Debatiendo el ingreso básico

Este ensayo examina el debate acerca del ingreso básico universal (UBI, por sus siglas en inglés) que ha surgido en los últimos años, centrándose en las principales objeciones de la izquierda. En él evalúo los temas normativos del corazón de la propuesta y analizo una gama de posibles efectos empíricos, desde el impacto sobre los salarios y la participación en la fuerza laboral hasta el género y la acción colectiva. En última instancia, defiendo el UBI sobre la base de la libertad y el poder: en la medida en que permite a las personas escapar de la «doble libertad» de Marx, el ingreso básico universal fomenta tanto la «salida» como la «voz» y tiene una afinidad real con el proyecto socialista.


En, relativamente, poco tiempo el ingreso básico universal (UBI, por sus siglas en inglés) se ha transformado de lo que era poco más que un experimento de pensamiento glorificado en una opción de política concreta, y la discusión en los medios se ha multiplicado en consecuencia. El debate también se ha intensificado en la izquierda, en la que ha adquirido un tenor a veces productivo, a veces áspero. Las razones de esto último son obvias, pero cuando es productiva, la discusión ha procedido como un debate entre aquellos que comparten un conjunto de compromisos morales, aunque no están de acuerdo en cuestiones de estrategia o análisis. En el caso del UBI, una medida de política abstracta sin historia de implementación genuina, es natural ver un buen número de intuiciones diferentes, hipótesis transversales y preocupaciones de amplio alcance respecto de las consecuencias involuntarias. De hecho, el debate desde la izquierda puede descansar en última instancia sobre resultados empíricos. ¿El UBI mejorará las vidas de las personas? ¿Facilitará transformaciones más amplias y profundas? O ¿solo es un espejismo neoliberal?

Este ensayo examina el debate en torno al UBI que ha surgido en los últimos años y se centra en las principales objeciones de la izquierda. Esto implica analizar una gama de posibles efectos empíricos, desde el impacto sobre los salarios y la participación en la fuerza de trabajo hasta el género y la acción colectiva. Debe señalarse que el debate sobre estas cuestiones empíricas está decididamente sin resolver. Al igual que con cualquier transformación social importante, el efecto de ofrecer transferencias sustanciales de efectivo a todos, podría generar resultados que son imposibles de prever. Afirmar lo contrario −que tenemos una comprensión clara de todo el conjunto de consecuencias− sería temerario. Con esta advertencia, debería decirse que por fortuna sabemos algo sobre el impacto del UBI, y basados en la evidencia disponible podemos decir algo significativo de sus consecuencias en múltiples esferas de la vida social.

El concepto de ingreso básico universal se refiere a un ingreso mensual en efectivo pagado a cada miembro de la sociedad sin importar los ingresos de otras fuentes y sin condiciones.[I] No se incluye un nivel de pago preciso en la definición. Las propuestas del orden de catorce mil dólares por persona −un número que excede la línea de pobreza oficial para individuos solteros en Estados Unidos (EUA) (doce mil dólares) y que suman alrededor de una cuarta parte del PIB de EUA– se consideran comúnmente entre modestas y sustanciales. Las propuestas que son más generosas tienden a rondar los dieciocho mil o veinte mil dólares por persona. Tengo en mente el número de catorce mil dólares, más o menos, el nivel mínimo de pago requerido para alcanzar los objetivos normativos discutidos en este documento; en particular, esta suma se entiende como el umbral del límite inferior que ofrece a las personas una posición de salida por arriba del nivel de pobreza, lo que proporciona a todos una medida de libertad del trabajo y, por lo tanto, de poder en el trabajo.

Comprender el ingreso básico requiere una consideración de sus probables consecuencias empíricas, así como aclarar la agenda normativa subyacente. En algunos casos hay pruebas empíricas pragmáticas que cualquier visión normativa debe pasar para que se realice; en otros, los argumentos normativos pueden sostenerse con independencia de las consecuencias empíricas. Teniendo en cuenta todo, incluidas algunas ambigüedades que se discuten a continuación, existe un poderoso argumento socialista para el ingreso básico. Este ensayo muestra que el esquema, si fuera lo suficientemente generoso y universal, ayudaría a realizar la visión moral que los socialistas deberían tener. Vale la pena volver a lo básico, por así decirlo, para tener alguna noción de este debate.


Los extremos de la política social

Uno de los aspectos constitutivos de la política de izquierda es que las políticas defendidas no son meros fines en sí mismas, sino más bien son instrumentos para llevar a cabo un amplio conjunto de compromisos normativos que prevén cómo debe ser el mundo. A veces la izquierda –equivocadamente, en mi opinión– evade estos elevados compromisos porque están muy alejados de la rutina de la lucha política o porque los argumentos morales son vistos como el dominio de la política liberal y conservadora. Aunque esta posición nunca ha sido persuasiva. Para evaluar la política y las políticas públicas debemos comprometernos con una visión moral, incluso si se la caracteriza un tanto como un futuro definido por el florecimiento humano y la libertad real y sustantiva.

Cuando se trata del impacto de las políticas reales es útil distinguir las reformas paliativas de las emancipatorias. Las reformas paliativas, como las políticas de bienestar tradicionales, son valiosas porque proporcionan beneficios materiales directos y mejoran la vida de las personas, que es un fin normativo en sí mismo. Si una visión política pierde de vista las reformas que mejoran la vida, será abandonada por la gente pobre y trabajadora; verían con razón esa visión insensible a sus necesidades. Aun así, es difícil para los agentes políticos de izquierda entusiasmarse demasiado con las reformas puramente atenuantes. Si bien hacen que las vidas de las personas sean menos dolorosas, dichas políticas por definición no ayudan a movilizar a las personas ni a expandir su poder. El concepto de reforma emancipatoria, por otro lado, se refiere a alguna política social que puede mejorar una privación particular, pero lo hace de una manera que nos acerca a una visión moral subyacente. Estas son políticas que inclinan la balanza del poder y fortalecen la posición de las personas pobres y trabajadoras cuando se enfrentan con jefes, cónyuges y otras personas poderosas en sus vidas.

La principal razón por la que el UBI debe ser parte de una visión normativa de izquierda es porque facilita la salida de las relaciones de explotación y dominación: el poder de salida tiene un significado tanto de mejora como de emancipación, como lo demostraré. La objeción marxista fundamental a la estructura de los mercados de trabajo capitalistas es que son superficialmente libres, mas en su sustancia no lo son. Desposeídos de los medios de producción, y por lo tanto de la subsistencia, los trabajadores pueden elegir entre capitalistas, aunque se ven obligados finalmente a elegir uno. Esto es lo que Marx llamó «doble libertad»: nuestra libertad para ser explotados por el empleador de nuestra elección se combina con la libertad de permanecer hambrientos si no elegimos ninguno. Para quienes objetan la obligatoriedad del mercado laboral capitalista, el ingreso básico es atractivo porque garantiza que las personas no solo tengan el derecho abstracto a la libertad, sino también a los recursos materiales para hacer de la libertad una realidad concreta. Da a las personas el poder de decir no: a los empleadores abusivos, al trabajo desagradable o al dominio patriarcal en el hogar.

La gente usa ese poder con frecuencia. En el caso del experimento canadiense Mincome de fines de la década de 1970, algunos participantes de hecho retomaron su nueva habilidad para renunciar. En la ciudad de Dauphin, Manitoba, un ingreso anual garantizado de tres años provocó una caída de once puntos porcentuales en la participación de la fuerza de trabajo.[II] En los cinco principales experimentos de ingresos anuales garantizados que se llevaron a cabo con anterioridad en EUA y Canadá, hubo una amplia gama de reducciones de la oferta laboral promedio para hombres y mujeres, desde un mínimo de casi cero en algunos casos, hasta un máximo de alrededor de treinta por ciento.[III] El ingreso anual garantizado no es idéntico al UBI; el primero se retira de forma progresiva por encima de un cierto umbral de ingresos, lo que reduce su universalidad y, hasta cierto punto, su conveniencia. Sin embargo, incluso esta versión afecta a una gran parte de la población: un alto nivel de garantía y una baja tasa de eliminación progresiva se extenderían profundamente hasta la clase media. Además, hace que la opción de renunciar al trabajo esté disponible de forma universal y permite una buena cantidad de inferencias sobre un modelo por completo universalista. Como se analiza a continuación, también encontré evidencia que sugiere que en el caso de Mincome el ingreso garantizado redujo la violencia doméstica. Al proporcionar a las personas una posición decente como alternativa, dicha política afecta las relaciones de poder subyacentes y cambia las condiciones básicas bajo las cuales se lleva a cabo la negociación, tanto en el trabajo como en el hogar.

Aquí hay un punto más fuerte acerca de las reformas emancipatorias: como política social, el ingreso básico puede allanar el camino hacia transformaciones sociales más amplias. En particular, el UBI puede ayudar a poner en marcha un proceso dinámico que empodere a las personas para luchar por construir una sociedad mejor. Lo logra de dos formas: el poder de la salida, mencionado antes, y la institucionalización de la solidaridad. El primero permite a las personas pobres y trabajadoras una mejor posición para negociar, lo que instiga ganancias más amplias y de mayor alcance. El segundo, redibujando las fronteras sociales esculpidas por estados de bienestar categóricos y reduciendo el atractivo de la «deserción» de la acción colectiva, lo que mejora las probabilidades de que actúen de modo colectivo en lugar de individual. En el fondo, la visión del ingreso básico es atractiva debido a su doble función como una medida de política favorable y emancipadora.

En esta descripción esperanzadora, el ingreso básico articula tanto una alternativa económica como una teoría del cambio social. No obstante, existe la preocupación de que el cambio social ocurra no cuando a las personas se les dan opciones de salida, sino cuando las circunstancias las bloquean en una interacción inevitable, cuando la falta de alternativas deja la colaboración y la lucha como la única opción viable. Para estar seguros a veces se argumenta que la izquierda no debe permitirle a la gente una opción de salida; es decir, si aspiramos a construir el poder y movilizar a la gente, debemos alentar la «voz» sobre la «salida».[IV] Como cuestión empírica, este argumento no puede descartarse.

De hecho, siempre existe la posibilidad de que darles a las personas la libertad y la capacidad de hacer lo que quieran pueda significar que hagan cosas que preferiríamos que no hicieran. Quizá el ingreso básico sería emancipatorio para las personas, pero inadvertidamente nos fragmenta como colectivo. Después de todo, algunos podrían elegir retirarse del mundo social por completo.

Por el contrario, hay buenas razones para creer que es la posibilidad de salida lo que facilita la voz. Si un flujo estable de efectivo te da el poder de amenazar con abandonar un matrimonio o un trabajo, es decir, si tu amenaza de salir tiene credibilidad real, estás en una mejor posición para decir lo que piensas. A continuación intento construir este argumento, aunque adelanto al ingreso básico como una reforma deseable incluso si falla esta prueba empírica. En otras palabras, el ingreso básico puede proporcionar recursos para facilitar la acción colectiva, como se analizará a continuación, pero lo hace sin excluir las rutas de escape más solitarias. Esta posición debe ser vista como perfectamente coherente con una ética socialista: queremos nutrir la acción colectiva fomentando sus condiciones de posibilidad en un sentido positivo, no por medio de la obstrucción activa de vías alternativas y sin dejar a la acción colectiva como el único camino a la supervivencia individual.

De esta forma, los ingresos básicos mejoran tanto la libertad negativa de las personas de la coacción y como su libertad positiva para hacer lo que quieren. Hay pocos en la izquierda que estarían en desacuerdo con estos principios. ¿Deseamos, por ejemplo, impedir que una trabajadora de Walmart deje su trabajo si ella así lo desea? Si estamos a favor de la autonomía humana básica, la respuesta es no. La respuesta debería ser así, incluso si mi argumento sobre la relación positiva entre el ingreso básico y la acción colectiva no logra ser persuasivo, incluso si la acción colectiva se nutre solo cuando las personas están encerradas en relaciones conflictivas. Rapunzel podría sobrevivir mejor en su torre, pero eso apenas la convencería de su valor. Hay un sentido real en el que la oposición de la izquierda al principio subyacente del ingreso básico supone abogar por cierto grado de coacción. Esto podría ser filosóficamente defendible pese a que no cuadra con un compromiso de desacoplamiento de la doble libertad de Marx, ni con compromisos sociales profundos para expandir el dominio de la autonomía humana. Volvemos a estos temas filosóficos centrales después de hacer inventario de una serie de preguntas normativas y empíricas, y abordar las principales críticas izquierdistas al ingreso básico.


¿Neoliberal en la práctica?

Las objeciones de la izquierda para otorgar de forma incondicional dinero a las personas han proliferado últimamente, sin duda causadas por los «extraños compañeros de cama» del UBI en la derecha. Algunas de estas son pertinentes en alto grado y han llevado el debate en direcciones positivas; otras son menos persuasivas. Con el ingreso básico en la agenda política en una serie de países de todo el mundo, es necesario apreciar el contexto más amplio de la discusión.

La primera y más importante objeción ha sido destacada a últimas fechas por John Clarke, de la Coalición de Ontario contra la Pobreza, entre otros: dada la constelación de fuerzas y los compromisos políticos de muchos proponentes, las probabilidades son que el ingreso básico, si se implementa, vendrá en un disfraz neoliberal, repartiendo los pagos escasos y acompañado de severas medidas de austeridad.[V] De hecho, como toda política social, el ingreso básico podría implementarse de manera neoliberal, y en las últimas cuatro décadas no ha habido escasez de propuestas regresivas en Canadá y EUA.

Esta es una preocupación legítima, y es en la implementación de la política donde se resolverá el problema de estos «extraños compañeros de cama», de una forma u otra. La lista negra de partidarios de derecha, desde Milton Friedman hasta Charles Murray, a menudo es inequívoca en su deseo de utilizar los ingresos básicos como un cuchillo para destripar los costos internos del estado de bienestar. En diferentes grados, el apoyo reciente dentro de los círculos tec-chovinistas de élite, de Peter Thiel a Mark Zuckerberg, podría ser entendido de modo similar. ¿Cómo demonios podrían los marxistas formar una alianza política con el niño rey de Silicon Valley? Tal vez algunas élites ven el ingreso básico como un medio pragmático para evitar la radicalización de una población que ha visto poca mejora en los niveles de vida en los últimos años, pero otros imaginan un caballo de Troya diseñado para atacar las ciudadelas de la seguridad social, Medicare[VI] y el gasto en educación.

Si el ingreso básico es poco más que una política neoliberal disfrazada no hay duda: debe ser resistido. Sin embargo, ¿por qué no trabajar hacia una mejor versión del ingreso básico? Hay visiones muy diferentes de cómo se vería un ingreso básico; y uno pequeño desplegado de forma libertaria para reemplazar el estado de bienestar no solo es diferente de una versión generosa incorporada en el estado de bienestar existente, sino que está activamente enraizado en la visión filosófica opuesta. Donde el primero está diseñado para reducir la carga impositiva sobre los ricos y evitar las políticas sociales supuestamente paternalistas, este último está diseñado para negar la naturaleza coercitiva del mercado laboral capitalista y empoderar a las fuerzas populares. Los cambios cuantitativos en la generosidad inducen cambios cualitativos en el resultado. Existen variedades cualitativamente diferentes de ingresos básicos y es muy posible que en el contexto político contemporáneo una visión indeseable se convierta en realidad. Mas no debe decirse que ninguna visión política pueda escapar de la incertidumbre incorporada en el paso de la teoría a la práctica.

Una comparación instructiva aquí es la llamada del trabajo garantizado. Si se puso en funcionamiento una garantía de empleo en el contexto contemporáneo, es fácil imaginar una versión que esté lejos de ser liberadora, en la que los trabajos serían abruptos y los descansos, pocos. El politólogo Adam Przeworski argumentó en contra de esta desagradable pero plausible visión de garantía de trabajo: «Hacer que la gente trabaje innecesariamente solo para que les paguen algo sin que los demás se quejen y para que no se queden sin nada que hacer, es sustituir una privación por otra».[VII] Esto no es para afirmar que una visión progresiva de una garantía de empleo es inimaginable; por el contrario, un esquema viable de ese tipo tiene un gran potencial, y si se aplica con éxito sería una gran mejora en la configuración actual de las políticas sociales. Aunque las fuerzas que podrían sabotear un ingreso básico operarían de manera similar en el caso de una garantía de empleo.[VIII] Además, existe un conocido ejemplo histórico de una mala implementación de la garantía de empleo; se llama workhouse.[IX] Durante siglos, el antiguo workhouse inglés vinculó los beneficios de la asistencia pública al trabajo y funcionó bajo el principio de «menor elegibilidad», una doctrina que garantiza que las condiciones del workhouse empeoren más que las externas para desalentar su uso. También se debe notar que los defensores altamente desconfiados se sintieron atraídos por este sistema de alivio al pobre. Por ejemplo, Jeremy Bentham abogó por el workhouse, porque era «un molino para triturar a los pícaros y hacerlos honestos».[X]

Por lo tanto, el problema es general. Como regla, la izquierda se opone al escaso seguro de desempleo y demanda uno generoso. La mala política de atención médica es mala y una buena política de atención médica es buena. La estrategia de izquierda siempre ha implicado la lucha para mejorar esas políticas y cualquier modelo del mundo que sugiera que un seguro de desempleo decente o una buena asistencia médica se gana mediante la lucha se aplicaría por igual al UBI. La crítica a la idea abstracta debería ser distinguida de la crítica de su implementación concreta —este punto de conversación debería ser el saco viejo para los socialistas, al menos aquellos que tienen la edad suficiente para recordar la desagradable aplicación de sus ideas más queridas—. Al igual que con todas las medidas de política social, un ingreso básico podría implementarse de una manera espantosa. ¿Entonces deberíamos rechazar la idea sin pensarlo dos veces? Como argumento en contra del impulso de suavizar la naturaleza obligatoria de los mercados laborales capitalistas, esta línea de razonamiento es difícilmente sostenible.

Una crítica relacionada es que el ingreso básico es una política social tecnocrática sin derramamiento de sangre: muchos defensores del UBI parecen imaginar que una vez que se aprueba la legislación apropiada, el trabajo está hecho. Imagina una política que se impone con torpeza, fuera del contexto de las luchas sociales, como si la política y el poder existieran en mundos separados. Si bien aquí la crítica es principalmente a los defensores, no a la idea en sí misma. Es más, si se abandona el ingreso básico a los tecnócratas, nos aseguraremos de obtener un conjunto de políticas sociales tibio o incluso regresivo; una versión deseable y radical encontrará muchos oponentes, en particular empleadores, y requerirá una movilización popular masiva. Sería extraño creer que este problema sea exclusivo del ingreso básico.


 

 

 

¿Neoliberal incluso en teoría?

Además de las ansiedades acerca de que los políticos de derecha implementen su versión preferida del ingreso básico, hay una serie de críticas incluso a un ingreso básico generoso y en verdad universal. A pesar de que este ensayo evalúa una gama de argumentos empíricos sobre género, capitalismo y acción colectiva, en esta sección me concentro en dos argumentos normativos hechos a menudo: (1) que debemos expandir la provisión pública de servicios clave antes de considerar el mantenimiento del ingreso, y (2) que no deberíamos tener un ingreso básico porque tenemos la obligación de trabajar, contribuir a la comunidad y no vivir del trabajo productivo de los demás.

Para empezar, algunos argumentan que el dinero destinado a un UBI debería gastarse en la desmercantilización de servicios importantes como vivienda, cuidado de niños, transporte y más. Esta objeción al ingreso básico, hecha por primera vez por la economista Barbara Bergmann, es poderosa, pero al final no es persuasiva.[XI]

El problema se enmarca a veces de la siguiente manera: si tuviera un dólar adicional para gastar ¿dónde debería gastarse primero? El argumento de los servicios sobre el ingreso es quizá el más poderoso en la forma de una hipótesis utilitarista. Usar un dólar marginal de ingresos tributarios extra para expandir el transporte público o los sistemas de salud existentes o para proporcionar nuevos tipos de servicios públicos, podría mejorar la vida de las personas más que ofrecer a las personas el equivalente en efectivo.[XII] Tal vez extendería de manera más efectiva la esperanza de vida promedio o mejoraría el bienestar subjetivo de las personas. Esta es una pregunta empírica sin respuesta y, si es verdad, sería difícil ignorarla. No obstante, al formular la pregunta en términos estrechamente economicistas, se postula una opción falsa entre la desmovilización de la fuerza de trabajo y la desmercantilización de los servicios —como si no se pudieran perseguir ambos a la vez. En una sociedad rica y productiva, debemos ser capaces de pagar tanto un ingreso básico como bienes públicos de alta calidad. Si las fuerzas populares fueran lo suficientemente poderosas para progresar en una, muy bien podrían serlo para progresar en la otra.

Pero al conceder el encuadre, el cálculo todavía comete dos errores. Primero, ignora el objetivo de la libertad real como un objetivo moral no instrumental. Sobre la base de la libertad —en particular la libertad positiva para decidir sobre las actividades que queremos seguir y cómo pasar nuestros días— vale la pena defender una estrategia que erosione de forma directa y enérgica la condición de fondo de los trabajadores de la dependencia del mercado. Es decir, es una buena idea poder abandonar su trabajo en Walmart sin importar las consecuencias a largo plazo. En segundo lugar, el argumento de Bergmann ignora el proceso mediante el cual la reducción de la coerción en el mercado de trabajo y la provisión de un retroceso genuino posicionan mejor a las personas para lograr objetivos más amplios.

Existe, por supuesto, un grado de simetría entre la opción de salida proporcionada por el ingreso básico, por un lado, y un conjunto integral de bienes y servicios provistos públicamente, por el otro. Pero creo que la expansión de la libertad y el poder es más débil en este último caso. Como enfatizan Offe y Wiesenthal en un conocido ensayo, las necesidades y preferencias de las personas pobres y trabajadoras son profundamente heterogéneas: las necesidades de un joven que vive en un pequeño pueblo rural, una madre soltera en un gran centro de la ciudad y una pareja suburbana más vieja es ineludiblemente diversa.[XIII] Sobre esta base, el dinero, un bien altamente fungible, puede satisfacer el mejoramiento de las diversas necesidades y preferencias subjetivas que, incluso, un conjunto bastante completo de bienes y servicios específicos.[XIV] Esto significa que el ingreso básico reduciría de manera más efectiva los costos de ser despedido y crearía una mejor alternativa al mercado laboral para una amplia franja de la sociedad; al construir de modo más efectiva una posición de respaldo, sería mejor expandir el apalancamiento de los trabajadores en el trabajo.

Si debemos elegir entre ampliar la provisión pública de servicios y proporcionar un ingreso básico, y vamos con el primero, debemos tener claro el significado de esta opción. Implica que preferimos un sistema en el que las personas permanecen algo más dependientes del mercado laboral para sobrevivir, que preferimos retener, con toda probabilidad, la doble libertad de Marx. Por el contrario, un ingreso básico insiste en que es importante desmercantilizar no solo una gama de bienes y servicios, sino también la fuerza de trabajo.[XV] Es decir, eliminar la coerción del mercado laboral y abolir lo que el movimiento laboral una vez llamó «esclavitud asalariada» puede ser en última instancia más liberador que retirar del mercado una amplia gama de productos. En otras palabras, que debemos tener la libertad positiva de pasar nuestro tiempo como lo deseamos. En lugar de mejorar nuestra capacidad para llegar al trabajo, el UBI proporciona los medios para evitarlo si es necesario.

Hay otra cara de la objeción de los servicios sobre el ingreso. John Clarke sostiene que incluso en el mejor de los casos, dar dinero a las personas fomentará una sociedad consumista. El poder laboral podría desmercantilizarse, pero si todo lo demás se debe comprar, terminaremos gastando todo nuestro tiempo como «clientes en una sociedad injusta».[XVI]

Vale la pena señalar dos puntos como respuesta. Primero, un mundo con un mercado abierto en la mayoría de los bienes, pero sin un mercado laboral capitalista obligatorio, de hecho podría ser una visión decente de transición de socialismo de mercado. Las injusticias del capitalismo tienen mucho más que ver con la naturaleza coercitiva del mercado laboral que con la existencia de mercados para artículos de consumo. En realidad, el argumento anticonsumista identifica erróneamente las fuentes de la injusticia en el capitalismo. El mercado de bienes no es tan malo en sí mismo; el problema es más bien que las personas tienen un poder adquisitivo insuficiente para hacer que la demanda efectiva corresponda a la necesidad y el deseo reales.[XVII] Una distribución más igualitaria del poder adquisitivo ayudaría a llevar la fantasía neoclásica de que la demanda del mercado iguala la necesidad a la alineación con la realidad.[XVIII]

En segundo lugar, parece perfectamente razonable esperar un ingreso básico para una vida mucho menos consumista. Como se señaló antes, el experimento Dauphin generó una caída no trivial en la participación en la fuerza de trabajo. Para algunas personas el ingreso básico también puede significar salir de la fuerza laboral remunerada, cobrar un ingreso más bajo y, por lo tanto, tener menos, no más, para gastar. A menudo se espera e hipotetiza que las actividades socialmente valiosas se fomenten si las necesidades básicas de las personas se aseguran fuera del mercado laboral. Además, la virtud del ingreso básico es su potencial para expandir las actividades de ocio de las personas. Podemos analizar los datos de la parte urbana del experimento Mincome —un ensayo controlado aleatorio basado en Winnipeg elaborado en conjunto con la parte Dauphin del experimento— para analizar esta misma pregunta. En Mincome se investigaron las actividades cotidianas de los beneficiarios de ingresos básicos que abandonaron la fuerza de trabajo; en relación con los controles, la intervención llevó al crecimiento en una gama de actividades socialmente valiosas, incluido el trabajo de cuidado y la educación (véase Tabla 1). La intervención también condujo al crecimiento en la porción de hombres y mujeres que informaron que no estaban trabajando simplemente porque «no querían trabajar». En una sociedad libre, esta decisión debería estar disponible tanto para los pobres como para los ricos.

Tabla 1: Efectos del tratamiento para la pregunta de la encuesta: «¿Cuál es la razón principal por la que no estaba trabajando?»*

Nota: Los «efectos del tratamiento» se refieren al efecto aislado del experimento o la «diferencia en la diferencia». Esta consiste en tomar el cambio del periodo de referencia o periodo de estudio del grupo de control y restarle el cambio en el periodo de referencia o periodo de estudio en el grupo de tratamiento. Por ejemplo, el efecto de tratamiento del experimento para responder a «educación» es de 2.6 puntos porcentuales. En este caso, el porcentaje de sujetos de control que reportaron que no estaban trabajando debido a la educación aumentó de 4.6% en la línea base a 5.7% durante el experimento, y el porcentaje de sujetos tratados con Mincome que informaron las mismas respuestas aumentó de 4% en la línea de base a 7.7% durante el periodo de estudio, dejando el efecto de tratamiento completo en 2.6 puntos porcentuales. Ver también D. Calnitsky, J. Latner y E. Forget, 2017. Working Paper. Life after work: The impact of basic income on non-employment activities. Disponible bajo pedido.
* Datos del ensayo controlado aleatorizado, muestra de Winnipeg, experimento de Mincome; la columna de la derecha es un punto porcentual

 

Si bien es posible que algunas personas gasten más de su tiempo recién liberado en compras —sin mencionar hacer teatro experimental o patinaje en línea, la más subestimada de todas las críticas del ingreso básico— también pueden pasar tiempo libre con otros, buscando proyectos sociales y políticos, haciendo trabajos de cuidado o participando en una amplia gama de otras actividades no relacionadas con el consumo.

Antes de continuar, vale la pena tomar nota de una segunda crítica normativa del ingreso básico, que se extiende desde Rosa Luxemburgo a Jon Elster, y que está anclada en una buena parte de la teoría política liberal y de izquierda: que no tenemos derecho a vivir de las ganancias de otra persona.[XI] Más bien, según el argumento, tenemos la obligación moral de contribuir a la comunidad y, por lo tanto, de trabajar. En parte, esto es lo que llevó a Tony Atkinson a proponer un «ingreso de participación» en lugar del ingreso básico: los ingresos por participación proporcionarían un flujo de ingresos condicionado a la participación en alguna actividad socialmente valiosa, ya sea dentro o fuera del mercado laboral formal.[XX]

Aquí veo dos cuestiones que vale la pena considerar. En primer lugar, desde el punto de vista de la libertad socialista, hay muchas razones para creer que, en lugar de igualar los niveles de trabajo y los ingresos, deberíamos ofrecer a las personas una opción entre mayores ingresos y más ocio. Esto es consistente con lo que G. A. Cohen ha llamado «igualdad socialista de oportunidades».[XXI] En un mundo así, las desigualdades en el ingreso y el ocio no reflejan más que diferencias en los gustos personales por ingresos y trabajo, es decir, diferencias consistentes con la justicia socialista. Para Cohen, una sociedad en la que cada persona tiene canastas aproximadamente iguales de trabajo/sueldo es inferior a una que permite elegir entre diversos grupos de ingresos y ocio. El ingreso básico de alguna manera permite a las personas que pueden elegir una canasta de ingresos básicos/máximo ocio o una canasta de alto ingreso/ocio mínimo. Vuelvo a la cuestión del socialismo y la libertad en la conclusión.

En segundo lugar, el argumento normativo según el cual las personas no tienen derecho a vivir de las ganancias de otro —y por implicación, que solo aquellos que trabajan deben comer, que solo aquellos que se dedican al trabajo productivo deben ser compensados— es inaceptablemente libertario en su teoría subyacente de la remuneración. La teoría ignora la no imputabilidad de los productos a los insumos de producción: la producción es una actividad profundamente interdependiente y, en particular en un mundo de rendimientos no constantes a escala, el proceso abstracto de vincular el esfuerzo productivo de una persona con su compensación final es siempre un ejercicio ambiguo. Esto significa que el concepto mismo de las ganancias apropiadas de un individuo está mal definido. Aún más importante, el principio que sugiere que no debemos vivir del esfuerzo laboral de los demás da demasiado peso al trabajo productivo actual —es decir, el trabajo de los trabajadores vivos en lugar de toda la historia del trabajo— como la fuerza motriz del ingreso corriente. Como ha argumentado Herbert Simon, los altos niveles de productividad individual en las sociedades ricas son, en su mayor parte, consecuencias de la fortuna de haber nacido en una sociedad rica.[XXII] Los altos ingresos y la alta productividad son atribuibles menos al esfuerzo laboral actual y más al esfuerzo laboral pasado, y todos los miembros de la sociedad deberían beneficiarse del trabajo de generaciones anteriores y de la riqueza y el desarrollo general de la sociedad. Para la generación actual esto significa que mediante ninguna contribución propia hemos sido dotados de tecnologías, infraestructura, lenguaje y cultura altamente desarrollados, y esto le da a los ingresos actuales, en gran parte, un carácter moralmente arbitrario. Por lo tanto, esta es una poderosa razón para redistribuir una buena cantidad de ella a las personas, ya sea que trabajen o no.


Ingreso básico y capitalismo

Un conjunto separado de críticas de la izquierda se refiere a las consecuencias involuntarias del ingreso básico en el mercado laboral, el comportamiento del empleador y el capitalismo de manera más amplia. Estos argumentos a menudo se enmarcan en términos de los límites aparentes del capitalismo y las fuerzas económicas subyacentes que comprometen la transformación social progresiva. Como regla general, los argumentos que toman la forma de «un ingreso básico decente es imposible bajo el capitalismo» deben tratarse con la misma sospecha que tenemos para los reclamos sobre la incompatibilidad fundamental del capitalismo con un estado de bienestar digno. La historia ha demostrado que el capitalismo es un sistema altamente flexible; lo que una vez se dijo que era imposible en el capitalismo se dice luego que es una característica esencial de su legitimación. En tales argumentos, es proforma aludir a un impasse económico profundo e inamovible (y no político), pero la idea de que un ingreso básico decente es imposible bajo el capitalismo se reduce a la afirmación de que la reforma real del capitalismo es imposible.

Sin embargo, una restricción de viabilidad muy real se refiere a la participación en el mercado laboral: si el ingreso básico saca a la mayoría de la fuerza de trabajo del mercado laboral, la principal fuente de ingresos del plan se agotará. Empero, como se señaló ya, la evidencia experimental sugiere que los pagos de ingresos básicos que rondan la mitad del ingreso familiar medio inducen cierta retirada del mercado laboral, mas no en niveles catastróficos. En mi opinión, este resultado es más o menos deseable: ninguna reducción del trabajo significaría que no se expandiría la libertad y no se reduciría la fatiga, sino que la reducción extrema del trabajo a corto plazo correría el riesgo de desentrañar el programa. Contrariamente a la opinión común, el ingreso básico no debe entenderse por sí solo como una utopía posterior al trabajo: en realidad, si la mayoría dejara de trabajar, no habría ingresos para financiar el plan. La apuesta es que a pesar de que el trabajo sería una opción más que una necesidad económica, la gente en general continuaría encontrando el trabajo atractivo, aunque menos; los trabajos pobremente remunerados serían ofertados (en sí mismo un proceso que hace el trabajo más atractivo, compensando parcialmente las salidas en otros lugares) y los lugares de trabajo caracterizados por las peores formas de dominación serían menos sostenibles.

Una nueva predicción hecha por David Purdy es que los trabajadores que reducen las horas de trabajo o salen del mercado laboral facilitarán que los trabajadores subempleados o desempleados encuentren trabajo.[XXIII] Si es cierto que los empleadores requieren la contratación de reemplazos para los trabajadores que salen del país —y se debe decir que no existen pruebas a favor o en contra de esta hipótesis debido a las limitaciones de datos— este mecanismo en particular no predice tanto un aumento o disminución, sino más bien una redistribución del trabajo disponible. Por ello, hay razones para esperar aumentos en la participación en el mercado laboral en algunos casos, incluso si el esquema genera disminuciones netas.

Si bien, y a pesar de la evidencia de lo contrario, puede ser que el ingreso básico drene a la mayoría de los trabajadores del mercado laboral. O tal vez estos efectos perversos eventualmente se materializarían con un ingreso básico masivo. Si es así, el argumento de la no sostenibilidad tiene fuerza, y significa que hay un nivel «ricitos de oro» de ingreso básico, por encima del cual las personas abandonan en masa. Mi propia estimación es que si existe tal nivel, es considerablemente más alto que las cifras planteadas antes: ninguna de las pruebas de una amplia gama de niveles de beneficios en los diversos experimentos está cerca de inducir un colapso en el mercado laboral. Debido a los beneficios de los ingresos adicionales, el atractivo inherente del trabajo y su creciente atractivo potencial debido a las cambiantes relaciones de poder, me parece que un ingreso básico cada vez más generoso enfrentará otros problemas de sostenibilidad mucho antes de que un éxodo masivo de trabajo cierre la economía.

Esto nos lleva a una segunda restricción de viabilidad: un ingreso básico decente podría ser imposible en el capitalismo debido a la fuga de capitales. En esta historia, los altos impuestos o los altos salarios llevarán a los capitalistas a desinvertir, lo que socavará los ingresos necesarios para financiar un ingreso básico caro. ¿Cuán estrechos son los límites de un estado de bienestar progresivo dentro del contexto del capitalismo? ¿El ingreso básico provocaría niveles debilitantes de fuga de capitales, agotando así la base impositiva necesaria para financiar el esquema?[XXIV] Aunque el UBI es innegablemente costoso, esta crítica es exagerada. Una forma de pensar sobre el problema es la siguiente: en el nivel más elevado de abstracción es claro que un país como EUA está lejos del umbral donde los ingresos fiscales, como porcentaje del PIB, alcanzan su límite teórico dentro de una economía más o menos capitalista. Si el límite inferior para este límite superior teórico es el nivel danés de alrededor del 51%, EUA, que se encuentra alrededor del 26%, pueden permitirse duplicar sus gastos. Con base en la factibilidad abstracta, hay mucho espacio para hacer crecer la porción de recursos que dedicamos a fines públicos antes de que la teoría marxista del estado comience a insistir en un límite estricto a la formulación de políticas izquierdistas dentro del capitalismo.[XXV] Este contraargumento oscurece muchos detalles importantes, por ejemplo, los tipos de instrumentos tributarios utilizados pueden tener un impacto significativo en la probabilidad de fuga de capitales, pero vale la pena recordar que la amenaza es a menudo solo eso: una amenaza.[XXVI] Si se les impone a la fuerza un mayor gasto social, hay buenas razones para creer que la mayoría de los capitalistas lo aceptarían, aunque por desgracia, en lugar de abandonar sus empresas.

Incluso si hay buenas razones para creer que la amenaza de fuga de capitales paralizante está en si misma lejos, puede llegar a ser fatal en algún momento. En este punto, sin embargo, es probable que las condiciones sociales y políticas también comiencen a cambiar. De hecho, a medida que crece el ingreso básico —debido a las crecientes expectativas, la ascendente popularidad del programa y una población cada vez más empoderada— habrá una mayor necesidad de encontrar nuevos fondos gravando directamente el capital por medio de una gama de mecanismos. Tal vez los esquemas de financiamiento que gravan fuertemente al capital se evitan al principio debido a la sensibilidad de la inversión, pero poco a poco se convierte en una fuente de ingresos inevitable, lo que agrava la amenaza de fuga de capitales. Una solución que puede llegar a ser viable para los líderes políticos es —en forma y comienzo, y en industrias específicas— un programa para socializar varios medios de producción. El riesgo inicial que plantea la fuga de capitales puede convertirse en una oportunidad. Esto ayudará a resolver el problema económico subyacente de reducir las necesidades de capital del capital privado, al tiempo que sirve como una nueva fuente de financiamiento. Por ejemplo, el modelo de socialismo cupón de John Roemer es en esencia un dividendo de tipo de ingreso básico financiado por la propiedad universal de todos los activos de capital.[XXVII] Esta historia es, por supuesto, en alto grado especulativa, aunque como un esbozo de la transición al socialismo parece una manera plausible de superar el problema de la fuga de capitales como cualquiera. Llamémosle el camino del ingreso básico hacia el socialismo.

Para concluir esta sección, vale la pena tomar nota de una crítica económica final más puntillosa del ingreso básico, a saber, que la política no es más que una subvención del empleador. Una versión del argumento es la siguiente: hay un salario de subsistencia en el mundo que está determinado históricamente, pero es más o menos fijo, y si se puede hacer que el estado cubra parte de ese salario, los empleadores pagarán menos por ello.[XXVIII] Además de apoyarse en un argumento funcionalista insostenible sobre la fijación de los salarios, la lógica interna está ausente. Las bajas salariales no ocurren por magia, deben ser impuestas. Pero cuando los trabajadores tienen una opción de salida, una moneda de cambio, es probable que los salarios aumenten en lugar de disminuir.[XXIX] En el caso de Mincome de hecho podemos observar este mismo efecto: en relación con las empresas en las ciudades de control, el ingreso básico obligó a las empresas Dauphin a aumentar las ofertas salariales para atraer mejor a los trabajadores que ahora tenían una alternativa decente.[XXX]

El argumento va más allá. Incluso un ingreso básico pequeño e incondicional no sería un subsidio del empleador. Para aclarar, tomemos un caso en apariencia similar: el Crédito Tributario por Ingreso Laboral (Earned Income Tax Credit) de EUA es un subsidio del empleador, pero no debido a algún mecanismo funcionalista sobre los salarios de subsistencia; es un subsidio del empleador porque es una transferencia de ingresos condicionada al trabajo y, por lo tanto, aumenta la oferta de mano de obra, lo que hace bajar los salarios.[XXXI] Por el contrario, un pequeño ingreso básico incondicional elevaría, en pequeña medida, el salario de reserva del trabajo, así como los cupones de alimentos, en pequeña medida, lo elevan y reducen las horas de trabajo —permiten que las personas sean justamente un poco más exigentes—.[XXXII] Siempre que una política de ingresos básicos no esté condicionada por el trabajo, incluso una versión modesta añadida al estado de bienestar actual haría que sea marginalmente más fácil decir no a los jefes porque ofrece una alternativa mínima.

Es importante colocar la posición de subsidio al empleador —un caso de verdad clásico de la tesis de la perversidad de Albert O. Hirschman— en cuestión porque, en primer lugar, no hay evidencia que lo respalde, y segundo, excluye la razonable estrategia que considera un pequeño ingreso básico como una estación de paso a uno más grande.


Ingreso básico, acción colectiva y solidaridad

Si el argumento anterior respecto al crecimiento salarial es correcto, junto con el apoyo público, un ingreso básico insuficiente e incondicional, presenta un camino viable hacia uno más generoso. Mientras construyo este argumento a continuación, primero vale la pena exponer un argumento dirigido contra el impacto potencial del ingreso básico en la solidaridad: el UBI no solo aumentará de forma drástica la carga tributaria en algunos y redistribuirá una buena cantidad a otros, sino que lo hará de una manera socialmente reconocible de inmediato como una transferencia; a diferencia de, por ejemplo, la atención médica y la vivienda, es evidente la transferencia del efectivo real de una parte a otra. Como consecuencia, es fácil imaginar que un grupo vulnerable sea acusado públicamente de pereza y dependencia. ¿Es posible que los contribuyentes netos al programa se diferencien fuertemente de los receptores de la red e incluso les envidien?

En respuesta, es útil distinguir entre diferentes tipos de programas de transferencia de ingresos. Por ejemplo, a diferencia de un impuesto sobre la renta negativo, en el que algunas personas —las que están por debajo de un umbral determinado— cobran los pagos y otros no, el ingreso básico universal hace que todos sean destinatarios. El cálculo del impacto neto de un UBI es mucho menos visible que bajo un impuesto negativo sobre la renta en el que usted recibe pagos físicos o no. El cálculo del UBI requiere comparar el monto que recibe con la parte de su contribución tributaria asignada al programa. Los ganadores y perdedores después de impuestos y transferencias son mucho menos visibles, incluso si los dos esquemas logran la misma distribución de ingresos después de impuestos y transferencias. También vale la pena mencionar que las prestaciones familiares (family allowances), en Canadá, Francia y el Reino Unido, son (o fueron) programas de transferencia de efectivo casi universales y una de las políticas sociales más populares en esos países. Es más, hay muchas transferencias de efectivo que son robustas y populares. Aquellas que lo son, como lo analizo a continuación, tienden a evitar distinciones entre los pobres «merecedores» y «no merecedores», y así escapar del ciclo de estigma y culpar a las víctimas que tantos programas de asistencia social son vulnerables.[XXXIII]

Por el contrario, las políticas de bienestar tradicionales adolecen de límites inherentes a la movilización política: tienen un impacto solo en un grupo pequeño, pobre y marginado y están consistentemente en la parte superior de la lista de las políticas sociales más impopulares. Debido a que muy pocas personas se conmueven con las políticas de bienestar dirigidas a las poblaciones más pobres, organizar los aumentos de los beneficios es siempre una batalla cuesta arriba y requiere una dependencia desproporcionada de los argumentos morales, en lugar de los materiales. Es por la misma razón que tales políticas son en casos excepcionales vulnerables a la austeridad. Sin embargo, incluso un ingreso básico débil podría afectar a una amplia gama de personas y ayudar a construir una base sólida para apoyar su continuo crecimiento y expansión. A medida que más personas se integran en un programa, suceden dos cosas. Primero, la calidad mejora. Y segundo, se convierte en un tercer carril político. Los programas con beneficios dispersos ampliamente en diversas capas sociales tienden a ser muy populares y pueden empezar a verse como un derecho cívico, lo que genera efectos de freno o trinquete donde las ganancias se vuelven irreversibles.

De hecho, este efecto de popularidad se desprende del comentario cualitativo de los participantes de Mincome en Dauphin. Este ayudó a difuminar las líneas habituales de demarcación entre los pobres merecedores y los que no lo merecían. Para muchos, el bienestar se veía en términos moralistas; era una señal de un carácter moral empañado y con frecuencia demasiado humillante para la mayoría como para considerar unirse. No obstante, Mincome fue visto como un programa neutral, pragmático y su amplia disponibilidad significaba que no se interpretaba como un sistema para «otras» personas. Las personas tomaron actitudes casuales y positivas hacia Mincome y participaron porque simplemente «necesitaban dinero», mientras que la gran mayoría despreciaba el bienestar porque, entre otras cosas, era para los «necesitados y vagabundos». A menudo distinguían su propio recibo de Mincome, que se basaba simplemente en la necesidad de efectivo en una economía con oportunidades de empleo precarias, a partir de las circunstancias del recibo de bienestar, que fueron causadas por fallas morales de los beneficiarios. Incluso los participantes [Mincomers] con una fuerte ética de autosuficiencia o actitudes negativas hacia la asistencia del gobierno se sintieron capaces de cobrar los pagos del Mincome sin una sensación de contradicción.[XXXIV]

Existe, por lo tanto, un poderoso argumento de que el universalismo del UBI facilitaría la solidaridad que de otro modo se vería obstaculizada en un estado de bienestar altamente fragmentado y categórico marcado por profundas tensiones entre trabajadores de bajos salarios, trabajadores desempleados y receptores de asistencia social. Las experiencias de vida similares son fundamentales para facilitar la comunicación y la solidaridad (para Marx, fue la similitud de vida dentro de los muros de la fábrica lo que galvanizó la solidaridad). Como mínimo, incluso si un UBI no fomenta de manera activa la solidaridad, romper la naturaleza categórica del aprovisionamiento social puede reducir las barreras a las alianzas entre los grupos de gente pobre y trabajadora que de otro modo estarían separados.

Hay otros aspectos a considerar cuando se piensa en el impacto del ingreso básico en la acción colectiva y la solidaridad. En verdad, puede ser que el impacto global del ingreso básico en la solidaridad sea algo indeterminado, por ciertas fuerzas que lo facilitan y otros que van a contracorriente. Aunque hemos visto que es probable que el impacto en los salarios sea favorable, ¿qué podemos decir sobre la manera en que se hacen esos aumentos salariales? En otras palabras, si los aumentos salariales se pueden ganar mediante individuales o colectivas ¿cómo podría jugar el UBI en este sentido? El hecho básico de una opción de salida puede significar que los individuos usen sus nuevos poderes para negociar por sí mismos, no en colectivo. Además, podría permitirles optar por salir por completo. Después de todo, el ingreso básico aumenta el poder de negociación de los trabajadores con sus jefes y también incrementa su poder con respecto a sus sindicatos. Ofrecer a las personas alternativas a la dependencia económica de los empleadores significa por igual alternativas a la dependencia económica de las soluciones colectivas.[XXXV]

La visión optimista propone que el ingreso básico facilitaría en su mayor parte la acción colectiva. A veces se sugiere que un UBI podría funcionar como un fondo de huelga inagotable; en realidad, la Asociación Nacional de Fabricantes (NAM, por sus silgas en inglés) fue la primera en reconocer esto en su testimonio ante el Congreso sobre el Plan de Asistencia Familiar de Nixon, un ingreso garantizado que casi se aprobó en el Congreso en 1970. El grupo empresarial estaba dispuesto a apoyar el plan siempre que fue una variante significativamente suavizada de la propuesta original, bastante radical y sin condiciones de trabajo. En audiencias del Congreso, el NAM insistió en que apoyarían el programa solo «si el subsidio básico es un mínimo realista y si el desconocimiento de las ganancias proporciona un verdadero incentivo para el trabajo y el progreso y si el requisito de trabajo es fuerte». Al final, expresaron preocupación sobre el vínculo entre el ingreso garantizado y la agitación laboral: «Sugerimos que cualquier persona directamente involucrada en una disputa laboral no sea elegible para recibir los beneficios del plan de asistencia familiar».[XXXVI] Esta preocupación de su parte parece perfectamente razonable.

En esta visión, un UBI ayuda a la acción colectiva porque proporciona los recursos positivos para facilitarla. Asimismo, la política reduciría la tentación de «desertar» de la acción colectiva. Los trabajadores desesperados, individuos con pocas alternativas, estarían menos inclinados a ser esquiroles si tuvieran otra opción de supervivencia decente. Si bien el ingreso básico proporciona el sustento positivo para la acción colectiva, debilita las motivaciones negativas que lo estimulan. Mucha de la acción colectiva ocurre porque los trabajadores no tienen otra alternativa que luchar en conjunto con otros. El ingreso básico elimina la condición externa de inanición, la condición que fuerza la acción colectiva sobre las personas como el único camino viable para el avance. Por ello, si bien socava el factor de empuje, fortalece el factor de atracción proporcionando el apoyo material que vuelve a la acción colectiva más probable y exitosa.

Por supuesto, es del todo razonable imaginar que el ingreso básico podría empoderar a las personas como individuos y como actores colectivos, facilitando las luchas tanto solitarias como colectivas contra los poderosos actores sociales. Desde la perspectiva de la libertad socialista, este enfoque de la acción colectiva me parece deseable. Además, como se señala en la Tabla 1, los datos de encuestas acerca de por qué las personas no estaban en la fuerza laboral durante el experimento Mincome revela cierta evidencia que sugiere que algunas personas actuaron individualmente y otras en acción colectiva. Anoté antes que los datos de la encuesta mostraron que el trabajo de cuidado y la educación fueron citados, pero la razón más fuerte para no trabajar se relacionó con la insatisfacción con las condiciones de trabajo. Se pueden ver respuestas relacionadas tanto con las luchas en el lugar de trabajo como con la exclusión voluntaria en los datos; otra respuesta común, como se indicó, fue «no quería trabajar».

Pero, ¿y si, en contra de mis argumentos, el mantenimiento universal de los ingresos en última instancia, obstaculiza la solidaridad? Si el ingreso básico mejora algunas de las razones positivas de la acción colectiva y socava algunas de las razones negativas, el efecto neto podría ser aún negativo. Puede darse el caso de que la única forma de alimentar la solidaridad es dejar a los trabajadores sin opción de salida y sin alternativa a la acción colectiva. Tal vez las personas libres (o más libres) no elegirán estrategias solidarias y prefieren hacerlo solos. ¿Deberíamos decidir que es preferible mantener una restricción de hambre externa para asegurar mejor la solidaridad grupal? Incluso en este caso límite, sería extraño que la izquierda argumentara a favor de la dependencia económica de la clase capitalista. Ciertamente, la tradición de la libertad en el socialismo encontraría muy poco en el camino del argumento para justificar un caso instrumental contra la autonomía actual en la anticipación de una mayor autonomía en un futuro lejano. La intuición que sugiere que los trabajadores no deberían tener un ingreso básico porque podrían comportarse de una manera que no nos gusta es la misma intuición que recomienda que el Jardín del Edén debería ser destruido en caso de que un día sea descubierto en la Tierra. Un lugar como el Edén, donde nuestras necesidades de subsistencia pueden satisfacerse arrancando fruta de los árboles, donde podemos llegar a fin de mes por nuestra cuenta, puede corromper nuestros impulsos de otro tipo. Mas ese sería un mal argumento contra el Edén. El tema se concibe mejor como una apuesta socialista: esperamos y planteamos la hipótesis de que las personas libres preferirían una acción cooperativa y colectiva, pero si no lo hacen entonces no lo harán. Ese triste contrafactual es una razón insuficiente para limitar su libertad.


Ingresos básicos y género

Entre las preguntas abiertas en torno a las consecuencias empíricas del ingreso básico, el tema del género a veces se considera como el más ambiguo. Antes de interrogar la evidencia sobre este asunto vale la pena recordar la campaña feminista marxista de los años setenta para «salarios para el trabajo doméstico», un movimiento social (y una demanda) con mucha afinidad por el ingreso básico, como lo demostró Kathi Weeks.[XXXVII] Los salarios para el trabajo doméstico eran, en parte, una demanda real de remuneración por una actividad económica valiosa y, en parte, un intento de reconocer socialmente el trabajo de cuidado no remunerado hecho por las mujeres de forma desproporcionada. Estaba destinado a hacer un trabajo visible que de otro modo sería invisible. La demanda en sí misma era sencilla: las mujeres hacen un trabajo doméstico valioso y productivo, no remunerado, y deberían recibir un pago por ello.[XXXVIII] Existe una «fábrica social» que es en gran medida invisible, aunque facilita la existencia de la fábrica industrial en la medida en que la primera produce (o «reproduce») de modo parcial los insumos humanos para la segunda.

Pero incluso los principales proponentes en el movimiento dudaban en comprometerse con la demanda normativa como una política social concreta. Ellen Malos señaló que «no estaba claro si los activistas por los salarios para las tareas domésticas realmente quieren lo que están pidiendo».[XXXIX] Como una demanda normativa seria no era un comienzo. Pocas feministas podrían unirse a un esquema que es peligrosamente esencialista y, en el fondo, una política social categórica solo disponible para las mujeres —o mujeres que hacen el trabajo del hogar. Tal como fue diseñado, fortalecería una división del trabajo en alto grado inequitativa en cuanto al género— a decir verdad, el trabajo doméstico masculino a veces se consideraba como un trabajo esquirol en el ambiente de la época. Además, la perspectiva considera que la asignación de tareas domésticas a las mujeres es más o menos apropiada. Los salarios para la demanda de trabajo doméstico pueden hacer que las tareas domésticas hechas por las mujeres sean visibles y reconocer que son socialmente valiosas, aunque también lo naturalizan y respaldan una división del trabajo por género. Por estas razones, los salarios para las tareas domésticas tomados como un intento genuino de reorganizar la vida social y concebir un sistema justo de remuneración, eran indefendibles.

En el resumen del debate de Weeks, ella dibuja una línea recta desde los salarios para las tareas del hogar hasta el ingreso básico, al argumentar que este último logra mejor los objetivos subyacentes del primero. Weeks escribe que los proponentes de los salarios de las tareas domésticas buscaban una «medida de independencia», un cierto nivel de autonomía —y el poder que fluye de ella— era el objetivo subyacente y estos salarios eran los medios para lograrlo. El problema era que era una política social categórica que realiza mal su propia visión normativa central. Para Weeks, «[p]recisamente porque no aborda a sus receptores potenciales como miembros de familias con género, la demanda de ingresos básicos podría decirse que es más capaz de servir como una perspectiva y provocación feminista».[XL] A mdiferencia de los salarios para el trabajo doméstico, el ingreso básico no está atado a las tareas domésticas reales: por esa razón, socava más la dependencia económica y da cuenta mejor de los objetivos gemelos de autonomía y poder.

Desde un punto de vista marxista, una de las condiciones centrales que menoscaba la autonomía y facilita la explotación en el mercado laboral es la doble libertad discutida antes. Aquí hay un paralelo claro con las condiciones históricas que aseguran la subordinación de las mujeres a sus maridos. En un matrimonio tradicional, sin acceso a medios de subsistencia externos, las mujeres siguen dependiendo económicamente del sostén masculino de la familia. Como consecuencia, su poder tanto dentro como fuera del contexto del matrimonio está restringido.

Si la doble libertad es un hecho estilizado del capitalismo, desde el punto de vista marxista-feminista ¿qué ocurre cuando una política social rompe la segunda mitad —la libertad para morir de hambre— de esa máxima? La hipótesis marxista es que las relaciones de poder entre trabajadores y empleadores se transformarán. La correspondiente problemática marxista-feminista se centra en las formas en que la política social debilita o afianza la dependencia de las mujeres de sus maridos. El ingreso básico funciona como una opción externa que puede modificar la dinámica interna de los matrimonios. Si tiene una opción de salida viable, su poder dentro de un matrimonio puede mejorar. Si no tiene opciones externas, es más probable que siga siendo un socio subordinado.

Estos temas fueron debatidos en el contexto de los experimentos de ingresos garantizados de EUA. Los debates se desarrollaron en las páginas del American Journal of Sociology y se encuadraron de una manera muy limitada: ¿los ingresos garantizados socavarían la «estabilidad matrimonial»?— pero las implicaciones para el poder y la autonomía de las mujeres acechaban en el fondo. Algunas pruebas parecían mostrar que las mujeres dejarían a sus maridos, pues podían arreglárselas sin ellos (esto se denominó el «efecto de independencia») y algunas pruebas parecían mostrar que los ingresos adicionales mejorarían la estabilidad matrimonial (el «efecto ingreso»).[XLI] El debate generó una inmensa controversia sobre bases empíricas y metodológicas, pero una debilidad de igual importancia fue que las preguntas centrales no estaban teorizadas. En ningún momento los investigadores intentaron investigar las formas en que una opción externa afectaría las relaciones de poder internas de los matrimonios.

Rara vez se reconoció que si algunos matrimonios se disolvían, tal vez eran matrimonios malos o abusivos, formados y sostenidos en el contexto de alternativas limitadas. Del mismo modo, si algunos matrimonios se estabilizaron, como otros encontraron, entonces tal vez fue porque los ingresos garantizados mejoraron los factores de estrés financieros subyacentes. Empero, hay otras hipótesis que fueron ignoradas. En lugar de simplemente hacer que las salidas sean más probables, el ingreso básico puede afectar el equilibrio de poder y la toma de decisiones dentro de las relaciones haciendo que la amenaza de salida sea creíble. También puede significar que las relaciones propensas a grandes desigualdades en el poder tenían menos probabilidades de formarse y solidificarse. Se puede plantear la hipótesis de que estos cambios en el poder posicional de las mujeres y su capacidad expandida para plantear sus demandas tienen efectos más amplios, incluyendo posibles reducciones en el riesgo de violencia. Esta visión desvía la atención de la disolución del matrimonio a los cambios en las relaciones de poder interiores, desde la salida real a la amenaza de salida, y plantea una hipótesis empírica adicional: el ingreso básico podría aumentar el poder de negociación de las esposas frente a los maridos y de ese modo reducir el riesgo de violencia al hacer creíble la amenaza de salida. En el caso Dauphin encuentro algunas pruebas preliminares de una disminución de la violencia doméstica y varios mecanismos: salidas reales del matrimonio tales que la exposición a la violencia potencial disminuye, cambiando las relaciones de poder debido a la disponibilidad de la amenaza de salida y una disminución del riesgo de violencia causada por la reducción del estrés financiero, todos pueden haber jugado un papel.

No obstante, si el impacto en el poder y la autonomía es positivo ¿qué vamos a hacer con las implicaciones potencialmente negativas para las mujeres? Con frecuencia se argumenta que un ingreso básico universal reduciría desproporcionadamente la participación del mercado de trabajo femenino y consolidaría una división del trabajo por género. Esto en sí mismo podría tener implicaciones para el poder reducido de las mujeres en las relaciones [de pareja]. De hecho, la evidencia experimental de la década de 1970 muestra que las mujeres redujeron su oferta de trabajo mucho más que los hombres. ¿Tendría un UBI implementado en la actualidad los mismos efectos desproporcionados?

Si bien puede ser cierto que las mujeres reduzcan el trabajo más que los hombres, es muy poco probable que el efecto sea tan desproporcionado como en los años setenta. Con una brecha salarial de género mucho más estrecha, muchas mujeres de hoy encontrarán que los costos de oportunidad de retirarse del mercado laboral son demasiado altos y, por lo tanto, deciden continuar trabajando, como la mayoría de los hombres. Aun así, todavía es posible que las mujeres presenten un impacto algo mayor que los hombres en este frente, con lo que generan algunos resultados empíricos negativos, incluido el afianzamiento de una división del trabajo por género. Una respuesta sería decir que si bien esto podría ser cierto, en general, y en especial teniendo en cuenta la evidencia sobre el poder, la autonomía y la violencia, un UBI tendría consecuencias netas de igualdad de género. Una segunda respuesta sería admitir que algunos resultados pueden ser negativos y, como cualquier medida de política social con efectos negativos involuntarios, debe ser contrarrestada por otras políticas complementarias que refuercen una división del trabajo más igualitaria de género. Una tercera respuesta enfatizaría los límites de la vieja estrategia de reemplazar la dominación de los maridos con la dominación de los patrones. Tal sustitución puede haber tenido un atractivo bajo ciertas circunstancias alguna vez, pero es preferible debilitar la dependencia económica como tal. No obstante, una vez que se cae en esta cuestión, debe preguntarse si estas ambigüedades empíricas y teóricas deberían impulsarnos a renunciar a la libertad de renunciar [al trabajo]. De nuevo: ¿deseamos no permitir que una trabajadora de Walmart deje su trabajo si ella así lo desea?


Ingreso básico y el proyecto socialista

Con las variantes derechistas de ingresos básicos sobre la mesa, es natural ver una ráfaga de críticas izquierdistas. No obstante, debe reconocerse que el concepto de UBI encaja con una visión normativa que tiene profundas raíces en la izquierda. Los objetivos fundamentales de la izquierda socialista se han fijado durante mucho tiempo en la emancipación, la autorrealización y la satisfacción, e incluso en la expansión de las necesidades humanas. Como escribe Adam Przeworski, «el socialismo no era un movimiento para el pleno empleo sino para la abolición de la esclavitud asalariada… no era un movimiento por la igualdad, sino por la libertad».[XLII] Solo cuando esos objetivos parecían estar cerrados por circunstancias políticas y económicas, estrechamos nuestros horizontes y nos conformamos con una alternativa productivista, caracterizada por más trabajo en lugar de menos. Habiendo encontrado que era inviable a mediano plazo erradicar la explotación y la alienación, los socialistas se propusieron universalizarlos.

El socialismo perdió algo en la reorientación de una visión definida por la abolición de la relación salarial a una que nos sujeta a todos. Un ingreso básico generoso definido por una opción genuina de salida del mercado laboral en última instancia tiene una afinidad real con el proyecto socialista. La pregunta moral en primer plano es si queremos o no conservar la calidad coercitiva y obligatoria del mercado laboral capitalista. Pelear por una opción de salida debería ser una prioridad porque, primero, le da a la gente el poder de confrontar a sus jefes o cónyuges; la posibilidad de salir facilita la voz; y segundo, porque le da a la gente libertad real para implementar sus planes de vida, sin trabas por la aburrida compulsión de las relaciones económicas.

La expansión de la libertad real de las personas y la erosión de las condiciones de fondo de la dependencia del mercado son características fundamentales del ingreso básico y, en el mejor de los casos, de los objetivos secundarios de la estrategia de empleo y servicios. El objetivo es liberar a los trabajadores no solo de un capitalista dado, sino también de los capitalistas como clase. Esta es la razón por la cual un ingreso básico generoso y verdaderamente universal debería ser una pieza clave en cualquier agenda socialista amplia. Es decir, el orden social a menudo se asegura mediante ciertas medidas de coacción y las formas de organización social que luchan por reducir la coerción y ampliar la libertad de las personas siempre corren el riesgo de ser disfuncionales. Este es un peligro relacionado con el proyecto socialista. Del mismo modo, el riesgo de que el ingreso básico sea cooptado y vuelto contra sí mismo es un problema que enfrenta cualquier propuesta de política abstracta. Es un peligro inherente en el paso de la teoría a la práctica y se presenta cada vez que una idea se acerca a la realidad. Si eso sucede o no depende de nosotros.

Este ensayo debe mucho a los comentarios y críticas sobre varios borradores a Maddie Ritts, Asher Dupuy-Spencer, Martin Danyluk, Erik Wright, Rachel Tennenhouse, Jeffrey Malecki y a los editores de Catalyst.


[I] Este ensayo también discute el ingreso anual garantizado, una propuesta similar al UBI en que no hay requisitos de trabajo y diferente en cuanto a que está condicionada por los ingresos: a medida que aumenta el ingreso del mercado, el ingreso garantizado se retira de forma paulatina. Cuando se paga el UBI a cada miembro de la sociedad y luego se recupera parcialmente mediante impuestos, el ingreso garantizado se paga a cualquier persona cuyos ingresos, por cualquier razón, caigan por debajo de un umbral. Creo que muchas, pero no todas las virtudes de UBI también están disponibles con el ingreso garantizado. Por ejemplo, como expondré a continuación, ambas políticas brindan la libertad de salir del mercado laboral, pero el UBI, como política de verdad universal, está mejor posicionada para fortalecer la solidaridad social.

[II] Debido a que Mincome se analiza a lo largo del documento, vale la pena proporcionar algunos detalles básicos sobre el experimento, ya que operaba en Dauphin. Los pagos de ingresos anuales garantizados estuvieron disponibles para todos los hogares Dauphin durante los tres años del experimento (1975-1977) con un nivel de garantía de $19,500 (dólares canadienses CDN) para una familia de cuatro personas: en Dauphin al momento en que este nivel de garantía la mitad del ingreso familiar medio local. Los pagos se eliminarían a cincuenta centavos por cada dólar ganado en el mercado. El sistema funcionaba de la siguiente manera: si no trabajaba en absoluto, por cualquier razón, su pago sería de $19,500; si ingresa en el mercado laboral y obtiene, digamos, $6,000, su pago sería de $16,500 (19,500-6,000 x 0.5) dejando su ingreso final en $22,500 (16,500 + 6,000). A diferencia del bienestar tradicional, nunca se empeora al decidir trabajar. El efecto de la participación en el mercado laboral del experimento Dauphin se obtiene restando el cambio del período de estudio de referencia en el grupo de control, es decir, los no participantes ubicados en Manitoba, desde el cambio del periodo de estudio de referencia en el grupo Dauphin.

[III] Véase David Calnitsky y Jonathan Latner, «Basic Income in a Small Town: Understanding the Elusive Effects on Work», Social Problems 64, no. 3 (2017), 1-25; y Karl Widerquist; «A Failure to Communicate: What (if anything) Can We Learn from the Negative Income Tax Experiments?», Journal of Socio-Economics 34, no. 1 (2005), 49-81.

[IV] Véase por ejemplo, David R. Howell, «Block and Manza on the Negative Income Tax», Politics & Society 25, no. 4 (1997), 533-540.

[V] John Clarke, «Looking the Basic Income Gift Horse in the Mouth», Socialist Bullet 1241, 1 de abril del 2016.

[VI] Seguro médico [N. del T.].

[VII] Adam Przeworski, «The Feasibility of Universal Grants under Democratic Capitalism», Theory and Society 15, no. 5 (1986), 695-707.

[VIII] El mundo de la tecnología comenzó a tomar nota de la garantía de empleo. Por ejemplo, la influyente start-up de Silicon Valley, Y Combinator, está ejecutando un proyecto piloto de ingresos básicos, pero de acuerdo con su grupo de investigación, también están interesados en alternativas, incluida la garantía de empleos.

[IX] Asilos de pobres, [N. del T].

[X] Citado en Karl Polanyi, The Great Transformation, Boston: Beacon Press, 2001, 126.

[XI] Barbara Bergmann, «A Swedish-Style Welfare State or Basic Income: Which Should Have Priority?», Politics & Society 32 no. 1 (2004), 107-118

[XII] Los argumentos que presento en esta sección dan por sentada la importancia de la provisión de servicios públicos en muchas áreas, de ahí el énfasis en un dólar «adicional» de gasto. La atención de salud pública, por poner un ejemplo obvio, es altamente eficiente, conlleva importantes externalidades positivas, se caracteriza por asimetrías generalizadas de información y, por lo tanto, es un caso claro en el que la provisión de servicio público es preferible al efectivo.

[XIII] Claus Offe y Helmet Wiesenthal, «Two Logics of Collective Action: Theoretical Notes on Social Class and Organizational Form», Political Power and Social Theory 1, no. 1 (1980), 67-115.

[XIV] Es difícil imaginar que cualquier programa de desmercantilización pueda desmercantilizar todos los bienes diversos que la gente siente que necesita, a los que podrían acceder usando dinero—desde marihuana hasta lecciones de piano, desde alimentos halal hasta garantías de préstamos— y es por eso que el UBI les daría más libertad efectiva de salir del mercado laboral si así lo desean. Además, cuanto más completo sea el programa de desmercantilización, yendo más allá de la educación, el transporte y el cuidado de la salud y en una gama de artículos de consumo cotidiano, cuanto más se acerque el sistema a una economía dirigida, más ineficiencias veremos. y, en los terrenos socialistas del mercado, es menos probable que sea así.

[XV] Estrictamente hablando, el ingreso básico no desmercantilizaría por completo la fuerza de trabajo en el sentido de abolir todos los mercados para los trabajadores. Del mismo modo, proporcionar viviendas públicas de alta calidad no es equivalente a abolir el mercado de viviendas (la mayoría de las propuestas aquí continúan incluyendo pruebas de ingresos). La desmercantilización debe verse como una variable continua, en la que ofrecer alternativas decentes al mercado se ubica en algún lugar entre la dependencia del mercado y la abolición total del intercambio en un producto en particular.

[XVI] John Clarke, «Basic Income: Progressive Dreams Meet Neoliberal Realities», Socialist Bullet 1350, 2 de enero del 2017.

[XVII] Además, decididamente no es neoliberal sospechar que ningún sistema de planificación integral podría producir y asignar con éxito cientos de millones de bienes de consumo únicos. Véase Alec Nove, The Economics of Feasible Socialism Revisited, New York: Routledge, 2003. Esta es la razón por la cual los modelos más sensibles del socialismo incorporan algún tipo de mercado de consumo, o mecanismo similar al del mercado de consumo: toman en serio el hecho de que los seres humanos tienen una hostilidad ilimitada hacia inconvenientes, alineaciones y reuniones interminables. Esto es cierto para el socialismo cupón de Roemer, pero es incluso cierto para Cottrell y el plan mucho más ambicioso de Cockshott para el socialismo matemático matricial. Véase, John Roemer, A Future for Socialism, London: Verso, 1994; y Allin Cottrell and W.P. Cockshott, Towards a New Socialism, Nottingham: Bertrand Russell Press, 1992.

[XVIII] Para aclarar, hay dos mecanismos principales mediante los cuales el ingreso básico crea una distribución del ingreso más igualitaria, uno directo y el otro indirecto. En primer lugar, la redistribución surge del propio esquema de impuestos y transferencias. En la medida en que el ingreso básico se paga por medio del impuesto sobre la renta, aunque todos son destinatarios, la carga impositiva aumenta con los ingresos del mercado, y los que ganan mucho se convierten en contribuyentes netos. Cuanto más se basa un esquema de pago en formas regresivas de impuestos, como los impuestos al consumo, menos redistributivo se vuelve el esquema, y más se convierte en una forma de acumulación de riesgos. En segundo lugar, y de manera más general, la redistribución surge indirectamente de los cambios en el poder de negociación que produce el ingreso básico, como se verá más adelante.

[XIX] Luxemburgo: «Un requisito general para trabajar para todos los que pueden hacerlo, de la cual los niños pequeños, los ancianos y los enfermos están exentos, es una cuestión natural en una economía socialista». Rosa Luxemburgo, «The Socialisation of Society» diciembre de 1918 (énfasis del original). Elster: «En contra de una noción de justicia ampliamente aceptada… es injusto para las personas sanas vivir del trabajo de los demás. La mayoría de los trabajadores considerarían, correctamente en mi opinión, la propuesta como una receta para la explotación de los trabajadores por los perezosos». Jon Elster, «Comentario sobre Van der Veen y Van Parijs», Theory and Society 15 no. 5 (1986), 719. David Schweickart también argumenta: «No tenemos un derecho moral a un IB. Tenemos la obligación moral de trabajar. Cuando consumimos, tomamos de la sociedad. La justicia exige que demos algo a cambio». Citado en Michael W. Howard, «Basic Income, Liberal Neutrality, Socialism, and Work», en Karl Widerquist (ed. ) et al., The Ethics and Economics of the Basic Income Guarantee, ,London: Routledge, 2005.

[XX] A .B. Atkinson, «The Case for a Participation Income», The Political Quarterly 67, no.1 (1996), 67-70.

[XXI] G. A. Cohen, Why Not Socialism?, Princeton University Press, 2009.

[XXII] Herbert Simon, «UBI and the Flat Tax», en Philippe Van Parijs (ed.)et al.Whats Wrong with a Free Lunch?, Boston: Beacon Press, 2001, 34-38.

[XXIII] David Purdy, Social Power and the Labour Market: A Radical Approach to Labour Economics, Londres: Palgrave Macmillan, 1988. El libro cautivador, peculiar y poco conocido de Purdy merece una audiencia más amplia.

[XXIV] Para un intento de construir este argumento, véase Erik Olin Wright, «Why Something like Socialism Is Necessary for the Transition to Something like Communism», Theory and Society 15 no. 5 (1986), 657-672.

[XXV] En términos generales, utilizo la frase «teoría marxista del Estado» para identificar la siguiente cadena causal: un mayor gasto social implica una carga mayor, en última instancia, sobre la rentabilidad; si se perjudica la rentabilidad, los capitalistas pueden huir o atacar; si huyen o atacan, los ingresos del Estado se desvanecerán, lo que socavará cualquier política social que pueda haberse logrado; si esas políticas se socavan, el gobierno que las promovió será abandonado por las mismas personas que alguna vez las apoyaron. Mi punto es no negar este mecanismo, sino decir que no hay razón para verlo en términos hidráulicos; tampoco hay buena evidencia para argumentar que sabemos dónde se encuentran los límites máximos de la incursión democrática en la rentabilidad capitalista. Además, incluso si este mecanismo está en funcionamiento, podría entenderse mejor como una contratendencia en lugar de una tendencia. Durante la mayor parte de los últimos cien años, incluso los últimos cuarenta, el gasto social como porcentaje del PIB en la OCDE ha tenido una tendencia a aumentar, no a disminuir. Veáse data.oecd.org, datos agregados del gasto social, y Peter Lindert, Growing Public: Social Spending and Economic Growth since the Eighteenth Century, vol. 1, Cambridge University Press, 2004.

[XXVI] La combinación particular de impuestos probablemente es relevante para la pregunta de la fuga de capitales, ya que los impuestos al valor agregado, impuestos a la propiedad e impuestos a la renta serán menos vulnerables que, por ejemplo, los impuestos corporativos.

[XXVII] Roemer, A Future for Socialism. En las oportunidades que las fugas de capitales abren para la socialización de los medios de producción, véase Wright, «Why Something like Socialism is Necessary».

[XXVIII] Téngase en cuenta que este argumento se puede expandir fácilmente a cualquier aspecto del estado de bienestar que mejore el nivel de vida de las personas. Puede funcionar, por ejemplo, como un argumento en contra de los cupones de alimentos.

[XXIX] Este punto está relacionado con otra crítica del UBI, a saber, que la política convocará al espectro de la inflación. Si nos preocupa la inflación, esta crítica es válida para prácticamente todas las políticas económicas de izquierda cuyo objetivo subyacente es un mercado laboral más estricto. Más fundamentalmente, sin embargo, el ingreso básico no se produce mediante la expansión monetaria; más bien, es redistributivo. Toma un dólar de un lugar en la distribución del ingreso y lo mueve a otro lugar más bajo.

[XXX] Los datos de las encuestas enviadas a todas las empresas Dauphin y a todas las firmas en siete ciudades de control muestran que los salarios medios por hora en las vacantes y los salarios medios por hora en todas las nuevas contrataciones aumentaron entre la línea de base y el período de estudio en Dauphin, pero cambiaron poco en las ciudades de control. Véase David Calnitsky, “The Employer Response to the Guaranteed Annual Income,” 2017, Working paper.

[XXXI] Austin Nichols and Jesse Rothstein, The Earned Income Tax Credit (EITC), no. w21211, National Bureau of Economic Research, 2015.

[XXXII] Hilary Hoynes y Diane Whitmore Schanzenbach. «Work Incentives and the Food Stamp Program», Journal of Public Economics 96, no. 1 (2012), 151-162. De hecho, esta es la razón por la cual la incondicionalidad laboral es una característica del ingreso básico que es incluso más importante que la cantidad.

[XXXIII] Véase Michael B. Katz, The Undeserving Poor: Americas Enduring Confrontation with Poverty, Oxford University Press, 2013; y Walter Korpi and Joachim Palme, “The Paradox of Redistribution and Strategies of Equality,” American Sociological Review, 63, no. 5 (1998), 661-687. Tal vez el punto se pueda expresar de manera aún más contundente, siguiendo la cita anterior de Elster: «es injusto para las personas sanas vivir del trabajo de los demás». La mayoría de los trabajadores, acertadamente en mi opinión, ven la propuesta como una receta para la explotación de los trabajadores por los perezosos». Si bien esto podría tener algo de verdad, será menos cierto que en el sistema de bienestar tradicional donde las actividades y los ingresos y las fuentes de las personas son fácilmente discernibles. En un mundo de ingresos básicos, las líneas divisorias entre las personas que no trabajan porque no pueden encontrar trabajo, porque se han comprometido con otras actividades productivas o porque quieren relajarse en casa, se vuelven borrosas. Asimismo, aunque hasta cierto punto los resultados dependen de las actividades reales de los receptores (el logro educativo, la capacitación laboral y el trabajo de cuidado no se parecen al puro ocio), el vínculo entre los esfuerzos diarios de las personas y su dependencia del UBI será algo opaco. Finalmente, este mecanismo diferirá en función de la fuente de financiación del plan; los impuestos sobre la renta son diferentes de los impuestos a las ventas, los impuestos sobre el capital y los impuestos sobre las rentas a este respecto.

[XXXIV] Las encuestas citadas antes se llevan a cabo en Library and Archives Canada, Winnipeg, MB; Department of Health fonds, RG-29; and Policy, Planning and Information Branch sous-fonds, número de acceso a la sucursal 2004-01167- X, Operational Files of Manitoba Basic Annual Income Project (Mincome).

[XXXV] Aunque el ingreso básico mejora los salarios, esta es una de las razones principales por las cuales la respuesta de los sindicatos ha sido moderada. Sin embargo, vale la pena señalar que la posición del sindicato ha cambiado a lo largo de los años: en 1970, los sindicatos canadienses se mostraron abrumadoramente a favor de la política. La Federación de Trabajadores de Ontario y el Consejo Laboral de Canadá produjeron afiches y anuncios en radiofónicos defendiendo la política. Un anuncio radiofónico demandó con confianza: «Un ingreso anual garantizado para todos los canadienses… Eso es lo que la Federación del Trabajo de Ontario dice que se necesita hoy. …No podemos permitirnos que más del 20 por ciento de nuestra gente viva en la pobreza mientras el resto de nosotros disfrutamos de todas las cosas buenas de la vida. Es por eso que lo instamos a apoyar nuestra campaña para un ingreso anual garantizado para todos los canadienses». Library and Archives Canada, Ottawa: Guaranteed Annual Income. General files (R5699-67-3-E). Microfilm reels H-725 (1969, 1971).  No obstante, el movimiento laboral canadiense cambió su tono después de la experiencia con planes neoliberales diseñados para eviscerar el estado de bienestar, como el Plan de Seguridad de Ingreso Universal de la Comisión MacDonald de 1984, quizás el mejor caso de la historia para el ingreso básico como un caballo de Troya neoliberal. Por lo tanto, la experiencia histórica particular es, en parte, lo que explica la respuesta sindical desigual. Además, vale la pena señalar que los sindicatos pueden oponerse a los ingresos básicos por la sencilla razón de que los aumentos de impuestos generales podrían dejar a los miembros como perdedores netos. El financiamiento de un costoso UBI requerirá recaudar ingresos de las clases medias, no solo de la élite, y si los ingresos de las personas más acomodadas son lo suficientemente altos, el aumento de impuestos que enfrentan podría afectar los beneficios que reciben.

[XXXVI] US Congress, 1970. Family Assistance Act of 1970: Hearings, Ninety-First Congress, Second Session on H.R. 16311. Senate Committee on Finance. U.S. Government Printing Office (1928).

[XXXVII] Kathi Weeks, The Problem with Work: Feminism, Marxism, Antiwork Politics, and Postwork Imaginaries, Durham: Duke University Press, 2011.

[XXXVIII] Conceptualmente, el análisis descansaba en el debate sobre el trabajo doméstico: o bien el trabajo doméstico producía directamente plusvalía, o no, pero era «necesario». Además de la cuestión distante de estar resuelta de si el trabajo doméstico era en efecto necesario (o necesariamente sin igualdad de género), la configuración teórica presentó desafíos. Si aceptas que el trabajo doméstico contribuye al valor de la fuerza de trabajo, tienes que violar un axioma marxista clave: que en equilibrio la fuerza de trabajo se vende a su valor. Para muchos participantes en el debate, este fue un puente demasiado lejos. Sin embargo, si negaba que el trabajo doméstico producía «valor», pero aceptaba que, no obstante, debía ser remunerado, se acercaba de forma peligrosa a la cosmovisión neoclásica. Después de todo, si el trabajo doméstico debe ser remunerado, ¿sobre qué base debería ser remunerado? Debería ser remunerado no porque contribuyera, como lo haría el trabajo «productivo», a cualquier valor de cambio, sino porque producía valores de uso o utilidad.

[XXXIX] Ellen Malos, «The Politics of Household Labour in the 1990s: Old Debates, New Contexts», en The Politics of Housework, Cheltenham: New Clarion, 1995, 21.

[XL] Weeks, The Problem with Work, 149.

[XLI] Véase, por ejemplo, Michael Hannan y Nancy Brandon Tuma, and Lyle P. Groeneveld, «Income and Marital Events: Evidence from an Income-Maintenance Experiment», American Journal of Sociology 82, no, 6 (1977), 1186-1211, y Glen Cain and Douglas Wissoker, «A Reanalyis of Marital Stability in the Seattle-Denver Income-Maintenance Experiment», American Journal of Sociology 95, no. 5 (1990), 1235-69.

[XLII] Adam Przeworski, Capitalism and Social Democracy, Cambridge University Press, 1985, 243.

 


Publicado originalmente en Catalyst Journal, volumen 1, número 3, verano de 2018. Agradecemos al autor, Daivd Calnitsky, y a los editores de Catalyst Journal por facilitar el texto para su traducción.


Traducción: Salvador Medina Ramírez

Revisión de la traducción: Isaura Leonardo

Llevando la lucha contra la precarización a los centros comerciales

Los centros comerciales tienen fama de ser un lugar aséptico donde las fricciones del espacio público desaparecen, no sin justificación alguna. A estos espacios privados no se permite la entrada de indigentes, de vendedores ambulantes, e incluso se acosa al «diferente» que no compre en ellos (al indígena, al pobre, por ejemplo). Son espacios hipervigilados en los que no suele haber delincuencia y, en especial, no hay protestas sociales de ningún tipo. En estos espacios privados que se disfrazan de espacios públicos, el conflicto social está erradicado al igual que la espontaneidad de la vida pública.

Además, la mayor parte de los empleados de sus tiendas (de los trabajadores de mantenimiento, entre otros) tienen contratos laborales que generan empleos mal pagados, inseguros y sin prestaciones sociales como vacaciones, aguinaldos o seguros médicos. Son trabajos altamente precarizados en los que suelen emplearse los miembros de las generaciones más jóvenes, a quienes es común referirse como millenials, y a quienes no pocas veces se les acusa de no consumir lo suficiente para acelerar el motor de la economía. Con empleos tan precarios no podría ser de otra forma.

Bajo esta situación parecería imposible que los empleados de alguna tienda dentro de un centro comercial pudieran organizarse para llevar a cabo algún tipo de protesta, de demandar mejores condiciones laborales en público. Lo más común es que fueran despedidos inmediatamente, sin liquidación alguna o una muy pequeña, y seguramente expulsados por los encargados de seguridad del lugar al invadir la propiedad privada del centro comercial, ya que, como se dijo, no es un espacio público en donde sus derechos de protesta podrían ser más fácilmente protegidos.

Los centros comerciales parecen, pues, lugares perfectos para el control de los empleados; es decir, para que no protesten por mejores condiciones laborales. Pero no siempre es así, existen grietas por las que el conflicto se cuela de forma exitosa.

Un ejemplo reciente: cuatrocientos veintinueve empleados de la multinacional sueca H&M en Chile luchan por los derechos laborales dentro de un centro comercial. Incluso han formado un sindicato (Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores H&M Chile-Latinoamérica) para demandar mejores contratos y condiciones laborales como: aumento de salario, vacaciones pagadas y que no se descuente el día de trabajo en caso de ausencia por enfermedad. Sus demandas los llevaron a generar protestas dentro de la misma tienda y dentro del centro comercial más importante de Santiago, y de Chile: el Mall Costanera Center.

Fuente: Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de H&M Chile-Latinoamérica

Ahí han recurrido a un paro activo con boicot de la tienda dedicada a la venta de ropa «de moda». Este ha consistido en continuar laborando de acuerdo con su contrato, al mismo tiempo que colocan carteles de protestas, reparten volantes, llaman a no comprar y acompañan el boicot con tambores y trompetas, de tal forma que le genere una presión a H&M.

Dado que estas protestas las hacen dentro de su espacio laboral, al tener un contrato con H&M, no pueden ser expulsados del centro comercial. Los empleados se colocan en el borde de la tienda y del centro comercial, y toda la actividad la dirigen hacia el interior de la misma. Esto lo combinan con otras actividades como caminatas en grupo dentro del centro, en las que reparten volantes y tocan música. Así como coordinando apoyo de protestas con otros sindicatos de H&M en el mundo (como Italia y Suecia).

Huelga de los trabajadores de tienda de H&M, Chile, foto de Salvador Medina

A pesar de todas las tácticas clásicas para acabar con la protesta, como la contratación de personal de emergencia o la denuncia ante la policía, esta resultó todo un éxito, después de treinta y dos días de duración (30 de mayo-30 de junio de 2017). El Sindicato y la multinacional H&M negociaron al final mejores salarios y prestaciones para dignificar el trabajo de sus empleados.

La estrategia seguida por el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores H&M Chile-Latinoamérica demuestra que es posible organizar acciones de protesta dentro de centros comerciales para demandar mejores condiciones laborales. Y también muestra la importancia de que los empleados se organicen en sindicatos y busquen contar con contratos para proteger sus derechos; en otras palabras, la importancia de la organización y del uso de las instituciones (el contrato) para lograr sus demandas.

Si bien los centros comerciales parecieran un lugar perfectamente subsumido por el capital y su poder, lo cierto es que no son perfectos ni lo serán y, por ello, tienen resquicios que se deben aprovechar para luchar contra la precarización del trabajo.

No obstante, las luchas deben llevarse más allá de estos espacios, pues en algunos contextos difícilmente se podría protestar dentro de un centro comercial, y la precarización laboral se da en tan diversos sectores que difícilmente se logrará parar, a menos que se genere un movimiento organizado a gran escala y expansivo contra quienes lo impulsan. O sea: ¡precarizados del mundo, uníos!

 

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¿Dónde quedaron los trabajadores?

La clase obrera y los trabajadores monopolizaron toda estrategia y acción política de las narrativas de la izquierda del siglo XX. Fueron el centro de los anhelos, las esperanzas y las decepciones de cuatro generaciones de militantes, teóricos y simpatizantes. Poesía y manifiestos a los trabajadores florecieron en todos los lugares del planeta que la modernidad capitalista tocó. Sin embargo, desde los setenta, y con el colapso del socialismo real, los trabajadores y el proletariado perdieron su centralidad en el lenguaje político.[i] La izquierda descubrió nuevos sujetos revolucionarios o grupos olvidados que merecían un lugar más adelante en la fila y los antiguos héroes que romperían la cadena histórica de la opresión se mostraron como un grupo privilegiado.

En esos años la lucha de las mujeres y las luchas contra el racismo acabaron con el cerco que el marxismo y el movimiento obrero les habían puesto en el camino.[ii] Las brechas abiertas por la tormenta contestataria de los sesenta y setenta permitieron que los oprimidos tomaran algunas butacas reservadas en los puestos de representación y, desde principios de los noventa, un discurso (sobre todo, sentimental) en contra de las exclusiones se convirtió en lo hegemónicamente correcto. Para un sistema político reticente a cualquier propuesta de cambio radical, populista o anticapitalista, aceptar la política de la identidad y los derechos humanos no representaba ningún costo.

Claro: las generaciones pasadas fracasaron en sus intentos de transformar al mundo en uno más igualitario, pues se enfocaron en cambios institucionales que pretendían igualdad legal, que no material. Algunos de los militantes de la izquierda revolucionaria de origen obrero o campesino lograron abrirse paso a empujones hacia las clases medias. Otros, que provenían del estudiantado radicalizado en los setentas, regresaron a las cómodas trincheras del privilegio de donde habían salido para expiar su culpa de pertenecer a la clase media, a esa “pequeña burguesía” de la que tanto renegaron en su juventud. El balance de la derrota histórica de las fuerzas políticas de izquierda va más allá de lo discursivo y se refleja en el panorama desolador de la desigualdad en el mundo y en México. Como señala el informe sobre desigualdad extrema en México de OXFAM, “para el año 2014 los cuatro principales multimillonarios mexicanos podrían haber contratado hasta 3 millones de trabajadores mexicanos pagándoles el equivalente a un salario mínimo, sin perder un solo peso de su riqueza”.[iii] Nuestra generación creció aceptando de forma inconsciente el fin de la historia y naturalizando estas desigualdades, por más que una y otra vez intentáramos encender la pradera con cerillos viejos.

A pesar del estado de las cosas, no hace mucho en México se discutió, alegremente, nuestra conversión en un país de clases medias. Con cierta condescendencia se habló de los peligros del populismo o de las resistencias a la modernidad. Ante cualquier alternativa, incluso de lo más tibia, se asustaba a las siempre endebles “clases medias” diciéndoles que perderían todo… para, luego de unos años, introducirnos en una guerra contra el crimen organizado que representa, en todos los renglones, uno de los capítulos más negros de la historia de México. Dado el conjunto de discursos tan correctos, tan bien fundados en la (supuesta) defensa de la libertad, la diferencia o lo moderno, ¿qué lugar tenían el resto de los olvidados en ese proyecto político?

A cambio del abandono de un proyecto de transformación radical en beneficio de los trabajadores, se nos ofreció un proyecto de instituciones democráticas y de transparencia y un mar de posibilidades a quienes estuvieran dispuestos a tomarlas. Instituciones democráticas que pronto se convirtieron en el fin último de cansados activistas, tan atareados en su búsqueda de la siguiente diputación que nunca se dieron cuenta que la posibilidad real de tomar el poder les estaba vetada. Esta transparencia en su largo camino solo ha servido para producir engorrosas leyes, estructuras burocráticas y espacios de legitimación de un proyecto empresarial de lo correcto. Un mercado en el que pocos tienen la oportunidad de participar, entre otras cosas, porque los contubernios políticos y las persistencias oligárquicas hacen impracticable una participación efectiva de las mayorías en los órganos de representación. La nuestra fue una inusual transición democrática sin pueblo.

Pero, en este panorama, ¿dónde está la izquierda de las luchas históricas? Estamos abajo y a la izquierda, perdidos en las profundidades del abismo, invocando los fantasmas de la vía armada que nunca estuvo realmente conectada al pueblo. Estamos escondidos en los rincones de las universidades, rumiando pergaminos y memorias de grandes huelgas estudiantiles en el centro del país. Otros más estamos en la incomodidad dorada del puesto burocrático, en la sociedad civil cooptada o en nuestras casas esperando la próxima beca del CONACYT. En esas realidades poco heroicas, bastante grises, y sin embargo necesarias para conseguir avances, ahí estamos.

En el México de principios del siglo XXI, la izquierda vive bajo el peso de la narrativa de una transición política exitosa, de una modernización económica con beneficios reales y ese raro nacionalismo que pide a gritos la defensa de la apertura comercial. La transición política se construyó en el consenso de respeto a las instituciones autónomas, la obsesión por la gobernabilidad y el temor por el retorno a la deriva económica de los años ochenta. Ni siquiera las crisis de mediados de los noventa y el 2008 afectaron ese consenso entre un sector de los intelectuales, los políticos y los empresarios mexicanos. Sin embargo, más allá de los llamados a combatir la pobreza y la desigualdad, la realidad es que el establecimiento de una política social focalizada y el impulso de la sociedad civil a la organización comunitaria terminaron despolitizando el problema.

Lo concreto en esta transición fueron las victorias municipales, los puestos de elección popular o los novísimos puestos en los flamantes organismos autónomos.[iv] Hoy, cualquier intento por politizar el combate a la desigualdad topa con la pared de las reglas de operación de los programas sociales financiados por el Estado o la necesidad de concursar por los recursos de las agencias internacionales. Contradecir el discurso hegemónico se presenta como un juego propio de universitarios, pero sin demasiado eco entre la población general. Después de todo, las noticias que nos llegan del sur del continente no son como para ilusionarnos y, a diferencia del siglo pasado, no hay referencias internacionales en que cifrar las esperanzas de un cambio radical.

El actor que no aparece en este relato de la transición son los trabajadores. El porqué del olvido de la categoría de clase como un instrumento importante de organización se debe a una historia del fracaso de la resistencia ante el cambio del modelo económico y a la búsqueda exclusiva del poder por la vía electoral. Desde el inicio de siglo, el recuerdo de la campaña de cooptación y represión y la paulatina desmovilización de la militancia en sindicatos y organizaciones campesinas es en el imaginario político colectivo solo un recuerdo.[v] Iniciativa tras iniciativa, los restos de viejas o nuevas organizaciones siguen llenando las páginas interiores de La Jornada o de una que otra revista académica. Sin embargo, el lugar central de la imaginación política de las izquierdas está en otra parte: en las urnas, en las montañas del sureste o en los movimientos sociales. El clientelismo y la falta de autocrítica en los partidos políticos de izquierda han imposibilitado la presencia de los movimientos de los trabajadores del campo o la ciudad.[vi] Si es cierto que no son los héroes perfectos de nuestras viejas novelas, tampoco son los pérfidos villanos del relato neoliberal. En esos términos, la discusión política en la izquierda mejor decidió borrarlos para efectos prácticos. Nos ahorramos ansiedades, decepciones y la difícil tarea de preguntarnos si había alguna salida del laberinto de la política.

El asidero moral de una política de izquierdas no puede limitarse a una lucha por las libertades o la justicia en abstracto; tiene que tener una referencia concreta en los intereses sociales de los afectados por el capitalismo global y el sistema político que lo posibilita. Si vamos a tomarnos en serio a la democracia como sistema de vida (artículo 3° constitucional dixit), va siendo tiempo de replantearnos la recuperación no dogmática de categorías como la de clase, y otras como la de burguesía y oligarquía. Esta recuperación de términos tiene que pasar de manera obligada por el trabajo político, como se decía en ese pasado nebuloso, con “las masas”. Claro que es una tarea que se ve atajada por varios de los problemas que frustraron a los militantes universitarios de los setenta, que se agravan con la descomposición de las industrias y del entorno urbano. La fórmula es muy sencilla y universal: volver a representar a los excluidos. ¿No es acaso esta preocupación por la cuestión social lo único que nos ha llevado históricamente a oponernos a la desigualdad y la opresión?

(Foto: cortesía de Mike Steele.)


[i] Para una historia de la relación inestable y conflictiva entre el socialismo y el movimiento obrero véase: Donald Sassoon, Cien años de Socialismo, Ensayo Histórico (Editora y Distribuidora Hispano Americana, 2001).

[ii] Para una historia de la progresiva inserción de la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres y en contra del racismo véase: Geoff Ely, Un mundo que ganar: Historia de la izquierda en Europa, 1850-2000 (Crítica, 2003).

[iii] Gerardo Esquivel Hernández, “Desigualdad Extrema En México. Concentración Del Poder Económico Y Político” (OXFAM México, 2015).

[iv] Para una articulación de esta versión justificatoria rayana en una historia whig de la izquierda mexicana puede leerse: José Woldenberg, El Desencanto (Cal y Arena, 2009).

[v] Sobre el episodio prácticamente olvidado del asesinato de militantes campesinos del Partido de la Revolución Democrática durante el sexenio de Carlos Salinas véase: Sara Schatz, Murder and Politics in Mexico: Political Killings in the Partido de la Revolucion Democratica and its Consequences (Springer, 2011).

[vi] Las miradas externas suelen ver aquello que por momentos nos negamos ver. Para una mirada crítica de la evolución de la izquierda social véase: Paul Lawrance Haber, “La Migración Del Movimiento Urbano Popular a La Política de partido en el México contemporáneo”, Revista Mexicana de Sociología 71, no. 2 (2009).

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México y Estados Unidos: la política del mal vecino

En la película de Orson Welles Sed de Mal (1958), Charlton Heston interpreta el papel de Miguel Vargas, un policía mexicano recién casado con una mujer estadounidense. Mientras conduce por el desierto, Vargas reflexiona sobre la singularidad política de un paisaje tan bello: “Susie, una de las fronteras más largas en la Tierra está justo aquí, entre tu país y el mío. Una frontera abierta. Mil cuatrocientas millas sin una sola ametralladora. Supongo que todo esto te suena muy cursi.” Sentimental o no, la afirmación resultaba, sin duda, algo exagerada, ya que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos llevaba en funcionamiento desde 1924. Durante la Gran Depresión de los años treinta, es más, cientos de miles de mexicanoamericanos fueron deportados ilegalmente o emigraron por coerción.[1] A pesar de todo, la reflexión del personaje nos ayuda a recordar el carácter reciente de la militarización de la frontera. Su inicio apenas se remonta a los años noventa, durante la presidencia de Bill Clinton, cuando en septiembre de 1994, pocos meses después de entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se emprendió la llamada Operation Gatekeeper en California. Desde entonces, miles de migrantes han muerto en las peligrosas rutas para sortear los más de 900 kilómetros de vallas y muros fronterizos.

Y, sin embargo, para la derecha norteamericana, la frontera meridional sigue resultando demasiado porosa. En un giro sorprendente en la historia del Partido Republicano, su candidato a la Casa Blanca ha fijado en México el eje vertebrador de sus mensajes sobre política exterior. Según Donald Trump, el problema del desempleo se puede achacar al país vecino, ya sea por sus migrantes indocumentados que “roban” los empleos de los estadounidenses o por las empresas que aprovechan el TLCAN para abandonar Estados Unidos y esquivar así su regulación laboral y medioambiental. El magnate también ha acusado al gobierno mexicano de estimular deliberadamente la migración de narcotraficantes y violadores. En caso de ganar, Trump promete completar el muro para sellar toda la frontera. El coste de esta magna obra iría a cargo del gobierno mexicano, pues, según ha asegurado a la prensa, “México no querrá jugar a la guerra con nosotros”.

Puede que el fenómeno Trump acabe como una anécdota extravagante en la historia electoral estadounidense. En cualquier caso, se trata de un episodio muy sintomático de una tendencia secular en las relaciones entre México y Estados Unidos: las corrientes políticas de ambos países carecen, con contadas excepciones, de auténticos vínculos de amistad binacional. La derecha mexicana puede estar profundamente avergonzada por el sentimiento abiertamente antimexicano que domina entre sus parientes ideológicos al norte del Río Grande. La izquierda mexicana, sin embargo, tampoco puede alardear mucho. Obama hizo historia al restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba. En México, en cambio, el primer presidente afroamericano será tristemente recordado por su apoyo continuista a la guerra contra las drogas y, más concretamente, por el escándalo de la llamada Operación Rápido y Furioso, con la que, a partir de un intento frustrado de monitorear el tráfico ilegal de armas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos puso en manos de los cárteles mexicanos más de dos mil armas de fuego, incluyendo centenares de fusiles de asalto AK-47. El entorno de Hillary Clinton padece limitaciones similares. Incluso uno de sus intelectuales más destacados, el economista Paul Krugman, apoyó en su momento la aprobación del proyecto del TLCAN con un razonamiento bastante revelador. En un artículo publicado en Foreign Affairs, Krugman defendió que las ventajas del TLCAN no eran económicas sino políticas: “Para Estados Unidos, este acuerdo no tiene que ver con empleos. (…) Tiene que ver con hacer lo que podamos para ayudar a triunfar a un gobierno amigo.” Krugman creía que Washington debía apoyar al gobierno del PRI para hacer frente al desafío de “populistas mexicanos como Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano”, quien, según el propio economista, probablemente ya había sido el auténtico ganador de las elecciones presidenciales de 1988.[2]

El argumento de Krugman se basaba parcialmente en una creencia –muy propia del liberalismo norteamericano de raíz wilsoniana– que también ha entrado en crisis en los últimos años: la confianza en que el aumento del comercio bilateral implica una mejora automática en las relaciones diplomáticas. Tras más de dos décadas de TLCAN, es difícil afirmar que México y Estados Unidos sean mejores vecinos. Más relevante aún, los tratados de libre comercio resultan cada vez menos viables en un contexto de competencia democrática. En las primarias del Partido Demócrata, el socialista Bernie Sanders denunció constantemente los efectos del TLCAN para el tejido industrial del país, lo que le ayudó a cosechar importantes victorias en estados del llamado Rusty Belt (Cinturón Oxidado) como Indiana, Michigan y Virginia Occidental. Trump ha intentado tender puentes hacia estos mismos votantes prometiendo una vuelta al proteccionismo y al pleno empleo, mientras que Hillary Clinton ha mostrado su oposición al reciente tratado de libre comercio entre Estados Unidos y otras once naciones del Pacífico, incluida México. El propio Obama –actualmente, un indiscutible campeón de los tratados de libre comercio por todo el mundo– atacó duramente a su rival demócrata durante las primarias de 2008 por la cuestión del TLCAN: “Un millón de empleos se han perdido a causa del TLCAN, incluyendo cerca de 50,000 puestos de trabajo aquí en Ohio. Y, sin embargo, 10 años después de pasar el TLCAN, la senadora Clinton dijo que era bueno para Estados Unidos. Bueno, yo no creo que el TLCAN haya sido bueno para Estados Unidos –nunca lo he creído.”

Por su parte, una abrumadora mayoría de ciudadanos mexicanos cree que el TLCAN ha beneficiado más a Estados Unidos que a México. Recientemente, un significativo 33% de encuestados se mostró incluso partidario de un eventual Mexit, es decir, de la salida de México del TLCAN. La desafección de la población mexicana ante el TLCAN se debe, sin duda, a la brecha entre las promesas y la realidad. Si bien es cierto que, en general, el saldo comercial de México con Estados Unidos en los últimos años se ha mantenido positivo, hay que constatar que la mayor parte de lo que se exporta son recursos naturales –principalmente petróleo– y productos manufacturados en maquiladoras, con escaso valor agregado y poca capacidad de arrastre en el resto de la industria mexicana. Para Alejandro Nadal, profesor de economía en El Colegio de México, eso explicaría por qué, mientras el comercio con Estados Unidos aumentaba, la economía mexicana en su conjunto siguió estancada. Además, como es bien sabido, el campo mexicano ha sido el sector más perjudicado. Ya desde los primeros años del TLCAN, Estados Unidos inundó el mercado mexicano con alimentos subsidiados que ejercieron una fuerte presión a la baja en los precios de los productores locales. El gobierno mexicano, por su parte, no aprovechó el plazo de transición que contemplaba el TLCAN para proteger al sector maicero mexicano, dejando a los agricultores mexicanos en una situación de gran indefensión y vulnerabilidad. Tal y como señaló Charles Bowden en su momento, tampoco se puede olvidar el papel del TLCAN como un importante motivo de fondo en la expansión de la industria del narcotráfico y la consiguiente guerra contra las drogas. Más allá de las propuestas de reforma parcial que se puedan plantear, hay que tener en cuenta el auténtico objetivo institucional del TLCAN, que, según Alejandro Nadal, no sería otro que el de “hacer irreversible la imposición del neoliberalismo en México”.

A pesar de las iniciativas de Washington para impulsar nuevos tratados como el TLCAN, parece que el deseo de revertir la tendencia a la globalización neoliberal es cada vez más popular entre amplias capas del electorado. Quizás solo sea cuestión de tiempo para que la izquierda académica tome nota y encuentre maneras de canalizar estas demandas en una dirección constructiva, capaz de neutralizar el atractivo de la demagogia xenófoba. Para lograrlo, les será útil releer el célebre artículo de John M. Keynes “National Self-Sufficiency”, en el que, defendiendo con prudencia las virtudes del nacionalismo económico –especialmente en las finanzas–, el autor de Las consecuencias económicas de la paz se imaginaba lo que él mismo hubiera pensado de joven ante cualquier desviación de los dogmas del libre cambio: “una imbecilidad y un ultraje”. Sin duda, con el privilegio que nos da la perspectiva histórica, debemos celebrar la inclinación del economista de Cambridge por anteponer la voluntad de entender a la debilidad por gustar.

(Foto: cortesía de Chris Lewis.)


Referencias

[1] Francisco E. Balderrama y Raymond Rodriguez, Decade of betrayal: Mexican repatriation in the 1930s, Albuquerque: University of New Mexico Press, 2006, pp. 62-158.

[2] Paul Krugman, “The Uncomfortable Truth about NAFTA: It’s Foreign Policy, Stupid”, Foreign Affairs, noviembre-diciembre de 1993.

Minería en México: extracción sin límites

El pasado seis de agosto se cumplieron dos años del desastre ecológico del Río Sonora y el Río Bacanuchi, uno de los accidentes de mayor contaminación de los últimos años, ocasión que nos invita a repensar el estado del sector minero y su regulación en México. Nuestro país sigue perteneciendo, como buena parte de América Latina, a las economías extractivistas de la región. Aunque el sector minero no tiene el peso de otros sectores en la producción nacional, como el automotriz, el de hidrocarburos, el de telecomunicaciones o el turístico, sigue siendo en el siglo XXI una actividad importante, especialmente en regiones como Sonora y Zacatecas.[I] A pesar de los beneficios económicos que genera la minería, estas regiones padecen los altísimos costos ambientales, de salud e incluso de calidad laboral que implica esta actividad en un contexto de debilidad estatal y regulatoria.

México es el segundo país de la región con más conflictos mineros (37), después de Perú (39) y seguido por Chile (36), según el Observatorio de Conflictos Mineros en Latinoamérica. Se trata de una tensión que es inherente al sector en cualquier parte del mundo pero que en América Latina se intensifica, en parte por nuestra dependencia de la exportación de materias primas, por la ausencia de una regulación adecuada que mitigue sus efectos ambientales y laborales y de instituciones regulatorias independientes de los intereses del capital minero.

Es un hecho la importancia económica de la minería para ciertas regiones del país, pero también lo es que esta actividad supone, casi siempre, peligros. Este año, incluso, un nuevo evento de contaminación pasó casi desapercibido, acaso por su menor magnitud: el 26 de abril la mina El Chanate del grupo canadiense Aurico Gold Inc derramó 400 metros cúbicos de solución de cianuro, contaminando una zona aledaña al municipio de Altar, Sonora. Los trabajadores de esta mina, según La Jornada, señalaron que el derrame fue consecuencia de las deficientes medidas de seguridad y mantenimiento de la mina. Como si no hubiera pasado nada en 2014, en marzo de este año el gobierno de Sonora anunció inversiones por un monto de 5,688 millones de pesos que comprenden ampliaciones y nuevos proyectos alrededor de su geografía.

Aquel 6 de agosto de 2014 una falla en una represa de residuos tóxicos de la mina de Buenavista del Cobre derramó 40,000 litros cúbicos de sulfato de cobre acidulado al Arroyo Tinajas, de ahí los residuos recorrieron el Río Bacanuchi y entraron a la cuenca del Río Sonora. El derrame alcanzó a siete municipios de la región aledaña al Río Sonora, llegando hasta la presa “El Molinito” que abastece la zona norte de Hermosillo. Después del derrame, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) realizó inspecciones en las que encontró[II] 55 irregularidades –por ejemplo, la ausencia de infraestructura de represas para contener residuos– en la mina de Buenavista del Cobre, lo que significó una multa por veinticuatro millones de pesos a Grupo México. Por otro lado, se constituyó el Fideicomiso del Río Sonora, en el que Grupo México se comprometió a aportar dos mil millones de pesos para atender los daños derivados del derrame.

La Comisión Presidencial[III] designada para la atención del caso promovió, a través del Fideicomiso Río Sonora, un fondo de dos mil millones de pesos que administran el gobierno federal y Grupo México para alcanzar los siguientes objetivos: garantizar la normalización del abastecimiento del agua potable en la zona afectada en condiciones de seguridad, resarcir los daños a la salud humana, la reactivación económica de la región y la implementación del plan de remediación ambiental de la zona. Junto al fideicomiso se creó un comité de expertos –designados por el gobierno y Grupo México– que a la fecha no ha presentado el diagnóstico ambiental, tampoco una propuesta para integrar al marco que regula la minería nuevos mecanismos permanentes de prevención de derrames, como se sugirió se haría en el informe de la Comisión Presidencial. De hecho, la creación misma de una Comisión Presidencial es un reconocimiento explícito de la ausencia de mecanismos para coordinar la atención de desastres de esta naturaleza en el sector minero. Y que la misma comisión reconociera la necesidad de establecer regulaciones en este ámbito supone un reconocimiento explícito de la débil o ausente regulación para prevenir riesgos a la salud, al ambiente y del trabajo en el sector minero.[IV] Aunado a ello, tampoco está claro qué otros objetivos se hayan alcanzado –menos cuando la prensa sigue encontrando múltiples inconformidades y procesos abiertos en cada uno de los objetivos planteados por la comisión, como da cuenta el sitio de los comités de cuenca de ciudadanos afectados en la región del Río Sonora.

El sitio www.fideomisoriosonora.gob.mx, más allá de datos, estudios y presentaciones que lucen desactualizadas, no tiene disponible un balance sobre los efectos causados a la salud, al ambiente y a la economía regional por el derrame. Así, no se ha podido evaluar si las medidas emprendidas (la entrega de tinacos, el monitoreo del sistema hídrico, los apoyos a productores, la atención médica, etcétera) han sido suficientes ante los daños causados. Todo apunta que esta es una herida en la región que seguirá abierta durante un largo período. De aquí la urgencia de que el Comité Técnico[V] del Fideicomiso Río Sonora presente cuanto antes el informe de la situación ambiental, hídrica, sanitaria y epidemiológica del territorio afectado. Pero de nada servirá ese informe si no está sujeto a un escrutinio público amplio por parte de los ambientalistas, la academia, los medios de comunicación y la sociedad civil. En particular, es urgente que la sociedad sonorense tenga como una de las prioridades de su agenda pública fiscalizar los dos mil millones de pesos destinados a la reparación del desastre. Y, por supuesto, hace falta escuchar más a esas voces que deberían ser el contrapeso institucional, político y social del gobierno estatal y federal. El objetivo –en los próximos meses y años– debe ser movilizar la mayor cantidad de personas y organizaciones para obligar al gobierno a reparar los daños con eficiencia y prontitud.


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Regular la industria minera más allá de la crisis

Por su parte, las instancias federales encargadas de atender la crisis no han rendido cuentas a raíz de este caso. Entre tantas razones, porque quienes en su momento gestionaron la crisis (Mikel Arriola de COFEPRIS, David Korenfeld de CONAGUA, Mercedes Juan López de la Secretaría de Salud y Juan José Guerra Abud de la SEMARNAT) fueron sustituidos y en algunos casos reacomodados a otras áreas del gobierno, en principio por motivos ajenos a la crisis provocada por la minera de Grupo México. Este simple hecho debería ser un botón de muestra de la inestabilidad de las instituciones con las que se gestiona la regulación social (de riesgos sanitarios, ambientales y ocupacionales). Por supuesto, ya sabemos que la rendición de cuentas es un problema generalizado en las instituciones públicas, pero en el sector minero el tema ni se piensa ni se discute. El contraste es interesante si se le compara con sectores como las telecomunicaciones que, de alguna manera, han sido sujetos a una mayor regulación gracias en parte a la politización entre los intereses (públicos y privados) en disputa y la consecuente movilización de la sociedad civil.

¿Qué se puede decir en este tema del Congreso de la Unión? En el balance, después de algunas declaraciones subidas de tono y una aparente preocupación coyuntural, no se ha hecho ningún esfuerzo serio por fiscalizar la industria o, más importante, por legislar en la materia. Doy un ejemplo. Los legisladores[VI] que participaron en la Comisión de Investigación del caso Río Sonora ya no forman parte del Congreso y, a dos años de la tragedia, su informe no ha tenido seguimiento. Frente a crisis anteriores, como la de Pasta de Conchos, el guion que siguió el Congreso fue el mismo. Algo debe de decirnos de este vacío legislativo frente al capital minero que el Senado de la República el año pasado le haya otorgado la medalla Belisario Domínguez a Alberto Baillères, uno de los principales beneficiarios de la industria minera. Ni siquiera el Pacto por México que suponía hacer frente a la captura de instituciones regulatorias incorporó una sola medida para ponerle límites a los grupos de interés de la minería. Con todo y a pesar de sus condicionamientos políticos e institucionales, esta legislatura debería de atender en su agenda de manera urgente un nuevo marco que asegure estándares, procesos y sanciones en la prevención y atención de riesgos ambientales, ocupacionales y sanitarios en la industria minera.

Apenas el año pasado, en España una jueza suspendió por actos de corrupción (cohecho, prevaricación y tráfico de influencias) en el proceso de la licitación la concesión de Grupo México para operar la mina Aznalcóllar. Mientras tanto, en México el proceso judicial sobre el desastre del Río Sonora ha provocado que los afectados tuvieran que acudir a un tribunal de Estados Unidos para obtener información que puedan utilizar en sus acciones legales en México. La presión sobre los tribunales que llevan el caso deberá ser notable y desafiante. Ya que por la contaminación del río muchas personas han sido obligadas a abandonar su hogar, este desastre es también un caso claro de desplazamiento forzado (como violación continúa y múltiple de derechos humanos), ante lo cual, si el Estado mexicano no se aboca seriamente a cumplir con su obligación de garantizar el retorno de las personas desplazadas y reparar íntegramente todo el daño causado, está latente una condena internacional, en línea con los delitos que vigila la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Hace falta también una revisión puntual de las últimas concesiones, como la de la mina Buenavista del Cobre. Pero también hace falta ir más allá: construir una nueva agenda de regulación de riesgos para el sector. Las alternativas de cambio institucional pueden pasar por el fortalecimiento del actual engranaje, la reorganización de las instituciones vigentes o la creación de nuevas instituciones. Está claro, por ejemplo, que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) –con la enorme carga que supone la regulación farmacéutica– no tiene capacidades presupuestarias ni humanas para supervisar la regulación de riesgos sanitarios en materia de consumo de agua a lo largo del país. Tampoco la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ha podido regular el impacto ambiental del sector minero –ni en esta crisis ni en lo que va de su historia.

Frente a este escenario, ¿con qué cambio institucional podemos empezar a regular los riesgos ambientales, ocupacionales y a la salud de la industria minera? Una alternativa de diseño regulatorio podría aprovechar la reciente creación de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos para fusionar el mandato de la regulación de riesgos de este sector con el minero. A su vez, haría falta crear una ley en la que quede claro el mandato, los estándares, los recursos, los instrumentos y los procesos de la COFEPRIS para el control de riesgos a la salud en materia de consumo de agua. Es evidente que también hace falta asegurar un régimen de sanciones que fortalezca la capacidad del Estado y asegurar mecanismos puntuales de transparencia dentro de los sectores extractivos. Finalmente, es necesario fortalecer mecanismos para que se consulte previamente a las comunidades que se verán afectadas su opinión y su postura frente a los proyectos mineros, además de mejores mecanismos de transparencia. Aunque existen críticas a la efectividad de la iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (EITI)[VII], en la que ya participan países de la región como Perú y Colombia, en ausencia de otras alternativas se debe analizar la posibilidad de que México la suscriba. Todas estas propuestas robustecerían nuestro incipiente Estado regulador en el ámbito de la regulación de riesgos del sector minero.

Una reforma en esta dirección es urgente. Con la apertura del sector energético y la expansión de los proyectos mineros, la posibilidad de que se incremente la exposición de riesgos ocupacionales, a la salud y al ambiente en el país es cada día mayor. Es el momento de pensar en un solo régimen de regulación de riesgos para ambas industrias. No es aceptable mantener un estándar de regulación para la industria de hidrocarburos más alto que el de la industria minera. No se puede aceptar una industria minera con regulación del siglo XX, que privilegia una lógica extractivista sin límites. En otras palabras, no es aceptable exigir a PEMEX una regulación de riesgos, económica (y fiscal) que no se le exige a Grupo México.

Después de la tragedia del Río Sonora –y la de Pasta de Conchos, en la que perdieron la vida 65 mineros–, ¿tenemos que esperar otra tragedia para tener una respuesta institucional a la altura de las vidas de los mexicanos y las mexicanas que están en riesgo? Me gustaría pensar que no. Que existen las condiciones para politizar la industria minera y para empezar un largo y complejo recorrido que nos lleve a regular el poder sin límites del capital minero en México. La época de un sector desregulado, herencia del neoliberalismo salinista, se debe terminar. Ya es hora de abrir un amplio proceso de regulación de esta industria que construya una nueva relación entre el Estado, la industria y la sociedad. En esta relación van de por medio recursos naturales y derechos fundamentales de vidas (presentes y futuras) que aún estamos a tiempo de salvar. No es poca cosa.

(Foto: cortesía de Codelco.)


Notas 

[I] En la extracción de oro, México fue el séptimo productor mundial en 2015 con 3.9%; Sonora y Zacatecas concentraron los mayores volúmenes de producción: con 31.6% y 27.6%, respectivamente. En plata México ocupó el primer lugar de la producción mundial con el 19.8%, y el mayor productor fue Zacatecas con 41.9%. En cobre México ocupó el décimo lugar mundial con 2.9%, y Sonora concentró el 81.3% de la producción nacional. Fuente: CAMIMEX e INEGI.

[II] Se puede consultar el análisis de incumplimientos a la regulación ambiental de Grupo México que elaboró PODER aquí.

[III] La Comisión Presidencial la coordinó Alfonso Navarrete Prida, secretario de la STPS, y estuvo integrada por funcionarios de la Cofepris, la Sagarpa, Segob, Semarnat y Profepa.

[IV] Los informes y presentaciones de la Comisión Presidencial y el Comité Técnico del fideicomiso pueden consultarse aquí.

[V] El Comité Técnico está integrado por dos miembros designados por Semarnat, dos miembros designados por Grupo México y un miembro de común acuerdo.

[VI] La comisión estuvo integrada por Marco Antonio Bernal, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Laura Ximena Martel Cantú, Alfonso Durazo, Enrique Reina Lizárraga, entre otros.

[VII] Aaronson, S. A. (2011). “Limited partnership: Business, government, civil society, and the public in the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)”. Public Admin. Dev., 31: 50–63.

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¿Estar en contra del TLCAN nos hace “malos mexicanos”?

No ha sorprendido, en los últimos meses, que el rechazo a la continuidad del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ocupe un lugar en la retórica racista y anti-inmigrante del candidato a la nominación presidencial por el Partido Republicano, Donald Trump. Lo que sí ha sorprendido es que, de hecho, esta opinión sea compartida en términos generales no solo por Ted Cruz, el segundo precandidato con mayor intención de votos del Partido Republicano, sino por los dos precandidatos demócratas, Hillary Clinton y Bernie Sanders.[1]

Tal convergencia de posturas ha merecido una respuesta contundente desde algunos sectores de la sociedad mexicana, especialmente por lo que respecta a las declaraciones de Trump, un candidato que concienzudamente busca irritar y provocar a la población mexicana en México y en Estados Unidos. En su estilo, Trump ha expresado que el TLCAN es un desastre y que, de ser él el siguiente presidente, acabará con ese acuerdo.[2] Recientemente Trump reiteró su odio hacia el TLCAN y llegó al punto de decir que dicho tratado destruyó a EUA.

Sin duda, la retórica racista de Trump requiere de una contestación frontal, lo mismo por medio de argumentos sólidos que a través del desarrollo de la organización social tanto en México y como entre la amplia comunidad latina en Estados Unidos. Un ejemplo actual de esta forma de organización es el portal Proud to Be Mexican. Existen también ejemplos históricos como la formación de sindicatos agrarios bajo el liderazgo de César Chávez o la creación del “pensamiento de frontera” por figuras como la poeta Gloria Anzaldúa, la profesora feminista chicana Chela Sandoval o el artista visual Guillermo Gómez-Peña.

Ahora bien, lo que sí parece desconcertante –como se ha podido advertir en varias de las reacciones mexicanas a Trump– es la pretensión de fusionar la defensa de los valores culturales y políticos de lo latino y lo mexicano con un asunto concreto: la protección del TLCAN y de su principal implicación, que es la consolidación de un modelo de capitalismo norteamericano en México.

Los defensores de dicha apertura económica y de la implantación de modelos de intercambio bajo reglas homogéneas que norman el comercio de bienes, servicios y capital, se pueden encuentran, sobre todo, en el gobierno federal y en ciertos sectores dominantes de la intelectualidad mexicana. Estos abogados del TLCAN no han tardado en unirse para responder a las declaraciones de Trump y hacer sonar la alarma sobre el peligro inminente que estas representan para el TLCAN y la economía mexicana como ellos la entienden.[3]

La pretendida comparación entre el cuestionamiento al modelo del TLCAN y la retórica anti-mexicana de Trump invita a dos discusiones. La primera de ellas es si cabe cuestionar cómo un magnate del sector de la construcción y de las finanzas puede oponerse a un acuerdo que parece representar el mismo sistema que le permitió amasar su fortuna. La segunda de ellas, y la más relevante para los mexicanos, es si el TLCAN de verdad necesita (o merece) ser defendido con el mismo ahínco con el que se busca proteger a las condiciones de vida y de ciudadanía de la población mexicana en Estados Unidos.

¿Cómo se pudo identificar la defensa del TLCAN con la protección de “lo mexicano”? Esta pregunta obliga a un recorrido histórico por la consolidación del actual modelo económico y el desmantelamiento de gran parte de las instituciones de desarrollo estatal de la economía nacional. Aunque el momento simbólico de transición fue precisamente la firma del TLCAN en 1993, el cambio comenzó de hecho mucho antes, con la entrada de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) en 1986. Este acuerdo –precursor de la Organización Mundial de Comercio y del actual sistema multilateral de libre comercio– significó importantes virajes en la política económica mexicana, así como el abandono de una política exterior nacionalista y preocupada por la independencia de México frente a Estados Unidos. La transformación se apuntaló posteriormente con otras medidas internas, como la privatización de empresas públicas, la desregulación administrativa de las actividades comerciales, los cambios en la política monetaria y, en general, la reducción de la presencia del Estado en el sector productivo nacional.

No obstante su relevancia, la entrada de México al GATT representó solamente el preludio de la decisión geopolítica y económica más determinante de las últimas décadas: la negociación de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Esta decisión implicó la transformación de aspectos esenciales del consenso político post-revolucionario, tales como el modelo de desarrollo basado en el mercado nacional y, sobre todo, en la presencia activa del Estado en el campo a través del régimen agrario. Uno de los pilares de este modelo, la Ley Agraria –de la que se darían ejercicios similares, o incluso más radicales, solamente en otros procesos revolucionarios como el cubano o el nicaragüense–, se comenzó a alterar desde 1992. La contra-reforma agraria representó el desmantelamiento del modelo económico de la Revolución mexicana, porque permitió a inversionistas extranjeros la adquisición de tierras para participar en los sectores agrícola, ganadero y minero.

Un rasgo común entre la adopción del GATT y la aprobación del TLCAN fue la casi ausencia de debate público y la reducida discusión parlamentaria en torno a la firma de tales acuerdos. Sobre la ratificación del GATT, por ejemplo, en el diario de debates legislativos solo se recogen algunos cuestionamientos sobre el estado de las negociaciones y la creación de una autodenominada consulta pública con organizaciones de los sectores sociales y privado (todas vinculadas al partido en el poder en ese momento).[4] Las polémicas más importantes provinieron de la salvaguarda del régimen energético y especialmente petrolero.

Las discusiones acerca de la adhesión de México al TLCAN se dieron en otro contexto. El año de 1993 marcaba el principio del fin de las promesas modernizadoras salinistas, pero a la vez representaba el momento cúspide de su proyecto de inserción capitalista. La retórica reformadora de Salinas formaba parte de una ola de cambios similares en otras partes de América Latina (donde iban de la mano del autoritarismo, como sucedió con el tándem Fujimori-Montesinos en Perú, o de una corrupción rampante, como fue el caso de Carlos Saúl Menem en Argentina). La composición del gabinete salinista oscilaba entre las concesiones al Ancien Régime y la integración de nuevos tecnócratas reformadores. Esta combinación no se prestaba para una discusión abierta sobre el TLCAN, la cual no se reflejó en los medios masivos mexicanos.

En Estados Unidos,[5] la oposición al tratado fue retomada por la derecha y el candidato presidencial independiente Ross Perot, cuyos ataques al TLCAN –al cual acusaba de trasladar empleos hacia el sur de la frontera– representan un claro precedente de la retórica de Trump. Hubo también oposición desde otros sectores, como la cristalizada en la solidaridad entre sindicatos de los tres países (que se había consolidado a raíz de los sistemas de resolución de controversias del Acuerdo de Cooperación Laboral de América Latina). Algo similar sucedió con los sectores ambientalistas, que lograron establecer un activismo transnacional. El gobierno federal mexicano realizó una campaña en contra de todos estos grupos, la cual se realizó sobre todo mediante un extremadamente costoso aparato de cabildeo en Washington instaurado para garantizar la aprobación del tratado en el Senado de Estados Unidos. Frente a los riesgos que representaba el proceso electoral estadounidense de 1992, ese año todos los esfuerzos del gobierno federal se enfocaron en lograr la aprobación del acuerdo comercial.

Fue precisamente en esta coyuntura cuando, en el frente mexicano, se comenzó a gestar la semilla de la equiparación entre la crítica al TLCAN, por un lado, y algo así como “la traición a los intereses nacionales”, por otro. A través de diversos proyectos y con distintas posturas, tanto Jorge Castañeda como Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo se opusieron al modelo de acuerdo comercial que el gobierno federal estaba negociando. Incluso cuando estas críticas iban acompañadas de propuestas de otras formas de integración económica, a estos personajes se les catalogó como radicales y saboteadores de la “modernidad mexicana”. Ante un ámbito internacional que parecía concentrarse en la apuesta por el libre comercio, cualquier crítica al TLCAN eran invalidada como la expresión de un anti-mexicanismo similar al de Perot (y ahora al de Trump).

Cárdenas, por ejemplo, formuló el proyecto un acuerdo comercial de naturaleza distinta, el cual no se salvó de ser calificado como anti-moderno, autoritario y capaz de estropear el momento histórico que la negociación representaba para México. La propuesta de Cárdenas incluía menciones específicas sobre los efectos ambientales de la liberalización del comercio, la divergencia salarial, además de referirse de manera general al modelo de desarrollo (aunque no trataba la cuestión migratoria).

Otra particularidad de la propuesta de Cárdenas era su carácter hemisférico. Esto es significativo, dada la ambivalente postura oficial mexicana, que primero defendió el carácter estratégico y la ventaja competitiva del TLCAN para, más adelante, apoyar la extensión de dicho modelo a todo el hemisferio a través de las negociaciones del Área de Libre Comercio de la Américas (ALCA). Las negociaciones del TLCAN distanciaron de manera importante a México de muchos países latinoamericanos, ante los cuales se presentó como un firme defensor de la postura de Estados Unidos. Al final, la expansión del modelo TLCAN por parte de México a otros países no logró una diversificación del comercio –en  2015 las exportaciones a Estados Unidos significaron más del ochenta por ciento del total de las exportaciones de ese año—, ni tampoco un mayor crecimiento sostenido. (Hay que señalar que los índices de crecimiento económico de México entre el 2000 y el 2008 palidecen frente a los de Sudamérica, sobre todo frente a los de Brasil.)

Al adoptar al TLCAN como figura de exportación, México consolidó una postura ultra-liberal en la gestión de muchos puntos sensibles de sus políticas públicas (algunos de los cuales estaban apuntados en la propuesta de Cárdenas): un régimen de protección de la propiedad intelectual que no toma en cuenta el desarrollo tecnológico nacional; un conjunto de reglas de origen que modificaron el régimen de maquila y las economías a escala, pero también establecieron restricciones para unos exportadores mexicanos cada vez más dependientes de suministros provenientes de zonas ajenas al TLCAN, principalmente de China; y, más que nada, la feroz transformación de la agricultura mexicana en un modelo centrado en la exportación de ciertos productos, y que ha representado un embate al autoconsumo y la seguridad alimenticia.

La oposición al TLCAN ha tenido que idear una forma de poner el tema migratorio en la mesa de negociaciones. El modelo de desarrollo que triunfó con el TLCAN parece ser asediado por el fantasma de un acuerdo migratorio con Estados Unidos. El TLCAN mostró sus límites cuando uno de esos opositores —Jorge Castañeda— lideró como canciller una propuesta por la enchilada completa: las negociaciones por un acuerdo migratorio, las cuales se tuvieron que abandonar intempestivamente tras los atentados del 11 de septiembre. En vez de acuerdo migratorio, lo que el TLCAN habilitó fue, en 2005, un sistema de cooperación en materia de seguridad fronteriza conocido como Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, y que desde entonces ha condicionado la política migratoria (además de las de asilo y refugio) de México a los intereses de seguridad de Estados Unidos.

Ante esta historia y sus particularidades, ¿se puede realmente decir que el no apoyar al TLCAN frente a los ataques de Trump –pero también los de Hillary Clinton o Bernie Sanders– significa estar en contra de los intereses mexicanos? En 2004, durante una ceremonia de graduación de Universidad Iberoamericana, escuché al principal negociador y quien era el secretario de Comercio y Fomento Industrial en ese entonces, Jaime Serra Puche, decir: “El maíz no era importante para las negociaciones del TLCAN.” Tal falta de autocrítica pone en evidencia el dogmatismo de nuestros negociadores internacionales, así como su alianza con un cierto modelo económico como verdad única. En muchos sentidos, la postura de Serra Puche recuerda al postulado de Margaret Thatcher: “There Is No Alternative” o TINA. Lo cierto es que sí hay alternativas, como lo demostraron las consultas, organizadas por organizaciones sindicales de los tres países del TLCAN bajo el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte sobre cuestiones como las pruebas de embarazo en las maquiladoras, la seguridad laboral y la libertad sindical, o también los paneles establecidos por organizaciones no gubernamentales bajo el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte respecto a la destrucción de los manglares, la protección de especies endémicas y la contaminación transfronteriza.

¿Malos mexicanos? Lejos de ello.

(Foto: cortesía de Daniel Rodriguez.)


Notas

[1] Ya desde 2008 tanto el actual Presidente Obama como la entonces secretaria de Estado y ahora candidata a la nominación demócrata Hillary Clinton se habían pronunciado en contra del TLCAN.

[2] La nota es de CBS, pero los comentarios de Trump fueron expresados originalmente en el programa 60 Minutes. Respecto a la posición de Trump frente a los acuerdos de libre comercio, se puede consultar esta nota.

[3] Por ejemplo, véase la nota de un reconocido profesor del Departamento de Economía del ITAM.

[4] Gaceta Parlamentaria del Senado de la República, miércoles 11 de septiembre de 1985, “Proposición en el sentido de que se realice un estudio sobre lo que implicaría iniciar negociaciones con el GATT”. Llama la atención que el reporte de los avances en la negociación presentado por el senador Miguel Borge Martín del 22 de octubre de 1985 solo fue interpelado por aplausos, según consta en la Gaceta Parlamentaria.

[5] Algunos sectores sociales y políticos canadienses también consiguieron importantes prerrogativas para sus industrias culturales, así como ciertas restricciones en función de su régimen político multicultural.

En defensa del pensamiento postkeynesiano

La economía, en su gran diversidad de corrientes de pensamiento, se puede simplificar en dos grandes grupos: los ortodoxos, que defienden el libre mercado y los beneficios de su autorregulación, y los heterodoxos, que defienden el papel del Estado como agente de desarrollo. El pensamiento económico ortodoxo se suele asociar con posiciones políticas de derecha, mientras que las escuelas heterodoxas se asocian con la izquierda, desde quienes abogan abiertamente por reemplazar al capitalismo por otro tipo de sistema y orden social –los marxistas, por ejemplo– hasta quienes plantean salvar al capitalismo de sí mismo –como John Maynard Keynes.

Justo hoy, cuando el pensamiento económico ortodoxo se plantea cómo el único camino posible para el desarrollo (incluso después de sus consecuencias sociales funestas en todo el mundo), es absolutamente necesario recuperar y repensar algunos de los postulados del pensamiento heterodoxo, en especial a la escuela postkeynesiana como una posible vía alterna de políticas públicas.[i] Con influencias marxistas, el postkeynesianismo propone una relectura y una expansión de la teoría keynesiana, que profundiza en temas y cuestiones que el economista inglés no estudió o no desarrolló completamente.[ii] El postkeynesianismo también, a diferencia de otras escuelas que igualmente dicen rescatar la obra de Keynes (el neokeynesianismo o la nueva economía keynesiana, por ejemplo), no suele incorporar categorías o teorías del pensamiento ortodoxo.[iii] Por el contrario: sus promotores tienen una abierta guerra contra las sugerencias de política económica y teoría ortodoxas. Principalmente argumentan que, al carecer de sustentos realistas, estas posturas llevan siempre a prescripciones de política pública que benefician a unos pocos. Esto, cuestionan, es lo que mantiene a la economía capitalista en una inestabilidad constante, proclive a crisis económicas y desigualdades, que colocan al mismo capitalismo en una tensión constante que puede llevarlo a su fin.

En este sentido, la escuela postkeynesiana (y el pensamiento keynesiano en general[iv]) tiene seis principios[v] basados en lo que considera una teoría realista, tanto para analizar la economía como para el desarrollo de políticas públicas:

  1. La producción y el empleo son determinados en el mercado de bienes, no en el de trabajo. Esto es, los niveles de empleo y de salario no se determinan por un supuesto equilibrio entre la demanda y la oferta de empleo: se determinan, más bien, por el nivel de la producción de la economía y la negociación salarial (entre los empresarios y los trabajadores).
  2. Contrario a lo que pregonan las políticas de flexibilización laboral, que sugieren que entre más barato sea la contratación de mano de obra las empresas emplearan más gente y esto disminuirá el empleo, existe el desempleo involuntario, lo que implica que, independientemente del nivel de salario, siempre existirá desempleo.
  3. Un incremento del ahorro no genera un incremento equivalente de la inversión. Incluso la causalidad es la inversa: es el nivel de inversión el que determina el ahorro total de la economía. En otras palabras, la falta de ahorro se debe a una falta de inversión de las empresas, no a que los consumidores no tengan una “cultura del ahorro”.
  4. Una economía monetaria es diferente de una de trueque. Razón por la cual la cantidad de dinero no es neutral en la economía: ésta afecta más allá del nivel de inflación, alterando los niveles de inversión y producción.
  5. La teoría cuantitativa del dinero se cumple solo en situaciones de pleno empleo y con una velocidad de circulación constante. En otras palabras, controlar la oferta monetaria para reducir la inflación es un caso especial, que solo sucede bajo situaciones muy remotas.
  6. El capitalismo está dirigido por el “espíritu animal” que determina las decisiones de invertir de los empresarios. Esto implica que muchas decisiones son tomadas irracionalmente. En este sentido, el caso del mercado financiero es importante, pues estos pueden llegar a ser dominados por especuladores que pueden provocar –como en el 2008– consecuencias desastrosas para la economía. No existen, entonces, “los mercados financieros eficientes”, sus valoraciones no reflejan toda la información disponible en el mercado.

Que estos principios no hayan sido popularizados para analizar el capitalismo no ha sido por falta de rigor teórico. De hecho, al igual que el marxismo en algunos momentos, la escuela postkeynesiana ha sido excluida sistemáticamente de la enseñanza de muchas universidades importantes en los países desarrollados, así como de otros espacios (revistas, congresos, etcétera) y del financiamiento académico, como explica King en Historia de la economía postkeynesiana desde 1936. [vi]

Por ejemplo, en su batalla contra las recetas monetarias (que abogaban por controlar la inflación, justamente, mediante la oferta monetaria) los postkeynesianos perdieron la guerra con el surgimiento de los bancos centrales independientes. Ya que con ello se bloqueó la coordinación entre la política monetaria (supeditada al mandato de controlar la inflación) y la política fiscal para la búsqueda de desarrollo y estabilidad económica. La crisis financiera de 2007 demostró de forma práctica que la política monetaria por sí misma era incapaz de conducir a la recuperación económica; no importa qué tanto disminuyeran las tasas de interés, los niveles de inversión no se recuperan automáticamente, por lo que se necesita elevar los niveles del gasto público (a esta situación Keynes la llamó “trampa de la liquidez”).

Aún más, la crisis financiera le dio nuevos bríos a uno de los planteamientos keynesianos. Porque el sistema financiero es inestable debido a la especulación y conduce a crisis cíclicas, debe ser intervenido por el gobierno continuamente, proponía Hyman P. Minsky en su “hipótesis de la inestabilidad financiera”.[vii] Minsky es el economista postkeynesiano más estudiado actualmente, pues su hipótesis explica finamente cómo el mercado financiero pasa de tener “empresas cubiertas financieramente” (es decir, empresas en las que pueden pagar todos sus deudas) a empresas con esquemas ponzi (empresas que no pueden cubrir el pago de capital ni de intereses de su deuda), las cuales son extremadamente frágiles y proclives a generar una crisis financiera. Esta teoría, por ejemplo, ayuda a explicar contundentemente cómo sucedió la crisis financiera del 2008 en Estados Unidos debido a los créditos hipotecarios y sus derivados financieros (inflados e imposibles de pagar), que acabaron generando un “momento Minsky” (una crisis financiera).[viii] Por lo anterior, el pensamiento de Minsky, además, ha sido recuperado y popularizado por diversos economistas convencionales, como Paul Krugman[ix] (uno de los economistas más leídos en la actualidad).

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Las izquierdas tienen mucho que aprender de 80 años de pensamiento económico postkeynesiano (si se toma como su inicio 1936, con la publicación de Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero de Keynes), de sus críticas y victorias ante la teoría económica ortodoxa, de las redes internacionales que construyeron y los espacios de conversación que crearon (por ejemplo, el Journal of Post Keynesian Economics).

Del mismo modo, es claro que las izquierdas requieren aprender de las derrotas que sufrieron los postkeynesianos y que han llevado a su marginación: de sus diferencias internas que los fragmentaron y debilitaron; de su encierro en pocos temas de la economía (principalmente en temas financieros); de los caballos de Troya que fueron los neokeynesianos[x] o los “keynesianos bastardos” (como Joan Robinson diría); de la pérdida de lugares en instituciones educativas y el gobierno y de las oportunidades desperdiciadas para transformar el paradigma dominante cuando la realidad económica los ha vencido.[xi]

Por igual, los postkeynesianos a nivel internacional tendrán a futuro que adaptarse rápidamente a las nuevas circunstancias y salir de su círculo construyendo puentes con otras disciplinas, como la ciencia política, la sociología o la psicología (algo que muchos economistas ortodoxos ya han hecho), y campos de estudio (como la sostenibilidad[xii]) para enriquecer su pensamiento.

Por ejemplo, un intercambio con la socióloga Saskia Sassen, en su reciente libro Expulsiones,[xiii] hubiera apuntalado su análisis del sistema financiero y su verdadera naturaleza,[xiv] sobre cómo la especulación financiera es parte inherente de éste y es la causa de su inestabilidad y sus eventuales crisis, crisis que han sido acentuadas por las políticas neoliberales actuales de desregulación. Los postkeynesianos tendrían así más (y mejores) argumentos a favor del control de la especulación financiera, teniendo en cuenta al fenómeno masivo de expulsión de la población (del sistema económico formal) y de la desposesión espacial de las personas (vivienda, suelo, etc.) que genera un sistema financiero desregulado.

Por otro lado, a nivel nacional, el postkeynesianismo –concentrado principalmente en la UNAM– requiere también salir, divulgar y dialogar con otras disciplinas, con la sociedad, con los medios, con las izquierdas nacionales y sus diversas agendas. Hay temas de enorme relevancia nacional, estudiados por postkeynesianos mexicanos, que merecen ser discutidos fuertemente y no aceptados ciegamente. Por ejemplo, las políticas de flexibilización laboral, muchas incluidas en la reforma laboral del 2012, que se basan en el principio ortodoxo de que el nivel de salarios entre más bajo sea, más incrementará el empleo y la “productividad”, cuando eso es falso debido a que en el capitalismo siempre existirá, según el postkeynesianismo, desempleo involuntario.

Hay que superar el paradigma de la ortodoxia económica y evitar que el pensamiento postkeynesiano termine siendo de nicho. La alternativa es permitir que la ideología del libre mercado continúe aplastando a las mayorías, mientras unos pocos se benefician y las desigualdades llegan a niveles extremos o que las crisis financieras continúen siendo recurrentes y los “rescates” financieros sistemáticos. Si la ortodoxia ya ha fracasado, necesitamos explorar otras alternativas.

(Foto: cortesía de Eugenio Hansen, OFS . y Gwydion M Williams.)


Notas y referencias

[i] Entre sus exponentes más destacados tenemos a Joan Robinson (alumna del mismo Keynes), Michal Kalecki, Piero Sraffa, Sidney Weintraub, Hyman Minsky, Paul Davidson, Nicholas Kaldor, Richard Kahn, entre muchos otros con presencia en Reino Unido, EUA, Australia, Canadá, Francia e Italia, principalmente. Además, dentro del postkeynesianismo existen subescuelas. Una clasificación y relación de los autores más importantes con los diferentes temas se puede consultar en: Lavoie, M., Post-Keynesian Economics. New Foundations (2014), Edward Elgar Publishing Limited, 680 pags.

[ii] Para una interpretación histórica de esta escuela véase: King, P.E, A History of Postkeynesian economics Since 1936 (2003), Edward Elgar Publishing Limited, 316 pags.

[iii] Aunque en sus inicios lo hicieron.

[iv] Thirlwall, A.P., “The Renaissance of Keynesian Economics” (1993), Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review 186, septiembre, pp.327-337.

[v] Estos tienen sus matices dependiendo del autor e incorporaran los temas del tiempo histórico: la inexistencia del equilibrio económico, la presencia de oligopolios (no libre competencia), las clases sociales, la incertidumbre, la endogeneidad monetaria (la cantidad de dinero no la determina el banco central), la rigidez de precios, el capitalismo como una economía dinero-crédito, la importancia de las instituciones, entre otros temas.

[vi] King, op. cit.

[vii] Minsky, H. P., The Finacial Inestability Hipotesis (1992), Working paper No. 74, The Jerome Levy Economics Institute of Bard College.

[viii] Whalen, C.J., “The US Credit Crunch of 2007: A Minsky Moment” (2007), Public Policy Brief No. 92, The Levy Economics Institute of Bard College.

[ix] “Did Hyman Minsky find the secret behind financial crashes?”, BBC News, 24 de marzo, 2014.

[x] Paul Davidson sostiene que el autonombramiento de Samuelson como keynesiano y la popularización del modelo ISLM como interpretación de Keynes fue un factor clave para la adopción de las ideas revolucionarias de Keynes por las corrientes principales de la economía. Davidson, P., “What was the primary factor encouraging mainstream economists to marginalize post Keynesian theory?” (2015), Journal of Post Keynesian Economics, Volume 37, Issue 3, pages 369-383.

[xi] King , op. cit.

[xii] Berr, Eric, (2015), “Sustainable development in a post Keynesian perspective: why eco-development is relevant to post Keynesian economics?”, Journal of Post Keynesian Economics, Volume 37, Issue 3, pages 459-480.

[xiii] Sasse, Saskia, Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía global (Katz Editores, 2015).

[xiv] Además de que hubiera podido comprender el papel del crédito y del multiplicador bancario, pues no se trata de que “los bancos tradicionales venden dinero que poseen” (Sassen, 2015:136).

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Ley de Zonas Económicas Especiales: privilegios sin desarrollo social

En la última semana de abril la empresa calificadora Moody’s declaró en medios de comunicación que la disparidad del ingreso en México “no es resultado de que los ricos sean más productivos, sino consecuencia de un sistema político integrado por un reducido grupo de privilegiados económicos y la clase política”. Coincidentemente, en la misma semana, se aprobó la creación de la Ley de Zonas Económicas Especiales (LZEE), la cual ofrece diversos privilegios a grandes inversionistas, so pretexto de reducir la pobreza y la desigualdad en las 10 entidades de mayor incidencia de pobreza extrema. Esta ley es muestra de que nuestros legisladores y especialistas siguen cautivos en el viejo paradigma del “goteo hacia abajo” –según el cual hay que privilegiar a la clase empresarial para que esta genere riqueza, que luego será distribuida a toda la sociedad a través del mercado–, cuyo fracaso es evidente no solo en el país sino alrededor del orbe.

La LZEE es una iniciativa del gobierno federal que tuvo más de treinta modificaciones en su paso por las cámaras legislativas y fue aprobada por mayoría. Aunque algunas de las modificaciones son positivas,[1] estas solo tienen carácter declarativo porque no fomentarán la creación de mecanismos concretos para promover el desarrollo social y ambiental, ni para sancionar los daños sociales o ambientales que pudiera derivarse de la operación de la zona. Lo que sí es concreto en la LZEE, y tiene certeza jurídica, es el extenso número de privilegios fiscales, aduanales, territoriales y de infraestructura –como puertos, aeropuertos y otros inmuebles públicos– que se otorgaran a los privados que decidan invertir en las zonas –privilegios de hasta por 80 años. Estos mecanismos son inadecuados para abordar el problema de la pobreza, además de que implican una carga extra para el erario público.

Los entusiastas de la LZEE parecen olvidar que los beneficios que otorgará el gobierno federal a los inversionistas no son gratis. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lleva una cuenta de gastos fiscales, en la cual contempla los recursos que el gobierno deja de recibir por los beneficios fiscales que otorga. Hasta ahora no sabemos a cuánto ascenderán los gastos fiscales de las ZEE. A este gasto hay que agregarle el costo de oportunidad, que no es otra cosa que el costo social de subsidiar la inversión privada con recursos que podrían usarse para el desarrollo de infraestructura social: escuelas, hospitales, transporte público, sanidad, etc.

Además del gasto fiscal y el costo de oportunidad, la ley propone que los gobiernos locales y el gobierno federal se coordinen para destinar gasto público al desarrollo social en las Áreas de Influencia de la Zona.

Pero, si el desarrollo social para reducir la pobreza y la desigualdad dependerá de la inversión pública, ¿cuál es el rendimiento social de otorgar beneficios a privados? La ley no generará incentivos para que el inversionista privado emplee trabajadores locales o nacionales, ni para que invierta en capacitación de capital humano y el desarrollo de infraestructura de servicios básicos. Tampoco generará incentivos para que el inversionista cree cadenas de valor en las áreas alrededor de la zona. Sin mecanismos para traducir los privilegios concedidos a los privados en mayor bienestar para las personas y comunidades más pobres del país, estamos frente a un gasto y política pública de tipo regresivo.

Algunos legisladores votaron a favor pensando que, sin importar el modelo, esta ley traería gasto público a las entidades federativas, lo cual en sí mismo se considera benéfico; no importa que se gaste mal, parecían concluir, lo importante es gastar. Otros legisladores esperan que la producción de riqueza se pueda redistribuir mediante el pago que los inversionistas privados harán al gobierno federal y a los gobiernos locales por concepto de contraprestaciones y otros derechos. Sin embargo, no queda claro de dónde viene este optimismo –si la ley consiste precisamente en exentar a los inversionistas de pagos al sector público.

El problema con esta ley es de fondo. Nuestros legisladores y especialistas insisten en diseñar e implementar iniciativas con base en paradigmas fallidos, como la teoría del “goteo hacia abajo”. Este modelo está presente en las consideraciones de la iniciativa del ejecutivo, según la cual hay evidencia empírica internacional que sugiere que en el mediano plazo existe una relación directa entre la tasa de crecimiento de las economías y los niveles de bienestar de la población. Por lo tanto, la pobreza y la desigualdad se explican por la falta de productividad, competitividad y, sobre todo, por la falta de incentivos al capital privado. Así, la prioridad del ejecutivo deja de ser la reducción de la desigualdad y la pobreza, y pasa a ser la promoción de inversión mediante beneficios y privilegios a grandes inversionistas. Desde esta perspectiva no es necesario desarrollar incentivos para redistribuir la riqueza que se genera en la punta de la pirámide, porque se confía en que los mecanismos de mercado trasladarán la riqueza –gota a gota– hacia los sectores más vulnerables.

Raymundo Campos y Gerardo Esquivel (2013) han demostrado que, cuando hay crecimiento económico, el ingreso de los muy ricos crece considerablemente más que el ingreso del resto de la población. Más aún, según los datos sobre la concentración de la riqueza en México publicados por OXFAM en 2015, el 10% más rico de la población concentra el 64.4% de toda la riqueza del país, y los cuatro principales multimillonarios mexicanos concentran el 9.5% del PIB nacional. Así se tiene que, si bien se genera riqueza, no hay evidencia del “goteo hacia abajo”, sino concentración de la riqueza y expansión de la pobreza.

Ante el evidente fracaso de la teoría del “goteo hacia abajo”, diversos economistas han explorado alternativas. El Premio Nobel de Economía Amartya Sen y Martha Nussbaum han argumentado[2] que el crecimiento económico es un pésimo indicador de bienestar, y que enfocarse en el crecimiento y la productividad oculta las verdaderas causas de la pobreza y la desigualdad. En esta misma línea, el premio Nobel James Heckman ha publicado investigaciones[3] en las que demuestra que la pobreza y la desigualdad empiezan desde las condiciones sociales y económicas que afectan la formación temprana del sistema cognitivo de los niños. Es decir, no es la falta de competencia la que genera baja productividad, bajo crecimiento y pobreza, sino la falta de una alimentación adecuada en la edad temprana.

De la misma forma, Jeffrey Sachs, economista asesor de los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas, ha afirmado[4] que para impulsar el comercio exterior, la productividad y el crecimiento económico se tienen que generar capacidades básicas en las zonas más pobres, tales como alimentación adecuada, acceso a servicios de salud, acceso a la educación primaria, accesos a infraestructura como sanidad, agua potable, electricidad y comunicaciones. Esta opinión coincide con un estudio del Banco Mundial de 2011, “Zonas Económicas Especiales: ¿qué hemos aprendido?”, el cual señala que, para asegurar el éxito de la nueva generación de ZEE, es fundamental pasar de la idea de promover beneficios fiscales y restricción de salarios a un enfoque que facilite un ambiente de negocios más efectivo que promueva competitividad de las empresas, integración con la economía local, innovación y desarrollo social y ambiental sustentable.

En suma, es urgente que cambiemos de paradigma. Para reducir la pobreza y la desigualdad primero hay que invertir en el desarrollo de capacidades mínimas en la base de la sociedad. Solo entonces las personas podrán tener la oportunidad de desarrollar un mayor potencial productivo y contribuir a la creación de bienestar.

La idea de utilizar las ZEE como instrumento para reducir la pobreza y la desigualdad podría ser innovadora, si se promoviera la participación activa de la empresa privada en el desarrollo humano de las regiones de mayor incidencia de pobreza extrema. Por ejemplo, se podrían establecer beneficios fiscales escalonados en función del desempeño de la zona en la reducción de la pobreza y la desigualdad en el área de influencia. Sin embargo, los equipos técnicos de BANOBRAS y la SHCP que participaron en el diseño y negociación de la ley consideran que contribuir a la reducción de la pobreza y la desigualdad no es función de la empresa privada. Esta es una visión de enclave bananero que considera que la empresa privada es meramente un ente extractor de rentas, la cual contrasta con un nuevo paradigma que concibe a la empresa como generadora de bienestar social –como es el caso de las empresas certificadas como socialmente responsables y las empresas sociales.

A pesar de la buena publicidad alrededor de la LZEE, esta ley no es un símbolo de innovación ni una promesa de un mejor futuro, sino la expresión legal de nuestra confianza en un modelo de extracción de rentas que (quizá) ayude al crecimiento económico, pero que a todas luces no generará bienestar social.

(Foto: cortesía de Idranx.)


Notas

[1] Se permite, por ejemplo, que la Comisión Nacional Indigenista, los representantes del sector social y privado y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) opinen y debatan, sin consecuencia, sobre el Plan de la Zona. Además, se propone incentivar la productividad mediante la creación de centros de capacitación, acceso a internet y encadenamientos productivos proponiendo tasas de 0% de IVA a proveedores nacionales y extranjeros de la zona, así como al sector extractivo. Pero se propone que esto se pague con recursos públicos mediante convenios entre municipios, entidades federativas y el gobierno federal

[2] Nussbaum, M. (2000), Women and Human Development: The Capabilities Approach, Cambridge: Cambridge University Press. Sen, A. (1999), Development as Freedom, New York: Knopf.

[3] Heckman, J. J., & Masterov, D. V. (2007). “The productivity argument for investing in young children.” Applied Economic Perspectives and Policy, 29(3), 446-493.

[4] Sachs, L. E., y Sach, J. D. (2010). “Realizing the Human Right to Health in Low-Income Countries.” En Freedom from poverty as a human right: economic perspectives, 169.

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Mundos del trabajo: ¿Cómo combatir la alienación? La propuesta de André Gorz

Con esta nota dedicada a las propuestas de André Gorz, concluimos nuestra serie sobre las tensiones y dinámicas del mundo laboral contemporáneo.

Exceso de trabajo libre de derechos laborales. Precarización y alienación. Obreros, oficinistas y trabajadores desorganizados. El panorama laboral que presenció en los ochenta el filósofo André Gorz (1923-2007) no es tan diferente del que encontramos, madurado, con el cambio de siglo. En Metamorfosis del trabajo (1988), sin embargo, advirtiendo la crisis que generarían las diversas transformaciones del mundo laboral, el filósofo austriaco nos dejó un programa alternativo.

Para Gorz, la “sociedad del trabajo” era una creación de la modernidad y la industrialización, es decir, un fenómeno político reciente. Si este sistema se ha minado de errores y contradicciones, escribió, hay que buscar no el abandono de los principales supuestos de la modernidad o de la Razón sino la autocrítica racional de estos. Su crítica pretende una racionalización de la razón y una modernización de la modernidad para influir en el curso histórico de la “sociedad del trabajo”.

Gorz notaba dos cualidades generales del mundo laboral contemporáneo. Primero, que la característica principal del trabajo

[…] es la de ser una actividad en la esfera pública, demandada, definida, reconocida como útil por otros y, como tal, remunerada por ellos. Por el trabajo remunerado (y más particularmente por el trabajo asalariado) es por lo que pertenecemos a la esfera pública, conseguimos una existencia y una identidad sociales (es decir, una “profesión”), estamos insertos en una red de relaciones e intercambios en la que nos medimos con los otros y se nos confieren derechos sobre ellos a cambio de nuestros deberes hacia los mismos.

Y, segundo, que:

La extensión del campo de la racionalidad económica, hecha posible por las economías de tiempo de trabajo, conduce a economías de tiempo incluso en unas actividades que, hasta entonces, no eran consideradas como trabajo.

En el presente, el trabajo es una necesidad pública que nos define: la empresa, mediante el trabajo, configura la identidad personal. Y la racionalidad económica –un tipo de racionalidad que exige que las cosas, las cualidades y los hechos sean medibles y comparables– ha invadido todas las esferas de la sociedad: la racionalidad de la empresa ha impuesto, por ejemplo, un nuevo tipo de tiempo que configura toda la concepción de tiempo del trabajador. Trabajo, luego existo. El trabajador contemporáneo se encuentra confundido, fragmentado, argumentaba Gorz, por este “divorcio de racionalidades”:

Esta escisión del sistema social y este divorcio entre racionalidades diferentes engendran la fragmentación de la vida de los propios individuos: [porque] la vida profesional y la vida privada están dominadas por unas normas y unos valores radicalmente distintos.

Ante este contexto, Gorz propuso un programa específico. Es posible corregir esta crisis y escapar de la cárcel de la alienación si se defienden dos propuestas.

1. Reducir el tiempo de trabajo de todos, en toda la economía:

Por primera vez en la historia moderna, el trabajo pagado podrá, pues, dejar de ocupar la mayor parte de nuestro tiempo y de nuestra vida. La liberación del trabajo llega a ser por vez primera una perspectiva tangible. Pero no hay que subestimar lo que esto implica para cada uno de nosotros. La lucha por una reducción continua y sustancial del tiempo del trabajo pagado supone que éste deja progresivamente de ser la única o incluso la principal ocupación de nuestra vida. Deberá dejar de ser nuestra principal fuente de identidad y de inserción sociales. Unos valores distintos de los valores económicos, unas actividades distintas de las que –funcionales, instrumentales, asalariadas– nos imponen los aparatos e instituciones sociales, deberán llegar a ser dominantes en la vida de cada uno.

Esta mutación de la sociedad y de la cultura exige de cada persona un trabajo sobre sí misma al cual puede ser incitada pero que ningún Estado, gobierno, partido o sindicato puede hacer por ella. Exige que nosotros encontremos a la vida otro sentido que el trabajo pagado, la ética profesional, el rendimiento, y también que cobren importancia unas luchas distintas de las que tienen como contenido la relación salarial. El conjunto de estos cambios culturales es de una tal magnitud que sería vano proponerlos si no fueran en el sentido de una mutación ya en curso.

2. Establecer un ingreso mínimo individual:

Cuando la economía requiere cada vez menos trabajo y, para un volumen de producción creciente, distribuye cada vez menos salarios, el poder adquisitivo de los ciudadanos y su derecho a unos ingresos no pueden depender ya de la cantidad de trabajo que lleven a cabo. El poder adquisitivo distribuido debe ir en aumento, aunque la cantidad de trabajo requerida vaya disminuyendo. La importancia de la renta real distribuida y la importancia del trabajo efectuado deben llegar a ser independientes el uno de la otra, sin lo cual la producción no encuentra suficientes compradores y se agrava la depresión económica. La cuestión que se plantea a todos los Estados industriales no tiene por objeto el principio sino las condiciones de una distribución de ingresos independiente de la evolución de la cantidad de trabajo requerido en la economía.

Reducir el tiempo de trabajo para autodefinirse. Redefinir la soberanía de la racionalidad económica para recuperar cada espacio vital: el tiempo, la identidad, nuestra propia moral. Despedir a la empresa de la vida misma:

El tiempo consagrado a la música, al amor, a la educación, al intercambio de ideas, a la reconfortación de un enfermo, a la creación, etc., es el tiempo de la vida misma, no tiene un precio al que pueda ser vendido o comprado. La expansión del tiempo de la vida y la reducción del tiempo dedicado a los trabajos necesarios o con finalidad económica han constituido una meta constante de la humanidad.


Selección: Jorge Cano.

Foto: How To Dress Well – “Lover’s Start”.

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Siete materiales para repensar el trabajo

Con esta selección dedicada a las nuevas formas de trabajo inmaterial y colectivo, continuamos nuestra serie sobre las tensiones y dinámicas del mundo laboral contemporáneo.

Un fantasma recorre Europa: el fantasma del trabajo repolitizado. La #NuitDebout así lo testifica: contra la Ley del Trabajo y sus reformas neoliberales, surgen en Francia acampadas, huelgas y movilizaciones. Las protestas se extienden rápidamente por Europa. Y duran toda la noche, varias noches, más de la cuenta. ¿Qué falló en el chantaje de la crisis? Ante la precariedad y el desempleo, ante la amenaza del desahucio, los ciudadanos deberían aceptar lo inaceptable: empleos clandestinos, mal pagados o temporales, despidos a la carta y horas extra no remuneradas. Pero las protestas masivas han dicho que NO, no va más la servidumbre voluntaria.

En México, el escenario es desalentadoramente distinto. Bajo la aplanadora del Pacto por México, la reforma laboral se aprobó, junto con otras reformas estructurales, sin contratiempos en las calles. Los maestros y estudiantes en resistencia han sido reprimidos, perseguidos o desaparecidos. El trabajo esclavo se extiende por el territorio, desde San Quintín hasta las armadoras de Mazda, en Salamanca, Guanajuato, donde los empleados se convulsionan por las arduas jornadas laborales. Mientras tanto, la apología de la productividad, la rentabilidad y la competencia, valores cumbre del régimen neoliberal, se extiende como letanía en los medios, la escuela, la conversación de los taxistas, ForoTV. Es urgente repolitizar el trabajo en la geografía devastada por la necropolítica. Es imprescindible discutir públicamente su violencia actual, reactivar la potencia de la autoorganización, entender las formas en que el capitalismo posfordista reconfiguró la producción a través de una doble estrategia: trasladando, por un lado, la fábrica tradicional hacia regiones donde no hay movimiento obrero, donde prevalecen gobiernos autoritarios, mano de obra barata y trabajo esclavo (desde China hasta Honduras, pasando por Ciudad Juárez), y, por otro, extendiendo el trabajo inmaterial en las metrópolis informatizadas donde el cerebro social, lo que Marx llamó el general intellect, ya no es sólo conocimiento técnico para producir máquinas que aceleren la producción, sino la retícula verbal de una multitud de sujetos (ustedes que leen esto, yo que lo publico en internet) a través de los nuevos dispositivos técnicos. En la economía de la información la jornada se prolonga indefinidamente y la comunicación se integra a los flujos del capital.

Desde Paul Lafargue y su panfleto antilaboral, hasta las reflexiones de Franco Berardi Bifo sobre el giro lingüístico de la producción contemporánea, esta selección recoge una serie de ensayos, videoinstalaciones y documentales que articulan una crítica del trabajo como forma de explotación. Pero también quisiera ser una cartografía de las sensibilidades emergentes a partir de las cuales el trabajo colectivo nos permite imaginar hacia dónde dirigirnos si queremos descubrir otras formas de relación, convivencia y producción. ¿Quiénes salieron a tomar las calles este primero de mayo? En sentido estricto, tendríamos que salir todos, todas las semanas, pues la fábrica social se extiende hoy hacia todos los aspectos y esferas de la vida.


  1. Paul Lafargue, El derecho universal a la pereza.

No trabajes más de cuatro horas diarias. Esta es la consigna detrás de uno de los primeros panfletos de rechazo al trabajo de la era moderna, que contagió con su impulso incendiario la obra de Bob Black (La abolición del trabajo) o los manifiestos del grupo Krisis. Escrito como refutación del Derecho al trabajo de Louis Blanc (1948), la diatriba de Lafargue, yerno de Marx, señaló tempranamente la crisis de sobreproducción como una de las contradicciones fundamentales del capitalismo que sólo la reducción de la jornada laboral y la ética del ocio podrían revocar.

  1. Franco Berardi Bifo, La fábrica de la infelicidad.

¿Qué mutaciones económicas y políticas han surgido a raíz de las nuevas economías de la información? ¿Qué ideología subyace a la revolución digital? En este libro, el activista y teórico italiano, Franco Berardi analiza el surgimiento y colapso psíquico del cognitariado, una nueva clase laboral, productora de bienes inmateriales, que nutre al capitalismo posfordista o semiocapitalismo, cuyo motor principal es la producción recombinante de signos en la red.

  1. Harun Farocki, Workers leaving the Factory (videoinstalación) | Hito Steyerl, “¿Es el museo una fábrica?”.

A lo largo de once años el cineasta y artista alemán, Harun Farocki, recopiló diferentes versiones cinematográficas de obreros saliendo de la fábrica, desde la versión muda original de Lumière, hasta material de vigilancia contemporánea. ¿A dónde van los obreros cuando abandonan la fábrica? La extraordinaria instalación de Farocki formula esta y otras preguntas, proseguidas años más tarde en “¿Es el museo una fábrica?”, un ensayo donde la artista y crítica Hito Steyerl advierte las marcas simbólicas del primer éxodo obrero de los modos de producción industrial. (Puede verse también el proyecto de Antje Ehmann y Harun Farocki: Labor in a Single Shot.)

  1. Marcelo Expósito, Brian Holmes, Gerald Raunig y Darío Corbeira (Eds.), Brumaria 7. Arte, máquinas, trabajo inmaterial.

Una amplia monografía dedicada a rastrear los vínculos entre las prácticas artísticas, la micropolítica y los cambios radicales en el concepto de trabajo a partir de su desmaterialización digital. Con ensayos de Maurizio Lazzarato, Judith Butler o Néstor Perlongher, así como las experiencias de los Iconoclasistas, Compartiendo Capital y otros colectivos artísticos, esta publicación expone las relaciones que en los últimos treinta años han sostenido los movimientos sociales y las prácticas creativas, para intervenir en ese territorio que hoy se encuentra en disputa: la fábrica de las subjetividades contemporáneas.

  1. Mark Achbar, Jennifer Abbott y Joel Bakan, The Corporation.

Uno de los documentales paradigmáticos del siglo xxi, dedicado a cartografiar el advenimiento de las corporaciones multinacionales como instituciones dominantes, investidas de un poder sin límites cuyas consecuencias laborales, ambientales y políticas son ya devastadoras. Desde mi perspectiva, debería proyectarse en todas las escuelas del orbe.

  1. Marcelo Exposito, La potencia de la cooperación / Diez tesis sobre el arte politizado en la nueva onda global de movimientos.

La práctica del artista Marcelo Exposito se extiende a la teoría crítica, la investigación militante, la edición, la docencia y el activismo, campos que no considera excluyentes o separados, sino como parte de procesos de cooperación y cambio colectivo más amplios. Son esos procesos de lucha en los que escarba precisamente en este decálogo.

  1. Cooperativa Cráter Invertido, Tequio / Trabajo Colectivo.

¿En qué espacios se construyen hoy las alternativas a la producción neoliberal? Como parte de una investigación y puesta en común de las herramientas necesarias para una vida cooperativa, este documental se interna en la práctica del trabajo comunal o tequio de cuatro cooperativas de la costa oaxaqueña.

(Foto: cortesía de Krista.)


Esta selección, dedicada al trabajo, es la primera de una serie llamada “Siete”. A lo largo de varias semanas, nuestros autores propondrán catálogos de materiales para comprender y debatir los problemas más urgentes de la realidad contemporánea.