daphne

El periodista que lucha para esclarecer la muerte de su madre

El 16 de octubre de 2017 la periodista Daphne Caruana Galizia fue asesinada a pocos metros de su casa, por una potente bomba plantada en su automóvil.

El atentado buscaba silenciar a la periodista más influyente de Malta, la nación isleña que ha sido presentada como un modelo a seguir entre los miembros de la Unión Europea. La detonación resonó como la confirmación de una labor investigativa que, en solitario y bajo amenazas, había logrado fisurar con pruebas de corrupción al gobierno maltés.

La impunidad que Caruana Galizia denunciaba se ha extendido a su asesinato, no así el silencio: “El sol brillaba el día en que asesinos tomaron la vida de Daphne. Ahora sus colegas harán luz sobre las historias por las que murió”, reza la página del Proyecto Daphne, en el cual 45 periodistas de 15 países se han unido para concluir las investigaciones que intentaron detener en una explosión. Su hijo, el también periodista Matthew Caruana Galizia (1986), habla por teléfono con Horizontal sobre una vida que exigió la verdad y una muerte que demanda justicia.

Lee la entrevista completa en Mexico.com

Óscar Martínez

Ligerezas para cubrir violencia

Hay que decirlo. Una es la lección infalible en términos de seguridad que hemos aprendido en Sala Negra de El Faro en estos ocho años de cubrir violencia: la única forma de evitar cualquier riesgo haciendo periodismo en entornos como el norte de Centroamérica es no haciéndolo. A partir de ahí, podemos proponer.

El primer aspecto con el que propongo que nos quebremos la cabeza antes de exponerse a cualquier investigación es íntimo. Suena a pregunta melodramática, pero no lo es. Es quizá el más práctico de todos los consejos: ¿Quién soy? ¿Qué puedo hacer? Los talleres de periodismo en Latinoamérica se llenan de jóvenes colegas que quieren cubrir violencia. Inundados por un genuino entusiasmo —y quizá por varias pizcas de ignorancia sobre lo que eso implica, como es natural— están ávidos de toparse con el sicario, la masacre, el desplazamiento que puedan contar. La pregunta que muchos se hacen: ¿Qué quiero cubrir? La que pocos se hacen: ¿Qué puedo cubrir?

Si bien un periodista se fragua en el terreno, hay rasgos de personalidad que nos permiten entender si exponernos a ciertas situaciones no es un despropósito. Recuerdo, por ejemplo, un taller en México que impartí a jóvenes colegas. Una era la más brillante en el salón. Había leído, conocía autores, títulos, teorías sobre cómo encarar la violencia. Cuando fuimos a un albergue para migrantes en el sur —no a una balacera ni a un pueblo sin ley—, no logró empatizar con nadie porque, como reconocería más tarde, la situación la devoró.

Unos migrantes, despojados del miedo tras días en el albergue, contaban anécdotas vulgares de sus lugares de origen, repasaban hechos violentos que habían visto, hablaban del camino. La joven colega, entusiasta, teóricamente armada hasta los dientes, no supo cómo penetrar aquello. No supo cómo sentirse tranquila, normal, atenta. Las fuentes del bajomundo, como gusta llamarles mi colega Roberto Valencia, huelen rápidamente a un periodista en constante pose. Y no solo eso: gustan de divertirse con la presa. En fin, que a veces uno puede querer con todas las ganas entrar en esas coberturas y en esos temas, pero es responsable preguntarse si uno puede. Uno puede haber leído todo sobre explotación minera, sobre excavación y visto 20 películas sobre ello, pero si tiene claustrofobia quizá sea mejor reportear a campo abierto. He visto a muchos colegas responsables retirarse de las coberturas de violencia, por hastío, por afectación, por hartazgo, y he reconocido su valentía de hacerlo. Toda esta parrafada para decir, contra todo manual de superación, que no, querer no es poder, al menos no siempre. Y hacer sin poder, si uno cubre estos temas, pone en riesgo a personas.

Asumido que uno no es claustrofóbico y puede internarse en estos temas, hay unos pocos consejos que me doy a mí mismo antes de cada investigación.

En estas coberturas hay siempre fuentes muy desafiantes: el corrupto, el violento, el delincuente, el encubridor. Acercárseles no implica solo tener algo que preguntar. No basta con tener una lista de preguntas inteligentes. En muchos casos, si uno no conoce el entorno, la jerga, saldrá de ahí muy burlado. Durante seis años, seguí la vida de un sicario de la Mara Salvatrucha-13, Miguel Ángel Tobar, El Niño de la clica Hollywood Locos Salvatrucha. Sobre él escribí junto a mi hermano mi más reciente libro. El Niño, pandillero rural, hablaba en jerga pandillera cerrada. A veces, incluso, volteaba las sílabas, un viejo truco de los pandilleros bajados de California hace décadas. Si no hubiéramos tenido mucha experiencia previa con pandilleros, la conversación con El Niño hubiera sido inútil, un despropósito de interrupciones de nuestra parte para preguntar: ¿qué significa esa palabra que dijiste? O peor aún, podríamos haber cometido el error de decir algo que no se debe decir. Entre los pandilleros centroamericanos, por ejemplo, marero es el miembro de la MS-13. Un miembro del Barrio 18 nunca se diría a sí mismo marero de la 18. Se diría pandillero. No saber eso podría costar a un periodista incauto, en el mejor de los casos, una retahíla de insultos y el fin de una entrevista. En el peor…

En la cobertura de violencia hay fuentes a las que no vale la pena acercarse si uno no ha entendido los códigos básicos de su mundo. Uno se acerca a esas fuentes para ahondar, no para aprender el ABC.

Aparte de mentiras, nadie cuenta nada a un ingenuo.

Hay un valor habitualmente vapuleado en el ejercicio del periodismo en temas de violencia: la honestidad. Nos llenamos la boca con esa palabra, porque suena a enser del botiquín básico. Porque, ¿quién nos dirá que no, que está mal ser honesto? Sin embargo, la cobertura de violencia, la entrevista con “el malo”, suele estar llena de deshonestidades en muchas coberturas que consumimos. La honestidad en estos páramos duele o, como mínimo, incomoda. Decir a una fuente en riesgo que uno no la puede salvar, sino solo contar, perturba; increpar a un pandillero, sicario, corrupto, narco, jode; cuestionar la verdad de una víctima porque los datos no cuadran, devasta; recordar al “malo” que no es tu amigo, corta la voz. Y todo eso hay que hacerlo. A veces, más de una vez. Y no solo para no ser unos charlatanes, sino porque eso, protege. La credibilidad —no es tópico gastado— protege. Un “malo” que se siente timado es más peligroso que uno que solo se siente expuesto. Los dos lo son, pero uno aún más.

Reivindico una regla más en temas de seguridad, la regla de oro: la posibilidad de decir no. No voy. No publico. Debe ser una opción extrema, consultada con colegas de confianza, porque atañe al valor esencial de este oficio: revelar. Ese círculo de confianza es fundamental, la pared de rebote necesaria. Pero hay situaciones en las que el mejor testimonio es obvio que trae muerte para esa fuente. Hay ocasiones donde entrar al lugar clave de la historia implica no salir. Un periodista que llegue a estos temas requiere un poco de locura. Reivindico la locura, la temeridad, no solo como un empuje a ir, sino como la posibilidad de hacerlo sin temblar, con estrategia. Ahora, ser temerario es ligeramente distinto a ser estúpido. Y en esa ligereza nos va la vida.

Ilustración: @donmarcial
Adela Navarro

No hay mecanismo que detenga una bala contra un periodista

En México no hay mecanismo de protección alguno que detenga una bala dirigida a matar un periodista. Es crudo, es la verdad.

En los últimos 18 años, 119 periodistas han sido asesinados en México. 46, es decir el 41 por ciento de los casos, casi la mitad, han sucedido durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, según datos de la organización Artículo 19 con sede en México.

La impunidad que rodea los casos de asesinatos, desapariciones y amenazas contra periodistas, es el origen principal de los ataques. En un país donde los asesinos de periodistas no terminan en prisión, lo más fácil para acallarlos es matarlos. Desaparecerlos, amenazarlos. Llevarlos al auto exilio ante el temor de perder la vida.

Lo sé de cierto. En ZETA contamos cuatro atentados. Tres de mis compañeros han sido asesinados, uno de ellos salvó la vida, sólo para vivir el resto de sus días custodiado por catorce elementos del Ejército Mexicano.

Pero seamos sensatos, no se puede hacer periodismo de investigación cuando se está rodeado de militares, policías, hombres o mujeres armados, cuidando la integridad del periodista. Una escolta para custodiar la vida de un periodista lo confina a una oficina, a la desconfianza del contacto con el que se habla, al temor de las personas que le rodean en un escenario público. Finalmente, acompañado de personas armadas, el periodista también es amordazado.

¿Qué hemos hecho en el semanario para salvaguardad la integridad?

Definitivamente no recurrimos al prácticamente extinto mecanismo de protección instaurado por el gobierno federal, que consiste en colocar al periodista amenazado en una lista, donde de entrada, se le ubica como objetivo. Lo proveen de escoltas, normalmente policías federales asignados a las entidades federativas, que aunque está por demás decirlo, integran la corporación más corrupta del país. En algunos casos proveen de artículos de protección física, chalecos antibalas, botones de pánico, cascos, un celular, instalación de cámaras e incluso autos blindados. En esas condiciones, ninguno de los elementos considerados por el gobierno para proteger la integridad de un periodista funciona. Los policías federales terminan siendo espías en la mayoría de las ocasiones.

Recuerdo una ocasión cuando los directivos de ZETA contábamos con escoltas provistas por la Secretaria de Seguridad Pública del Estado (por entonces la más confiable, 2012-2014), cuando una nueva amenaza fue vertida sobre nosotros por un miembro del cártel Arellano. Después de solicitar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al gobierno que se aplicaran medidas cautelares a los editores de ZETA, recibí una llamada de la Policía Federal. Cuando nos negamos a ser acompañados por una escolta de esa corporación, además informando que ya teníamos quien nos protegiera, se comunicaron con los elementos de la Policía Estatal para pedirles que todos los días les fuese enviado a la PGR un documento donde dieran cuenta de las actividades que realizábamos. Por supuesto, tal acción no se llevó a cabo, aunque fue necesario acudir por lo menos en dos ocasiones a las instalaciones de las PGR en Tijuana, Baja California, a solicitud de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para firmar documentos donde dejaba claro que no aceptaba la protección federal y quedaba bajo mi riesgo.

Es difícil decirlo porque al expresarlo se vuelve real y es doloroso, pero desde 2004 no hemos perdido a ningún compañero. El último fue Francisco Javier Ortiz Franco, nuestro editor, el 22 de junio de ese año. Hemos sido amenazados, sí. En muchas ocasiones hemos de recurrir a la seguridad pública para proteger nuestra vida, pero la tenemos.

Lo primero que hacemos para proteger nuestra integridad al tiempo que ejercemos la libertad de expresión a partir de investigaciones periodísticas en temas de corrupción, impunidad, narcotráfico, crimen organizado y gobiernos ineficientes, es publicar lo que sabemos, lo que indagamos y confirmamos. Lo segundo, es hacer periodismo del lado de la sociedad. Ningún periodista de investigación será tal si su compromiso está con las entidades de poder, los gobiernos, los empresarios, los partidos. Mantener el compromiso con nuestra sociedad, con nuestros lectores, y alejarnos del gobierno, nos mantiene vigentes y protegidos por la solidaridad de nuestros lectores.

Contamos en un tercer vector, con lo que llamamos una red de protección. Cuando hemos sido amenazados, después hacer pública la afrenta e informar a nuestros lectores que en ZETA estamos haciendo periodismo bajo amenaza, redactamos una carta dando cuenta del contexto, la inseguridad local, la apatía gubernamental, y la enviamos a organismos de la sociedad civil que en México y en el mundo protegen a los periodistas: el Comité para la Protección de los Periodistas con sede en Nueva York, Estados Unidos, Reporteros sin Fronteras y la Unesco (París), la Sociedad Interamericana de Prensa (Miami), la Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios (Washington) el PEN Club, CENCOS, Artículo 19 capítulo México, y muchos otros organismos que al recibir una carta alerta por parte de periodistas amenazados, lo que hacen es posicionarse pública e internacionalmente sobre el caso. En nuestro caso también hacemos llamados al gobierno de la República para que establezcan condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico. Es un recordatorio de que no estamos solos. Que más allá de nuestros estados, hay personas, organismos, que nos están observando, que están exigiendo a gobiernos corruptos actuar en consecuencia.

Un periodista amenazado debe ser el más libre. Considerar el temor al momento de publicar puede afectar seriamente la línea editorial de un medio independiente, libre como el viento como es el caso de ZETA. No quiero que esto se aprecie como la personificación de un mártir de la libertad de prensa, pero cuando se está amedrentado, el primer mecanismo de protección que se activa es el propio compromiso del periodista de hacer público lo que sabe. Acabar con el objeto de la amenaza.

Jesús Blancornelas, director fundador de ZETA, decía que cuando tenía una información delicada, que exhibía la corrupción en el gobierno, la complicidad con el crimen organizado o la ineficacia de la autoridad para cumplir con su obligación, su vida corría peligro. Pero que al momento de investigar el tema y publicarlo, no sólo liberaba la información que develaba la realidad de lo que sucede, cuanto más, protegía su vida. Si se hace público, se corre un peligro menor. Por el contrario, mantener oculta una información por temor a las consecuencias, significa abonarle a la impunidad, extender a lo público la protección oficial para mantener en secreto, en la opacidad de la impunidad, una conducta que toca la ilegalidad o en ocasiones la rebasa.

En vista que nuestros compañeros asesinados lo fueron por los reportajes que publicaron en el semanario, mayormente sobre los integrantes del narcotráfico, y también sobre la complicidad de las autoridades procuradoras de justicia con ellos, en ZETA tomamos la decisión de no publicar el nombre del reportero investigador cuando el tema abordado revelase información personal, imágenes, nombres de criminales organizados. En esos casos, el reportaje se firma con un INVESTIGACIONES ZETA. Un reportero sin rostro hacia afuera, un equipo de reporteros en lo interior, en una redacción que ha aprendido a sobrevivir en un clima hostil.

Ante las amenazas que hemos recibido a partir del fallecimiento de Jesús Blancornelas en 2006, la manera en que hemos reaccionado para protegernos ha sido seguir las cuatro reglas que nos hemos impuesto para sobrevivir en el periodismo en uno de los países más peligrosos para ejercerlo: publicar, compromiso social, establecer una red de protección pública, investigar.
Nos ha funcionado.

Lo reitero, desde 2004 ninguno de mis compañeros en ZETA ha sido asesinado. Hemos recibido amenazas en 2008, en 2010, en 2012, en 2014, en 2016 y en 2017. En unas ocasiones han ordenado atentar contra la vida de los editores del semanario, en otras, acabar con las oficinas. En todas esas ocasiones hemos reaccionado de igual manera y obtenido la protección de una sociedad solidaria que apoya el periodismo de investigación. No nos hemos callado ante la amenaza, nos hemos protegido a nuestra manera con nuestros recursos, y el apoyo también de elementos de policías que se mueven en la honestidad.

Caso único: de todas las amenazas recibidas, no nos hemos enterado por nuestras autoridades. Tampoco las han vertido de manera directa los criminales a los periodistas. En todos los casos, hemos sido alertados por autoridades de los Estados Unidos.

Siendo Tijuana una ciudad fronteriza, y los cárteles binacionales, allende la frontera han investigado a las mafias locales, una herramienta para ello ha sido la intervención de los teléfonos, que en aquel país es un recurso más asequible que en México. He recibido llamadas de policías de California, de San Diego, de funcionarios del Departamento de Estado de la Unión Americana, para alertarnos de la amenaza en nuestra contra. Hemos actuado a partir del conocimiento de la afrenta, informando a una autoridad honesta en nuestro país.

De 28 años que tengo haciendo periodismo de investigación en ZETA, doce de ellos he tenido escoltas.

Y después viene la otra amenaza. La de la clase política. Gobierno corruptos que ante la publicación de reportajes que los exhiben como tales, reaccionan atacando al periodista. Hay distintas formas de la amenaza política. Desde las brutales como la desaparición de las personas o las golpizas, hasta los atentados a la integridad moral, persecución fiscal, campañas de difamación, y la más recurrida, el retiro de la publicidad.

En estos casos, nuestro mecanismo de protección es el mismo: publicar las acciones contra los periodistas por el ejercicio de la libre expresión, hacer un llamado a la solidaridad de la sociedad, exhibir a las entidades de poder que pretenden presionar para censurar.

La unión de los periodistas para demandar condiciones de seguridad, en un país de harta impunidad y corrupción, es un punto clave para sobrevivir. La publicación conjunta de reportajes, las alertas públicas sobre las amenazas, proporcionan una protección pública que pone en la mira a los gobiernos corruptos, y acorrala a los criminales impunes. No hay de otra.
De los 112 casos de periodistas asesinados en los últimos 18 años en México, el 99 por ciento de las investigaciones están inconclusas. La impunidad impera. La responsabilidad de protegernos está en nosotros mismos, en nuestra responsabilidad, nuestros principios, nuestra libertad y compromiso como periodistas, para una sociedad que cada vez más, debemos motivar a defender la libre expresión.

Cuando un periodista es asesinado, perdemos todos. Perdemos información, de alguna manera, la sociedad enmudece, y eso no es dable en una sociedad democrática como en la que vivimos.

No existe un mecanismo de protección gubernamental que nos salve de la impunidad.

Ilustración: @donmarcial