoria para la ciudad, pero suficiente para sobrevivir al hambre en el campo cuando el kilo de yuca y plátano, dos de los principales productos en el campo amazónico, no alcanza el medio dólar en el mercado agrícola local.

La promesa: el Estado ayuda a sustituir la coca

En las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno del entonces presidente, Juan Manuel Santos, se creó el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) para atender la crítica situación del campo colombiano. El concepto es acabar con el poder de la coca a través de la sustitución y, en última opción, la erradicación forzada.

A corto plazo, las familias campesinas se deben adherir al programa voluntariamente a cambio de que el gobierno se comprometa a proyectos de infraestructura, huertas, proyectos productivos, brigadas de atención y un apoyo mensual de aproximadamente 300 dólares por un año. Después de los primeros dos meses del pago, los campesinos deben erradicar y su compromiso será verificado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés).

En el largo plazo, el gobierno y las comunidades, organizaciones sociales y actores en los territorios deben elaborar en conjunto un plan de desarrollo y sustitución de cultivos a 12 años.

Otro eje fundamental es el cambio de la ley 30 de 1986, que criminaliza al campesino. La nueva ley deberá reconocer el hambre y la pobreza como causante principal del delito, por lo que se cancelará o suspenderá —está en discusión— la penalización para el pequeño cultivador como parte de la cadena de la economía de la coca.

Según el último balance de UNODC, el programa comprometió a 130,000 familias, pero se inscribieron y fueron aceptadas alrededor de 90,000. Los seis principios que sustentan esta estrategia han sido incumplidos por el gobierno colombiano durante los primeros dos años de la implementación; el dato de cumplimiento de los campesinos inscritos supera el 90%. El último informe de la UNODC (2018) indica que los cultivos de uso ilícito en el país aumentaron un 17% llegando a 170 mil has. ¿Qué ha ocurrido?

La realidad: hambre y más coca que nunca

Las aspersiones aéreas con glifosato fueron suspendidas en 2015 por considerarse un químico “probablemente carcinogénico para humanos”. En el 2017, la Corte Constitucional ratificó la prohibición de la aspersión aérea en aplicación del “principio de precaución” ante daños a la salud y al medio ambiente en un resguardo indígena.

El grupo de oposición dirigido por el expresidente Álvaro Uribe Vélez [2002-2010] culpó a las negociaciones de paz por el aumento de los cultivos y demandó la necesidad de reactivar el uso de la aspersión aérea o el uso del glifosato por otros mecanismos. También han denunciado el “fracaso de la estrategia de sustitución”.

Pero esta lectura es engañosa. El principio de transformación rural es la solución, lo que ha ocurrido es que se han cometido errores tanto en el diseño de los acuerdos como en la ejecución por parte del gobierno de Juan Manuel Santos.

Y no han sido pocos:

El gobierno lanzó un plan de erradicación forzada del 50% de las hectáreas contraviniendo lo pactado en La Habana,  y estableció que el otro 50% sería incluido en el programa de sustitución. Fue un saboteo a lo que se había firmado y enrareció la construcción de confianza y legitimidad del estado colombiano con las comunidades campesinas perseguidas desde hace décadas. Tampoco se articularon las estrategias de transformación rural y los planes de sustitución y desarrollo a largo plazo no han comenzado. Hace meses que las familias no reciben sus pagos mensuales, los materiales para las huertas caseras no llegan y los proyectos productivos no arrancan. La gente está pasando hambre.

La teórica participación conjunta y concertada entre estado y comunidades se ha convertido en la práctica en imposición del gobierno.

La seguridad de estos territorios y la aparición de nuevos actores han puesto en peligro no solo la estrategia, sino la vida de los cultivadores de coca. Hasta el 1 de julio habían sido asesinados 31 líderes de sustitución de coca en todo el territorio según la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM).

La ley de tratamiento penal diferencial no hizo parte de las reformas rápidas de ley en el marco de los acuerdos de paz —12 meses de fast track—. Existe un temor a que no avance, ya que tanto el gobierno como el partido político de las FARC propusieron su propia reforma de ley.

A todo esto, se le suma la incertidumbre por la llegada al poder del grupo opositor a la estrategia de sustitución en cabeza de Iván Duque [2018-2022]. El gobierno de Iván Duque afirmó que iba a respetar los acuerdos firmados con los campesinos y que no iba a aumentar el cupo de inscritos aunque está reactivando la estrategia de uso de glifosato priorizando la erradicación forzada.

La propuesta: la coca es una oportunidad para el Estado

La solución al problema de las drogas empieza por no considerarlas un problema, sino una oportunidad: el paso de unas rentas que se apropian privados —cárteles— a rentas que deberían ser públicas. Un efecto directo es desfinanciar ejércitos privados que pueden ejercer la violencia gracias, en gran parte, a las rentas de las drogas.

Un mercado legal de la cocaína o la heroína —o de futuros usos médicos o recreativos que se descubran— permitiría, además, crear formas equitativas de usufructo. No sería justo que la legalización de las drogas llevara a la explotación de los miles de campesinos y campesinas que viven de producirlas.

La política de sustitución de coca de los acuerdos de paz va en contravía a esta teoría: supone la eliminación de la hoja de coca y de su procesamiento. Ahora, si insisten en la sustitución, hay varios problemas que se deben solventar.  La incapacidad de pensar formas alternativas de producción agrícola para asegurar una vida digna del campesino; la dependencia de la cooperación internacional, que llega al país con sus propios intereses y condiciones; y eliminar la estigmatización y proteger a los dirigentes campesinos que están al frente de las comunidades, son algunos de los puntos críticos. Y, sobre todo, un problema de fondo: el objetivo no debe ser ni la erradicación ni la sustitución inmediatas, sino la transformación de las condiciones de producción y de la vida del campo.

 

 

 

 

Frontera cautiva

Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra fueron asesinados con disparos en la nuca, a quemarropa, bajo una noche oscura y lluviosa en medio de la selva colombiana.

Trabajaban en el diario El Comercio. Ortega, reportero; Rivas, fotógrafo; y Segarra, conductor; habían sido secuestrados el 26 de marzo de 2018 por el Frente Oliver Sinisterra, una narco disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) liderada por el excombatiente Walther Patricio Arizala Vernaza, identificado así en Ecuador, y conocido en Colombia como Luis Alfredo Pai Jiménez. En ambos países tiene el mismo alias: Guacho.

Durante seis meses, un consorcio binacional de periodistas investigó los motivos del secuestro y las circunstancias en que Ortega, Rivas y Segarra fueron ejecutados. La investigación, titulada Frontera cautiva: tras los rastros de los periodistas ejecutados, revela, además, detalles que los Gobiernos de Ecuador y Colombia sabían y decidieron no divulgar.

Los periodistas realizaban un viaje de reportería en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, donde a inicios de 2018 el Frente Oliver Sinisterra había volado un cuartel de policía con una bomba, un ataque que el país nunca había padecido en su historia. Días más tarde, un explosivo fue activado al paso de una patrulla militar en el pueblo fronterizo de Mataje y cuatro soldados ecuatorianos murieron.

El 25 de marzo, los periodistas de El Comercio llegaron a la ciudad fronteriza de San Lorenzo y se alojaron en un hotel, de donde salieron a las 07:10 del día siguiente. Alrededor de las 09:00 pasaron por el control militar de ingreso a Mataje, en plena zona de frontera. Ahí, dicen las autoridades ecuatorianas, fueron registrados y advertidos del peligro. Llegaron, estacionaron en el sector de Nuevo Mataje y salieron a caminar. La gente del pueblo cuenta que alguien se les acercó, que conversaron y luego siguieron a esta persona. “Ellos le van siguiendo a ese señor”, dijo una fuente bajo pedido de anonimato, “se embarcan en una canoa y los pasan al otro lado. Pero ellos fueron sin presión, y cuando llegan allá y los meten más adentro (les dicen): ‘ahora sí, están detenidos’”.

Patrullaje de militares ecuatorianos ante la petición del primer grupo de periodistas en entrar a Mataje. Foto Edu León/ Periodistas Sin Cadenas

A las 17:00 del 26 de marzo, el mayor de la Policía de Ecuador Alejandro Zaldumbide, jefe de Gestión Logística del Distrito de Vigilancia San Lorenzo, recibió un mensaje de texto de una persona que se identificó como Guacho. El remitente le escribió: “Tengo tres personas retenidas, ecuatorianos, dos periodistas de Quito y el chofer” y le exigió una respuesta en 10 minutos, de lo contrario “desaparecerán esos señores”.

Durante el breve chat, Zaldumbide —que llevaba cerca de dos meses comunicándose con los disidentes— saludó al secuestrador con cortesía y familiaridad: “Saludos, Guacho. Buena tarde. ¿Te puedo llamar?”. A lo que este respondió: “Usted sabe, no recibo llamadas” y le dijo que si no tenía una respuesta “día a día van a tener bajas, como militares y civiles. Ustedes provocaron”. Luego se despidió, con un displicente: “Chaoooo pues”, y le envió por lo menos tres fotografías de los secuestrados. Javier, Paúl y Efraín aparecen con la misma ropa que vestían al salir del hotel.

El Hostal El Pedregal, fue del lugar donde se vió salir por última vez a los tres periodistas asesinados.  Foto Edu León/ Periodistas Sin Cadenas.

Esa noche, los familiares de los periodistas fueron contactados, pero solo hasta el otro día se informó oficialmente del secuestro en Ecuador, en una rueda de prensa donde no se mencionaron los nombres de los plagiados. Así empezó el secretismo oficial que se mantiene hasta hoy.


Seis meses después del secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín, los Gobiernos de Ecuador y Colombia no han dado respuestas claras sobre los hechos. Al principio, el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró que el plagio había ocurrido en Ecuador, y que alias Guacho era de nacionalidad ecuatoriana. Después tuvo que retractarse. Por su parte, el Gobierno de Ecuador no ha divulgado hasta ahora que el 28 de marzo de 2018, cuando circuló el rumor de que los periodistas serían liberados, se preparó en efecto un operativo de rescate. Este es quizá el hallazgo más relevante de Frontera cautiva.

Esa noche, 48 horas después del secuestro, diario El Tiempo de Bogotá reportó la supuesta liberación como un hecho. El medio atribuía su información a altas fuentes militares de “altísima” credibilidad y verificó los datos en terreno; Yadira Aguagallo, pareja del fotógrafo Paúl Rivas, le contó a esta alianza periodística que tuvo conocimiento de que la información vino del entonces ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas.

Desde el primer día del secuestro de los tres periodistas, las vigilias y marchas realizadas en Ecuador pedían su inmediata liberación. Foto Edu León/ Periodistas Sin Cadenas.

En Ecuador, ese día, un fiscal (cuyo nombre se protege por seguridad) esperó a los secuestrados en la Base Naval de San Lorenzo para acompañarlos en helicóptero hasta el aeropuerto de Esmeraldas, donde tomarían un avión a Quito. En una entrevista que el exministro del Interior, César Navas, dio -ya fuera del cargo- confirmó que se había preparado un avión para trasladarlos. Supuestamente, se le avisó al presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, y la Secretaría de Comunicación estaba organizando una rueda de prensa para anunciar el desenlace. Pasaron casi cinco horas, pero los periodistas nunca llegaron.

Hay también un mensaje de texto que habría sido intercambiado por miembros de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. En este, al que tuvo acceso este equipo periodístico, se dice que los “tres periodistas retenidos por irregulares (…) estarían siendo liberados a 1K de Mataje y llevados a RTNIM y de ahí Y Mataje – San Lorenzo para disposición final. (…) Mantén linea tengo mi gente adentro. QAP 7/3”.


Otro hallazgo de esta investigación revela que el Gobierno de Ecuador y la banda de Guacho mantenían una comunicación constante. Aunque este equipo periodístico tuvo acceso a parte de los mensajes intercambiados, el Gobierno de ese país se ha negado a entregar información completa sobre las conversaciones.

Sin embargo, se sabe que la agrupación exigía, desde enero de 2018, la liberación de tres de sus miembros detenidos en Ecuador, y la cancelación de un acuerdo contra el narcotráfico suscrito entre ese país y Colombia. Además, en reiteradas ocasiones, el grupo de Guacho emitió amenazas directas contra civiles, información que nunca fue compartida ni con militares, ni con el Ministerio de Interior, ni con los periodistas enviados a la región.

La entrada y salida de Mataje es controlada por el ejército ecuatoriano después de la muerte de los 3 militares el 20 de marzo. Foto Edu León/Periodistas Sin Cadenas

Durante la larga negociación establecida entre el Gobierno ecuatoriano y los secuestradores, hubo mensajes cruzados y múltiples amenazas vía WhatsApp. Las autoridades de Ecuador recibieron imágenes de los periodistas cautivos, encadenados, y por lo menos un video sigue sin hacerse público.

El 7 de abril, Guacho envió su último mensaje: “Para cuándo me libera a mis muchachos, o mato a los periodistas, y dígale a ese ministro del Interior que le tengo en la mira y mis ataques y bombas van a continuar. Hoy las 3 les mando el video de uno de ellos muerto”. Seis días después, el 13 de abril, el presidente de Ecuador confirmó el asesinato.


Al día de hoy, los pueblos fronterizos entre Ecuador y Colombia continúan desvalidos, sitiados por el miedo y bajo una férrea ley de silencio.

El 1 de agosto de 2018, en uno de los tres viajes realizados por el consorcio de periodistas, Mataje parecía un pueblo fantasma: nadie pasaba por allí. Aunque el calor asfixiaba, las puertas y las ventanas de las casas permanecían cerradas. Los periodistas recorrieron el lugar con el resguardo de una caravana militar y 20 soldados.

El puerto de San Lorenzo es entrada y salida de todo tipo de productos, también es punto por donde entrar a las zonas controladas por los grupos armados y narcotraficantes. Edu León / Periodistas Sin Cadenas

Desde hace décadas, los alrededores del río del mismo nombre han sido zona de enfrentamientos. A ambos lados de la frontera operan dos disidencias de las FARC: el Frente Oliver Sinisterra y las Guerrillas Unidas del Pacífico, así como el Ejército de Liberación Nacional, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y bandas delincuenciales como Gaula NP y Las Lágrimas. Todos cruzan entre ambos países con total libertad, se disputan las más de 19,000 hectáreas de coca cultivadas en el área, las rutas al mar para sacar toneladas de cocaína al mes y los contactos con los grandes carteles mexicanos.

Como en San Lorenzo, del lado colombiano, en el municipio de Tumaco, el miedo es también un estado cotidiano. La mayoría de las personas consultadas por el consorcio de periodistas no permitió que las entrevistas fueran grabadas, ni siquiera en audio, por temor a posibles represalias.

Las poblaciones a ambos lados de la frontera son usadas en la cadena del narcotráfico. En Ecuador, específicamente en Mataje Nuevo, guardan el armamento y el dinero en caletas. Las cocinas para el procesamiento de la hoja de coca se ubicaban en Campanita, a ocho kilómetros de Mataje, río arriba. También hay sicarios que circulan por poblaciones más urbanas como San Lorenzo. Un funcionario judicial, que habló bajo la condición de anonimato, agregó que esta parte de la frontera sirve para el abastecimiento de combustibles y precursores para la fabricación de la cocaína que se exporta desde el lado colombiano. Tumaco es el municipio con los mayores sembradíos de hoja de coca para uso ilícito del mundo.


El Estado ecuatoriano dice que siempre prefirió una salida negociada, y descartó las operaciones militares para rescatar a Javier, Paúl y Efraín, pero los resultados fallaron. En un momento dado, los tres periodistas fueron conducidos a la vereda Los Cocos, muy cerca del río Mira, frontera natural entre los dos países. Según un testigo de la Fiscalía colombiana, en ese momento Efraín Segarra, el mayor de los tres, entendió que su suerte estaba echada, y preguntó a sus captores si los iban a matar. Alias Perú, un gatillero, le habría contestado:

—Sí, porque el Gobierno ecuatoriano no cumplió con el acuerdo.

Pasarían más de dos meses para que equipos forenses y policías rescataran los cuerpos, el 21 de junio. Cuando los encontraron, Javier, Paúl y Efraín ya no tenían las cadenas que los apresaron durante su cautiverio. Diecisiete tiros las volvieron innecesarias.

El 15 de septiembre, Iván Duque, recién posesionado presidente de Colombia, aseguró que Guacho estaba herido y que había escapado a una operación militar. Dos días después, el comandante de las Fuerzas Militares colombianas, el general Alberto Mejía, dijo que no podía “ni confirmar ni negar” la noticia. Yadira Aguagallo, la compañera de Paúl Rivas, mencionó en una entrevista que para las familias es imperativo capturar a Guacho vivo y poder dar un “paso adelante contra la impunidad”. Es decir, conocer la verdad que tres familias y dos países aún esperan.

Brett_Kavanaugh,_Donald_Trump,_and_Anthony_Kennedy

La corte de Kavanaugh y la crisis que viene  

Foto oficial de la Casa Blanca de Joyce N. Boghosian.

 

La Suprema Corte de Estados Unidos es el órgano máximo del sistema legal estadounidense. Como establece Ana Laura Magaloni, los tribunales desempeñan dos funciones “administrar justicia en casos concretos y proveer de reglas jurídicas al sistema”. La Corte se conforma por 9 jueces con una gestión vitalicia, quienes son nominados por el presidente y confirmados por el Senado. Desde la década de los 90, la Corte ha recibido con más frecuencia casos controversiales que traslapan los ámbitos políticos y judiciales, elevando el interés de los demócratas y republicanos en posicionar jueces en el sistema judicial.

Durante la campaña presidencial, una de las principales promesas de Donald Trump fue la nominación de jueces conservadores al poder judicial. En sus primeros días, el presidente nominó a Neil Gorsuch para un asiento vacante en la Suprema Corte, con la mayoría republicana en el Senado, rápidamente se confirmó. En junio de este año, el juez Robert Kennedy anunció su retiro de la Suprema Corte abriendo otra oportunidad de nominación. Trump propuso al juez Brett Kavanaugh, sin embargo, desde un inicio la posibilidad de su confirmación a la Suprema Corte fue vista como una amenaza para el balance ideológico de la misma.

Así, el 4 de septiembre iniciaron las audiencias del Comité Judicial del Senado para evaluar su candidatura. Las sesiones se vieron sumergidas en controversia ya que los republicanos se negaron a presentar la investigación completa de los antecedentes del juez y ocultaron documentos de su trabajo durante la presidencia de Bush, situación que molestó a los demócratas. Hasta el último día de las sesiones, la confirmación de Brett Kavanaugh parecía un hecho.

Anita Hill 2.0

Después de la comparecencia, distintos medios comenzaron a reportar que la senadora Diane Feinstein, (D-CA), había entregado al FBI una carta donde una mujer acusaba a Kavanaugh de haber abusado sexualmente de ella durante la preparatoria. El 16 de septiembre la Dra. Christine Blasey Ford, en una entrevista al Washington Post, reveló que ella era la autora de la carta. Días después dos mujeres más presentaron acusaciones similares contra el juez. Esta situación trajo a la mente la nominación del juez Clarence Thomas, quien había sido confirmado como juez de la Suprema Corte a pesar de haber sido acusado de acoso por la profesora Anita Hill en 1992. Frente a las declaraciones de la Dra. Ford, los republicanos y la Casa Blanca comenzaron a discutir la mejor estrategia para garantizar la confirmación de Kavanaugh. Los republicanos no se podían dar el lujo de retirar la nominación, ya que, si perdían escaños en el Congreso en la elección de este noviembre, les sería imposible nominar a otro juez. Los republicanos, frente al enojo publico, aceptaron una audiencia antes de la confirmación senatorial.

El 27 de septiembre, el Comité Judicial del Senado recibió a la Dra. Blasey Ford y al juez Brett Kavanaugh. La sesión inició con un testimonio de la Dra. Ford quien narró la noche en la que fue víctima de abuso sexual por parte de Kavanaugh. Su testimonio marcará la historia política contemporánea de Estados Unidos, ya que, a través de una narración extensiva de los hechos, Ford valientemente en cadena nacional presentó una situación con la que cientos de mujeres, víctimas de abuso sexual, se identificaron. Su discurso se convirtió en la apoteosis de #MeToo.  Posteriormente, el juez Kavanaugh presentó un discurso donde acusó a los demócratas de encabezar una cacería en su contra y de haber destruido su prestigio estos últimos días. En todo momento, el juez se mostró a la defensiva en un claro contraste con la calma de la Dra. Ford. Durante toda la sesión se vio a un hombre impulsivo y poco controlado que puso en duda su carácter para ocupar una de las posiciones más importantes en Estados Unidos.

Pronto, la comparecencia se convirtió en una guerra de acusaciones entre demócratas y republicanos. Cada declaración evidenció que los senadores republicanos no entraron a la sesión buscando la verdad sino buscando demeritar las declaraciones de Ford con argumentos que apelaran a la base electoral republicana y que garantizaran la menor repercusión para el Partido después de la confirmación

Después de ocho horas, la sesión terminó con la opinión pública completamente dividida alrededor del tema. A pesar de esta polarización, los republicanos insistieron en proceder con la sesión para votar su confirmación en los siguientes días. Sin embargo, al día siguiente la presión pública hizo que el senador Jeff Flake (R-AZ) exigiera una extensión de una semana para la votación con el objetivo de permitir al FBI investigar las acusaciones. Los republicanos se vieron obligados a aceptar ya que la pérdida del voto de Flake y posiblemente de otras dos senadoras ponía en riesgo la confirmación. El jueves pasado, el FBI entregó al Comité Judicial del Senado el reporte de su investigación, si bien los demócratas declararon que la investigación estaba incompleta. A pesar de que distintas organizaciones como el American Bar Association y el Washington Post se posicionaron contra Kavanaugh, el 8 de octubre fue confirmado.

La semana que viene y las secuelas de la confirmación

“You are opening up to air hurt and pain that goes on across this country. And for that, the word I would use, it’s nothing short of heroic. Because what you’re doing for our nation right now, besides giving testimony germane to our office, is you are speaking truth that this country needs to understand.”  —Senador Cory Booker durante la audiencia del 27 de septiembre.

La decisión de confirmar a Kavanaugh y la oposición que generó son un parteaguas en la polarización en el sistema político estadounidense. En retrospectiva, la investigación del FBI de hace unos días parece un intento de los republicanos de legitimar la eventual confirmación del juez en lugar de probar su inocencia. Kavanaugh llega a la Suprema Corte con una legitimidad en duda, acusado de ser un fiel partidista y no un juez imparcial. Quizás Kavanaugh sea un buen juez y sus decisiones sean apegadas a la Constitución, pero esto no será suficiente para remover la imagen de ser un juez producto de la polarización y la presidencia de Trump. No obstante, la forma en la que se dio la confirmación y la esperanza de detenerla solo reflejan que el gran error de los demócratas y de la oposición ha sido asumir que los republicanos siguen teniendo un interés en “respetar” la neutralidad de las instituciones y tener legitimidad frente a los ciudadanos cuando acto tras acto han demostrado lo contrario. Si bien desde el triunfo de Trump era evidente que había una “dolencia” en el movimiento conservador por los ocho años de la presidencia de Obama, esta confirmación solo nos habla de que las heridas y el enojo hacía la agenda liberal es más profunda de lo que se piensa.

La única oportunidad de los demócratas para detener el avance republicano ahora recae en las elecciones intermedias de noviembre donde 435 congresistas y 35 Senadores serán votados y en la que llegada de una mayoría demócrata al poder legislativo presenta un riesgo inminente para la administración de Trump. Se podría pensar que la decisión de los republicanos tendrá un alto costo en este periodo electoral, no obstante, las encuestas sobre Kavanaugh hasta ahora han revelado que el público se encuentra dividido de acuerdo con su afiliación partidista, por lo cual, es poco probable que veamos un cambio sustancial en las preferencias electorales. No obstante, esta confirmación sí podría tener un efecto en las elecciones intermedias en noviembre. Los demócratas se  ven viendo energizados por el resultado de la confirmación y se espera una alta asistencia a las urnas para asegurar una mayoría demócrata en el Congreso. Por otro, los republicanos podrían salir a votar con el fin de continuar la agenda presidencial y garantizar una permanencia republicana, sin embargo, estas semanas las encuestas tenderán a cerrarse. Lo que es un hecho innegable es que, en muchas contiendas, las mujeres serán las que definan esta elección. Christine Blasey Ford se ha convertido en un parteaguas en el proceso electoral.

El jueves pasado, miles de ciudadanos con dos visiones radicalmente distintas sobre su país presenciaron la comparecencia de Ford y Kavanaugh. Por un lado, cientos de mujeres víctimas de abuso sexual, mismas que salieron a marchar esa fría mañana de enero con sombreros rosas y los hombres que desde el día de la elección se prometieron ser una oposición a Trump escucharon y empatizaron con el testimonio de Christine Blasey Ford. Por otro lado, los hombres que desde el triunfo de Barack Obama han visto una creciente “conspiración” de las alas liberales de Estados Unidos para minimizarlos y borrarlos del escenario político escucharon con energía y apreciación las palabras del juez Kavanaugh. Los residentes de la “América olvidada” finalmente estaban logrando avanzar la agenda que tanto trabajo les había costado promover.  Los partidos, al igual que el país, son víctimas de una polarización latente que está deteriorando las instituciones estadounidenses con el paso del tiempo. El senador Ted Cruz (R-TX) declaró durante la audiencia: “Este ha sido uno de los capítulos más vergonzosos en la historia del Senado de los Estados Unidos”. Un diagnóstico preciso del panorama nacional.

El Partido Republicano que, desde la presidencia de Obama presenció un deterioro en sus liderazgos y su plataforma, hoy ha encontrado en la retórica de Trump un modelo redituable para hacer política el cual está siendo bien recibido con sus bases electorales. Para entender la decisión del Partido Republicano en apoyar a Kavanaugh, hay que hacer a un lado cualquier idealismo, los hombres que hoy lo dirigen lo hacen con un pragmatismo basado en garantizar su permanencia en el poder. Cualquier presión que los senadores republicanos puedan recibir para cambiar el sentido de su voto es mínima si se compara con la oportunidad de revivir la agenda conservadora por las siguientes décadas. Los republicanos tenían la opción de retirar la candidatura y nominar a una figura menos controversial, no obstante, su necesidad de no dejarse “someter” y mostrar su poder fue mayor que cualquier intento de bipartidismo en el legislativo.

La confirmación de Kavanaugh marca el inicio de una Suprema Corte que será la joya de la corona del movimiento conservador. Su llegada no implica la penalización del aborto o retrocesos elementales en temas como el matrimonio igualitario, no obstante, los casos que la Corte reciba en los siguientes meses y las decisiones que tome podrían limitar los avances progresistas de los últimos 20 años. El caso Planned Parenthood v. Casey  y el caso Masterpiece Cake Shop Ltd v. Colorado Civil Rights Commission son pruebas de una lucha que el movimiento conservador ha gestionado en el sistema judicial con el fin de detener el progreso de la agenda liberal y los derechos civiles. La corte va a definir el panorama jurídico de Estados Unidos por los siguientes 30 años y este será conservador.

En un nivel institucional, la confirmación de Kavanaugh politiza a la Corte como nunca. Hasta este momento, la Corte ha logrado salir poco dañada de la polarización y las controversias políticas, hoy es un daño colateral de la presidencia de Trump. Las comparecencias de las ultimas semanas sacaron a relucir los síntomas más latentes de la enfermedad que la presidencia de Trump y la polarización han traído al sistema político estadounidense. La tolerancia, el reconocimiento de las oposiciones y la construcción de consensos hoy parecen ser valores de otro siglo, ajenos al sistema político que hasta hace poco era la democracia por excelencia. Trump abrió las puertas para el espectáculo político erosionando al mismo tiempo las tradiciones y las normas de la política. Hoy es evidente que una gran parte de la clase política ha decidido seguir ese camino y no queda claro ni como ni cuando iniciará la reconstrucción de la democracia estadounidense. El Congreso, la Presidencia y la Suprema Corte hoy regidas por una mayoría conservadora cuya agenda extremista resulta antitética a los grandes avances de los derechos civiles y las causas sociales en Estados Unidos. La confirmación de Kavanaugh podría empezar la segunda fase de una transformación radical en Estados Unidos, que en los siguientes 20 años, será drásticamente distinto del que hoy conocemos.

La paz en su laberinto: el asesinato de líderes sociales en Colombia

Al escritorio de diplomáticos y representantes de diferentes países, dentro de un salón del Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, llega un mensaje: «la paz aún no llega a nuestros territorios».[i] El texto, que está acompañado por el rostro impreso de doce líderes sociales asesinados, es entregado por Erlendey Cuero Bravo, vicepresidenta de la Asociación Afrocolombiana de Desplazados (Afrodes).

Erlendey viajó el pasado mes de mayo desde el municipio de Buenaventura, en el Pacífico colombiano, a Ginebra para asistir al Examen Periódico Universal (EPU) sobre la situación de Derechos Humanos convocado por la ONU, y allí denunciar la dramática situación que viven las y los líderes sociales en Colombia. Bernardo, su hermano, es uno de los trescientos líderes sociales que fueron asesinados entre enero del 2016 y el 30 de junio del 2018.[ii] Mientras estudiaba derecho, Bernardo ofrecía charlas y conferencias en diferentes comunidades. En ellas explicaba por qué se debía reclamar ante violaciones de derechos humanos y con qué herramientas legales y comunitarias contaban para defenderse.[iii]

Su liderazgo se asemeja al de otros hombres y mujeres colombianos que han sido asesinados de manera creciente en los últimos dos años mientras ejercían una labor local reconocida como defensa de derechos humanos, algunos como protectores del agua y del medioambiente, otros como garantes de restitución de tierras a desplazados por el conflicto armado….

Sin ninguna duda, el fenómeno del aumento de asesinatos y amenazas a líderes sociales se contrapone a la narrativa que ha ubicado a Colombia como uno de los países de moda por su reciente acuerdo de paz. ¿Qué es lo que está ocurriendo, después de que la guerrilla más antigua de América se desmovilizara? ¿Qué nos dice, entonces, el drama que viven las y los líderes sociales de la coyuntura política en Colombia?


¿Y el posconflicto?

La atención reciente que ha recibido Colombia, donde el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lograron firmar un acuerdo de paz a finales del 2016, se ha enfocado en los diseños institucionales para implementar un acuerdo inédito, así como en la «reincorporación» a la vida civil de más de diez mil miembros de esa guerrilla. No obstante, la constante amenaza sobre las y los líderes en este país ha puesto en evidencia que están matando a quienes se encargan, justamente, de hacer posible el tránsito de una sociedad en conflicto a una que cuente con conflictos institucionalizados, es decir, a los garantes de lo que se le ha llamado «el postconflicto».

Las y los líderes sociales en Colombia han tenido de manera histórica la función de mediar, como bisagras, la relación entre las promesas del Estado y las expectativas de los pobladores locales. Muchas veces han tenido que suplir las ausencias por el incumplimiento del primero o defender a los pobladores del gobierno de turno. De hecho, han sido ellos los encargados de tejer, desde la vida cotidiana y en lugares que suelen estar apartados de los servicios sociales del Estado, una compleja red de relaciones de cooperación que le ayuda al pueblo colombiano a sobre-vivir en uno de los países más desiguales del mundo. Podría pensarse, entonces, que con las muertes y amenazas están rompiendo el puente que conecta a la base de la sociedad colombiana.

En su actividad cotidiana, estos actores se oponen a intereses particulares: empresas mineras que quieren implementar el fracking, funcionarios del Estado que cooperan con fuerzas paraestatales, grandes terratenientes, grupos ilegales que se disputan el control de las rutas del narcotráfico, entre otros. Esto es lo que se encuentra al revisar que las y los líderes sociales asesinados eran miembros de juntas de acción comunal (la expresión más local de organización social en Colombia), reclamantes de tierras, afrocolombianos e indígenas, campesinos y promotores de paz.

Estas expresiones de violencia política han cobrado la vida de una mayoría de líderes comunitarios (43%), étnicos (23%) y campesinos (11%).[iv] Además, se han concentrado en departamentos (estados) como Cauca, Nariño y Putumayo, en donde históricamente se traslapan las variables de pobreza con bajos índices de salud y escolaridad y la presencia de grupos ilegales y de víctimas del conflicto armado.

En su mayoría, los municipios en donde han ocurrido estos hechos fueron también donde el voto por el Sí a los acuerdos de paz ganó en el referendo de octubre del 2016 y donde el candidato de izquierda a la presidencia, Gustavo Petro, conquistó a la mayoría de los electores —en regiones como las mencionadas arriba— el 17 de junio en las elecciones menos violentas de los últimos cincuenta años. De hecho, de los veintidós líderes asesinados después de las elecciones presidenciales, a cinco se les identificó algún vínculo directo con la campaña de Petro.[v]

El incremento que han tenido estos hechos violentos durante los últimos dos años, y sobre todo los casi cincuenta asesinatos que van durante este año, lo vuelven un problema evidente. De hecho, «mientras en el 2013, la Defensoría del Pueblo reportó 35 casos; esa estadística contrasta con la entregada por la Fiscalía ante las Naciones Unidas: entre el 2016 y el 2018 se presentaron 261 crímenes».[vi] Esta situación es crítica si se compara con la disminución de la tasa de homicidios durante 2017, la más baja en los últimos años; y con la reducción de la mayoría de hechos violentos asociados al conflicto armado que ha venido dando a conocer el gobierno nacional. Hay que señalar también que aún se presentan gruesas dificultades en la sistematización de este fenómeno.[vii] Por esta razón, una de las promesas del actual gobierno de Juan Manuel Santos —quien entregará el cargo el 7 de agosto— es crear un registro único permanente de líderes sociales asesinados, aunque estas medidas «van a paso lento».[viii]

Pertinente es, entonces, preguntarse por la relación entre la coyuntura actual y la paz firmada y su implementación. Al respecto, el informe de la ONG Somos Defensores afirma que la mitad de los ochenta y tres casos de asesinatos en 2017 de líderes comunales, campesinos, comunitarios, indígenas y afros, fueron contra personas que trabajaban en alguno de los puntos del acuerdo de paz; ya fuera en temas de desarrollo rural, garantías para la participación política, sustitución de cultivos ilícitos o en derechos de las víctimas.[ix] De tal forma, se puede afirmar que los liderazgos que han asesinado simplemente buscaban que lo que se había acordado en el papel se llevara a la práctica en sus territorios y que la paz saliera de su laberinto.

En buena parte, la situación de las y los líderes sociales es evidencia de los problemas de implementación de los acuerdos, lo que nos lleva a sugerir que el país aún no ha comenzado a transitar por el camino de tener mejores conflictos, es decir, disputas institucionalizadas que ayuden a resolver o regular los problemas sin tener que eliminar al otro que piensa o actúa distinto. Un problema histórico.


¿Quiénes y por qué los están matando?

 

Tanto las entidades estatales, las ONG y organizaciones defensoras de DD. HH. como las denuncias por medio de redes sociales evidencian que existe un aumento notable en los asesinatos selectivos de líderes sociales, pero es mucho menos claro cuál es la causa.

Para empezar, la identificación de los diferentes actores armados –complicada incluso antes del proceso de paz, en este país donde han operado múltiples grupos guerrilleros y paramilitares– se ha vuelto más compleja por la fragmentación de estos mismos grupos, posterior a procesos recientes de desmovilización.

Por ejemplo, el principal grupo de fuerzas paramilitares, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tras su desmovilización entre 2003-2006 se fragmentó y se reconfiguró en diferentes organizaciones. La sola denominación de dichos grupos es complicada: se les ha llamado BACRIM o Bandas Criminales, grupos posdesmovilización, neoparamilitares, grupos delictivos organizados (GDO) o grupos armados organizados (GAO). En esta última categoría también caen las «nuevas disidencias» que han surgido en el marco del Proceso de Paz con las FARC. Por otro lado, otros grupos guerrilleros no desmovilizados como el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) se han fortalecido en territorios antes ocupados por otras fuerzas armadas.

Así, cuando ocurre un asesinato, existe toda una sopa de letras de entre la cual se ha decidido escoger al momento de buscar el responsable. Lo clave aquí es que esta situación revela un problema de comprensión del fenómeno mismo: no hay claridad sobre quiénes son los responsables y, por tanto, no se ha podido comprender la dinámica de este conflicto.

Aún más difícil es la identificación de las causas de los asesinatos. Por un lado, la Fiscalía –una entidad politizada hacia la derecha– arguye que la causa principal es la lucha entre estructuras delincuenciales por el control del narcotráfico.[x] Por otro, el Ministro de Defensa fue duramente criticado al declarar que los líderes estaban siendo asesinados por «líos de faldas»[xi] y luego insinuó que se trataban de «problemas personales».[xii]

Mientras tanto, la Procuraduría ha encontrado que existe una persecución sistemática y generalizada de defensores de derechos territoriales[xiii] y además ha abierto investigaciones para indagar sobre la complicidad de las Fuerzas Armadas en los asesinatos.[xiv] Además, un informe redactado por una alianza de ONG defensoras de derechos humanos encontró que los «conflictos por tierra, territorio y recursos naturales» representaban 83,19% de los homicidios en el 2018, y solo 13% estaban relacionados con cultivos de coca.[xv] Esto significa que no parece haber evidencia suficiente para afirmar que los asesinatos están relacionados de manera directa con el aumento en las hectáreas cultivadas de coca, como lo ha sostenido la derecha colombiana.[xvi]

Así, en medio de mensajes mixtos, la impunidad sigue reinando: según el informe de Somos Defensores, de los quinientos treinta y dos líderes sociales asesinados entre los años 2009 y 2017, «el 93% de casos ocurrió en zonas rurales y no se ha identificado a sus responsables».[xvii] En otros casos, se identifica al autor material pero no al intelectual; esto es, se sabe poco de las estructuras criminales que operan los asesinatos.


¿Sistematicidad?

Las discusiones sobre los actores responsables y los motivos detrás de los asesinatos llevan hacia una misma pregunta: ¿hay una sistematicidad en estos asesinatos? Dicha cuestión radica no solo en los detalles de los homicidios, sino también en la definición misma de la sistematicidad. Varias entidades estatales, como el Ministerio de Defensa y, en gran parte, la Fiscalía, han caracterizado la sistematicidad como un fenómeno de actor unívoco y plan anticipado y cohesivo, y han utilizado dicha definición para descartar la posibilidad de la sistematicidad en los asesinatos como primer paso para banalizar estas muertes y caracterizarlas como daños colaterales en la guerra contra el narcotráfico o, incluso, criminalizar a los líderes asesinados sin ninguna prueba.

Sin embargo, según una definición más amplia y compleja –como la que contempla la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos– la sistematicidad puede incluir una multiplicidad de autores cuando el fenómeno permite identificar patrones y aspectos cuantitativos en la violencia que no se traten de coincidencias.[xviii] En este caso de líderes sociales, la clave estaría en identificar las características de la coyuntura actual que ha llevado a un incremento tan marcado en esta modalidad de homicidio, además de las continuidades y condiciones estructurales que subyacen a esta violencia política.

Una de las dificultades en identificar la sistematicidad es la novedad de la coyuntura: tras más de sesenta años de conflicto armado, el periodo del llamado «posconflicto» ha traído nuevas dinámicas con la desmovilización de las FARC, la emergencia de nuevos actores, y la reconfiguración de fuerzas en los territorios antes controlados por este grupo guerrillero. Estos territorios en disputa evidencian una intensificación del conflicto mientras diferentes grupos armados compiten por el control, en particular en los corredores de narcotráfico (de lo cual se ha señalado la presencia del cártel de Sinaloa).[xix]

Hay que subrayar que la situación de los asesinatos de líderes está poniendo al descubierto los «vacíos», o mejor, las reconfiguraciones del poder local. Con la desmovilización de los antiguos guerrilleros ha ocurrido un cambio en los órdenes sociales que otrora eran regulados por estos grupos armados. A tal estado de cosas, la politóloga Ana María Arjona lo ha llamado «rebelocracia», refiriéndose a cuando los grupos armados son los gobernantes de hecho o las autoridades encargadas de imponer reglas en la vida cotidiana.[xx] De este modo, los asesinatos evidencian las disputas que están ocurriendo por la reconfiguración de los órdenes locales, con la actual desmovilización y pérdida de influencia de las FARC, pero también con la misma dificultad histórica que ha tenido el Estado (centralista) colombiano por hacer presencia y controlar sus «periferias».

Por otro lado, no hay que desconocer que se pueden identificar ciertas continuidades históricas en este caso. El asesinato de líderes sociales es la expresión más actual de una historia de homicidios selectivos en Colombia. Este país ha encabezado las listas en homicidios de periodistas y de sindicalistas. También es esencial recordar, como lo hace Somos Defensores en su último informe, que la violencia contra los líderes sociales y en particular, los defensores de derechos humanos, tiene una larga historia que incluye una marcada persecución estatal entre 2002-2010, durante los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe. Durante este periodo, los defensores de DD. HH. fueron sistemáticamente tildados como terroristas o guerrilleros por el entonces presidente y miembros de su administración, además de ser monitoreados de forma ilegal por entes estatales de los que se ha comprobado que tenían comunicación con grupos paramilitares. De hecho, actualmente el expresidente Álvaro Uribe —líder del partido del recién electo presidente Iván Duque— está siendo investigado por sus conexiones con el paramilitarismo.[xxi] A esto se suma el asesinato extrajudicial por parte de las Fuerzas Armadas de hasta diez mil civiles entre 2002 y 2010 para pasarlos como guerrilleros, los llamados «falsos positivos».[xxii]

Así, con las condiciones particulares que presenta el momento histórico presente y con la persistencia de ciertas expresiones violentas en Colombia, parece que la clave para entender lo que está ocurriendo se encuentra en la pregunta por la sistematicidad. Las características de las y los líderes asesinados sugieren que existen patrones que no se deben al azar. Por tanto, se espera que los representantes del Estado colombiano den un giro y reconozcan que el paso inevitable es investigarlo decididamente. En el caso contrario, ¿deberíamos considerar la complicidad del Estado al evadir la pregunta por la sistematicidad? Parece que sí, más cuando la influencia del proyecto de Uribe fue confirmada en las últimas elecciones.


¿Y qué se puede esperar?

Las continuidades que pueden identificarse obligan a hacerse la pregunta por lo que ocurrirá durante el próximo gobierno, afín al proyecto de Uribe. Pocos días después de ganar las elecciones, miembros del partido de Duque, el Centro Democrático, han insistido en dar una explicación de los hechos recientes con una narrativa asociada al «narcoterrorismo» —usada recurrentemente mientras Uribe fue presidente para contraponerle su estrategia de «Seguridad Democrática»—. Así, han tratado de argumentar que estos hechos no tienen que ver con violencia de tipo político y, en cambio, han sostenido que los asesinatos han ocurrido porque los líderes tenían algún vínculo con un grupo guerrillero o alguna banda criminal.[xxiii] Además, en esta conocida narrativa se sugiere que estos vínculos entre líderes y otros grupos del conflicto son evidencia de que haber realizado un acuerdo de paz fue una equivocación. En su lugar, insisten en aplicar la fórmula ya fracasada en Colombia: alcanzar la paz con la guerra.

Hay que decir que esta fórmula no es algo que el gobierno saliente, el del nobel de la Paz Juan Manuel Santos, haya evitado por completo a pesar de haber logrado la firma del acuerdo de paz. Algunas de sus acciones ponen en duda el hecho de si en verdad tiene una voluntad pacificadora comprehensiva. Por ejemplo, su gobierno ha evadido explícitamente la pregunta por la sistematicidad,[xxiv] sugiriendo con ello que no existe una red de responsables por identificar. Por el contrario, han afirmado de que se trata más bien de dinámicas locales, negándose con ello a adelantar con decisión planes de protección colectivos a las comunidades.[xxv]

Estas omisiones recurrentes —históricas, tanto en los gobiernos de Uribe como en los de Santos— explican que recientemente se encuentre a los responsables materiales, pero no se conozca a los líderes intelectuales y a las estructuras criminales que lo soportan. En la misma lógica, el gobierno actual ha persistido en no reconocer la exigencia de las comunidades de que el Estado debe proveer servicios y apoyo diverso a los territorios. En su lugar, se ha ofrecido apoyo militar para aplicar la vieja fórmula de pacificar sin adelantar reformas.

Entonces, la actual coyuntura en la que se está asesinando a los líderes del pueblo colombiano nos habla de las limitaciones propias que ha tenido el Estado colombiano de imponer —en un esquema de centralización estatal— un orden social en todo el territorio nacional. Más aún, este caso sugiere que puede existir una corresponsabilidad de los diferentes gobiernos por la falta de voluntad política que han tenido al no reconocer la sistematicidad de este drama nacional. Por las continuidades señaladas y por las características de su proyecto político, es difícil esperar lo contrario del gobierno entrante de Duque.

En la historia reciente los gobiernos colombianos no han reconocido que hablar de sistematicidad permitiría tomar medidas necesarias como: un sistema de información, investigación oficial de calidad para identificar los cambios y las continuidades, entender los actores involucrados y lo que está en juego. En suma, no hay interés en conocer las razones que ayudan a comprender lo que está ocurriendo y la dinámica del conflicto que aún hoy se compone y recompone.

Existe, pues, evidencia para dudar de que el papel que tiene el Estado de cuidar la vida y de poner la luz para entender fenómenos que la amenazan, como el que se vive en Colombia, va a llevarse a cabo. La paz puede no salir de su laberinto. Lo que queda es seguir preguntando, aunque las respuestas no sean suficientes de momento para comprender lo que ocurre, para encontrar a las estructuras que lo explican y, mucho menos, para devolver a las vidas que se llevaron.

 


[i] «261 asesinatos de líderes en Colombia encienden las alarmas en las Naciones Unidas», Semana, disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/261-asesinatos-de-lideres-en-colombia-que-generan-alarma-en-las-naciones-unidas/566556

[ii] «En serio, vamos a defender la vida», Centro Nacional de Consultoría, disponible en: https://www.centronacionaldeconsultoria.com/single-post/BlogCNC/En-serio-vamos-a-defender-la-vida

[iii] «”Nos estamos quedando solos”: única víctima colombiana que estuvo en examen de DD.HH. en Suiza», Colombia2020 – El Espectador, disponible en: https://colombia2020.elespectador.com/pais/nos-estamos-quedando-solos-unica-victima-colombiana-que-estuvo-en-examen-de-ddhh-en-suiza

[iv] «En serio, vamos a defender la vida», Centro Nacional de Consultoría, disponible en: https://www.centronacionaldeconsultoria.com/single-post/BlogCNC/En-serio-vamos-a-defender-la-vida

[v] «Estos son los 115 líderes sociales asesinados desde el inicio de la implementación», Pacifista, disponible en: pacifista.co/lideres-sociales-asesinados-inicio-implementacion/

[vi] «261 asesinatos de líderes en Colombia encienden las alarmas en las Naciones Unidas», Semana, disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/261-asesinatos-de-lideres-en-colombia-que-generan-alarma-en-las-naciones-unidas/566556

[vii] Por esto mismo, se ha llamado la atención sobre la importancia de crear un sistema de información asociado a los asesinatos: «Urge sistematizar información sobre asesinato de líderes sociales», Unimedios, disponible en: https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/urge-sistematizar-informacion-sobre-asesinato-de-lideres-sociales.html

[viii]  «”La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para líderes va a paso lento”», Colombia2020 – El Espectador, disponible en: https://colombia2020.elespectador.com/pais/la-comision-nacional-de-garantias-de-seguridad-para-lideres-va-paso-lento

[ix] «Piedra en el zapato. Informe Anual 2017», Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de DD.HH. en Colombia, disponible en: https://choco.org/documentos/informe-anual-2017-piedra-en-el-zapato.pdf

[x] «”Líderes sociales están siendo asesinados en donde operan redes de narcotráfico”: Fiscal», El País , disponible en: https://www.elpais.com.co/judicial/lideres-sociales-estan-siendo-asesinados-en-donde-operan-redes-de-narcotrafico-fiscal.html

[xi] «Asesinatos de líderes son por ‘líos de faldas’: ministro de Defensa», El Espectador, disponible en: https://www.elespectador.com/node/728893

[xii] «Si el asesinato de líderes sociales no es sistemático ¿Entonces qué es?», Pacifista, disponible en: http://pacifista.co/si-el-asesinato-de-lideres-sociales-no-es-sistematico-entonces-que-es/

[xiii] «Violencia sistemática contra defensores de derechos territoriales en Colombia. Informe», Procuraduría General de la Nación, disponible en: https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/180710_Violencia%20sistematica-contra%20defensores-derechos-territoriales.pdf

[xiv] «Estamos indagando si hay agentes de la fuerza pública involucrados en asesinatos de los líderes sociales: Procurador», Procuraduría General de la Nación, disponible en: https://www.procuraduria.gov.co/portal/indagacion-involucrados-asesinato-lideres.news%22https://www.procuraduria.gov.co/portal/indagacion-involucrados-asesinato-lideres.news
Al parecer, se ha registrado que en al menos cinco casos de líderes asesinados estaría implicada la Fuerza Pública: «Cinco casos de líderes asesinados en los que estaría implicada la Fuerza Pública», Pacifista, disponible en: pacifista.co/cinco-casos-de-lideres-asesinados-en-los-que-estaria-implicada-la-fuerza-publica/

[xv] «INFORME ESPECIAL. Todos los nombres, todos los rostros: Informe de Derechos Humanos sobre la situación de lideresas y líderes sociales, de defensoras y defensores de Derechos Humanos y de excombatientes de las FARC-EP y sus familiares en los territorios», Coordinación Social y Política Marcha Patriótica, La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular-CACEP, y el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo-INDEPAZ, disponible en: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2018/07/Separata-de-actualizaci%C3%B3n-de-INFORME-ESPECIAL-Todos-los-nombres-todos-los-rostros.-5-de-julio-2018.pdf
Colombia, además, tiene el tercer peor registro de asesinatos de defensores del medioambiente: durante el año pasado, veinticuatro de estos líderes fueron asesinados en el país: «24 lápidas por defender el medio ambiente en Colombia», Semana, disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/asesinatos-de-defensores-del-medioambiente-en-colombia/576446

[xvi] «A pesar de los trinos de Uribe, no hay correlación entre aumento de hectáreas de coca y homicidios», Colombiacheck, disponible en: https://colombiacheck.com/chequeos/a-pesar-de-los-trinos-de-uribe-no-hay-correlacion-entre-aumento-de-hectareas-de-coca-y-homicidios.html

[xvii] «Piedra en el zapato. Informe Anual 2017», op. cit.

[xviii] «Violencia sistemática contra defensores de derechos territoriales en Colombia. Informe», Procuraduría General de la Nación, disponible en: https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/180710_Violencia%20sistematica-contra%20defensores-derechos-territoriales.pdf

[xix] «El Pacífico colombiano y el cartel de Sinaloa», El Espectador, disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/el-pacifico-colombiano-y-el-cartel-de-sinaloa-articulo-738383

[xx] Ana María Arjona. Rebelocracy: Social Order in the Colombian Civil War, Cambridge Studies in Comparative Politics, 2017.

[xxi] «Tres testigos vinculan a la familia Uribe con paramilitares», The New York Times, disponible en: https://www.nytimes.com/es/2018/07/08/colombia-santiago-alvaro-uribe-doce-apostoles/

[xxii] «Colombian army killed thousands more civilians than reported, study claims», The Guardian, disponible en: https://www.theguardian.com/world/2018/may/08/colombia-false-positives-scandal-casualties-higher-thought-study

[xxiii] Hay que recordar que la estigmatización de las y los líderes y, en particular, la asociación de los defensores de derechos humanos con grupos guerrilleros para estigmatizarlos y callarlos fue una práctica sistemática de la presidencia de Uribe, como sostiene Somos Defensores. «Piedra en el zapato. Informe Anual 2017», op. cit.

[xxiv] «“La discusión no debe centrarse en si existe o no sistematicidad”: Gobierno», El Espectador, disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/politica/la-discusion-no-debe-centrarse-en-si-existe-o-no-sistematicidad-gobierno-articulo-798361

[xxv] «”Nos están matando”, un documental sobre el asesinato de líderes sociales», El Espectador – Colombia2020, disponible en: https://colombia2020.elespectador.com/territorio/nos-estan-matando-un-documental-sobre-el-asesinato-de-lideres-sociales

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México y Alemania, el futuro de una relación

El resultado electoral del primer domingo de julio atrajo los reflectores de la prensa alemana hacia México. Eso no significa haber ocupado los encabezados, pero tampoco es costumbre que los medios de comunicación alemanes traten un tema de lo que sucede en América Latina. Por supuesto, se ha destacado el giro hacia la izquierda que dieron las y los votantes mexicanos. El triunfo de López Obrador se ha analizado en clave de descontento con el gobierno del PRI, la corrupción y el hartazgo por la criminalidad que atenta contra cualquier normalidad política y económica. Pero también afloran incógnitas sobre el fondo y la forma del próximo gobierno.

Si bien la política exterior no fue uno de los tópicos centrales de discusión pública en los meses de campaña, en los espacios donde dialogaron los representantes en esta materia de los tres principales candidatos apreciamos sus ideas del papel que México puede jugar en el mundo, lo que puede ofrecer y obtener de sus relaciones con otros países. De aquí a que inicie la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, su equipo de transición en temas internacionales, encabezado por el próximo Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tendrá que dar más señales sobre lo que será el perfil de la política exterior 2018-2024.
Con base en algunas intervenciones de representantes de Andrés Manuel López Obrador (entrevista a H. Vasconcelos en el diario El País, del 8 de mayo pasado), se destaca la inconveniencia de haber concentrado las relaciones externas de México hacia Norteamérica, que descuidó «regiones como la Unión Europa». Sin minimizar a otros países europeos con los que México tiene vínculos históricos, políticos y sociales profundos, me enfoco aquí en Alemania, el país que analizo y en el que vivo desde hace cuatro años.

Alemania es el principal socio comercial de México dentro de la Unión Europea, tercer destino de las exportaciones mexicanas totales (1.7% del total, tras Estados Unidos y Canadá –79.8% y 2.7%, respectivamente–), y la cuarta fuente de las importaciones mexicanas (3.9%, detrás de Estados Unidos, China y Japón –46.2%, 17.6%, y 4.3%–). El grueso de los intercambios tiene que ver con la estructura industrial alemana, sus músculos en automotriz, maquinaria y química, en los que México se ha perfilado de forma destacada como eslabón de las cadenas globales de valor. La inversión extranjera directa desde Alemania en 2017 fue de 7.5% del total recibido, en la posición cuarta del ranking de IED hacia México (tras EUA, Canadá y España). Sin embargo, el interés de Alemania no se acaba solo en ubicar a México como fábrica o mercado de consumo.

En conversaciones con integrantes de gremios empresariales alemanes he conocido su preocupación por la corrupción, pero sobre todo su interés en el fortalecimiento de instituciones de Estado en terceros países en los que deciden invertir: sistemas fiscales y educación, por mencionar solo dos ejemplos que suelen citar. Las medidas ya emprendidas por México en materia de formación dual han sido acompañadas por los gremios empresariales alemanes y el gobierno federal en Berlín. Aquí existe una coincidencia entre Alemania y nuestro país, refrendada por el próximo gobierno según se lee en Pejenomics II (p. 3), para vincular la preparación profesional y el mercado laboral.

Por otra parte, la fama del Mittelstand industrial, las empresas alemanas de escala mediana que generan la mayoría de empleos y participan en los circuitos comerciales internacionales, parece un ejemplo de lo que aspira a lograr una de las políticas económicas del gobierno que comenzará el 1 de diciembre (Pejenomics II, pp. 10-11). Como es sabido –y no es mero cliché–, a los alemanes les gusta la estabilidad. La forma como se desarrolló la elección del 1 de julio en México, la reacción de mercados financieros, y visto el encuentro entre el presidente Peña Nieto y el virtual presidente electo, parecen buenos presagios.

Fuentes del gobierno federal alemán en temas de política exterior me han compartido su interés por la evolución de México como actor global: cooperación al desarrollo, coordinación en iniciativas y organizaciones internacionales, y que ambos países asuman más responsabilidades. Todo ello se enmarca en una perspectiva de gobernanza global –que dista mucho de la visión de juego suma cero que domina hoy en Estados Unidos, que tantas tensiones ha generado a México y Alemania. Los fundamentos de la gobernanza global empapan los principios de política exterior contenidos en la fracción X del Artículo 89 de la Constitución mexicana.

Expresada en las voces de la canciller federal, Merkel, y el Ministro federal de Exteriores, Maas, en los últimos meses Alemania ha defendido multilateralismo, sus organizaciones y sus normas; y aquí hay una coincidencia con lo manifestado por Vasconcelos en El País: el próximo gobierno desea «contribuir al orden internacional y la búsqueda de la paz en los conflictos y a la no violación de los derechos humanos». En la política exterior alemana, fuera de relación con la Unión Europea y la con Estados Unidos, aquella con América Latina es la más cercana por afinidad de valores y vínculos históricos positivos. El actual gobierno en Berlín (2018-2021) incluyó en su Contrato de Coalición un breve apartado sobre Latinoamérica, con la que, dice, comparten intereses estratégicos, y cuáles son los ejes de su cooperación. En todos ellos México puede ser un socio para Alemania, y beneficiarse para su propio desarrollo económico, medioambiental, y político.

Al frente de la cancillería federal alemana a Angela Merkel le ha tocado tratar con tres presidencias mexicanas; la de López Obrador será la cuarta y posiblemente la última. Desde México, el próximo gobierno verá el cambio hacia el vigésimo periodo del Bundestag alemán y quizá una nueva o nuevo canciller. En 2018 las incertidumbres que manifiestan análisis germanos sobre el tipo de gobierno que habrá en México a partir del 1 de diciembre deben despejarse con acercamientos y diálogo en los próximos meses, pues, como se ha mostrado, hay coincidencias sobre el tipo de orden internacional y relaciones bilaterales; después tendrán que hablar los hechos, la colaboración desde ambos lados del Atlántico. El mensaje del 4 julio de la canciller Merkel a López Obrador abre vías para transitar en ese sentido, y la convocatoria a un encuentro próximo debería ser considerada seriamente por la parte mexicana.

Alemania se interesa por México en muchos aspectos, y pese al resultado del primer partido del Grupo F de la Copa Mundial de Futbol, el nivel actual de las relaciones germano-mexicanas es positivo. El gobierno mexicano emanado de las elecciones del 1 de julio tiene la oportunidad llevarlas aún más adelante. Como dijo el Chicharito Hernández: «Lass uns wundervolle Dinge vorstellen» («Imaginemos cosas…»).

 

¿Cómo interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Lecciones para Evo Morales

El 4 de octubre de 2017, el ministro de Justicia boliviano, Héctor Arce, y la presidenta de la Cámara de Diputados de Bolivia, Gabriela Montaño, se presentaron, en Washington, a la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) con una demanda inusitada: la Constitución boliviana atenta contra el derecho de las personas a ser elegidas en un proceso democrático. ¿Una demanda de retención del Poder Ejecutivo en el seno de una institución con una cláusula democrática? El trasfondo es que la Constitución de Bolivia impide que una persona participe en más de dos elecciones presidenciales consecutivas. Pero, Evo Morales va por la cuarta en 2019. ¿Qué pasó en la tercera ocasión y por qué en esta ocasión escoge la vía supranacional?

Este artículo explica el surgimiento de la vía supranacional en el caso boliviano, al tiempo que pone en duda su efectividad. Muestra que existe evidencia legal (aunque cuasi jurisdiccional) para determinar cómo deben interpretar los países la reelección a partir del Pacto de San José, y que los órganos estatales sí pueden limitar el número de veces que pueden ser reelectos sus representantes. Para ello, lo he dividido en dos partes, la primera presenta la crisis (re)electoral actual, en el contexto boliviano del siglo XXI, y la segunda cuestiona la ruta supranacional.


Legitimidad nacional: entre lo económico, lo político y lo social

A diferencia de los intentos de mantener el poder por el uso de la fuerza, en América Latina la tendencia de estas últimas tres décadas ha sido buscar la reelección en un ejercicio democrático. ¿Cuáles son los factores que permiten que los presidentes vuelvan a ganar? ¿Es un argumento de «mejor malo conocido que bueno por conocer» o es un acarreo sistemático de votos con un régimen represivo contra la oposición?

En el caso de Bolivia, la simpatía por el partido del presidente Evo Morales —Movimiento al Socialismo (MAS)— es contundente en lo que va del siglo. En las últimas tres elecciones presidenciales Morales ganó por mayoría absoluta: con 54% en 2005; con 64% en 2009 y con 60% en 2014. Santiago Villar propone rescatar dos realidades en la elección de 2014: 1) que en el departamento de Santa Cruz Morales ganó pese a la historia de oposición al partido MAS, que en su primer mandato se manifestó con tensiones secesionistas, y 2) el voto de los bolivianos en el extranjero dio el triunfo al MAS con 70% del total contabilizado (2014).

En su análisis de las elecciones de 2014, Villar identifica tres resultados que legitiman el gobierno del MAS: estabilidad política, crecimiento sostenido y mayor inclusión social. La estabilidad política hace referencia a la capacidad de Evo Morales de mantenerse en el poder, en contraste con los cuatro presidentes que asumieron el cargo entre 2001 y 2005 y que no pudieron ejercerlo por más de dos años consecutivos. Respecto a los indicadores macroeconómicos, de 2006 a 2013 el crecimiento medio del PIB es de 5%, mientras que la inversión extranjera entre 2006 y 2013 se multiplicó por seis, pese a las nacionalizaciones de las industrias, como la de hidrocarburos, que emprendió Morales. Por último, logró grandes avances en la inclusión política y social de las comunidades originarias, las cuales representan 62% de la población total. Además, consiguió cambios radicales en los parámetros de bienestar social: reducir la pobreza, triplicar el salario mínimo y disminuir el desempleo.

El primer cuestionamiento en materia de reelección se hizo en 2013 ante una tercera candidatura presidencial de Evo Morales para las elecciones de 2014, pese a la restricción de la Constitución boliviana, pues en su artículo 168 la Carta Magna establece que la reelección presidencial es posible solo una vez de manera consecutiva. El Tribunal Constitucional de Bolivia desacreditó el debate en abril de 2013 en la Declaración Constitucional Plurinacional Nº 0003/2013, ya que respondió a la consulta de la Cámara de Senadores de la ALP (bajo el proyecto legislativo «Ley de Aplicación Normativa») sobre el alcance del artículo 168 constitucional. El tribunal resolvió que la primera elección de Evo Morales no debía contar como una elección dentro del marco normativo de la Constitución de 2009; entonces, la tercera candidatura de Morales debía considerarse como la segunda dentro del marco normativo vigente. Sumado a esto, su primer periodo duró un poco menos de lo establecido en la Constitución, puesto que las elecciones se llevaron a cabo después de que con la nueva Constitución se aprobara el cambio de una república a un Estado plurinacional. Por tanto, la candidatura de Evo Morales de 2014 no contradecía el texto constitucional al ser apenas su primera reelección consecutiva desde que entró en vigencia la Constitución de 2009.[I]

Con una mayoría absoluta del MAS en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (ALPB) y con simpatía del máximo órgano judicial, en 2015 se inició el procedimiento para modificar la Constitución de Bolivia y poder presentar a Evo Morales a la presidencia por cuarta vez. El primer paso de ese procedimiento (una reforma parcial a la Constitución) es una ley de reforma constitucional aprobada por dos cuartas partes de ambas cámaras de la ALPB o una iniciativa popular. La prensa rescató el hecho que fue la Central Obrera Boliviana (COB) y la Coordinadora Nacional para el Cambio, junto con otras organizaciones, las que solicitaron a la ALPB esta reforma.[II] No obstante, la ley de reforma constitucional no necesita una solicitud ciudadana.[III]

Dado el dominio del MAS en la ALPB, el proyecto de ley de la reforma parcial de la Constitución Política del Estado fue aprobada por la ALPB en septiembre de 2015. Todo estaba listo para el segundo paso en el camino de una reforma parcial constitucional: un referéndum nacional. En la misma resolución 193/2015 se estableció la fecha, 21 de febrero de 2016, y la pregunta del referéndum: «¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua?». La formulación de la pregunta es relevante porque denota un paso modesto (dos reelecciones continuas) y no una reelección indefinida.

El referéndum se hizo y ganó el «No». Este sería el fin de la historia si se toma como ejemplo el caso de Colombia; no obstante, Evo Morales aceptó el resultado y dejó claro que buscará la reelección por otras vías. Su declaración se resume así: el oficialismo perdió una batalla, pero no la guerra (Miranda, 2016).

¿Qué significa esta pérdida electoral para el gobierno de Evo Morales? Hay dos claras evaluaciones: una es que la primera derrota de Evo Morales en más de diez años y que esto demuestra cierta debilidad del partido, y la otra es que para lograr el triunfo del «No», la oposición (destacada por su heterogeneidad) se pudo aglutinar contra un objetivo claro con nombre y apellido. Así, esta derrota no debe leerse como un desencanto por el partido, sino como una debilidad puntual a la ambición reeleccionista y a la constante reinterpretación constitucional. Para dimensionar este argumento basta considerar que el «No» ganó por solo 2.6 puntos porcentuales, un margen que demuestra el peso del voto duro del MAS.


¿Dónde queda el Pacto de San José?

En diciembre de 2016, el MAS determinó por decisión unánime que su candidato a la contienda presidencial de 2018 sería Evo Morales, en contra de la decisión del referéndum. Las primeras cuatro alternativas para justificar esta decisión fueron: 1) una reforma constitucional parcial por medio de una iniciativa popular, 2) una reforma constitucional para extender el mandato del presidente, 3) que el presidente renuncie antes de las elecciones de 2019 para que no se cumplan dos términos completos seguidos, y 4) una reinterpretación constitucional (News Agencies, 2016). Las dos primeras siguen una vía análoga a la reforma constitucional parcial que ya fracasó. En cambio, las dos últimas no tienen justificación sólida de fondo, es una simple propuesta de forma. Una quinta surgió del partido y de los medios desde inicios de octubre: la de buscar un soporte en el derecho internacional.

Los primeros pasos hacia el argumento internacional se dieron el 18 de septiembre de 2017, cuando miembros de la ALPB presentaron ante el Tribunal Constitucional de Bolivia una acción para declarar inconstitucional la restricción de la reelección por las leyes electorales y para solicitar un control de convencionalidad con acuerdos internacionales en materia del derecho político a ser elegido. El argumento es que los artículos 26 y 28 de la Constitución de Bolivia establecen como únicos límites al derecho político de participación en elección popular tomar las armas en fuerzas armadas enemigas en tiempos de guerra, defraudación de recursos públicos y traición a la patria. Por otra parte, el punto de control de convencionalidad se reforzó por la declaración, el 21 de septiembre de 2017, del ministro de Defensa, Reymi Ferreira, sobre cómo la limitación constitucional a una sola reelección consecutiva va en contra de lo establecido en el Pacto de San José. Pero, ¿realmente aplica la ruta internacional? ¿Cómo se debe interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos en este caso?

El camino internacional se popularizó en Latinoamérica durante el siglo XXI. Responde a las modificaciones de los marcos legales internos que se efectuaron desde la década de 1990 en la mayoría de los países de la región y que elevaron a los tratados internacionales en materia de derechos humanos (o un subconjunto de ellos) al rango constitucional nacional. En el caso de Bolivia, la Constitución de 2009 establece en su artículo 13.IV que los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos priman sobre el orden interno y que no se pueden suspender en Casos de Excepción. Se elevan al rango constitucional en el artículo 410, dentro del Bloque de Constitucionalidad. Por su parte, el artículo 256 consagra una jerarquía en materia concurrente entre la Constitución y los tratados internacionales relativos a derechos humanos, ya que se deberá escoger el instrumento que declare la interpretación más favorable del derecho. Evoluciones posteriores en el derecho boliviano garantizan que se deben ejecutar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) (Sentencia Constitucional 0110/2010-R de 10 de mayo de 2010) y que es necesario incorporar la jurisprudencia internacional de la Corte IDH en la jurisprudencia interna (Sentencia Constitucional 1109/2011-R de 16 de agosto de 2011).

En este sentido, se planteó llevar a la Corte IDH o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de la reelección de Evo Morales. En el caso de la Corte IDH, se puede solicitar una opinión consultiva o una resolución respecto al acceso del derecho político de Morales a ser elegido en un cargo público por un proceso democrático, las cuales son de carácter vinculante. El camino por la CIDH es de corte más político, pues no emite documentos vinculantes. No obstante, las Conclusiones, los Informes y las Recomendaciones de la CIDH tienen un peso político importante y algunos autores las consideran parte de la jurisprudencia de interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) (también conocida como Pacto de San José).[IV]

La base del caso alegado por Bolivia es que el artículo 23 de la CADH garantiza el derecho político de ser elegido, directamente o por representantes, a los cargos de asuntos públicos. Más aún, en el mismo artículo se determina que los únicos límites que se pueden imponer a la participación son: edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal. Por tanto, en principio, el haber ostentado con anterioridad el cargo público no puede ser limitación para poder participar.

No obstante, una aparente lectura literal no es válida al interpretar un tratado internacional. Se deben tener en cuenta las reglas generales y particulares de interpretación de acuerdos internacionales.[V] De manera tradicional, interpretar el Pacto de San José implica al menos tres niveles de análisis: 1) se debe considerar al tratado en su conjunto y en relación con otros instrumentos internacionales. Además de toda práctica posterior acerca de la aplicación del tratado por la cual se conste el acuerdo de las partes, como las resoluciones de órganos competentes de interpretación, como la CIDH. 2) El contexto del derecho constitucional nacional e internacional. 3) Las circunstancias jurídicas que rodean al derecho vulnerado.

Este ejemplo es más sencillo porque existe un informe en la CIDH respecto a estos casos donde existen limitantes a la elección. Pese a que este informe no es jurisprudencia de interpretación de la CADH, sí representa un antecedente importante que permite dilucidar los argumentos de la Corte IDH. El informe Nº 30/93 del caso 10.804 sobre Guatemala del 12 de octubre de 1993 informa que la CADH no prohíbe que las legislaciones nacionales creen limitantes a las elecciones; en particular, las reelecciones. El caso 10.804 surge de las aspiraciones del expresidente José Efraín Ríos Montt para ser candidato presidencial pese a la oposición de la Constitución de 1985. Esta Constitución establece en su artículo 186 que «no podrán optar a ese cargo, el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno…». José Efraín Ríos Montt asumió la jefatura de Gobierno el 23 de marzo de 1982 en un gobierno de facto que suspendió el orden constitucional que dictaba la Constitución de 1966. Este artículo aprovecha la interpretación de la CIDH en este caso, pues se leyó de manera amplia una restricción a las elecciones presidenciales particular (en caso de jefes de un golpe de Estado) y el informe hizo referencia a cualquier limitación a las elecciones.

En dicho informe se consideraron al menos tres argumentos:

a) Que el límite a la elección «aparece en las sucesivas Constituciones de Guatemala desde principios de este siglo y es mantenida por las distintas reformas». Es decir, el contexto constitucional nacional.

b) Que «la condición de inelegibilidad no es idiosincrática de la tradición constitucional guatemalteca, sino que  aparece también —y a veces con prácticamente la misma redacción— en otras Constituciones de varios países centroamericanos (Honduras, Nicaragua)». Más aún, que «varios regímenes constitucionales establecen como condición de inelegibilidad, en casos por un período determinado, en otros como permanente, el hecho de haber sido titular o ejercido el Poder Ejecutivo por elección». Estos puntos se refieren al contexto internacional y a las circunstancias jurídicas que rodean al derecho vulnerado.

c) «Que una de las raíces comunes de esa condición de inelegibilidad lo constituye el Tratado General de Paz y Amistad celebrado entre los Gobiernos de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica en 1923 por el cual… [se establecía] el compromiso de incluir en sus Constituciones el principio de no-reelección». Este punto no se comparte con el caso de Bolivia y corresponde a la lectura en relación con otros instrumentos internacionales.

Se debe agregar que la Comisión estableció que «el derecho constitucional comparado indica diferentes condiciones de inelegibilidad que buscan evitar el nepotismo, el conflicto de intereses (contratistas del Estado, etc.), condición de miembro de órdenes religiosas, de otros poderes o servicios del Estado (magistrados judiciales y militares activos, etc.). Es decir, la defensa de la efectividad de los derechos políticos y de la autenticidad de las elecciones ha llevado a distintas formas de reglamentación de la elegibilidad para ser Presidente de un país, que deben ser consideradas como contexto de apreciación por la Comisión.” Así, la CIDH establece que las limitaciones a la reelección se dan precisamente para garantizar el derecho de elección y no en detrimento del mismo. Por tanto, gracias a que el contexto constitucional nacional debe de tomarse en cuenta para interpretar la CADH, las restricciones a la reelección a nivel constitucional son compatibles con la Convención. Esto último explica la consideración final del informe: «Considera la Comisión al respecto que dicha causal de inelegibilidad surge de un acto de Asamblea Constituyente elegida por votación democrática en la que el pueblo guatemalteco decidió a través de sus representantes constituyentes que era necesario mantener dicha causal, ya existente en la historia constitucional guatemalteca… y aún más, hacerla permanente.  Estamos pues… dentro de aquellas condiciones que posee todo sistema jurídico constitucional para hacer efectivo su funcionamiento, y para defender la integridad de los derechos de sus ciudadanos».

En el caso boliviano las condiciones son parecidas. Una constitución que prohíbe la candidatura presidencial en más de dos ocasiones y que fue el resultado de una Asamblea Constituyente elegida por votación democrática. Todavía más, el análisis de derecho constitucional comparado arroja las mismas limitaciones para el caso boliviano que para el caso guatemalteco. En conclusión, la CIDH debería contradecirse si emite una Conclusión, un Informe o una Recomendación en la que avale la reelección en Bolivia. En tanto a la Corte IDH, un razonamiento análogo le permitiría llegar a las mismas conclusiones; no obstante, este procedimiento tiende a ser muy largo y hay temor entre la oposición de que no se pronuncie a tiempo.


Reflexiones y perspectivas

Este artículo traza desde el caso boliviano que el fantasma dictatorial está presente en América Latina bajo la sombra de la reelección. Se demuestra cómo la vía de reforma constitucional para lograr la reelección puede fallar y, en consecuencia, nuevas respuestas son necesarias. Pese a que no está claro el porqué de este viraje popular a la no reelección, sí es un hecho que las alternativas para la reelección de forma «legal» no son inmediatas.

Mediante el estudio del informe Nº 30/93 del caso 10.804 sobre Guatemala del 12 de octubre de 1993, se muestra que existe evidencia legal (cuasi jurisdiccional) para determinar cómo deben interpretar los Estados la reelección a partir del Pacto de San José, y afirmar que los órganos estatales pueden limitar el número de veces que se pueden reelegir sus representantes. No obstante, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Katia Uriona, anunció en diciembre de 2017 que se esperarán hasta 2019 para dar un decreto sobre la reelección de Evo Morales. Y aun, que el partido MAS lo mantiene como su candidato presidencial y el 29 de noviembre de 2017 el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) aprobó la candidatura de Evo Morales para la presidencia bajo el argumento de «control de convencionalidad» con la CADH. La oposición será ahora la que debe presentar una demanda ante la Corte IDH para invalidar la resolución de la TCP.

En conclusión, el estudio de la reelección boliviana crea una paradoja entre legalidad e ilegalidad en el debate político boliviano actual. Este ejemplo plantea un caso paradigmático sobre cómo un Estado puede apelar al derecho internacional para justificar un acto ilícito en el derecho nacional. Este artículo argumenta que la vía supranacional no es viable para justificar la reelección de Evo Morales, pero el impacto mediático y político de este caso obliga a hacer un pronunciamiento vinculante de la Corte IDH para dar por concluido este debate.

 

*Agradezco a Nicolás Eduardo Buitrago Rey por sus comentarios respecto a este texto.


[I] Existen varias lecturas respecto a la ilegalidad de este pronunciamiento. Sobre la opinión dividida en el seno del Tribunal Constitucional consultar (EFE, 2013). Para un análisis legal y académico se puede leer Vargas Lima, 2015.

[II] Ver por ejemplo Telesur, 2015 y Vargas, 2015.

[III] Diferente es el caso de una iniciativa popular, la cual se hace con firmas de 20% del electorado.

[IV] Existe un debate amplio en el derecho internacional en torno a este punto, para un estudio panorámico con estudios de caso a profundidad consultar Hitters, 2008.

[V] Las reglas internacionales para interpretación de tratados internacionales se contienen en los artículos 31, 32 y 33 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Para un estudio panorámico se puede consultar Moyano Bonilla, 1985.


Referencias

EFE (2013). «Fallo de Tribunal para reelección de Evo Morales ‘fue inconstitucional’». El Espectador. 23 de septiembre de 2013. Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/elmundo/fallo-de-tribunal-reeleccion-de-evo-morales-fue-inconst-articulo-448311.

Hitters, Juan Carlos (2008). «¿Son vinculantes los pronunciamientos de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? (control de constitucionalidad y convencionalidad)». Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. 10 (julio-diciembre 2008). 131-156.

Miranda, Boris (2016). «Cómo se explica y qué significa para Bolivia la derrota de Evo Morales en el referendo por su cuarto mandato». BBC Mundo. 24 de febrero de 2016. Disponible en: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160222_significado_derrota_evo_morales_referendo_reeleccion_bolivia_bm

Moyano Bonilla, César (1985). «La interpretación de los tratados internacionales según la Convención de Viena de 1969». Integración Latinoamericana 106 (octubre 1985). 32-49.

News Agencies (2016). «Bolivia Socialists back Evo Morales for a fourth term». Aljazeera. 18 de diciembre de 2016. Disponible en: http://www.aljazeera.com/news/2016/12/bolivia-socialists-evo-morales-fourth-term-161218042832391.html

Stefanoni, Pablo (2016). «Un referéndum por penales». Le Monde Diplomatique. Núm. 200. Febrero de 2016. Disponible en: http://www.eldiplo.org/notas-web/un-referendum-por-penales?token&nID=1

Telesur (2015). «Congreso aprobó proyecto ley que permite reelección de Evo». Telesur. 25 de septiembre de 2015. Disponible en: https://www.telesurtv.net/news/Congreso-habilita-a-Evo-Morales-para-reeleccion-presidencial-20150926-0014.html

Vargas Lima, Alan E. (2015). «La reelección presidencial en la jurisprudencia del tribunal constitucional plurinacional de Bolivia. La ilegítima mutación de la constitución a través de una ley de aplicación normativa». Iris Tatum Revista Boliviana de Derecho. 19. 446-469.

Vargas, Natalí (2015). «Arranca la campaña por el Sí y el No para la reforma a la CPE». Página SIETE. 27 de septiembre de 2015. Disponible en: http://www.paginasiete.bo/nacional/2015/9/27/arranca-campana-para-reforma-71502.html

Villar, Santiago (2014). «Evo Morales, incombustible, asume su tercer mandato». Barcelona Centre for International Affairs. Opinión CIBOD. Núm. 272. Octubre de 2014. Disponible en: https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion/america_latina/evo_morales_incombustible_asume_su_tercer_mandato

 

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La pasión de PPK, el vía crucis de Perú. ¿Resucitará Perú?

Cómo no recordar la frase que Winston Churchill dijo en Munich antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial: «El gobierno tuvo que elegir entre la vergüenza y la guerra. Eligió la vergüenza. Tendrá guerra también». Pedro Pablo Kuczynski (PPK) estuvo desde el día uno humillándose ante la bancada fujimorista que, si bien tenía mayoría en el Congreso, nunca debió darle la cabeza de sus ministros, entregarles sano, salvo y milagrosamente curado a Alberto Fujimori. Aun así, la guerra llegó con su renuncia y dieciocho meses sin poder dejar el país por las averiguaciones en el Caso Odebrecht.

Perú se ha convertido, para muchos, en un caso de estudio por cómo la corrupción ha sido capaz de terminar con todo un país. La gran pregunta es: ¿alguien sabía lo que venía?, ¿tomó por sorpresa a los peruanos? El gobierno tecnócrata de lujo terminó siendo más de lo mismo. Estaba en el historial PPK, la historia lo decía. Elegir el menor de los males en las elecciones de julio del 2016 terminaría explotando en la plaza San Martín cuando las garras filudas de Keiko Fujimori decidieran atacar.

Oportunidades tuvo muchas. A Kuczynski le otorgó su voto la izquierda con el afán de que no regresara el fujimorismo, y antes de que se desatara el caos político de diciembre del 2017, se hablaba de él como un tecnócrata que, rodeado del gabinete más profesional, lograría reactivar la economía. Perú, la quinta mayor economía de América Latina, logró recuperarse de la crisis política y económica que trajeron los noventa e inicios del 2000 y había logrado tener la menor inflación de la región (1.36% en el 2017) y un crecimiento estable del PIB de casi 6% (en 2017 cerró en 4.3%). Hoy miles de millones de dólares están en el limbo con construcciones paralizadas y la entrada de un nuevo gobierno.

El expresidente lo tenía todo, en papel era grandioso; estudió en el exclusivo Markham College de Lima, terminó la secundaria en Reino Unido. También posee una melomanía que lo llevó a hacer estudios de Composición musical en Suiza, flauta y piano en la Royal Academy of Music en Londres para seguir su paso por Oxford donde fue alumno de Filosofía, Economía y Política. Además de ir a la Universidad de Princeton donde cursó sus estudios de posgrado en Economía. Su padre, un médico militar polaco-alemán, encontró un lugar en la Amazonía peruana en los años treinta y se convirtió en pionero en el tratamiento de enfermedades tropicales.

Como profesionista, pasó por el Banco Mundial en múltiples ocasiones, trabajó en banca de inversión en los setenta en Kuhn, Loeb & Co., fue presidente de un consorcio minero —Halco Mining—, además de miembro del directorio de diversas empresas como Compañía de Acero del Pacífico, Magma Copper, Tenaris, Southern Peru Copper Corporation y Ternium Inc., entre otras.

Era el currículum perfecto. Aunque con lupa, su carrera política siempre tuvo claroscuros que hoy levantan suspicacia. En 1966 regresó a Perú como gerente del Banco Central de Reserva del Perú durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Tras el golpe de Estado el 3 de octubre de 1968, un golpe militar orquestado por el general Juan Velasco Alvarado, él y dos gerentes más fueron acusados por tráfico de influencias. Después de un proceso judicial de ocho años, la Corte Suprema de Justicia lo absolvió y se refugió en Estados Unidos. En 1980 regresó otra vez al segundo gobierno de Belaúnde Terry como Ministro de Energía y Minas e intentó promulgar una ley de explotación energética y petrolera con el pequeño detalle de que exoneraba de impuestos a las empresas petroleras extranjeras.

Y aquí viene lo bueno, durante el gobierno de Alejandro Toledo fungió como Jefe de Plan de Gobierno y Ministro de Economía y Finanzas. Es en este periodo en el que el gran nombre «Odebrecht» empieza a ensuciar definitivamente a Kuczynski. El exdirector ejecutivo de la constructora brasileña en Perú, Jorge Barata, dijo a las autoridades que sobornó a Toledo con veinte millones de dólares para asegurar la construcción del tramo 2 y 3 de la Carretera Interoceánica. Toledo hoy se refugia en Estados Unidos, prófugo de la justicia peruana, y tiene dos pedidos de prisión preventiva.

El caso Lava Jato ha implicado a todos los presidentes (y presidenciables) de prácticamente las últimas dos décadas: Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García y PPK, pasando también por Keiko Fujimori. El rubio formado en Oxford terminó siendo lo mismo que el indígena salvador, que el exmilitar o la cabeza de la institucionalidad Aprista (el partido más antiguo de Perú).

Tras veinte años tratando de reconstruir su democracia, Perú parece que solo termina de evidenciar qué tan enraizada está la cultura de la corrupción, del pago de favores en las altas esferas del poder político y económico. Después de Brasil, es el país más afectado por el organizado sistema de sobornos. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, de veintinueve millones en sobornos invertidos en Perú, la ganancia fue de ciento cuarenta y tres millones. La corrupción, un mal de toda América Latina, pero que hoy golpea al país sudamericano con más fuerza porque, como expresa Sonia Goldenberg en su última columna en The New York Times, «ha sido más fácil expulsar o encarcelar a los presidentes que limpiar la política en el país».

El ejemplo más claro de esto es que el nuevo presidente tiene como primer ministro a César Villanueva, quien también estuvo al costado del expresidente Ollanta Humala, quien desde hace ocho meses se encuentra en prisión preventiva, tanto por el caso Odebrecht como por haber recibido, por parte de Hugo Chávez, dinero extraído ilegalmente de la República Bolivariana para financiar su campaña.

Muy parecido a lo que ocurre en México, nos gusta reciclar políticos corruptos, con la diferencia de que en Perú existe la reelección y las instituciones son tan débiles que un presidente como Humala tuvo siete primeros ministros durante su gobierno.

Los casi veinte años de terrorismo forzaron a gran parte de la población a migrar a la capital, y lograron que el peruano se convirtiera en alguien tan desconfiado que la política en Perú es algo así como «estás conmigo o contra mí», lo que cierra las puertas a toda posibilidad de debate.

Para muchos especialistas, a Perú le faltó la Revolución que México tuvo para romper desde la raíz con el criollismo que subsistía en el siglo XX; para hacer las reformas sociales, agrarias y constitucionales necesarias para lograr tener más institucionalidad. Mientras en México buscamos candidatos que salgan del partidismo, en Perú se requieren bases de partidos sólidas con algún tipo de ideología definida.

En Perú hay más de veinte partidos políticos, pero las fuerzas que tradicionalmente se reconocen son fujimoristas o apristas. Tanto Humala como Toledo o PPK han sido fundadores de los partidos que los han llevado a la silla del Ejecutivo. El mismo Fujimori creó Cambió 90. No existe un Estado fuerte que llegue a las provincias, no hay partidos políticos sólidos con trayectoria. La gente se decepciona muy rápido con unos y otros.

Se necesita legitimidad y eso no se construye de la noche a la mañana. Por eso, para Odebrecht lo más fácil era llegar con la cabeza: el presidente en turno. Y, por si acaso, dejar las cosas claras con alguno que pudiera llegar al Palacio Nacional.


La oportunidad de oro

Martín Vizcarra, el nuevo e irreconocible presidente de Perú, tiene en sus manos la gran oportunidad de resucitar al «Puma del Pacífico». Primero, porque según una encuesta de El Comercio, ochenta por ciento de la población no lo conoce, lo cual en la política peruana parece ser ventaja. Segundo, porque parece que la enemistad en la casa de los Fujimori podría jugar a favor del ingeniero de cincuenta y cinco años.

La familia Fujimori es como un gran árbol que solo da manzanas podridas. En resumidas cuentas, Kenji y Keiko vienen de un hogar donde el papá electrocutó a la mamá; Susana Higuchi dijo haber sido torturada por su exmarido para mantenerla en silencio. Ellos se quedaron con su padre torturador y fueron criados rodeados de gente del Sistema de Inteligencia Nacional de Perú y Vladimiro Montesinos.

Keiko llegó a ser primera dama, pero ahora parecía que prefería dejar preso a su padre porque había dejado de ser la favorita después de perder dos elecciones presidenciales. Kenji terminó dejando el partido de su hermana, y la apuñaló por la espalda al negociar la vacancia de PPK por el indulto de su padre, y Keiko, desesperada, le da esta puñalada de las grabaciones negociando a su vez la vacancia el mismo día que su hermanito sacaba su kit electoral. Creaba Cambio 21, en honor al difunto Cambio 90 de su padre, con sus dibujitos de Avengers que cada vez tiene más muchachitos en su arca.

Podría ser solo un show, pero de no serlo, Vizcarra tendrá en sus manos un «divide y vencerás» que le sirvieron en bandeja. Tendrá que aceptar que el indulto de Alberto Fujimori fue un error, que fue PPK quien trajo de regreso la incertidumbre política que vivió el país en los noventa, y que, caiga quien caiga, se hará justicia en Perú.

El primer paso era rodearse de gente ajena a sus antecesores, y por el gabinete que presentó el 2 de abril, parece que está haciendo oídos sordos a todo lo que le advirtieron a su antecesor. Es un gabinete meramente de continuidad, de hecho, muchos tenían cargos de viceministros o las direcciones. También continúa incluyendo a algunos de los Fujimoristas de la bancada «oficialista».

Además, tomar como bandera la lucha contra la corrupción, podría resultarle como a Felipe Calderón cuando en busca de legitimidad emprendió una lucha contra el narcotráfico y le explotó en las manos. O sin ir más lejos, como PPK, quien también alzó la misma bandera, y hoy no puede salir de Perú. Sobre todo, cuando miembros de su nuevo y diferente gabinete ya tienen cola que les pisen.

Su primer reto se aproxima con la controvertida Cumbre de las Américas, a la que ya invitaron y desinvitaron a Nicolás Maduro, y contará también con la presencia de Donald Trump; para esto Nestor Popolizio, el nuevo encargado de Relaciones Exteriores, tendrá toda la presión.

De no tomar las riendas y hacer que el país logre seriedad, se cumplirá la frase que rondó por las redes: «curioso ver a Perú irse al mundial y a la mierda al mismo tiempo», y seguirá los pasos de su predecesor.

 

«Con la intervención militar, Brasil ratifica que el lugar de los negros es la favela; si no es en la favela, en las prisiones; y si no es en las prisiones, en el cementerio». Monica Cunha*

No es exagerado decir que desde el 2015 Brasil se parece más a sí mismo. Al menos al Brasil de los vencedores, el Brasil blanco y colonial. El gobierno del presidente Michel Temer, fruto de un golpe de Estado maquillado de impeachment que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff, establece un plan de gobierno jamás sometido al escrutinio popular en las urnas. Las paredes que sustentan la reacción neoliberal impuesta por medio de las medidas de austeridad en conjunto con retrocesos laborales, ambientales y de políticas sociales, son las mismas que aún mantienen en pie un aparato racista de genocidio y exterminio. Austeridad y violencia de Estado se constituyen como un nuevo régimen de gobierno de la vida, que ahora se actualiza con la intervención militar en Río de Janeiro.

La propuesta salió de la chistera de la noche a la mañana, sin un plan claro y causó incomodidad no solo en los medios de comunicación y en círculos próximos a los defensores de derechos humanos, sino también en los altos mandos del ejército —que considera ineficaz la medida para combatir la violencia, aunque no haya dudado en solicitar de manera pública y oficial que crímenes cometidos por las fuerzas armadas eventualmente no fuesen juzgados—. Marielle Franco, mujer negra y favelada,[I] electa con 46,502 votos, era relatora de la comisión legislativa que fiscaliza la intervención, y desde el inicio fue una de las voces más contundentes contra la operación militar.

El miércoles 14 de marzo, a las veintidós horas, Marielle Franco, miembro del Partido Socialismo con Libertad (PSOL), fue asesinada con cuatro disparos en la cabeza, al salir de un debate sobre derechos de las mujeres negras. La munición usada provenía de un lote vendido a la policía federal. Una vez más el Brasil «superior» revela su cara en una escena trágica de ejecución. Pero ahora, el Brasil de las revueltas subterráneas y permanentes atiende al llamado de Marielle e inunda las calles del país, recordándonos que la guerra no ha terminado.

Es en este momento en el que hacemos la entrevista con Monica Cunha, una mujer negra, militante y madre de un joven ejecutado por la policía civil en el 2006. Es desde ese lugar de madre que Monica denuncia un Estado que mata a un joven negro cada veintitrés minutos. Monica y Marielle, dos mujeres negras que se encuentran para dar eco a la voz de un Brasil que todavía no se deja matar. «Al final de cuentas, el cuerpo termina en el piso, baleado, de cualquier forma. Pero no nos vamos a amedrentar».


La intervención militar en Río de Janeiro

Mi comprensión sobre la intervención militar en Río de Janeiro no es igual al de la mayoría. Pero debería serlo, pues la mayoría de las personas en Río son negras, pobres y faveladas, habitantes de la periferia. Es apenas una minoría la que entiende para qué sirve y para qué es esa intervención dentro del estado de Río de Janeiro. Para mí es más una forma de militarizar al negro, al pobre, al favelado. Es una forma más de no darle la oportunidad, de segregar al pueblo dentro de sus espacios y lugares. Es una forma de quitarle a este pueblo el derecho de ir y venir.

Durante la ocupación en Maré[II] (complejo de favelas en la Zona Norte de Rio de Janeiro), que todavía no era una intervención, quien está allá adentro sabe que no fue bueno. Pero es obvio que quien está aquí afuera no tiene esa misma visión. Las personas de fuera creen que la intervención vino para combatir a los jóvenes que están dentro de esa minoría. ¿Por qué yo digo minoría? No digo traficante ni bandido, pues yo tengo otro entendimiento acerca de eso. Si yo me quedara ratificando que esos adolescentes y jóvenes son bandidos y traficantes, tendría que decir que yo parí un bandido. ¡Eso no es verdad! La droga no se hace dentro del cerro, no existen condiciones para tener una central de producción de armas dentro de la favela. Entonces todo eso se trae de fuera.

Tenemos que entender por qué esos niños tuvieron solo esa alternativa de vida para ganar dinero. ¿Ellos quieren estar en la línea de frente? ¿Ellos quieren terminar con el cuerpo en el piso? ¡Te digo con seguridad que no quieren! Pero no tienen oportunidades: las escuelas públicas son una vergüenza en todo Brasil. Puedes contar con los dedos de las manos los días de clases que tienen en la favela.

Esos jóvenes infractores son vistos con un arma en la mano, con una bolsita de marihuana en la mano y entonces muchos creen que necesitan ser abatidos, que es entre ellos o el bandido.  ¿Pero eso fue construido por qué? Brasil fue el último país en abolir la esclavitud y aún no hace ninguna reparación. Con la intervención militar, Brasil ratifica que el lugar del negro es la favela; si no es en la favela, en las prisiones; y si no es en las prisiones, en el cementerio. La militarización viene una vez más a reafirmar esa situación.


Monica Cunha, cincuenta y dos años: mujer, negra y militante

Tengo dieciséis años de militancia en derechos humanos, que comienzan con la situación de mi propio hijo. Soy una mujer negra, habitante de la zona norte de Río de Janeiro y tuve tres hijos. Mi hijo de en medio se llamaba Rafael da Silva Cunha y se convirtió en adolescente infractor. A los quince años de edad, entre 2000-2001, ingresó en el sistema carcelario para cumplir medidas socioeducativas.

Hasta conocer ese lado cruel de la vida yo vivía una situación razonable; con mi marido teníamos pensión, trabajaba en la cocina. Después trabajé en restaurantes y bares. Pero una de las primeras cosas que me pasó cuando empecé a vivir esa experiencia, fue perder mi trabajo por causa de los días de visita a mi hijo, que cumplía las medidas socioeducativas. Al perder mi trabajo, perdí mi sustento y ahí comencé a decaer.

Del 2001 a la fecha comienza mi entendimiento, al principio muy crudo, porque yo nunca había vivido eso en mi familia. Aprendí todo al aventón, con muchos tropiezos, siendo muy maltratada, irrespetada, me quedé sin mi autoridad de madre retirada; no era vista como madre pero sí culpada por haber parido un hijo que está dentro del sistema carcelario.

Yo entendí bien al principio que necesitaba estar junto a esas otras familias (de jóvenes cumpliendo medidas socioeducativas), y principalmente haciendo un corte de género y raza, porque eran las personas que estaban en esa lucha junto a mí desde el inicio. Entonces yo visualicé que mi lucha necesitaba comenzar por ahí. Empecé yo misma a identificarme como mujer negra –en mi generación no era algo que pasaba de inmediato–. Esa identificación ayuda también a entender por lo que estaba pasando, incluso otras mujeres con historias más complicadas que la mía, con una situación de vivienda mucho más compleja, pues yo nunca viví en una favela. Esa separación entre asfalto y favela existe y es real.

Al poco tiempo fui entendiendo mejor las formas de acción, me formé como técnica en asistencia social, coordiné proyectos dentro del gobierno del estado. Actualmente trabajo en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (ALERJ), presidida por el diputado local Marcelo Freixo (PSOL), y continúo en la Criola (institución de veinticinco años enfocada en la defensa de los derechos de las mujeres negras en el estado de Río de Janeiro). Para poder estar dentro de todo esto y tener una base, fundé el Movimiento Moleque[III], constituido por madres y familiares de adolescentes dentro del sistema penitenciario, en un contexto que debate el derecho de esas madres y familiares a cuidar a esos niños y quitarles la culpabilidad que les es impuesta; la sociedad cree que nosotros los familiares somos los culpables de que los adolescentes cometieran esos actos delictivos.

Lo que ocurre es que el delito cometido por jóvenes crea una percepción de que esos niños pueden ser asesinados: «(muchas personas piensan) yo puedo matar a ese niño porque, al final de cuentas, él ya robó a alguien, ¡él es un ladrón!». El Movimiento Moleque debate que más allá de que Brasil no tenga pena de muerte, los adolescentes no pueden cumplir una pena, pero sí medidas socioeducativas. Por eso es fundamental el apoyo familiar a los jóvenes, pues no solo la madre es responsable; muchas veces no tienen padre. Ellos apenas donaron su espermatozoide. ¿Pero y las abuelas, las tías, las primas? El Estado, frente a los jóvenes cumpliendo estas medidas, lidia solo con las madres, lo que hace que carguemos con todo ese peso en las espaldas.

La culpa no es de ese joven ni de su familia. Toda esta situación se caracteriza por el racismo, que lleva a los adolescentes a estar donde están, a acabar con sus propias vidas, a ser enterrados por cuenta de esto. En un país donde la mayor parte de la población es negra, no tenemos las mismas oportunidades: no tenemos políticas públicas que funcionen, que hagan que ese niño esté en una situación de derechos adquiridos y consiga tener una infancia y una adolescencia con todas las oportunidades que cualquier otro de clase alta tiene.


 

El asesinato de Marielle Franco

Ese asesinato fue muy grave, fue una pérdida muy profunda. Esa relación con las mujeres era lo que ella gritaba con mucho orgullo: «¡yo vine de la favela, yo vine de Maré, yo soy mujer, mujer negra! Yo viví eso». Ella traía en el cuerpo la experiencia que la mayoría de nosotras, mujeres negras, vivimos; pero para tener voz es muy difícil. Construimos a varias manos, y entonces conseguimos colocar a Marielle allá (en la posición de relatora). ¡Esa mujer que gritaba por la pérdida de nuestros hijos, esa mujer que gritaba por el encarcelamiento de nuestros hijos, esa mujer que gritaba las malas condiciones en que vivimos! Ella entendía bien lo que nosotros también gritábamos.

Su asesinato es una pérdida irreparable, fue un golpe duro. Pero como nosotros estamos acostumbrados a llorar y a desesperarnos al ver cómo nuestros hijos son abatidos, nosotros tenemos que limpiar nuestras lágrimas antes del entierro y salir gritando por justicia. Y fue exactamente lo que hicimos a partir de la ejecución de Marielle. Ya estamos al frente gritando por justicia. Ya estamos haciendo eco a sus palabras. Ya estamos no dejando morir su voz y lo que ella pregonaba. Su asesinato es matar otra vez la voz del pueblo negro. Afirmar otra vez que esa mujer es negra, que esa mujer pertenece a la favela.

Cuando Marielle llegó allá (a la Asamblea legislativa), no estaba maquillada. Ella fue para, de hecho, cumplir lo que los electores esperaban de ella. Ella cargaba muchas cosas como negra, favelada y lesbiana –imagina la dificultad que es para tantas chicas dentro de la favela la homofobia y personas queriendo matarlas–. Y ella levantaba el debate «¡La gente si puede! ¡Podemos ser!». Son muchas las demandas que venían en su cuerpo y que su cara mostraba.

Marielle es un símbolo muy fuerte. ¡La voz de Marielle no puede morir! ¡Y la voz de Marielle está en todas nosotras! Desde el miércoles a las diez de la noche, todas nosotras, las mujeres negras, nos llamamos Marielle Franco; levantamos su bandera, que es nuestra bandera. Vamos a dar continuidad a todo lo que en un año y tres meses ella comenzó. Nosotros podemos estar en esos espacios, la Cámara legislativa en Brasilia. Esos espacios son nuestros, no solo como legisladoras y diputadas, pero también ocupándolos como sociedad civil.

Ese fue el legado que esa mujer nos dejó y que no vamos a callar. Cuando me preguntan quién cometió esa brutalidad contra Marielle, yo respondo: ¡fue el racismo! Fue la forma como este país trata a la mayor parte de su población. Ellos dejaron en claro que para un negro no hay diferencia entre si eres un vendedor de dulces, una empleada doméstica o legisladora. Al final de cuentas el cuerpo termina en el piso, baleado, de cualquier forma. Pero no nos van a amedrentar.

*Traducción de Juan Caloca

 


Para saber más sobre el caso:

«Brasil llora por una mujer negra, lesbiana y feminista»

https://elpais.com/elpais/2018/03/20/opinion/1521563964_872691.html

«Cuatro balazos contra Río de Janeiro»

https://www.nytimes.com/es/2018/03/22/opinion-pires-brasil-marielle-franco/?smid=tw-share-es

 

En portugués:

«Nota do PSOL: Marielle Franco, presente!»

Site do Partido Socialismo com Liberdade, março 2018 >>

«Meu guri: a mãe, a avó e a mulher de um dos 250 mil brasileiros presos antes do julgamento» Revista Piauí, setembro 2017 >>

«Mal-estar na caserna: Intervenção no Rio expõe divergências entre generais e empurra o Exército para o centro do processo eleitoral»

Revista Piauí, março 2018 >>

«Homenagem a Marielle de um coronel da PM do Rio: Os sinos dobram por ti»

Geledés, março 2018 >>

https://www.geledes.org.br/homenagem-marielle-de-um-coronel-da-pm-do-rio-os-sinos-dobram-por-ti/


 

[I] Término usado para designar a los habitantes de la favela. N. del T.

[II] Popularmente conocido como Maré, es un barrio en la zona norte de Río de Janeiro con un inmenso aglomerado de favelas, que se constituye como un verdadero complejo urbano, donde se mezclan sub-barrios, viviendas precarias y conjuntos habitacionales sin infraestructura y saneamiento básico. Para el año 2006 contaba con cerca de 130 000 habitantes. N. del T.

[III] Moleque en portugués se refiere a un infante, niño o muchacho. También pude ser usado como término despectivo.  N. del T.

La ciudad que se seca

No en todos lados jalarle al escusado es muestra de civismo. En Ciudad del Cabo (Cape Town), Sudáfrica, hoy no es nada cool: «If it’s yellow let it mellow. If it’s brown, flush it down» versan letreros en baños públicos y negocios. Y es que esta ciudad de cuatro millones de habitantes, una de las más prósperas y cosmopolitas del continente africano, atraviesa una crisis de agua tal, que no tiene precedente en las urbes actuales. La provincia de Western Cape, de la cual Ciudad del Cabo es capital, lleva tres años de sequía severa, un evento que estadísticamente ocurre una vez en cuatrocientos años (la sequía afecta a otras regiones de Sudáfrica, pero el caso de Western Cape es el más grave). De las restricciones que desde hace un año implementa el gobierno de la ciudad no se libra nadie: los hoteles han retirado los tapones de las tinas y solo pueden llenar sus albercas si cuentan con suministro propio de agua (usualmente un pozo). A los miles de visitantes se les pide solidaridad mínima con los capetonians, quienes han tenido que aprender de forma acelerada a modificar sus prácticas vinculadas con el agua, incluidas las duchas cortas y el reúso de agua en la vivienda. Ciertos usos son ahora prohibidos, como lavar autos o regar jardines con agua potable (sí, el agua suministrada es perfectamente potable).

Es cierto que la población de Ciudad del Cabo ha crecido en las últimas décadas, así como su actividad económica, lo que se traduce en una creciente demanda de agua, pero nadie pone en duda los efectos del cambio climático. «Aquí no tenemos a Trump», me dijo sonriente Alan Winde, ministro de Oportunidades Económicas y responsable de Agricultura, Turismo y Desarrollo Económico en la provincia. Comenta Winde que han venido recortando las asignaciones de agua para la producción agrícola, y teme que se pierdan cincuenta mil de trescientos mil empleos en ese sector. Mientras tanto los medios reportan la matanza temprana de ganado para evitar que productores lo pierdan todo. Sucede que el área metropolitana de Ciudad del Cabo y gran parte de la agricultura de la provincia comparten el mismo sistema de abastecimiento, derivado de media docena de presas. La presa Theewaterskloof es la más grande, y durante décadas suministró más de la mitad del agua al sistema. Hoy parece más un desierto.


Vestigios de la vegetación sumergida por la presa Theewaterskloof se asoman en su fondo.

Visité la presa con Andrew Wheeldon, conocido ciclista local abocado ahora al tema del agua. Su crítica a los organizadores del Cape Town Cycle Tour por no posponer esta carrera, que en marzo traería a la ciudad a decenas de miles de ciclistas del país y del mundo, no ha pasado desapercibida. Para Wheeldon, quien ha corrido la mayoría de las ediciones de esta carrera, mitigar la crisis de agua debiera ser la prioridad de todos. Y es que él, como tantos otros ciudadanos y autoridades en la ciudad, tiene una misión: evitar el «día cero».


La pesadilla del día cero

El gobierno de la ciudad determinó que al llegar las presas a 13.5% de la capacidad total, se cerrará la llave a la ciudad o, para mayor precisión, a alrededor de un millón de viviendas que representan 75% del uso del agua. Esperan mantener el suministro a hospitales y escuelas, aunque en el caso de las segundas no está del todo resuelto. No es de extrañarse que algunos llamen a este escenario «apocalíptico». El gobierno actualiza semanalmente el «tablero» del día cero de acuerdo con el consumo urbano, el nivel de las presas y la precipitación (no hay todavía signos de lluvia). De ocurrir, no se sabe cuánto duraría este estado excepcional; podrían ser meses o podría volverse parte de una nueva normalidad. El 1 de febrero entró en vigor un nuevo nivel de restricciones que contempla, entre otras cosas, un consumo máximo de cincuentra litros por persona al día. El monitoreo es sofisticado: prácticamente toda vivienda formal tiene medidor y la retroalimentación a los usuarios es frecuente. Los consumos se publican en el mapa de agua de Cape Town, lo que permite una vigilancia ciudadana. Además de incurrir en multas considerables, a quienes reinciden consumiendo de más se les instala —a su cargo— un dispositivo de control que permite únicamente doscientos litros cada día, teniendo en cuenta cuatro personas por domicilio (que sea reconocida una cantidad mayor de personas implica un oneroso trámite).

En lo inmediato las restricciones buscan evitar el temido escenario que traería el día cero: que cada familia tenga que recolectar diario su dotación de veinticinco litros por persona en alguno de los cerca de doscientos puntos de distribución (si bien el gobierno, mediante el Centro de Operaciones de Desastres, revela cada vez más información sobre este plan, aún no da a conocer los lugares exactos). Un adelanto a esta situación puede observarse desde hace meses en las fuentes de agua que existen en la base de la majestuoso Table Mountain, montaña que atraviesa la parte más privilegiada de la ciudad. Sea por baja presión en sus distritos, sea para suplementar la dotación diaria o para almacenarla temiendo el día cero, cada día más gente hace cola en estos sitios para recolectar agua gratuita.


Escena común en las fuentes de agua del suburbio de Newlands. Mientras que unos pagan ayuda para transportarla otros, sobre todo pensionados y desempleados, no tienen más remedio que hacerlo ellos mismos.

Algunos celebran los encuentros humanos y cruces sociales que estas filas permiten (en un país con un pesado legado racista y creciente clasismo), pero conforme aumenta el pánico frente al día cero y crecen los rumores de restricciones en estos sitios, las colas se alargan y el ambiente se enrarece. Ya se han registrado peleas. No es por menos que la policía y el ejército forman parte del plan post-día cero.

Todo esto ocurre en un contexto político complicado. La alcaldesa Patricia de Lille enfrenta acusaciones por corrupción y, por lo pronto, ha sido removida de todo lo que tiene que ver con el manejo de la crisis del agua. En el ámbito nacional, el Congreso Nacional Africano (ANC) enfrenta una crisis política por la corrupción y el abuso de poder encabezados por el presidente Jacob Zuma. Para muchos en Western Cape, el partido Alianza Democrática (DA), que por largo tiempo ha gobernado la provincia, ha sido el ejemplo de una adecuada gestión de lo público. Pero como lo expresa Amy Sephton, quien trabaja para uno de los museos de la ciudad, «muchos sudafricanos blancos están aprendiendo que su partido perfecto no es tan perfecto después de todo». Por más llamados al gobierno nacional para que declare estado de emergencia para la provincia, lo que permitiría el acceso a más recursos, la administración de Zuma parece deslindarse del problema. Eso sí, el Departamento de Agua y Saneamiento de la República cofinanció un llamado a rezar masivamente por las lluvias el pasado fin de semana.


Nada nuevo, salvo el miedo

Patricia Mabuto vive desde hace meses con su esposo y tres hijos en Endlovini, un asentamiento informal irregular contiguo a Khayelitsha, el township (distrito designado para negros durante el apartheid) más grande de Sudáfrica. En su humilde vivienda de lámina y material reciclado no tiene agua (ni baño). Así como un millón de personas en Ciudad del Cabo (un cuarto de la población), su familia depende de llaves comunales. Para llegar a la más próxima tienen que cruzar dos grandes dunas de arena y andar unos metros más por la calle (terracería) principal. Dado que Patricia se fracturó un tobillo recientemente ya no puede recolectar agua, de manera que cuando no puede hacerlo su esposo, de ello se encarga Akhona, su hija de catorce años.


Llave comunal en Endlovini.

Patricia sabe lo que es usar el agua que su familia puede cargar. Las nuevas restricciones no significan nada para ellos, pues han aprendido a vivir con unos cuantos litros al día. Lo único nuevo, comparte Patricia desde su humilde sofá, es el miedo. «No sabemos qué va a pasar con nosotros cuando llegue ese día». Patricia se vio obligada a dejar de trabajar con la llegada de su bebé y sabe bien que no podría comprar el agua y que las enfermedades derivadas de la falta de ella podrían ser mortales. «Todos necesitamos agua, sobre todo los niños. Hasta los animales y las plantas necesitan agua para vivir» me dice con ojos húmedos y la mirada puesta en sus hijos, resguardados del sol en el pequeño espacio que funge como cocina. A pesar de su frágil situación muestra compasión con quien –dice ella– la tiene más difícil, como su vecina, cuyo esposo está en silla de ruedas. Ellos viven en la vivienda situada en la cresta de la duna.


Patricia Mabuto, hijos y un vecino frente a su vivienda.

¿Espacio para el optimismo?

Las acciones para reducir el consumo de agua en el corto plazo han tenido resultados notables: el ministro Winde resalta que de un consumo promedio de la ciudad de mil doscientos millones de litros diarios han logrado reducirlo a seiscientos millones, la meta es llegar a cuatrocientos cincuenta millones. Pero mientras que la energía social está vertida en evitar el día cero, tanto ciudadanos como autoridades coinciden en que de aquí en adelante tendrán que pensar y actuar distinto en relación con el agua. En cuanto a aumentar «la oferta» de agua han comenzado a extraer agua de acuíferos y existen plantas de desalinización en proyecto, pero muchos ven a ambas fuentes con cautela: la primera porque habrán de hacerlo de forma medida y asegurar la infiltración de cantidades de agua equivalentes, y la segunda, por los altos costos energéticos que implica potabilizar el agua de mar. El énfasis parece estar en el manejo de la demanda —como el re-uso de aguas grises y la captación del agua de lluvia—, lo cual resulta interesante y habría de servir de ejemplo a muchas ciudades en México y el mundo.

En un sentido más amplio, Amy (la joven museógrafa) confía en que en el ámbito de la sociedad sudafricana algo bueno tiene que surgir de esta crisis que, en mayor o menor medida, afecta a buena parte de su país. «Algunos tienen que aprender a ser empáticos de forma difícil», comenta en relación con las profundas desigualdades, que no son menos en el acceso al agua. Consciente de que este es un derecho humano, dice que en su casa siempre brindaría agua a quien la necesite, y quisiera pensar que muchos se comportarían de esa manera. Patricia Mabuto se muestra escéptica sobre su optimismo: «Ya lo veremos cuando suceda», expresó con un suspiro.

*Al cierre de este artículo el día cero ha sido aplazado para el 11 de mayo (en lugar del 14 de abril), mientras que el gobierno nacional ha decretado el estado de emergencia para esta y otras provincias afectadas por la sequía.

Agradezco a Patricia Mabuto, Amy Sephton, Alan Winde y Andrew Wheeldon el tiempo concedido para las entrevistas.

**Todas las fotografías son del autor.

GloriaAlvarez

Gloria Álvarez: el retorno del anticomunismo libertario

Los tiempos políticos actuales parecen generar una marea de voces que claman por identificar cualquier opción que difiera del estatus quo con los fantasmas del siglo XX. Según la cercanía o lejanía con la izquierda o la derecha, el comentarista o político acusará de comunista o fascista a cualquiera que ose moverse de las políticas clásicas del liberalismo. En nuestro contexto político actual no ayuda mucho que la confusión entre liberalismo e izquierda parece haberse extendido al México del siglo XXI. Esa transformación nada neutral de lo que significa «izquierda» se entremezcla con demanda de cosas como «una izquierda moderna». Una izquierda que cumpla con los gustos de decenas de comentaristas de derecha, desencantados de la utopía, y despistados liberales quienes al parecer olvidan que en México hubo alguna vez algo llamado Revolución.

La confusión se agudiza cuando uno lee a jóvenes que presumen de defender la libertad (de empresa, sobre todo) y la propiedad privada; y dejan perplejos a tirios y troyanos al negar ser de derechas por ser ateos, defender el aborto y estar a favor del matrimonio igualitario. Si en los años ochenta uno podía leer algo similar en los libros de Luis Pazos, en estos tiempos uno puede ver en la red los videos de la politóloga Gloria Álvarez o admirar su potente retórica libertaria en sus dos primeros libros (El engaño populista y Cómo hablar con un progre)[I]. Gloria Álvarez Cross, guatemalteca educada en la Universidad Francisco Marroquín y con estudios de maestría en Roma presenta un discurso general contra un «populismo» tan general como sus lectores crean encontrar. En las intervenciones de Álvarez uno encontrará un producto totalmente estadounidense y, a pesar de la apariencia, muy pocos temas específicos de la historia política latinoamericana.

Es más, esa defensa sin compromisos ni adjetivos, ni mucha reflexión es lo que ha resultado arrolladoramente seductor para sectores de la derecha mexicana necesitados de argumentos para detener lo que ellos consideran es el avance del populismo. Una derecha que por momentos quiere pensarse liberal, sentirse conservadora y soñarse moderna. Eso explica un poco por qué los diputados del Partido Acción Nacional soportaron con estoicismo ser acusados de cómplices del comunismo por aliarse con el PRD. Tal vez esa situación con ciertos tintes de comedia se habría evitado si antes de invitar a Gloria Álvarez los legisladores o sus asesores hubieran puesto un poco más de atención a los libros de su invitada.

Estamos ante un discurso bastante popular entre las derechas juveniles estadounidenses que no forman parte del conservadurismo cristiano, el libertarianismo. No es tampoco algo nuevo, desde los años cuarenta algunos personajes latinoamericanos y mexicanos participaron de la serie de redes intelectuales en las que el anticomunismo y la defensa de una radical ideología de libre mercado fueron la argamasa de una alianza de exiliados y académicos que buscaron detener el consenso socialdemócrata de aquellos años.[II] La Guerra Fría terminó, y un nuevo consenso político intelectual se levantó de las cenizas del viejo mundo: democracia, derechos humanos, ecología, etcétera. El cuestionamiento del capitalismo permanece en los márgenes de la discusión política por más que en centenares de lugares a lo largo del planeta las protestas contra sus efectos continúan. A diferencia del siglo pasado, la protesta se diluye en miles de causas particulares y no existe narrativa o iniciativa política que las agrupe a la manera del viejo socialismo. Un ejemplo problemático de la marginalidad del dicurso anticapitalista en México es su incapacidad de capturar el entusiasmo popular, ya sea en terminos electorales o de influencia política efectiva, después del alzamiento zapatista de 1994.

Sin embargo, para jóvenes libertarianos como Gloria Álvarez cualquier denuncia de los problemas del sistema, Piketty incluido, sigue siendo un retorno de los espectros del comunismo. En este fin de la historia, el discurso de una joven de treinta y dos años parece ocurrir en el siglo XX. Es casi como leer un periódico de los años cincuenta, las mismas conspiraciones comunistas, perdón, populistas en cosas tan disímbolas como las propuestas de ampliar derechos sociales (salubridad pública, vivienda, educación gratuita, etcétera) o la Ilustración francesa. Si su primer libro, con la coautoría con un doctor en filosofía chileno, por lo menos ofrece un buen resumen de autores libertarios además de acusar de comunista al Papa Francisco y a casi todo el espectro político latinoamericano; su segundo libro, Cómo hablar con un progre es un ejemplo de retórica pura.

Si el lector tuvo la oportunidad de leer el Manual del perfecto idiota latinoamericano en la decada de los noventa, puede darse cuenta de que sus autores conocían de lo que hablaban, distinguían perfectamente los diferentes tipos de izquierda que existían en Ámerica Latina.[III] Quien termine de leer el ameno libro de Gloria Álvarez constatará que la autora ni conoce ni le interesa conocer aquello que rechaza, le basta con construir un hombre de paja ideológico «el progre». Para ella: «El tiempo, las experiencias de la vida, viajar, y, en los casos menos graves, leer y conseguir un criterio propio, harán lo que nosotros ahora no podemos. Ahora bien, no podemos convencerlos pero sí saber cómo persuadirlos y llevarlos a lo absurdo de sus planteamientos».[IV] El resto del libro continúa en ese tono, en el que soberbia y lecturas filosóficas no muy digeridas se mezclan para brindar al lector la impresión de que su autora, respaldada por montones de argumentos de autoridad y análisis de cultura pop. En un pasaje memorable sobre la mala lectura de la izquierda a las películas de Star Wars, Gloria dictamina: «Al progre se le olvida que Star Wars es la historia de la lucha y de la defensa de la república, del gobierno limitado, del libre mercado interplanetario, llevada a cabo por los Jedis contra el Imperio de Darth Vader»[V]. Es difícil contener la risa frente a una interpretación tan «marxista» del cine, pues Gloria Álvarez ve en una simple película tanto contenido ideológico y político que cambiando adjetivos es casi un reflejo de una lectura estalinista.

Hay en sus textos y discursos una constante tendencia a construir genealogías espurias con las que arrinconar a sus rivales. Algo que ya se podía apreciar en su primer libro en el que el argumento de agrupar al comunismo y al fascismo como las dos caras del totalitarismo se convierten en una caricatura. En «El engaño populista» después de un par de citas acerca de la política social del fascismo, sin explicación ni contexto del desarrollo de sus ideologías y movimientos, Álvarez y Kaiser afirman: «Es casi como si los socialistas del siglo XXI y todos sus seguidores intelectuales y políticos hubieran hecho copy paste de las ideas de Hitler y Mussolini. ¿Cómo se explica esto? La razón de que el fascismo y el nazismo son doctrinas colectivistas inspiradas en buena medida en el socialismo marxista».[VI] Dejemos de lado por un momento lo problemático de esta historia intelectual de los «enemigos de la libertad». Los autores no están interesados en explorar la evolución de un jóven Mussolini radical con simpatías por el marxismo heterodoxo de Georges Sorel al Mussolini fascista claramente antisocialista de la madurez.[VII] Su maniobra retórica es transformar a los derechos sociales en una doctrina fascista y a todo partido apoyándolos en una organización totalitaria.

Todo el planteamiento político de Gloria Álvarez, más allá de la identificación del enemigo populista, tiene un aire de atractivo exótico. En el contexto hispanoamericano las referencias de Gloria Álvarez son lo suficientemente oscuras como para no levantar demasiadas sospechas. Puede que su acusación a la herencia cultural española-católica como origen del «atraso» económico y político hispanoamericano sea la suficientemente familiar, pero su incesante ataque a la tradición política de la Ilustración francesa le parecerá extraña a un lector promedio en Latinoamérica o España. Las explicaciones de esa reiterada insistencia en los peligros de ser «latinoamericano» es fácil de entender si observamos que Gloria Álvarez se inspira en autores de un fuerte sesgo antilatinoamericano, como Ann Coulter.[VIII] Su excesiva simplificación de la historia política y económica de Ámerica Latina es la otra cara de su dependencia de textos como los libros de Deirdre Mccloskey, que defienden la tesis del excepcionalismo anglosajón como explicación de que la democracia solo puede existir en un regimen capitalista que adopte los valores del cristianismo reformado personificado en la burguesía.[IX] Y por más que acuse a la izquierda de dogmatismo, cada uno de sus capítulos transpira una certeza que oculta un debate aún abierto en torno a las razones del éxito y fracaso del desarrollo económico y la desigualdad. Una certeza que curiosamente no se sostiene con referencias a datos duros, cifras macroeconómicas o nada que se le parezca, sino menciones a «prestigiosos» periódicos como el Financial Times.[X]

Para Gloria Álvarez, cosas como el imperialismo estadounidense en el siglo XIX, la Guerra Fría, las dictaduras militares, la profunda impronta antidemocrática de las oligarquías nacionales son cosas menores; de esas cosas que hay que relegar a las páginas del libro que no escribirá porque está demasiada ocupada atacando a cualquier intento de democratizar el ejercicio del poder en nuestros países como otra «nueva amenaza comunista». No extraña entonces que se cure en salud al defender la implementación dictatorial de la reformas «promercado» en Chile durante los ochenta: «…fueron un éxito más allá de las críticas que, justamente, se puedan hacer por el contexto autoritario en que se realizaron y las inexcusables violaciones a los derechos humanos cometidas en la lucha contra la insurgencia marxista».[XI]

El propósito de su retórica es claro, borrar la historia y con ello evitar cualquier examen crítico de nuestras realidades políticas y económicas a la luz de la problemática historia de dos siglos de luchas por la democracia en el continente. Acaso porque las recetas que defiende son una lectura de clásicos (Platón y los griegos) tan similar a la forma que los constituyentes de nuestras repúblicas oligárquicas de mediados del siglo XIX, que estamos ante un producto que se divide entre ser un remake del liberalismo no democrático de aquellos años o un cover de la derecha libertaria estadounidense. Si fuéramos menos generosos, la obra de Gloria Álvarez podría ubicarse como una instancia más del viejo truco publicitario en el que un producto viejo se ponía a la venta como nuevo, luego de cambiarle de nombre conforme la última película de moda.

A una izquierda mexicana poco acostumbrada a lidiar con una derecha no conservadora y que no está tan segura a estas alturas de seguir soñando con utopías anticapitalistas, el desafío del discurso libertario implica un problema. Las respuestas estadounidenses de cerrar puertas y ventanas es conflictiva en nuestro contexto político en el que por lo general esa reacción es la que todo tipo de gobiernos antidemocráticos le han recetado, desde Madero hasta Cuauhtémoc Cárdenas. Que la aceptación de ese discurso sea todavía marginal no es pretexto para no responder. La alternativa frente al discurso simplificador y polarizante a la vez que justificador de la nueva derecha libertaria debe ser desmontar su discurso con pasión, pero también con información.


[I] Véase Axel Kaiser y Gloria Álvarez Cross, El Engaño Populista: Por qué se arruinan nuestros países y cómo rescatarlos España: Planeta, 2016; y Gloria Álvarez Cross, Cómo hablar con un progre: Por qué, en lugar de hacerla desaparecer, la socialdemocracia incrementa la pobreza,Deusto, 2017.

[II] Véase María Eugenia Romero Sotelo, Los orígenes del neoliberalismo en México. La escuela austriaca, México: Fondo de Cultura Económica-UNAM, 2016.

[III] Véase Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa, Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, México, D.F.: Plaza & Janés, 1996.

[IV] Gloria Álvarez, íbid.

[V] Ídem.

[VI] Axel Kaiser y Gloria Álvarez, íbid, p. 46.

[VII] Véase Francois Furet, El pasado de una ilusión. Ensayo sobre la idea comunista en el siglo XX, México: Fondo de Cultura Económica, 1995.

[VIII] Para apreciar el sesgo hostil hacia Ámerica Latina de una de sus fuentes, véase Ann Coulter,¡Adios, America!: The Left’s Plan to Turn Our Country into a Third World Hellhole, Washington DC: Regnery Publishing, 2015.

[IX] Véase Deirdre N McCloskey, Bourgeois Equality: How Ideas, Not Capital or Institutions, Enriched the World, University of Chicago Press, 2016.

[X] Véase Gloria Álvarez, «Viva el mal, viva el capital, el mundo según los progres» en íbid.

[XI] Axel Kaiser y Gloria Álvarez, ibid, p. 91.