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¿Las horas más oscuras para la transparencia?

Decía Winston Churchill que «dificultades dominadas son oportunidades ganadas». Y eso es lo que la Asamblea Legislativa tiene frente a sí con el proceso de selección de los comisionados del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México (CDMX): la ocasión para dominar las dificultades e irregularidades que se han vivido en el proceso y transformarlas en la oportunidad de darle a la ciudad un instituto fuerte, ciudadano y, sobre todo, independiente. O la ocasión para no hacerlo así y repartirse las posiciones en el instituto por el método de cuotas y cuates.

En el marco de la integración del Sistema Anticorrupción de la CDMX, la Asamblea Legislativa tiene la tarea de seleccionar a los comisionados ciudadanos que integrarán el nuevo Pleno del Instituto de Transparencia. Y es claro que lo mejor para la ciudad es contar con las personas más capacitadas y autónomas, pues esas cualidades les darán la legitimidad para defender los derechos de los ciudadanos frente a las autoridades.

Pero la tentación para no hacerlo así es grande, porque lo que está en juego es la posibilidad de exigir rendición de cuentas al gobierno que sale y al que llegará a finales del 2018. Si los comisionados son un verdadero contrapeso ciudadano, los capitalinos tendremos la certeza de que están ahí para combatir la corrupción sin proteger a nadie. Si los comisionados no son independientes o no conocen el tema a fondo, acabarán por hacer comparsa al gobierno y no ponerse del lado de los ciudadanos, porque responderán a la lealtad generada por el proceso de designación, que no es para con el interés público, sino para con aquellos que los apadrinaron.

Ese es el problema fundamental detrás del proceso de designación: si estará encausado a generar un pacto de protección entre los designadores y los designados —mediante la selección de perfiles cercanos a los asambleístas— o si se centrará en elegir a los mejores perfiles independientes que verdaderamente combatan la corrupción.

Hasta ahora el proceso ha sido muy accidentado. Primero por la apertura de una convocatoria durante solo unas horas en víspera de Navidad, decisión cuestionada por veinticuatro organizaciones de la sociedad civil. Luego, por la falta de claridad sobre el proceso de entrevistas, cuya realización se aprobó hasta el 12 de enero, día del cierre de la convocatoria. Y ahora por la ampliación del plazo para recepción de solicitudes de personas del género femenino, en razón de que «solo un tercio de las candidaturas originales son mujeres», lo que alimentó la desconfianza de las mismas participantes que sí cumplieron con la fecha límite original y de la sociedad civil, que se pronunció contra esta ampliación en una carta firmada por más de ciento cincuenta organizaciones el pasado 26 de enero.

Sin embargo, también hay señales muy positivas que indican que hay quienes quieren fortalecer el proceso. La Comisión de Transparencia ha enmendado en el camino al otorgar un plazo razonable a los candidatos para presentar sus documentos tras el cuestionamiento de la sociedad civil. También al celebrar entrevistas públicas y transmitirlas por internet. Y ahora al convocar a un foro con la ciudadanía para discutir las virtudes que deben tener los próximos integrantes del instituto y del Sistema Local Anticorrupción. Los diputados dentro de la Comisión de Transparencia se han manifestado públicamente defendiendo el proceso, y sus acciones muestran que su compromiso con la imparcialidad del mismo ha crecido conforme este ha avanzado.

Pero el asunto trasciende a la Comisión de Transparencia —la facultada legal para conducir el proceso—. El Pleno de esta última Legislatura del Distrito Federal tiene en sus manos la votación final para designar a los comisionados. ¿Votarán por un instituto de verdad ciudadano e independiente de la propia Asamblea? ¿O sucumbirán ante la tentación de las cuotas y los cuates? El problema que subyace a estos cuestionamientos es que los incentivos de los asambleístas son elegir a comisionados que puedan proteger sus intereses ante un escenario de incertidumbre política por las elecciones del 2018, mientras que el interés de la ciudadanía debe ser contar con comisionados que den la batalla contra la corrupción, sin importar el partido del gobierno que sale y que entrará a finales de año.

¿Por qué los asambleístas tienen incentivos para elegir y repartir bajo el criterio de cuotas y cuates? Primero, porque pueden. Nadie los va a castigar por no guiarse bajo los principios de imparcialidad e independencia política que establece la ley para el proceso de selección. Segundo, porque no hay un vínculo real entre ellos y los intereses de sus representados, debido —entre otras cosas— a la reciente implementación de la reelección legislativa en México. Tercero, porque sus carreras políticas no dependen de esta decisión ni de la aprobación o reacción que ella genere en los electores; al contrario, dependen más de las lealtades dentro de sus partidos políticos, para los que el sistema de cuotas y cuates es más funcional.

Aun a pesar de estos incentivos y de lo accidentado del proceso debe ser posible que los legisladores integren un Info CDMX independiente y ciudadano, pero, ¿cómo lograrlo?

Como dijo también Churchill, el precio de la grandeza es la responsabilidad. Si una mayoría dentro de la Asamblea quiere entregarle a la CDMX un instituto que sea un contrapeso real y un espacio para la ciudadanía, deberá actuar con responsabilidad designando como comisionados ciudadanos solo a aquellas siete personas que cumplan con el criterio de independencia política y que conozcan el tema a cabalidad, con experiencia probada. Además de ser transparentes y rendir cuentas respecto al proceso de selección.

¿Cómo rendir cuentas sobre su decisión? Si se publican las calificaciones de las entrevistas hechas a los candidatos y se justifican los criterios que les llevan a la elección de unos por encima de otros —¿equidad de género? ¿Especialización en datos personales vs. transparencia?— en caso de haber más de siete candidatos con evaluaciones estelares. Si se incorporan las opiniones de la sociedad civil en el foro del 3 de febrero de manera sistemática, traduciéndolas en parte de su decisión. Si se propicia que la discusión del dictamen en la comisión sea transparente, con calificaciones y expedientes en mano. Si se genera un debate amplio en el Pleno de la Asamblea, donde se presenten las credenciales y se justifique la independencia política de cada comisionado designado.

Todo esto no siempre es suficiente para asegurar la selección de los mejores perfiles, pero sin estas condiciones de transparencia en el proceso, se elegirán comisionados que acabarán por doblar las manos ante la corrupción y el mal gobierno, porque serán representantes de los intereses de quienes los eligieron y no de la ciudadanía.

Alcanzar este nivel de transparencia en el proceso es difícil en un país en el que la confianza en las instituciones es muy baja, y las decisiones importantes se toman tras bambalinas. Pero si esta Asamblea se ha envuelto en el lema de «Parlamento Abierto», debemos exigir que actúen en consecuencia, que den pasos en esa dirección.

Como participante en el proceso digo algo que muchos ciudadanos no se atreven decir —no sin motivos—: confío en las instituciones y confío en la Asamblea. Creo que las señales positivas que ha dado la Comisión de Transparencia, su oposición a la decisión de la Comisión de Gobierno para ampliar la recepción de solicitudes y las declaraciones públicas de múltiples asambleístas exigiendo que el proceso se lleve a buen término son un signo de que no todos dentro de la Asamblea son parte del pacto de las cuotas y los cuates. Los diputados que participaron en las entrevistas: Dunia Ludlow, José Suárez del Real, Gabriel Corchado y Ernesto Sánchez —todos de diferentes partidos— han impulsado de manera activa el mejoramiento del proceso, reconociendo sobre la marcha que se requiere blindarlo de cualquier injerencia motivada por consideraciones políticas, mediante la elección de solamente a los mejores perfiles. Ahí está la diputada Ludlow —con un consistente historial en favor de la transparencia—, cuestionando la legalidad del acuerdo de la Comisión de Gobierno que reabrió la recepción de candidaturas. Ahí está el diputado Suárez del Real llamando para que ese acuerdo se declare inválido y se elija considerando solamente a los candidatos originales. Ahí está el diputado Sánchez aceptando el acuerdo de la Comisión de Gobierno por respeto a las reglas, pero reconociendo que de fondo hace más turbio el proceso. Y ahí está el diputado Fernando Zárate, que aun sin ser parte de la comisión ha sido muy vocal en contra de las decisiones que han enturbiado el proceso.

En este escenario que evidencia las luces y sombras dentro de la Asamblea varios aspirantes ciudadanos nos atrevimos a participar desde la independencia política, sin el padrinazgo de un partido o de un diputado. En mi caso, participé en el proceso porque creo que estos espacios deben ser recuperarados por parte de la ciudadanía y que solo participando lo vamos a lograr. Confío en que los asambleístas —una mayoría de ellos— decidirán pensando en el bien de la ciudad y que todos los participantes tendremos claridad de que se tomó la decisión correcta, seamos o no designados. Pero, sobre todo, confío en que la ciudadanía mirará a los comisionados y sabrá que están ahí para defender sus derechos y no para proteger intereses de nadie más, ni solo para ocupar una plaza y cobrar un sueldo del erario.

El acceso a la información y la protección de datos personales son dos de los grandes legados de la transición democrática en México. Hay que defenderlos. De la decisión que la Asamblea tome dependerá la capacidad que los ciudadanos tendremos de exigir cuentas al gobierno saliente este año y al que sea que llegue después de las elecciones. La capacidad que los ciudadanos tendremos de asegurar que nuestros datos personales sean protegidos y no mal utilizados. La capacidad de tener una institución nuestra, que combata a los corruptos, que defienda nuestro derecho a saber, que obligue a los gobernantes a rendirnos cuentas. Si no contamos con una institución así, corremos el riesgo de que la información que documenta casos de corrupción sea ocultada, de que nuestros datos personales sean utilizados para fines electorales y de que los funcionarios del gobierno se sepan protegidos por comisionados a modo que les cuidarán las espaldas.

La sociedad civil debe seguir vigilando este proceso y hacer que el costo de las cuotas y los cuates sea impagable para quienes quieren optar por esa salida, como lo hicieron con la carta publicada el 26 de enero. Los participantes en el proceso debemos exigir claridad, certeza jurídica y completa y absoluta transparencia sobre la decisión adoptada. Los ciudadanos deben entender que lo que está en juego son sus derechos y participar, acudiendo a las redes sociales y contactando a sus representantes. Si no queremos que se vivan las horas más oscuras para la ciudad, demos vigilar y actuar. Porque como dijo Churchill, «no es tiempo para la comodidad y facilidad. Es tiempo de atreverse y de resistir». Los próximos días serán cruciales: ni la sociedad civil ni los participantes en el proceso, ni los ciudadanos debemos despegar los ojos de la importante decisión que la Asamblea está por tomar. Es tarea de todos.

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19s: memoria crítica de un terremoto social

Nací gracias al gran terremoto mexicano. El desastre natural más mortífero en la historia del país —tres mil ciento noventa y dos muertos, según las cifras oficialistas; aunque organizaciones civiles sugieren una veintena de miles— rompió la fuente de mi madre y me trajo a la vida el 20 de septiembre de 1985, pocos minutos antes de una réplica que terminó de asentar los escombros y de sumir a la población en una amalgama de histeria y solidaridad. En el 32 aniversario de aquel gran sismo, vi alzarse la tierra con el crujir de mil huesos, vi el balanceo de cables eléctricos y vi desplomarse la frenética rutina urbana del chilango, ese habitante urbano que gana su título cuando aprende a sortear con desparpajo los sufrimientos de una ciudad de veinte millones de personas.

Mi generación creció con el signo del temblor. Cada septiembre, homenajes y simulacros, historias familiares y especiales televisivos antecedían mi cumpleaños. Nunca me molestó, aunque siempre sentí que aquella fecha no era solo mía, y en algún momento me mostraría una tarea que, muchos años después, llegaría a ver con un poco de claridad: dar cuenta del contraste tectónico de México, el choque entre la organización de su población y las políticas de sus gobiernos.

Septiembre tiene un halo apocalíptico. Después de las fiestas patrias, aquellas fiestas de reconciliación en las que la pirotecnia parece callar con su ruido los conflictos del país, y mientras se acercaban los actos oficiales para recordar la  fecha zero, era común escuchar comentarios de este tipo: «ya se está pasando el tiempo de aquel que estábamos esperando». Finalmente tembló. Y dos veces, como en aquel año que marca el surgimiento de la generación millennial en México.

Los sismos de septiembre en nuestro país mostraron quién es quién. Si Apocalipsis significa ‘revelar’, la juventud mexicana mostró su compromiso; aunque las autoridades también mostraron su rostro junto a los aliados en las corporaciones de medios. La búsqueda televisada de una niña «que nunca estuvo ahí» exhibió a corporaciones de medios, en quienes esta generación no confía a raíz de la crítica hecha por el movimiento estudiantil #Yosoy132, contemporáneo del 15M, Occupy Wall Street y las revoluciones árabes.

No sé si mi generación estaba «preparada» para este desastre. Pero esta última semana he llegado a pensar que teníamos inscrita en una memoria oculta, como un reflejo, la respuesta y el modo de actuar. Tampoco sé si los números digan que este es el gran terremoto que esperábamos, pero al menos es el movimiento que a jóvenes de esta generación nos arrojó a la calle: «si mi familia fue rescatista del 85, ahora me toca a mí».

El sismo de 8.1 grados que azotó el 7 de septiembre los estados sureños de Oaxaca y Chiapas dejó una larga grieta hasta la Ciudad de México. Para los chilangos fue una advertencia.

Durante los festejos patrios viajé a Oaxaca y Chiapas como parte de una brigada de entrega de acopio. Desde Ixtepec hasta Tonalá vimos pueblos quebrados, camiones y camiones desfilar retacados de escombros, decenas de familias durmiendo a la intemperie, tejas y adobe sobre el suelo recubierto y constantes quejas por el uso discrecional de las despensas. En el sureste mexicano las cifras del gobierno hablan de noventa y ocho muertos, y al menos dos millones quinientos mil personas afectadas.

Un día después de regresar de la brigada, a treinta y dos años del gran terremoto de México, acaso una hora después del simulacro anual, le tocó caer a la capital mexicana. Cables, casas, grietas; polvo, alarmas, gritos; manos, botes, puños. El ombligo del país, integrado por el Estado de México, Puebla y Morelos, entró en una vorágine palpitante. Al escuchar en la radio sobre las primeras víctimas tomé cuaderno, pluma, tableta, y salí. Era una decisión con el razonamiento ya expuesto: «Debo ver lo que nuestros antecesores vieron». En una lista de lugares afectados hecha por internet elegí Chimalpopoca esquina con Simón Bolívar, en la colonia Obrera.

Nada, ninguna entrevista ni documental del terremoto se asemeja a ver esto con los ojos. Una brigadista de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México me dijo cinco días después: «por más que nos lo cuenten, vivirlo es totalmente distinto». Mientras escribo miro la cifra de trescientos trentaiún muertos y más de cien desaparecidos, decenas de edificios, centros de trabajo y casas destruidas o a punto de colapsar.

No sé cuántas horas pasé en Chimalpopoca, cuántos botes repletos de escombro vi pasar, cuántas veces alzamos el puño y guardamos silencio ante el toque débil de manos en las paredes. A cuentagotas fluyó la información: mujeres trabajadoras atrapadas, colapso en pocos segundos, la sociedad civil fue la primera en reaccionar. El terremoto de 1985 con todos sus fantasmas y sus fuerzas se nos venían encima.

 El colapso del PRI

Hace dos años escribí un reportaje titulado: «1985, a 30 años del terremoto que derrumbó al PRI en la Ciudad de México». A partir de entonces miro los sismos como una lucha de fuerzas encontradas. Ninguna termina de vencer a la otra.  En un lado, se encuentran los momentos colectivos, la solidaridad masiva, la creación de diversas formas de autonomía. En el otro: la rapiña, el botín político, los relatos oficiales.

Al acercarme a la calle Simón Bolívar después del terremoto, encontré una hilera de antimotines dedicados a detener la entrada a personas que quisieran acercarse en solidaridad. Me colé junto con un amigo empujando un carrito de supermercado repleto de tortas. En México hay que engañar al Estado para responder ante una emergencia. Esa es también una lección aprendida en carne propia y recordada por las anteriores.

En 1985 el presidente Miguel de la Madrid tardó dos días en dar una respuesta a la población; además, rechazó la ayuda internacional. El Estado quedó pasmado ante las decenas de miles de personas que minaban, inconscientemente, el viejo control del partido que hegemonizó la política mexicana en el siglo XX.

Después de la movilización estudiantil reprimida el 2 de octubre de 1968 en el barrio de Tlatelolco, ninguna otra movilización tuvo gran fuerza como la de 1985. El cronista mexicano Carlos Monsiváis llamó a este esfuerzo «el despertar de la sociedad civil». Para los integrantes de la Unión de Vecinos y Damnificados 19 de septiembre, fue una «insurgencia social». De acuerdo con un informe del Banco Mundial, cerca de doscientas cincuenta mil personas que quedaron sin casa y novecientas que tuvieron que salir de sus hogares. Esta cifra astronómica fue realmente la potencia de la marea organizativa que estaba por venir.

Con estas personas surgió el futuro movimiento urbano popular, de las asambleas barriales y del movimiento de damnificados. Sus demandas colectivas no trascendieron en el relato oficial, pero las asambleas organizadas en colonias de Tlatelolco, Roma, Doctores, Guerrero pusieron en evidencia el sistema de construcción, el modo de ayuda clientelar y la reconstrucción arbitraria. Su memoria se encuentra en la calle.

Esta vez el cuestionado gobierno de Enrique Peña Nieto, quien tenía 16% de aprobación al comenzar el año, intentó, mediante un enorme aparato de comunicación social, mostrarse como protagonista de los rescates. En sus mensajes al país, el Ejecutivo parece decir: «donen y déjenme el problema». Pero esta generación muestra con sus acciones que el rescate y la reconstrucción intentarán transitar por la vía de la autonomía. Con el paso de las horas, la población levantó albergues no gubernamentales en toda la capital y comenzaba a distribuir cosas fuera de los canales oficiales.

La creación de plataformas independientes, de diversos mapeos con geolocalización de zonas afectadas hechas por activistas digitales y por la propia población son canales independientes de participación. Como pocas veces, campañas como #RescatePrimero o plataformas como Verificado19s fueron tejidas en red y ocuparon el territorio; mezclaron así la actividad cibernética con la solidaridad en la calle. Gracias a la organicidad del activismo en internet y los recorridos de calle surgió el nombre/hashtag #19s.

Algunos analistas tanto de derecha como de izquierda hablan de esta reacción como una sorpresa. Pero el movimiento #Yosoy132 y el de Ayotzinapa presentaron todas estas características anteriormente. Fueron multidisciplinarios, creativos, autogestivos y en red a largo plazo. Todas, todos, colocaron sus diversas habilidades y encontraron su lugar.  Una joven activista del pueblo zapoteca de Oaxaca escribió ahora en Twitter: «lo que estamos haciendo se llama Anarquía».

Como con aquellos movimientos, la autoridad fue vilipendiada. El presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el gobernador de Morelos y otros políticos fueron encarados durante sus visitas a lugares del sismo: «¡Ensúciate las manos, cabrón!», le reclamaron a Chong en la calle de Chimalpopoca. «Agarre una pala» dijeron a Peña Nieto habitantes de Joquicingo, Estado de México.

Hay una fotografía de 1985 en la que el escudo del PRI se ve resquebrajado, a punto de colapsar. Cuando escribí el reportaje, vecinos organizados me dijeron que su movimiento significó la auténtica caída electoral del partido hegemónico. Del terremoto del 7 de septiembre emerge una imagen: en el devastado pueblo de Unión Hidalgo las oficinas del PRI muestran, de nuevo, su escudo roto.

Nuestros cuerpos no son escombros

«El día del derrumbe», un cuento de Juan Rulfo, muestra el diálogo entre un par de hombres que recuerdan la visita de un gobernante a un pequeño pueblo después de un sismo: «cuando la tierra se pandeaba todita como si por dentro la estuvieran rebullendo». La visita exhibe la verborrea del discurso oficial y termina convertida en riña de borrachos. La fecha del temblor rulfiano estremece: entre el 18 y el 21 de septiembre. El cuento fue publicado en 1953. Hoy es difícil encontrar un lugar donde reciban con una fiesta a cualquier autoridad después de un sismo.

México pierde cada vez más su solemnidad patriota y septiembre se ha convertido en un mes problemático, especialmente desde hace tres años. Este país no puede pensar en sus saturados festejos sin la sombra de la desaparición forzada de cuarenta y tres estudiantes rurales en el estado sureño de Guerrero, acaecida el 26 de septiembre de 2014. Aquella madrugada un comando de policías municipales intercepta a cinco camiones ocupados por estudiantes en el estado de Iguala. Tres mueren. A cuarenta y tres de ellos no se les vuelve a ver. Desaparecen.

Desde entonces, el día 26 de cada mes la principal avenida del país, Paseo de la Reforma, alberga la marcha de quienes siguen buscando con vida a los jóvenes. Reconstruir la verdad se convirtió en un camino transitado por miles. Durante los mítines mexicanos los colores rojo y verde que flanquean la bandera nacional son pintados de negro.

A tres años de lo que diversos sectores de la sociedad llaman un crimen de Estado, una caminata silenciosa recorrió Reforma.

Esta arteria conecta con varias de las colonias afectadas por el sismo: Roma, Condesa, Juárez, Cuauhtémoc. Las calles han cambiado. La desaparición en México muestra ahora otra vertiente. A las más de treinta mil personas desparecidas de México se suman los cuerpos de obreras, oficinistas, niñas y niños sobre los cuales avanza la maquinaria del gobierno y los intereses inmobiliarios. Hoy, a los cuarenta y tres estudiantes ausentes hay que sumarle las mujeres que quizá estaban en el edificio de Bolívar esquina con Chimalpopoca, y los cuerpos que deben regresar a las familias del edificio Álvaro Obregón 286.

«Sentimos muy hondo su clamor y nos hermanamos también en su búsqueda para que se remuevan los escombros de la injusticia y encontremos a las personas que amamos» dijeron las familias de los cuarenta y tres estudiantes durante el mitin con el que culimó la enorme manifestación silenciosa a propósito del tercer aniversario de los hechos de Ayotzinapa.

El término necropolítica, del camerunés Achille Mbembe se ocupa para designar el nuevo poder del Estado para decidir quién puede vivir y quien puede morir. Es un término de triste moda en México. Aquí, la polis administra los cuerpos que ya no le sirven: los sepulta en fosas clandestinas o los equipara con escombros.

La rebelión se hace notar con un ejercicio para nombrar los cuerpos. Esta generación, marcada tardíamente por la guerra contra el narcotráfico, hace emerger la palabra esperanza tanto afuera de los edificios colapsados como al lado de las familias de los estudiantes rurales desaparecidos. Desde aquel 26 de septiembre, desde este 19 de septiembre, entramos en otra dinámica temporal. Una pancarta afuera de los rescates en México versaba: «En el 85 hubo sobrevivientes hasta 15 días después. La prisa la tiene el gobierno, no el pueblo». Con sorpresa, la generación millennial no lleva prisa.

Ahora vivimos hasta un conflicto de tiempos: la prisa por instaurar el olvido, la llamada «normalidad», dejar en manos de la especulación los inmuebles caídos y olvidar la corrupción en la construcción, y las horas de trabajo. En Álvaro Obregón 286 se repite el escenario de vecinos, rescatistas y activistas que buscan suspender el tiempo con recursos legales y hasta con sus cuerpos y detener así la demolición del edificio. Las familias de Álvaro Obregón ya denunciaron opacidad en las listas de cuerpos rescatados no identificados y exigieron un contacto directo con funcionarios de alto nivel.

Para eso es necesario quebrar la inercia y no volver a la normalidad citadina, aquella de hábitos letales y rutinas monstruosas. Las universidades regresaron a clases a partir del día 25, pero todavía hay personas, cuerpos vivos o muertos, sepultados entre los escombros.  «Hay desaparecidos por el Estado, y desaparecidos por un desastre potencializado por el Estado». En una reunión de esfuerzos de brigadistas autónomos y medios independientes escuché a un hombre decir esto, y equiparar a México con Antígona: «a la que han prohibido dar sepulcro a su hermano y para hacerlo tiene que violar las leyes».

En la última década, para buscar desaparecidos familiares formaron brigadas de enlaces nacionales para hacer las búsquedas con sus propias manos. Hoy, como hace treinta y dos años, para entrar a trabajar en el rescate de cuerpos después del sismo hay que sortear todo el andamiaje estatal. El ejército y la policía se interponen entre los dolientes y sus seres queridos. Un fenómeno natural adquiere el rostro del desastre social y a los medios oficiales no se les ocurre más que limpiar la imagen de las fuerzas armadas cuando las propias familias de Ayotzinapa todavía insisten en que se investigue la posible implicación del ejército en la desaparición de sus hijos.

A mediodía del domingo 24 de septiembre Chimalpopoca luce limpia. Colectividades feministas convocaron a una ceremonia para nombrar a las mujeres trabajadoras del edificio ahora desaparecido. Pitan el lugar con frases: «Vivas o muertas, nuestros cuerpos no son escombros». Ocupan el espacio. Lo transforman. Si la territorialidad del desastre es amplia, como en este espacio de Chimalpopoca, ahora emblanquecido por el polvo y el sol, entonces comenzarán a brotar espacios insurgentes y posibilidades de cambio.

Que retiemble…

A una hora de viaje de la ciudad, el desastre cambia de cara. Xochimilco, Morelos, a las orillas de los volcanes de Puebla, el México de pies agrietados, viven sin agua, sin trabajo y sin techo. Mucho más al sur, organizaciones sociales denunciaron que en el municipio de Tonalá, Chiapas, hay cuatro mil setecientas viviendas dañadas, cuatro mil trescientas en Arriaga, dos mil cien en Pijijiapan.

Sin embargo, quizás desde ese México rural se miren mejor los horizontes para caminar después de los sismos. Ahí y en el territorio llamado internet.  Si se hace mediante la escucha, la circulación de conocimientos entre la generación millennial, citadina, volcada, impetuosa, y las comunidades con sus métodos asamblearios y la conexión con la tierra, aparecerán los espacios nuevos que necesitamos fuera de la institucionalidad que en 1985 absorbió las fuerzas de cambio.

En 1985, la batalla ganada por la organización popular fue el arraigo. Los vecinos de una colonia popular ubicada en la parte norte del centro de la ciudad decían: «Soy de la Guerrero y aquí me quedo» ante los intentos de mandarlos a multifamiliares en otros estados del país. Aunque parezca contradictorio, el arraigo a la tierra todavía vibrante, desde la colonia Roma hasta la Oaxaca mareña, puede ser la base de la vida.

El Congreso Nacional Indígena, una red y asamblea surgidos en 1997 para acompañar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el reconocimiento de sus derechos como pueblos originarios, tiene una frase con la que termina sus comunicados: «Por la reconstitución integral de nuestros pueblos». Esta frase es iluminadora.

En Oaxaca, las cocinas y hornos zapotecos, sustento de las mujeres, fueron totalmente destruidas por el sismo. «Reconstituir» es rehacer los hornos para que las mujeres recuperen inmediatamente su modo de vida. En el México indígena, la existencia de un mundo anterior, una forma de vivir que corresponde con la comunidad es el horizonte del cual hablo. En el campo la reconstitución va atravesada por otras preocupaciones como la defensa de su territorio. En la ciudad, la reconstitución va más allá de la reconstrucción, e implicaría el freno a los intereses inmobiliarios y la creación de una ciudad con una vida digna, con lógicas de funcionamiento diferentes.

En Juchitán, Oaxaca, «la mayor comunidad indígena del país», Rodrigo, un integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec, me contó que a raíz del sismo han creado una organización por calles para darse seguridad. Además, comienzan a idear la reconstrucción de sus hogares de acuerdo con la identidad zapoteca. Con una frase le da totalmente la vuelta al himno nacional: «ahora sí decimos: retumbó en sus centros la tierra, a favor de nosotros».

El sismo de las palabras

La sacudida dura un minuto, pero se prolonga durante semanas de vértigos, reflexión y charlas. Al sismo tectónico le sigue el de las palabras, que precisa una búsqueda de interlocutores y se cuenta en repetitivas conversaciones y por medio de las redes sociales, de carteles improvisados, noticias en televisores y radios, artículos, mensajes en las paredes, gestos que van desde lo más heroico a lo más banal. El terremoto físico provoca el derrumbe de ciertas seguridades y la necesidad de reconstruir, junto al lugar físico, el lugar simbólico que ocupamos.

De ahí que el sismo contenga un extraordinario poder de revelación, de descubrimiento de lógicas soterradas que salen a la luz cuando se agrieta el concreto. Pensar el terremoto del 19 de septiembre consistió en responder a la sacudida acompañándonos de amigos y desconocidos, sentirse útil y salir a echar una mano, compartir las vivencias, escuchar y poner en común acontecimientos y datos que, lejos de agotarse en los elementos naturales, parten de ahí.

Lo otro que se activó fue la memoria urbana. Parecería extraño, pero las ciudades, además de las cotidianidades y afectos que mencionaba el poema de Juan Villoro el día después del sismo («Eres de la ciudad donde recoges la basura… Donde la tierra se abre y la gente se junta…»), conservan una excelente memoria y son muy sensibles a sus traumas. En tanto organismo colectivo, cada uno de sus integrantes ya sabía cuál sería su función frente a las necesidades del momento: los voluntarios, muchos nacidos después del 85, intuían cómo poner en marcha los centros de acopio y coordinarse entre los escombros, los ciclistas ya habían mapeado las rutas por las que pedalearían con suministros, los picos y las palas ya estaban dispuestos en algún rincón del patio por si llegaba esta ocasión. Leyendo la crónica del 85 de Carlos Monsiváis, parecería que nuestro sismo hubiera sido una réplica del anterior, obstinado en prolongar las lógicas desencadenadas en este.

Para el viaje en el tiempo ayuda, especialmente en un lugar tan propenso a los augurios, el azar de una misma fecha y el destino que se sella sobre los edificios dañados en el 85 (algunos con órdenes de demolición incumplidas), que fueron los primeros en caer. Los reflejos iniciales anticipan otros: la pasividad inicial del Estado, el falso Monchito y la falsa Frida Sofía, el derrumbe de los talleres de la Obrera que se replicó en la calle Chimalpopoca, los niños atrapados en la escuela primaria, el protagonismo de la sociedad civil, las fricciones entre voluntarios y representantes del Estado. Como si nos halláramos en una máquina del tiempo, el 19 de septiembre de 2017 nos devuelve los mismos elementos que treinta y dos años atrás, desde las iniciativas de los jóvenes, a quienes ya por entonces se suponía «sometidos al consumismo, a la inhabilitación ciudadana, al reduccionismo de las visiones ideológicas» (cito a Monsiváis), a «los pleitos con los soldados que vigilan los cordones», de la desnudez «del Estado paternalista que nunca reconoce la mayoría de edad de sus pupilos» a la solidaridad «como urgencia de participación en los asuntos de todos», del redescubrimiento de la sociedad civil como «esfuerzo comunitario de autogestión y autoconstrucción, espacio al margen del gobierno y de la oligarquía empresarial» a «la identificación entre lucha democrática y racionalidad urbana». ¿Cómo pueden tener una vigencia tan precisa las palabras vertidas en 1985? Antes y ahora el sismo demandó la reocupación del espacio urbano y su reconstrucción sobre otras bases. Monsiváis:

«El dolor personal y social, la tristeza ante los muertos y las tragedias, la indignación ante la corrupción de siglos y el saqueo cotidiano, se despliegan en medio de un paisaje insólito, el de la ayuda desinteresada. Desde la mañana del 19 de septiembre, los voluntarios hacen de la solidaridad un arma óptima de creación de nuevos espacios civiles. Un esfuerzo sin precedentes es acción épica ciertamente, y es un catálogo de demandas presentadas con la mayor dignidad. Urgen ya en las ciudades organizaciones autónomas, democratización, políticas a largo plazo, proyectos de racionalidad administrativa».

La memoria activada también nos habla de las expectativas incumplidas o las lecciones que no se aprendieron. Por eso, de entre todas las narrativas que reaparecen, la principal consiste en la denuncia a un gobierno anclado, al menos, tres décadas atrás. Junto al «sepultadas por la corrupción», los muros supervivientes de la calle Chimalpopoca muestran los lemas que las costureras esgrimieron hace treinta y dos años: «Una costurera vale más que toda la maquinaria del mundo». El escritor de paredes sabe que las grietas actúan sobre el cuerpo de la ciudad, pero tienen su origen en otros espacios. Y aquí sí se advierten diferencias en el antes y el después, una línea cronológica a la que se han sumado nuevas memorias y traumas. Lo que en el 85 explota tras una profunda crisis económica en forma de una ayuda mutua que, como en el día a día, solventa el errático autoritarismo y las carencias de lo público, en este 2017 renace como prolongación de acusaciones vivas contra un Estado deslegitimado desde todos los frentes.


Además de los deseos de ayudar, en el torrente de voluntarios late el deseo de visibilizar el rechazo a unos poderes que suelen encontrar en los momentos de crisis su manera de legitimación, un «dejadlo en nuestras manos» que tradicionalmente ha justificado el monopolio de la violencia. Con su movilización masiva y el acento en las redes sociales, la sociedad civil resucitada ejerce, sin embargo, la resistencia del «no les necesitamos»: el Estado entorpece, persigue fines oscuros, se orienta por intereses ajenos a la simple preservación de nuestras vidas. Junto a la memoria del sismo del 85 se activa, instantáneamente, la memoria de Ayotzinapa, los feminicidios, el asesinato de periodistas, el borramiento de las fronteras con el crimen organizado, la corrupción, el vacío de representación. Cuando se trata de la autoridad todo es un juego de sombras y sospechas. Frente al cuerpo expuesto de los voluntarios y sus mensajes directos («Se solicita: block de notas, papel higiénico, marcadores. Urge: arneses»), los tiempos y protocolos del Estado, sin aliados a pie de calle, le hacen asumir el papel de maestro de la opacidad.

Como ocurre en el 85, asistimos también a una guerra de agendas entre las redes sociales de los movilizados y el aparato de gobierno desdoblado en los medios de comunicación. Como si nada se hubiera quebrado, los televisores convierten una obra coral en narraciones heroicas con nombre y apellidos, el impulso colectivo en melodramas particulares, el protagonismo de los anónimos en la interlocución del representante público. Su ADN los obliga a aplicar la lógica del espectáculo y a reinstitucionalizar lo que nace desde la improvisación y el impulso colectivo. También a reapropiarse de esas muestras de resistencia, ya sea el puño en alto de los rescatistas, nuevos signos como el hashtag que se convirtió en la clave de consenso #fuerzaméxico, o la sustitución en un plazo de horas de la indignación ante la falsa niña Frida por la emoción concentrada en la heroica perrita Frida.


¿Cuándo termina el terremoto? Esta es quizá una de las preguntas que han sobrevolado las reflexiones de los últimos días, cuando las ondas geológicas parecen otorgar una tregua y se estabiliza el balance de pérdidas. Porque nos hemos probado que otra ciudad es posible, que hay otras formas de hacer política y de experimentar la vida en común (parafraseo a Jacques Rancière, quien por esos mismos días se encontraba en la Ciudad de México). La interrupción de la normalidad produjo un vacío de sentido que llenamos con fragmentos de lo extraordinario: la aspereza habitual se sustituyó por una amabilidad redescubierta, las prisas diarias por un presente detenido entre el miedo a nuevas réplicas y las atenciones a los damnificados, la habitual depreciación de la vida, normalmente expuesta en un carnaval de violencia material y gráfica, por un cuidado inusual del otro, de la vida del otro. ¿Debemos guardar nuestras armas hasta un nuevo temblor?, ¿replegarnos en esa cotidianidad bajo amenaza de nuevos sismos que solo en apariencia son naturales? Mis preguntas recogen las que Karen de Villa hizo virales desde su blog, como parte de este nuevo ecosistema de palabras:

«Quedan claros los motivos desde la institucionalidad para generar la atmósfera de ‘normalidad’. ¿Pero, cómo volver, si tengo amigos evacuados? ¿Cómo, si no hay agua en casa de algunos de mis familiares? ¿Cómo si hay municipios y colonias destruidas? ¿Cómo, si hay calles en las que no es seguro que transite tanta gente? ¿Cómo, si hay que quitar el escombro institucional? Yo quiero seguir, ¿pero hacia dónde? ¿A la vida de trabajar para pagar la renta o la hipoteca en una ciudad donde la corrupción derrumba lo que construye la gente? A esa normalidad, yo no quiero regresar. Necesitamos otra normalidad».

Una normalidad atravesada por esta nueva memoria que se agrega a las anteriores y que nos habla de una ocupación diferente de la ciudad; lo que Juan Villoro ha llamado el «Partido del temblor», un nuevo movimiento político y de conciencia que saque de los escombros a la democracia, un movimiento para una «democracia en construcción». Porque al final habrá que reconocer una dolorosa contradicción, y es que el impulso de ayuda, las toneladas de voluntarismo que por momentos desbordaron al propio temblor físico nacen de la fractura que separa a la sociedad civil de la gestión de lo público. Y esta quizás sea una de las mayores grietas por reparar, origen de las denuncias más urgentes de lo que falló: regulaciones urbanas, planes de construcción, revisión de inmuebles, fraude en la aprobación de permisos. La reconstrucción comienza por lo más inmediato y, desde ahí, replantea las formas de habitar una ciudad más justa e integrada.

 

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Martes 19 de septiembre: el derecho a conocer la verdad y el acceso a la información

Ya han pasado algunos días desde el sismo de magnitud 7.1 grados que cambiara dramáticamente la cotidianidad con la que transcurría la vida del país; una tragedia que pareciera haber regresado para arremeter con una puntualidad intimidante treinta y dos años después; tiempo no suficiente, sin embargo, para que el sonido de una alarma que sonó únicamente unos segundos durante el sismo para después apagarse desaparezca de la imaginación de muchas personas que aún se perturban al escuchar las sirenas de las ambulancias.

Desinformación, confidencialidad y otros pendientes en Ciudad de México

La actual incertidumbre en el acceso a la vivienda, las órdenes de suspensión de búsqueda y rescate de personas desaparecidas en algunos lugares de la Ciudad de México –algunas de ellas revocadas por la insistencia de la sociedad civil para continuar la búsqueda–; la falta de información sobre rescates y personas fallecidas por parte del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) y otras autoridades competentes; la falta de listas e información respecto de las personas rescatadas en zona de desastre, y la intervención de Protección Civil, la Secretaría de Marina y el Ejercito Nacional para sacar a las y los civiles que seguían buscando en las zonas de derrumbe invitan a reflexionar –con el transcurso de los días–, y cada vez más con mayor claridad, sobre lo que se pudo y se debió haber hecho para evitar la desinformación y confusión en la que se sumieron todxs lxs mexicanxs.

A ello, se suman testimonios recientes de la existencia de acuerdos de confidencialidad y pactos de silencio con los que autoridades gubernamentales pedían a lxs familiares y afectadxs prudencia en cuanto a la información que surgía de los hallazgos en los escombros de las construcciones derrumbadas por el sismo, a cambio de información «sólida y evitar rumores o malos entendidos».[I]

Ahora, la actitud y el trato inadecuados por parte de las autoridades para sacar a civiles de las zonas de desastre impidiéndoles el acceso, así como la negación de información –sobre la situación y dimensiones del daño en la ciudad–, que nos dejó a lxs mexicanxs por varias horas a expensas de la información proporcionada por Televisa, da pauta para señalar también los esfuerzos de la sociedad civil –por medio de listas colaborativas y otras bases de datos, así como iniciativas de entes privados como Google y Facebook[II]– para dar respuesta a sus propias exigencias, necesidades y derecho a conocer el paradero de las personas desaparecidas y la situación en general, tanto como las necesidades de los centros de acopio y otros datos relevantes que permitían ir armando el rompecabezas de una fotografía que mostraba las dimensiones del desastre ocasionado por el sismo en el país, donde –como lo señalara Artículo 19– la información oficial ha sido la gran ausente.


El derecho a la verdad de los familiares y la sociedad en general con motivo del sismo del 19 de septiembre de 2017

Sobre el respeto y la garantía de los derechos humanos de todas las personas con motivo de desastres naturales, el Consejo de Derechos Humanos ha reconocido que: «los derechos humanos y las libertades fundamentales de millones de personas en todo el mundo se ven afectados de diversas maneras por las crisis humanitarias, como los conflictos armados, los desastres naturales y los desastres provocados por el hombre, así como durante las etapas de recuperación, socorro y rehabilitación».[III]

Visto lo anterior, y tras observar las carencias de información oportuna y confiable en torno a las listas de personas rescatadas con vida y caídas en el desastre ocurrido el pasado 19 de septiembre, es preciso recordar algunas obligaciones estatales establecidas a nivel internacional con motivo –en específico– del derecho de lxs familiares y la sociedad en general a conocer la verdad acerca del paradero de las personas desaparecidas. La incertidumbre sobre la ubicación de las personas víctimas del desastre hace necesario traer a colación el derecho a conocer la verdad, cuya naturaleza individual y colectiva responde al derecho, en un primer momento, de los familiares y allegados de las personas desaparecidas a conocer su paradero, y en un segundo momento, al derecho colectivo de la sociedad en general a dicha información.

Si bien el derecho a la verdad o a conocer la verdad tiene su origen en el derecho internacional humanitario –donde fue invocado como el derecho de las familias a conocer el paradero de sus familiares desaparecidos en guerra–,[IV] y después incursionó en el derecho internacional de los derechos humanos –principalmente en el tema de las desapariciones forzadas–,[V]  es un derecho cuyo contenido también tiene cabida durante los desastres naturales y la desaparición de personas que conlleva su paso.

Lo anterior hace necesario replantear la importancia del derecho de restablecimiento de contacto de las personas con sus seres queridos no localizados, cuestión que es motivo de análisis por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, quienes han señalado disposiciones del derecho internacional humanitario que «otorgan a las familias el derecho a saber lo que ha sido de los seres queridos cuyo paradero desconocen»[VI].

Por otro lado, con independencia de la responsabilidad en la que el Estado puede o no incurrir por la adecuada prevención de la catástrofe natural, la Organización Mundial de la Salud ha señalado el deber estatal de utilizar todos los medios a su alcance para que se sepa si las personas desaparecidas están vivas o muertas.[VII] En este sentido, teniendo en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido deberes estatales frente a la desaparición forzada de personas sin haberlo hecho específicamente en casos de desastres naturales como en el supuesto de análisis en el que estamos, resulta necesario rescatar por analogía los deberes estatales de búsqueda que tiene el Estado para localizar a la persona desaparecida, así como las consecuencias que el incumplimiento de dichas obligaciones puede generar en la integridad personal de los familiares o allegados de las y los desaparecidos.

Desde esta perspectiva, la CIDH ha señalado que la angustia e incertidumbre que la desaparición y la falta de información sobre la víctima causan a sus familiares constituyen un daño moral para estos.[VIII] Además, se debe considerar que la actitud y el trato de las autoridades para con los familiares pueden infringirles sufrimiento y afectaciones en estos momentos de emergencia.

Respecto de la importancia de localizar y entregar los restos mortales de las personas desaparecidas, la Corte Interamericana ha considerado que la entrega del cadáver de una persona desaparecida permite dignificar a las víctimas, «ya que los restos mortales de una persona merecen ser tratados con respeto para con sus deudos y con el fin de que éstos puedan darle una adecuada sepultura».[IX]

Aunado a ello, merece la pena señalar que el derecho de los familiares y allegados a la verdad puede ser vulnerado no únicamente como consecuencia de la falta por parte del Estado del despliegue de todas sus herramientas y medios para su búsqueda y  rescate, sino también mediante la negativa de brindar información por medio de sus instituciones. De ahí que el derecho a la verdad se puede relacionar con el derecho de acceso a la información,[X] ya que es –en algunos casos– indispensable para la realización del derecho a la verdad, con la diferencia de que el primero puede ser restringido en ciertos supuestos, mientras que el derecho a la verdad pareciera ser un derecho de carácter social y destinado a ser garantizado sin limitaciones.

En el pasado 19 de septiembre y días posteriores la falta de acceso pleno a información oficial acerca de las personas caídas, rescatadas y desaparecidas por parte de lxs familiares y la sociedad mexicana hace preguntarse en qué medida el Estado tiene la obligación de brindar información confiable y de forma oportuna a la población, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información y, así también, al derecho de la población a conocer la verdad sobre las personas desaparecidas, rescatadas o fallecidas.

En torno a la importancia de recibir información oficial y verídica por parte del Estado es de señalarse que el Poder Judicial de la Federación ha sostenido que la entrega de información manipulada, incompleta, condicionada a intereses de grupos o personas, por parte de las autoridades públicas a la comunidad, que vede la posibilidad de conocer la verdad para poder participar libremente en la formación de la voluntad general, incurre en violación grave a las garantías individuales al pretender con dicha falta incorporar a nuestra vida política lo que se podría denominar «la cultura del engaño, de la maquinación y de la ocultación, en lugar de enfrentar la verdad y tomar acciones rápidas y eficaces para llegar a ésta y hacerla del conocimiento de los [y][las] gobernad[a]s».[XI]

En esa línea –y en relación con el derecho de acceso a la información–, la CIDH ha sostenido que el derecho de acceso a la información abarca no solamente el derecho de las personas a acceder a la información, sino también la obligación positiva del Estado a suministrarla.[XII] De ahí que exista en algunas situaciones también el deber estatal de divulgar la información de interés nacional sin la necesidad de solicitud por parte de las personas.

El tribunal interamericano también ha señalado que «en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones»,[XIII] y en su jurisprudencia ha considerado que mediante la violación del derecho de acceso a la información se puede violentar el derecho a conocer la verdad en su dimensión individual y colectiva.[XIV]

En ese sentido, es pertinente señalar que dadas las circunstancias que se vivieron las primeras horas posteriores al sismo del martes 19 de septiembre, el acceso a la información por parte de todas las personas, familiares de las personas desaparecidas, así como la sociedad en general, es un derecho que debía y debe ser garantizado por medio del acceso a información oficial, verídica y oportuna, que debe ser no solo solicitada por las personas interesadas –en este caso los familiares y la sociedad–, sino que también debe ser divulgada y puesta a disposición de todas las personas.


Una prerrogativa justa y legítima de lxs mexicanxs

De todo lo anterior resulta pertinente considerar que, si bien es entendible que el Estado mexicano pueda haberse visto rebasado por los efectos de la catástrofe ocurrida el pasado martes 19 de septiembre, lo anterior no exime de ninguna manera a las autoridades gubernamentales para que actúen en todo momento de acuerdo con sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos, tanto de las personas desaparecidas como de las personas que las buscan. Por lo que de ello depende que en situaciones de desastre natural, como las ocurridas recientemente en el país, la sociedad y las personas tengan a su alcance, en la medida de lo posible, información precisa, confiable y oportuna.

Después de todo, el derecho a la verdad constituye en estos difíciles momentos una prerrogativa justa y legítima por parte de todxs lxs mexicanxs a conocer lo que sucedió con motivo del desastre del 19 de septiembre.


[I] Turati, Marcela, «Álvaro Obregón 286: Rebelión contra el silencio», Proceso.com.mx, 2 de octubre de 2017. Disponible: http://www.proceso.com.mx/505735/alvaro-obregon-286-rebelion-contra-silencio

[II] Artículo 19, «Información Oficial: la gran ausente después del sismo», 29 de septiembre de 2017. Disponible: https://articulo19.org/informe19s/

[III] Asamblea General, Promoción y protección de los derechos humanos en situaciones posteriores a desastres y conflictos, A/HRC/RES/22/16, 10 de abril de 2013.

[IV] Véanse: Artículos 32 y 33 del Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949, de 1977.

[V] Véase: Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 287. Voto Concurrente del Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor.

[VI] CICR, Restablecimiento del contacto entre familiares separados por conflictos armados y desastres naturales, 2010. Disponible: https://www.icrc.org/spa/what-we-do/reuniting-families/overview-reuniting-families.htm

[VII] OMS, Manejo de cadáveres en situaciones de desastre, Serie Manuales y Guías sobre Desastres, No. 5, Washington D.C., 2004.

[VIII] Corte IDH. Caso Castillo Páez Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 43, párr.  87.

[IX] Corte IDH. Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2002. Serie C No. 92, párr. 115.

[X] ONU, Estudio sobre el derecho a la verdad-Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Doc. E/CN.4/2006/91, de 9 de enero de 2006, párr. 43.

[XI] Tesis P. LXXXIX/96, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, junio de 1996, pág. 513.

[XII] Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párr. 197.

[XIII] Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 92.

[XIV] Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, Resolutivo sexto.

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Tiempos del sismo: detrás del unísono el tiempo del capitalismo y la desigualdad

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Según afirma el antropólogo Roy Rappaport en Ritual y religión en la formación de la humanidad (Akal, 2016), el tiempo del ritual es un tiempo fuera del tiempo: «Hago referencia a la duración abarcada por los rituales como el ‘tiempo fuera del tiempo’ […] Ahora podríamos considerar cómo el tiempo fuera del tiempo está realmente fuera del tiempo cotidiano» (p. 257). Un estado de excepción que organiza un caos primigenio, que lo regula. El tiempo del ritual es fundamental para que este ejerza su muy particular función social y ecológica: regular, transitar, cohesionar o romper, pactar, significar. Su información es la organización.

Tras el sismo y con zonas de desastre todavía en rescate, pienso que la catástrofe «natural» instaura tras su paso un tiempo de excepción, un espacio de excepción y una reunión colectiva que por momentos, pasado el evento, se parece en algunas cosas al ritual. Diré que crea pequeñas comunidades rituales: suspensión de actividades del tiempo ordinario, usos atípicos del espacio común, cadenas humanas, comedores comunitarios, señales corporales compartidas, en primera instancia vinculadas con el rescate de cuerpos muertos o vidas, y que además involucran un importante despliegue corporal. No quiero decir para nada que la crisis por un terremoto sea equiparable a un carnaval o a una danza iniciática. El ritual no es el acontecimiento, lo es la manera de enfrentarlo, regularlo.[I]  Solo quiero importar de Rappaport dos cosas, su noción de tiempo del ritual y la operación sintética/elíptica del mismo: lo que el ritual en su realización resume. Las comunidades temporales que se crean para el rescate de personas eliden las fronteras de las clases sociales y los géneros: «todos somos iguales en la tragedia», y es verdad pero solo relativamente, o solo tomada de un lado. Gradualmente asoman coordinaciones, casi siempre horizontales, necesarias para el buen funcionamiento de estas células de brigadistas.

Para decirlo con Rancière, de su reciente visita a México justo en días de tiempo de sismo, entramos en «el tiempo de igualdad»:

«El mundo de la igualdad se distingue del mundo de la desigualdad gracias a lo siguiente: gracias a que es un mundo en permanente reconstrucción o deconstrucción es un mundo que nace de brechas específicas operadas en el sentido común dominante […] estas brechas son interrupciones en el curso normal del tiempo; son jornadas revolucionarias, huelgas, ocupaciones. Ocupaciones en curso en las cuales el tiempo parece detenerse o acelerarse o tomar ritmos inéditos; por ejemplo, ahí tenemos personas que están donde no se supone que deberían estar, que desvían el uso de un lugar, de una calle, de una fábrica […] y los transforman en lugares de sujetos políticos de la vida común: son personas que ya no hacen lo que esperaban de ellas. […]».


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En un artículo clarificador, el sismólogo Diego Melgar Moctezuma explica «la inevitabilidad geológica de la Ciudad»: temblará constantemente en México y su ciudad capital se sacudirá siempre. Es imposible predecir cuándo, cuánto y cómo. Todos los cuerpos que habitan, transitan y se desplazan por el viejo valle de Aztlán son vulnerables a un repentino jalón de tierra. Memoria del lago sepultado. Pero unos cuerpos son más vulnerables que otros, y otros se vulnerabilizan en el transcurrir de los eventos. Tiembla. Y las personas que viven en edificios que evadieron códigos de construcción, por ejemplo, descubren a la mala que dormían con el enemigo. La narrativa del «todos estamos expuestos/somos iguales en la tragedia» comienza a craquelarse.

Idealmente, reunidos en el unísono[II] todos somos iguales, aún más: somos uno mismo… hasta que el tiempo del ritual se disipa, generalmente por medio de alguna ceremonia o acto simbólico, y el tiempo ordinario, suspendido mas no desaparecido, se hace presente. En el tiempo del sismo esta arista es política. Si la multitud y su energía vibran como las ondas de las placas y recorren la carne de la sociedad, cuando se topa con roca, se corta: esa roca es la desigualdad brutal que vivimos en esta democracia que se ejerce desde la tradicional separación Estado-pueblo. Es la administración de las desigualdades del capitalismo. El tiempo del capitalismo está urgido por romper el tiempo de la igualdad, por volver, en palabras de Rancière: «…al tiempo de los estrategas».

El sismo del 19 de septiembre de este 2017 tres edificios, entre una decena más, se derrumbaron en tres puntos distintos de la ciudad: Bolívar 168, esquina Chimalpopoca; Rancho Tamboreo 14300, Villa Coapa (la escuela Rébsamen) y Saratoga 714, Portales Sur. El tiempo ordinario se suspende. A los tres acudieron decenas (quizá cientos) de voluntarios a sumarse a las labores de rescate, acopio, distribución, preparación de alimentos: un ritual de solidaridad.


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Chimalpopoca y Bolívar: tiempo de la fábrica

En esa esquina, en el 168 de Bolívar, se erigía un edificio de cuatro plantas que albergaba, a decir de lo que la prensa ha podido confirmar, dos fábricas textiles y una bodega de juguetes. Adentro se encontraba un número indeterminado de obreros y personal administrativo; en realidad, se localiza una decena de cuerpos de mujeres, y algunos varones (el velador, quien fue rescatado con vida, y los dueños de al menos dos de los giros textiles). Se presume además que estas mujeres eran en mayoría obreras textiles de origen asiático, indocumentadas probablemente. La prioridad del rescate, el caos, la adrenalina diluyen la especificidad durante las primeras horas: ¿a quiénes rescatamos? Empieza el runrún: en Chimalpopoca se cayó una fábrica con costureras dentro. ¿Cuántas?, ¿quiénes? No se sabe. En otros puntos de la ciudad, en la colonia Del Valle o Condesa, por ejemplo, empiezan a aparecer los familiares, tendederos con nombres rotulados a mano nos dicen a quién buscamos. Algunas fotos, algunos nombres. Una escuela con niños dentro se derrumbó. Demasiada información dispersa en un perímetro muy amplio: todo es urgente, todo, todos importan. El cuerpo de la multitud se vuelca.

Empiezan los rescates, la información, como dice ese refrán, no aclara, sino que oscurece. Acá una nota dice que rescataron a catorce mujeres con vida de la esquina de Chimalpopoca y Bolívar, allá dice que son veintiún cuerpos muertos, una más afirma que el velador vio cien personas adentro. ¿Cuántas?, ¿quiénes?: no se sabe. La Brigada Feminista, un grupo de mujeres feministas autoconvocadas, permanece en sitio desde el día uno, y al día tres, cuatro, siguen sin saber quiénes son esas mujeres sepultadas debajo de la fábrica. Las llaman exageradas, les piden no politizar, pero ellas están viendo la fisura que el tiempo de la desigualdad tiene abierto: por allí nos las van a arrebatar. Exigen la lista de nombres. Parece que nadie quiere o puede o sabe cómo responder a esa pregunta fundamental: ¿cuál es el nombre?

Estas mujeres devienen el colectivo «las costureras», devienen «los cuerpos». El tiempo del sismo y el del capital crean un vórtice, un espacio interplacal, como ese de donde salió el terremoto: en Chimalpopoca y Bolívar la reunión de la multitud es irrealizable aunque esté sucediendo: necesitamos saber quiénes son, arrancárselas al tiempo del capital que las ha borrado en la línea de producción, para saber quiénes son cada una de ellas de forma particular. Saber a quién le daremos el pésame, quién enterrará ese cuerpo costurero. Queremos ser ellas para prestarles nuestros nombres, ser la familia que no está y pregunta por ellas. Pero no podemos ser una misma: no podemos si ellas no son primero su propio nombre para entregar voluntariamente en este ritual de asistencia y reconstrucción. No podríamos tomar ni a la fuerza de ellas su propia memoria, supliremos solamente. Atestiguamos el aplastamiento de su derecho a ser reclamadas, reconocidas, y con este derecho, el aplastamiento de su potencia. Derecho es lo que se puede, diría Spinoza.

Ellas no son uno mismo de esta multitud que se organiza a sí misma y se dirige en el caos. Este cuerpo que se conduce al ritmo de un tambor imaginario para no romper la cadena que carga los tráileres. Sus nombres, sus nacionalidades, sus identidades, su número, su historia, su cuerpo, incluso, se nos oculta. Ellas son residuales, cuerpos que no hemos podido recuperar de la expropiación de la lógica de la fábrica: cuerpos precarios.

Los repartos de las vulnerabilidades también están atravesados por distribuciones diferenciales, parafraseando a Judith Butler (en Vida precaria. El poder del duelo y la violencia).


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El tiempo marginal: Saratoga 714

Lo marginal tiene unas coordenadas y un nombre: Candelaria Tovilla, mujer, madre, indígena, trabajadora del hogar. El edificio donde ella laboraba haciendo la limpieza de un departamento se derrumbó. La multitud acude al rescate. Pero algo pasa, el tiempo del capital logra abrir, de nuevo, un vórtice: urge dejar de buscar, no sabremos nunca por qué, quizá. Adentro, Candelaria da señales de vida. En las noticias de la televisión no se da cuenta del edificio de Saratoga. Sin reflectores. En redes «gritan» que quieren suspender el rescate. Pero no hay eco. Runrún de nuevo: no hay que infundir miedo, que no cunda el pánico. Pero en ese edificio de la Portales es real: quieren suspender el rescate, lo suspenden, de hecho, durante horas que pueden ser vitales. En un país de madres que buscan a sus hijos desaparecidos, Carlos Tovilla, el hijo de Candelaria, ruega que la busquen. La multitud pierde solidez, desescucha el llamado: el tiempo de la desigualdad hace ruido blanco. Reanudado el rescate, se localizó sin vida el cuerpo de Candelaria, un cuerpo sobre el que venció la desigualdad.


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La mujer detrás del holograma: el tiempo espectacular

A los medios de comunicación masiva les gusta de forma particular crear íconos, «el símbolo de…», para cabecear notas de color y reportajes. El derrumbe de la escuela Enrique Rébsamen al sur de la capital de México fue para ellos «el símbolo del sismo del 19 de septiembre de 2017» porque allí murieron, lamentablemente, diecinueve niños. Y porque allí montaron un campamento televisivo digno de guión de Black Mirror: la posibilidad de transmitir rescates en vivo de niños era un tiro que no iban a dejar pasar. El miércoles 20 las pantallas no paraban de transmitir el posible rescate de una niña llamada Frida Sofía que tenía en vilo a una población hipersensible y traumatizada, y a la que la idea de rescatar a una niñita de entre los escombros le devolvía, de forma simbólica, la percepción de que el desastre no había sido tan terrible, aun cuando decenas de edificios cayeron al mismo tiempo y durante los días por venir. El viernes 22 se supo que la niña no existía, y que las señales de vida o respuesta térmica que recibieron los rescatistas venían más bien de una persona adulta. Se trataba exactamente de Reyna Dávila, empleada de intendencia, de cuarenta y tres años.

Entre la sorpresa y la indignación, había alguien a quien no solo no le sorprendía, sino que de hecho lo supo todo el tiempo: Gregorio Mosqueda, el esposo de Reyna Dávila. El mismo viernes 22, Mosqueda aseguraba que ese adulto debía de ser su esposa, a quien él ya había reportado como desaparecida sin que nadie hiciera caso. Llegaron los rescatistas de Japón, se desmontó el show televisivo, y Reyna Dávila pasaba a ser buscada en la discreción de un rescate cuya credibilidad se ponía en duda, pero en la dignidad de una brigada internacional que rinde honores a los cuerpos que encuentra: vivos o muertos. Reyna Dávila perdió la atención de las audiencias y las cámaras y se convirtió en «la empleada de intendencia», y a diferencia de lo que suele suceder en la televisión: «la empleada de intendencia» no conmovió a los raitings.

A ese rescate llegó primero el tiempo del capital, rápido y acelerado como una onda sísmica. Lo tomó, lo dirigió, lo televisó mientras el cuerpo de Reyna Dávila esperaba que el tiempo de la igualdad, que el ritual de la solidaridad donde no existen las fronteras de clases abriera, por favor, un boquete. El cuerpo de Reyna Dávila esperaba, para volver a decir con Rancière (y Spinoza cabe apuntar, quien usa la noción multitud en lugar de pueblo y propone la idea del derecho como la potencia común), que la democracia, es decir, la potencia común o «el poder de cualquiera», se hiciera posible: «[la democracia] no un poder de la gran cantidad de ciudadanos, sino como un poder que pertenece a cualquiera; no es el poder de la mayoría sino el poder de cualquiera […] la verificación no consiste en pensar que la acción produce la igualdad como resultado, sino que implementa la igualdad como un proceso. Hay sujetos que actúan y que son portadores de una capacidad que pertenece a todos: la capacidad de los seres humanos sin superioridad alguna, y ellos inventan maneras de volver a esta democracia real».


Allí donde la multitud salió a hacer cadenas humanas para recoger escombros, cuando llevó comida, cuando prestó o donó herramientas, cuando abrió las puertas de su casa para dejar a otros bañarse, cargar el celular, usar el internet; cuando «el poder de cualquiera» armó redes de comunicación y usó toda su tecnología para cubrir necesidades; cuando se borraron por unas horas las grietas del mundo de la desigualdad, allí conocimos la democracia, tal como la plantea Rancière. Allí la multitud potente (y no el Estado-pueblo) expropió, le arrancó a la boca de la desigualdad el nombre que usa para presentarse: democracia. Allí fuimos e hicimos lo político. Pero el tiempo del capitalismo es tenaz y abrió agujeros para recordarnos una cosa: nuestra sociedad es desigual, y la desigualdad mata.

A las mujeres que murieron en Chimalpopoca y Bolívar y cuyos nombres desconocemos, a Candelaria Tovilla, a Reyna Dávila, In memoriam, respetuosamente.


[I] Desconozco si existen rituales documentados en torno a la actividad sísmica del territorio que hoy es México.

[II] «El ritmo del tambor puede aproximarse al de la rapidez de los latidos del corazón de forma que, a medida que se sincronizan los movimientos de los miembros de los danzantes y se unifican sus voces al unísono del cántico o de la canción, parece alcanzar su aliento y su pulso o, al menos, se experimenta como si así fuese. Llegados a este punto, queremos hacer notar que los tempos y los grados de coordinación conforme a los cuales algunas congregaciones llevan a cabo algunos rituales, tienen mayor similitud con los procesos orgánicos de lo que la tienen respecto a los procesos sociales ordinarios» (p. 263).

Foto: Lizbeth H. @abismada_

El agua en la Ciudad de México: la crisis ecológica del mañana

En México, el abastecimiento del agua produce y reproduce la desigualdad urbana. Su presencia o ausencia moldea las formas de habitar una ciudad. En la Ciudad de México, las pipas, las formas manuales de acarreo de agua y las tuberías por las que el líquido siempre fluye son la forma material de esta inequidad. La pobreza y la riqueza están íntimamente relacionadas con el agua ya que sus usos múltiples: limpieza, recreación, alimentación, etcétera.

Al mismo tiempo, el agua es parte fundamental de la sustentabilidad no solo de las ciudades, sino del planeta entero. En la capital mexicana, su ausencia y su uso excesivo son motivo de preocupaciones alarmantes. Como reporta The New York Times, la Ciudad de México está al borde de una crisis profunda de agua, que se deriva de su conflictiva historia hídrica. Esta crisis, expresada en inundaciones, en la subsidencia del suelo y en una contaminación creciente, pende permanentemente sobre la Ciudad de México.

La forma actual de producir el agua urbana es, además de desigual, insostenible. Por un lado, depende de una expansión constante sobre el espacio en busca de nuevas fuentes de agua. Por otro, la distribuye desigualmente de acuerdo a las condiciones geográficas del espacio urbano, creando y reforzando dinámicas de desigualdad espacial: la abundancia del agua construye la riqueza y la riqueza garantiza la abundancia hídrica. Sucede lo mismo de forma inversa.


El agua finita: la apropiación de los mantos en Lerma

El Sistema Lerma de abastecimiento de agua es crucial para la Ciudad de México. Fue construido entre 1942 y 1951 para capturar el agua de las hoy casi inexistentes lagunas de Lerma y llevarlas a la capital. Actualmente, aporta 3,832 litros por segundo, que equivalen al 12% del total. Junto con el Sistema Cutzamala, con el cual se conecta en varios puntos del Estado de México y de la ciudad, aporta el 42% del total del agua urbanizada.

Pero el agua es cada vez más escasa. Las lagunas han dejado de existir casi en su totalidad. Algunos pozos han sido clausurados definitivamente. Y las laderas de los cerros han perdido los bosques que favorecían la filtración del agua. En su lugar, hay espacios abiertos, casas precarias y fraccionamientos de lujo. Lerma se ha transformado profundamente en las últimas décadas: antes era un espacio lacustre relevante, hoy es un corredor industrial que está vinculado a Toluca y la Ciudad de México.

A pesar de esta transformación radical, el agua de Lerma sigue siendo apropiada. Los trabajadores del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) siguen dando mantenimiento y operando los más de trescientos pozos que existen en la zona. Aunque buena parte del agua permanece en Lerma –en muchos casos abastecida de forma gratuita a pueblos ribereños al acueducto–, el destino de alrededor del 60% sigue siendo la ciudad, según los cálculos de algunos funcionarios del Sistema.

El fin del agua en Lerma es provocado por un cúmulo de factores. La urbanización de la zona ha disminuido las filtraciones de agua, al tiempo que ha aumentado la demanda local de agua; la construcción del Sistema Lerma agotó numerosos manantiales, secando las lagunas de la zona, y la ciudad ha sido incapaz de asegurar nuevas fuentes, como se estipulaba en el plan original. Esta situación muestra que los problemas ambientales son generados por la acción humana sobre el espacio.

Si bien toda acción humana modifica el espacio en el que se realiza, no toda es capaz de transformar paisajes como el de Lerma en periodos cortos de tiempo. No es, entonces, la humanidad en abstracto la que está detrás de este cambio: es el capitalismo, que transforma el espacio de formas violentas y veloces, el abstracto que nos ayuda a entender cómo el Sistema Lerma está llegando a su fin. La industrialización; la transformación de la tierra en una mercancía que puede desarrollarse; la deforestación provocada por la ampliación de carreteras y viviendas y la apropiación del agua por una urbanización expansiva son todas facetas distintas del proceso de acumulación y reproducción del capital.

Un ejemplo puede ser útil. En 1942 las obras del Sistema Lerma comenzaron. Beatriz Albores señala que, desde entonces, la ciénega de Lerma comenzó a desecarse (Tules y sirenas: el impacto ecológico y cultural de la industriación del Alto Lerma, 1995). En un inicio, el uso de explosivos para la captura de aguas subterráneas agotó varios manantiales, disminuyendo el nivel del agua. Para 1951, con el inicio del bombeo de agua a la ciudad, la cantidad de líquido decreció aún más. En 1960, la ciénega estaba casi seca. Los antiguos trabajadores lacustres ahora se desempeñaban como obreros en el corredor industrial Toluca-Lerma, como artesanos o como pequeños comerciantes. El capitalismo impulsado por la expansión urbana en esos años y sus necesidades ecológicas están, así, detrás de la transformación radical de Lerma.

La Ciudad de México no termina en sus límites políticos, sino que se extiende a través de su infraestructura. Las causas del agotamiento del agua en Lerma se encuentran en este vínculo entre ciudad y un espacio rural en transformación. Una ciudad sedienta agotó las lagunas, sustento económico de miles de personas, y aceleró la creación de un corredor industrial en la zona. Este corredor, junto con la ciudad y los nuevos desarrollos inmobiliarios en Lerma, demandaron cada vez más agua, un recurso que, sin los espacios de recuperación que le daban los bosques y campos de la zona, seguirá volviéndose cada vez más escaso. La crisis del agua en Lerma significa la crisis del agua en la Ciudad de México. Son dos caras de una misma moneda: la de la apropiación de la naturaleza para la reproducción del capital, como ha explicado Jason W. Moore.


Fugas, tomas ilegales y desigualdad: el agua de Lerma en la Ciudad de México

El agua del Lerma entra por el poniente de la capital. Después de atravesar la Sierra de las Cruces, cae por el Río Borracho, y va encontrando su camino hasta el Cárcamo del Río Lerma, en Chapultepec. Para ese momento, ha pasado por Cuajimalpa, Las Lomas y Huixquilucan, entre otras zonas de la ciudad. En su camino, ha perdido volumen. Se estima que el 30% del agua potable en la Ciudad de México se pierde en fugas. Es una cifra brutal, que equivale a toda el agua que aporta el Sistema Cutzamala.

En los últimos meses, he recorrido las tuberías, bombas y cárcamos de la zona poniente de la Ciudad de México. Un día, mientras los trabajadores de SACMEX arreglaban una fuga en el cruce de Palmas y Periférico, uno de sus compañeros me contó una historia.

Me dijo que hacía algunos meses su cuadrilla había ido a trabajar en una fuga en alguna de las barrancas que rodean Santa Fe. Vecinos de la zona habían reportado un derrumbe.

Al llegar a la zona, se dieron cuenta que una fuga había reblandecido el suelo. La revisión mostró que las raíces de un árbol se habían enredado en las tuberías, perforándolas. Una fuga pequeña y constante había impregnado el suelo de la zona, al margen de una barranca. El trabajador con el que hablaba, de apellido Chavarría, calculaba que la fuga tenía unos 15 años de haber comenzado.

15 años que representan la marginalidad de una comunidad pobre en una zona de riesgo de la Ciudad de México.

En contraste, la fuga que atendíamos en Palmas y Periférico tenía tres días de haber comenzado. El agua se filtraba al subsuelo y llegaba a las oficinas de una empresa. Un empleado de seguridad del edificio me contó que hace un año había pasado lo mismo. Los obreros lo reconocían, pero aseguraban que era otra fuga. Al cabo de unas horas de trabajo, la encontramos. La nueva fuga estaba dos metros por delante de la vieja. La compostura delataba el lugar donde aquélla había ocurrido. Un brazalete de metal, unido por cuatro tuercas, hacía presión sobre la tubería que aún estaba rota debajo. Los trabajadores colocaron una compostura idéntica en el nuevo sitio, una hendidura provocada por la presión del agua, que siempre busca el lugar más débil para salir.

La celeridad con la que fuga fue reparada, si bien de forma parcial, se debe a más cosas que al cruce de dos avenidas principales al poniente de la Ciudad de México. Las avenidas son la materialización de enormes flujos de capital en el espacio. Las oficinas, casas y negocios que ahí se han establecido hacen de la zona una de central importancia para la economía política urbana. Su acceso al agua así lo muestra. El que el tiempo de reparación de una fuga se relacione con la pobreza y la riqueza no es fortuito. El poder se construye también a través de la infraestructura y sus exclusiones e inclusiones.

Siguiendo Paseo de las Palmas al sur-poniente aparece Santa Fe. El viejo basurero reconvertido en zona de oficinas y casas lujosas es notorio en el paisaje urbano. Edificios altísimos están siendo siempre construidos. Uno al lado de otro, son erigidos en cuestión de meses. Circulo por debajo de estos colosos en una camioneta del Sistema de Aguas. Vengo conversando con dos empleados. En varios puntos de la zona observamos grandes pipas de agua cargando edificios de lujo. Uno de los tanques de Santa Fe, cada vez sometidos a más presión, se ha quedado sin agua. Nuestro objetivo esa mañana es restablecer el servicio.

Las pipas son una parte normal del paisaje urbano de la ciudad. Pueden ser vistas en las zonas marginadas del oriente y sur capitalino, así como en esta zona exclusiva del poniente. La falta de agua impacta a todos, aunque pocos tienen la capacidad económica de responder a la carencia con rapidez. Ahí también el agua forma parte de la desigualdad que se vive en la Ciudad de México. Son quienes cuentan con recursos materiales abundantes quienes pueden responder a las crisis ecológicas con mayor facilidad. En situaciones de escasez, la distribución desigual no solo se hace manifiesta, sino que se agudiza.

Lo mismo sucede con las tomas ilegales en la red hidráulica. En Santa Fe, numerosos edificios están conectados ilegalmente al acueducto de Lerma. Trabajadores de distintas áreas del Sistema de Aguas y vecinos así me lo han dicho en muchas ocasiones. Las historias difieren en los detalles, pero todas coinciden en un hecho: el dinero que los desarrolladores inmobiliarios de la zona tienen les permite comprar funcionarios que permiten la construcción de tomas ilegales. Éstas extraen el agua antes que llegue a los tanques de distribución. Así, terminan siendo contabilizadas como fugas, abonando a ese escandaloso 30% que mencioné antes. Al mismo tiempo, impiden que el agua llegue a otras zonas de la ciudad, fortaleciendo la dinámica de exclusión que caracteriza al sistema de agua potable.


Una ciudad insostenible

La crisis hídrica de la Ciudad de México es múltiple. Se observa en el hundimiento del suelo, en las inundaciones que ocurren en el Bordo de Xochiaca y en la carencia que cada vez impacta a más pobladores. Sus límites no terminan donde el poder administrativo de la Jefatura de Gobierno acaba. Las tuberías que abastecen agua potable y las que descargan agua residual unen a la capital con otros espacios. Lerma es uno de ellos, en el cual el impacto de las necesidades hídricas de la Ciudad ha contribuido a la transformación radical del espacio y al creciente agotamiento del agua. En otros espacios, como Tula, donde el agua residual es descargada, las consecuencias son distintas: contaminación, enfermedad y marginación. Así existen otros lugares, que no menciono aquí, pero que están íntimamente ligados al agua urbana, aun cuando se encuentren distantes de la Ciudad de México.

La estructura hídrica de la capital es insostenible. Los muchos factores que componen la crisis compleja del agua están siendo empujados a un límite. En el corazón de esta dinámica está la imposibilidad de continuar apropiándose de la naturaleza a un bajo costo. Extraer agua se vuelve más complejo en distintas geografías: el suelo se hunde, los pueblos donde el agua nace se rebelan y los acuíferos se agotan. Deshacerse de ella también es cada vez más difícil: la contaminación aumenta, las resistencias crecen y las enfermedades no paran. A ello se suma la frontera más clara del capitalismo. Su acción sobre el planeta está transformando el clima. En la Ciudad de México, ello implicará sequías más largas, lluvias más fuertes y una presión mayor sobre el sistema de aguas. El futuro no es halagüeño.

Las dinámicas de apropiación de la naturaleza, de distribución desigual de recursos y riesgos y las consecuencias del cambio climático llevan a pensar que una solución es casi imposible. Esto, sin embargo, no impide la acción. En primer lugar, se deben repensar los límites de la ciudad. Sus infraestructuras la ligan inexorablemente a espacios lejanos, en donde la vida y la muerte de sus habitantes están conectadas con la capital. Lerma es un ejemplo de ello, pero sin duda no es el único.

En segundo lugar, es necesario reconocer que el acceso al agua es un componente central de la desigualdad. Aquí también es posible pensar en esquemas de redistribución, en los cuales los grandes consumidores subsidien las mejoras que las poblaciones marginadas requieren. De igual forma, es necesario combatir la connivencia entre las élites y el gobierno, que en la Ciudad de México garantiza que el agua llega a quienes tienen más, a menudo mediante tratos ilegales que profundizan la crisis ecológica, social y económica.

En tercer lugar, es imperativo encontrar formas de reducir el uso, el desperdicio y la contaminación del agua. Los esfuerzos a pequeña escala, como la captación de agua pluvial, la reutilización de agua potable y la introducción de tecnologías de ahorro son deseables. Sin embargo, la dimensión del problema del agua en la ciudad demanda soluciones colectivas a gran escala. Entre ellas están la construcción de plantas de tratamiento de agua; el rescate de cuerpos de agua y la introducción de infraestructura moderna en la red de abastecimiento, distribución y desagüe, entre otras posibilidades.

Finalmente, creo que en el centro de cualquier plan y acción sobre el agua en la ciudad debe haber una pregunta: ¿cómo reconstruir la vida urbana para un presente y futuro igualitarios y sustentables?

(Fotos: cortesía de Eneas De TroyaUlises Mexicano y Omar Eduardo.)

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El Día de Muertos como marketing

Al llegar al Ángel de la Independencia se podía sentir el fervor por el inicio de una nueva tradición. La cantidad de personas parecía superar cualquier expectativa, muchos extranjeros circulaban para capturar las imágenes de un desfile que les había sido anunciado desde la ficción en la película de James Bond. Genial estupidez de nuestros gobernantes: una película les reveló el sentir del pueblo al que desprecian constantemente. Ese golpe de vista, en una pantalla de cine, de pronto enfocó el nuevo relato mexicano: un carnaval de muertos.

El desfile responde al nuevo paradigma de la ciudad privada, la “marca ciudad”. Si lo que se vende es el producto más acabado de lo que significa el espacio público, este desfile entra en la línea de lujo de la marca. La utilización de lo público de esta forma, aunque puede dejar buenos dividendos a la ciudad, debe estar sujeto al mayor escrutinio público. Las autoridades tienen, en principio, que ser claros con las justificaciones, objetivos y estrategias de comercialización de la ciudad. El colorido desfile se convierte en una cuenta más en el rosario de improvisaciones del gobierno. El gobierno invierte para que una película se filme en México; en el guión hay una representación ficticia de la ciudad; se decide traer esa ficción a la realidad para no decepcionar a los turistas.

Aunque el origen del desfile es, en sí mismo, un disparate, resulta un pretexto para reflexionar sobre la manera en que el gobierno genera nuevas tradiciones. No se trata de rivalizar la vieja tradición contra la nueva sino de entender por qué las autoridades han decidido presentar este relato particular como nuestra marca. La invención de tradiciones no es ajena a la construcción de la nación. El Día de Muertos no se popularizó sino hasta la segunda mitad del siglo pasado. Como explica Claudio Lomnitz, “a partir de los años setenta el Día de Muertos comenzó a tomar fuerza política. En las tres décadas anteriores, que es la época en la que se folclorizó la muerte y que se comenzó a decir que esta fiesta era muy nuestra, fue también el momento en que las clases medias y altas comienzan a sustraerse de esta fiesta”. En los treinta, por ejemplo, el presidente Pascual Ortiz Rubio decretó que fuese Quetzalcoatl quien entregase juguetes a los niños en un magno evento en el teatro nacional aderezado con bailes típicos. Debut y despedida, Quetzalcoatl no volvió a las plazas a regalar juguetes y ropa. No parece que el desfile de la semana pasada tenga el mismo destino: al contrario, fue y probablemente será un éxito.

El paso del desfile hasta el Zócalo fue fluido y culminó con un buen espectáculo. En las marchas de protesta, por el otro lado, cada vez es más complicado llegar a la plancha del Zócalo. El trato desigual al espacio político no sería un problema si el gobierno tuviera un papel más activo en la movilización social en las calles, ya sea para conciertos o exposiciones o para destinar recursos que permitan que las protestas circulen con facilidad y protección.

Tanto marchar por los muertos, ahora que marchen ellos. Quizá lo que resulta más chocante del desfile sea no conocer los motivos para elegir esta movilización como la insigne de la Ciudad de México. El contexto importa: nos encontramos en uno de los momentos más sangrientos y violentos del país. El carnaval de muertos promovido por el Estado, parece un sedante más para no horrorizarnos ante el despojo y la violencia. El Estado, al mismo tiempo ausente y cruel, ha contribuido a acelerar los procesos de muerte en el país. Quizá sea una buena oportunidad para repensar nuestra supuesta fascinación con ésta. La tumultuosa información acerca de las muertes y las violencias en México ejercidas o promovidas por el Estado no deja lugar a la exageración: la muerte nos gobierna y no tenemos una buena relación con ella. Observar a los espectadores del desfile tomarse una selfie con su calaca favorita resultaba un ejercicio macabro de negación de la realidad. Hay cientos de miles de muertos en México, víctimas de un estado de guerra crónica, que no pueden celebrarse.

Mientras avanzaba el contingente con alegría no pude sino recordar el poema “Los Muertos”, de María Rivera:

Allá vienen/ los descabezados, / los mancos, / los descuartizados, / a las que les partieron el coxis, / a los que les aplastaron la cabeza, / los pequeñitos llorando / entre paredes oscuras / de minerales y arena. / Allá vienen / los que duermen en edificios / de tumbas clandestinas: / vienen con los ojos vendados, / atadas las manos, / baleados entre las sienes.

Las hermosas catrinas desfilando me deprimieron, en palabras de Rivera:

Se llaman / las muertas que nadie sabe nadie vio que mataran, / se llaman / las mujeres que salen de noche solas a los bares, / se llaman / mujeres que trabajan salen de sus casas en la madrugada, / se llaman / hermanas, / hijas, / madres, / tías, / desaparecidas, / violadas, / calcinadas, / aventadas, / se llaman carne, / se llaman carne.

Propongo un paro: no festejar la muerte si no podemos celebrar la vida.

(Foto: Sectur.)

Elogio del artesano indómito

El mundo moderno concibe al artesano como un ser laboral desterrado. El asentamiento del capitalismo dio por hecho que la máquina terminaría por incorporar, totalmente y sin reparos, toda fuerza de trabajo y formas laborales históricas.

Desde tiempos prehispánicos, el artesano ha estado presente como macehualli trabajando la madera, el pedernal, la obsidiana. En tiempos de la colonia el artesano se apropió y reinventó oficios como el soplado, el grabado, la cartonería. En el siglo XIX, la mayoría de la población era campesina o artesana; durante la segunda mitad de ese siglo, diversas circunstancias económicas y políticas golpearon el mundo de los oficios: el surgimiento del comerciante, la naciente industrialización, las leyes liberales del Estado que atentaban contra los gremios y orillaban al artesano a una situación laboral cada vez más precaria e incierta.

Esto condujo a diversas formas de resistencia, como la creación de sociedades de apoyo mutuo basadas en la solidaridad, la propagación de la idea anarquista y su incorporación a las luchas y huelgas junto con la clase obrera emergente.

Desde entonces, muchos artesanos, junto con el campesinado, se convirtieron en asalariados fabriles y trabajadores de servicios, porque la acumulación incipiente así lo requirió. Sin embargo, el sistema del capital nunca absorbe totalmente.

Es así como el artesano urbano continúa existiendo: son hacedores-sabedores inmersos en el taller. Al igual que el resto de la clase trabajadora, el artesano contemporáneo enfrenta la precariedad creciente, además de la tensión entre continuar realizando su práctica con sus ritmos, modos y tiempos propios frente a la presión por integrarse al mundo de trabajo ofrecido y requerido por el capital.

Contra todo pronóstico, en el siglo XXI el artesano de oficio tradicional permanece. En un mundo dominado por la enajenación y la precarización, para repolitizar nuestra relación con el trabajo, la máquina y la producción, hoy podemos rescatar las complejas enseñanzas de estos artesanos tradicionales.


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El trabajo dominante es cada vez más fragmentado, automatizado y aburrido; el trabajador se desempeña de manera obediente y disciplinada; tiene que ser más productivo, trabajando con herramientas que no le pertenecen, creando objetos que no son suyos.

Este tipo de trabajo produce esa condición de extrañamiento con el mundo al que Karl Marx denominó “enajenación”. Además de mantener a la clase trabajadora en una perpetua necesidad nunca satisfecha, la enajenación limita y embota las potencialidades humanas.

El trabajo que reivindica el artesano, si bien no es totalmente autónomo ni libre, pues se mantiene insertado en la circulación del capital, mantiene rasgos que pueden ser recuperados y que nos pueden guiar para imaginar otro modo de trabajo no sujeto a la valorización del dinero.

Uno de esos rasgos es la capacidad de saber hacer. Saber hacer mantiene integrado de manera indisoluble el pensamiento y la práctica, lo intelectual y lo manual erróneamente considerado antagónico y en constante separación. Implica aprendizaje, desarrollo de habilidades y destrezas, sensibilidad, conciencia de los materiales y corporalidad, intercambio de saberes, imaginación y reflexión para poder resolver problemas prácticos de la vida común.

Esta capacidad de hacer por nosotros mismos brinda una posibilidad que el trabajo disciplinado y obediente diariamente niega, que es la de elegir y conducir la vida, autogobernarse.

El artesano ha mantenido estos rasgos esenciales que es necesario recuperar para darle otro sentido político al trabajo.



En la Ciudad de México, megalópolis en continuo crecimiento, precisamente la colonia Obrera ha sido terruño histórico de oficios tradicionales y hasta ahora se mantiene como una especie de semillero de saberes: posiblemente en cada calle hay talleres dedicados a un oficio específico. Vista así, la colonia Obrera, como casa de talleres, es también una escuela de imaginación laboral.

Existen los artesanos que reparan y los que trabajan por encargo. Encontramos a quienes trabajan la madera como carpinteros, ebanistas y torneros; oficios dedicados a las artes gráficas: fotograbadores, grabadores en acero, impresores, serigrafistas, acabados y suajes, encuadernadores; quienes se dedican al vestido: sastres, costureras, mochileros; trabajadores de metales como herreros, soldadores, torneros de metal y mecánicos; reparadores de zapatos, motores, relojería, joyería, guitarras, tapiceros.

El taller artesanal como espacio de trabajo humano es también un hogar, esto quiere decir que vida y trabajo se encuentran entrelazados en él. Desde ojos extraños, resultan pequeños y amontonados, incluso caóticos o desordenados pero ahí, en el taller, cada cosa tiene su función y su lugar, las herramientas, muebles, materiales, máquinas y adornos se entremezclan armónicamente para conformar el espacio adecuado para realizar el oficio. El acomodo y la estética del taller es resultado de años de quitar y poner según las necesidades, de gusto e historia del artesano. Ahí también se tejen relaciones cotidianas cara a cara, con los compañeros de trabajo, los vecinos, clientes y demás visitas. El taller es un espacio de compartición de saberes que se presenta como una extensión del artesano. En el taller no solo se imprime la actividad laboral sino la personalidad de los artesanos y sus propios modos de trabajo.

Richard Sennett ha observado que la artesanía: “designa un impulso humano, duradero y básico, el deseo de hacer bien una tarea sin más”. Para lo anterior se requieren años de práctica y pericia: el aprendizaje del artesano es lento, gradual y permanente. Implica mantener una conexión, entre mano y cabeza dialogando con los materiales y herramientas, poniendo en práctica las técnicas aprendidas y la capacidad de imaginar, el ingenio para proyectar cómo se va a realizar tal o cual objeto.

Luis Méndez se dedica al grabado en metal desde hace 54 años. Durante media hora, tiempo estimado de grabado, su cuerpo se mantiene casi estático, en una posición erguida mirando a través de su microscopio. Observando con atención, nos daremos cuenta que sus dedos, mano, muñeca y antebrazo están accionando hábilmente, dirigiendo el buril con la fuerza necesaria para realizar el grabado. Su vista, cabeza y mano se encuentran concentrados en esta labor, dialogando con la solera y el buril.

De igual modo la repetición es un ingrediente necesario, una de las principales críticas al trabajo dominante de rutina. Esta repetición pesa y aburre porque no tiene ningún fin más allá; en cambio, en la artesanía repetir los movimientos es entrenarse: la repetición se hace para lograr algo más que es un dominio que permitirá ir progresando y cambiar el contenido de la acción.

Tal es el caso de Gregorio Rodríguez, sastre desde hace 55 años. El primer aprendizaje que le mostró su maestro fue insertar el hilo en la aguja y hacer costuras simples. Para lograr esto, le amarraba con un hilo el dedo a la aguja, al repetir un movimiento básico aprendía la técnica correcta de hacerlo, lo que después le permitió aprender otro tipo de movimientos y otras formas de coser.

Todos estos elementos (imaginación, repetición, práctica y técnica) permiten comprender lo que se hace y desarrollar una habilidad concreta. Otra vez Sennett:

La habilidad se construye moviéndose de manera irregular. Y a veces dando rodeos. El desarrollo de una mano inteligente muestra algo así como un progreso lineal. Es necesario sensibilizar la mano en la punta de los dedos, capacitarla para razonar a través del tacto. Una vez conseguido esto, es posible abordar los problemas de coordinación. La integración de la mano, la muñeca y el antebrazo da lecciones sobre la fuerza mínima. Cuando se ha aprendido esto, la mano puede trabajar con el ojo para mirar físicamente adelante, para anticipar y, por tanto, mantener la concentración.

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Saber hacer implica también conocer y poder realizar casi todos los pasos del proceso de producción. Los artesanos realizan un producto de principio a fin. Hacen una cosa a la vez y no en serie ni en cantidades exorbitantes, esto les permite tener control sobre su trabajo (y sobre sí). Al fabricar de principio a fin, el producto no le es ajeno.

Edith Vargas, tornera desde hace 25 años, comenta:

Cuando haces algo en todo su proceso (desde el diseño, ir pensando cómo hacerlo, elegir los materiales, comenzar a hacerlo y terminarlo) plasmas parte de ti en el producto, poner una parte muy esencial dentro de cada una de las piezas. Entonces se crea un afecto muy personal y, aunque la artesanía no es tuya, la sientes como tuya, llevan tu sello.

Los tiempos y ritmos de fabricación del artesano confrontan la velocidad experimentada en la producción de mercancías industriales. Frente a esta productividad sicótica, el artesano reivindica la lentitud en el hacer.

Otra de las características de este hacer, es que el producto artesanal no es estandarizado, ya que la principal herramienta es la mano y esta hace de manera irregular.

La irregularidad, en el trabajo imperante, al pasar por el departamento de calidad, es considerada un defecto. Mientras que en el mundo del artesano, significa la marca personal de quien lo hace, la originalidad.

Sennett menciona algo similar cuando hace alusión a las mercancías manufacturadas y maquiladas:

Es posible que para lograr una forma perfecta haya que eliminar las huellas, borrar la evidencia del progreso del trabajo. Una vez desaparecida esa evidencia, la obra aparece inmaculada. La perfección de esta limpieza es una condición estática; el objeto no ofrece señal alguna de la historia de su producción.

Para Edith, la mano es una herramienta que permite lo que otras no, la sensibilidad:

Lo que pasa es que cada pieza habla de la mano del artesano, es como su firma y las firmas nunca salen igual. El acabado que se le da, la forma, la curva, todo eso habla de quién lo hizo. Una cosa es hacerlo mal, que no sirva que no sea bonito, pero otra es no hacerlo igual, para nosotros lo estándar no es igual a calidad.

Como menciona, en este modo de hacer va implicada también la calidad: los muebles de madera llegan a servir durante generaciones; los zapatos pueden ser reparados en varias ocasiones; el traje sastre aguantará varias puestas. La calidad de su trabajo es algo que reconocen frente a los productos manufacturados y la obsolescencia programada.

Otra relación interesante es respecto a las máquinas y herramientas. Cierto es que el motor es una constante y que utilizan máquinas eléctricas además de las herramientas manuales. Con el advenimiento del capitalismo, la máquina apareció ya no sólo como una herramienta sino como un sujeto que subordina al humano. La máquina comenzó a representar una amenaza en la medida que en vez de ser un instrumento de apoyo para los trabajadores se convirtió en una competencia que nunca se cansa, no se queja y trabaja con mayor rapidez. “¿Es la máquina una herramienta amiga o un enemigo que sustituye el trabajo de la mano humana?”, se pregunta Sennett.

En el proceso de hacer manualmente o con herramientas aliadas, se aprende y se da una circulación y retroalimentación entre la cabeza y lo que se hace. A medida que la máquina sustituye el trabajo físico, además de prescindir del trabajador y volverlo un operador, se pierde esa experiencia. El resultado final que realiza la máquina pocas veces es realmente comprendido por las personas.

Walter Loeza es ebanista desde hace 46 años y ha experimentado los cambios tecnológicos en torno las herramientas para trabajar la madera. Sobre la máquina, él opina:

En el sentido de la industria grande, la máquina es la que piensa “toca el botón”. ¿Qué aprende la persona que está sentada ahí veinte o treinta años? Y tiene todas las enfermedades porque lleva una vida sedentaria y sin conocimiento. El día que el patrón le diga “¿Sabes qué?, vamos a cambiar esa máquina y no me sirves, tengo otra persona más joven y con mayor conocimiento para la máquina que me van a traer ¡a volar!” ¿Te imaginas qué angustia? Si vas a tocar un botoncito 24 horas, ¿qué estás aprendiendo?

Y agrega:

Anteriormente, trabajaba casi manual, la gran mayoría era manual, el 70% de la herramienta manual que se usaba hace muchos años, se ha relegado. En este sentido, yo no dejo de trabajar con aparatos manuales, porque esa es la habilidad que uno debe de tener. De origen tiene uno que aprender las cosas. Si tú aprendes con una máquina, no vas a poder agarrar un lápiz y hacer una cuenta; ya te acostumbraste a agarrar una calculadora y que te dé una respuesta y si la máquina está mal, pues te falla todo.

Lo anterior nos permite apreciar un poco cómo es la relación del artesano con la máquina. En primer lugar, la adquisición de la máquina responde a necesidades reales, sobre todo, a la disminución del tiempo de producción.

Se adquieren a través del tiempo y por lo regular son máquinas viejas y usadas que se han conseguido en tianguis o que son desechadas por grandes fábricas aun siendo útiles.

Esta condición de la máquina hace que por lo regular sean herramientas con desperfectos. Sennett apunta que esas averías provocan al artesano a ir más allá, a utilizar el ingenio para arreglarla y al arreglarla la comprende aún más:

La utilización de herramientas imperfectas o incompletas estimula la imaginación a desarrollar habilidades aptas para la reparación e improvisación.

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Es común que los artesanos hagan adaptaciones a las máquinas. Ya sea para repararlas, para sustituir una pieza en vez de comprarla en el mercado, para mejorarla o porque está limitada según las necesidades del oficio.

Ejemplos como estos hay infinitos.

En la imprenta de Jesús, su herramienta principal es una Offset que ya estaba considerara obsoleta, recurriendo a mecánicos y torneros la echaron a andar. Esta máquina utiliza una bomba que gotea constantemente agua para mantener humedecido el rodillo con tinta. Tal bomba tiene un costo de 300 pesos, Javier -que es el impresor- ingenió su propia bomba de agua, consiste en un bote plástico de refresco lleno de agua, con un hoyo en la tapa colocado de manera inversa y sujetado al rodillo. Suelta una gota de agua cada segundo.

Otro ejemplo que denota el tipo de relación con la herramienta es que se hacen las propias herramientas, las llamadas “hechizas”. En los talleres artesanos es común que en respuesta a la falta de herramientas precisas para su oficio o inutilidad de las ofrecidas en el mercado, el artesano haga sus propias herramientas o modifique las que tiene de acuerdo a sus necesidades.

Por ejemplo, Edith observa que los tornos americanos están pensados para un prototipo de persona, hombre de alta estatura y occidental, pero, como ella es mujer y de baja estatura, entonces trata de adecuar las herramientas a su corporeidad utilizando tarimas para poder ejercer la presión suficiente sobre el torno.

La relación con los materiales y el modo de producir importan bastante cuando se trata de cuestionar el trabajo. Las personas aprendemos de nosotros mismos y de los demás por lo que hacemos y las cosas que producimos, a la vez que a partir de nuestra práctica nos transformamos. El modo de hacer en el trabajo artesanal y el modo de concebirse con los materiales tiene rasgos interesantes que no solo pueden asimilarse como particulares, sino que se confrontan con la forma de organizar, hacer y relacionarse con las máquinas en el trabajo industrial y el trabajo imperante.


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Otra cuestión fundamental a tomar en cuenta son las problemáticas que el artesano enfrenta, que son muchas y son agudas, al igual que a la mayoría de la clase trabajadora en este país, con sus propias particularidades. Mencionaremos algunos de ellos.

La presión del mercado y la condición de sobrevivencia a la que empuja su lógica. Cada oficio localiza una parte de la producción masificada que lo afecta, entre ellas: las modas, la producción de mercancías baratas, las nuevas tecnologías. El mercado es un terreno complejo al que el artesano trata de adaptarse sin perder la esencia de su oficio.

El precio de su trabajo casi nunca es respetado. Los trabajadores de la colonia Obrera comentan que no se valora el tiempo dedicado ni los saberes depositados. A esto se suma la existencia del intermediario en algunos oficios: él es quien hace acuerdo con el cliente y, por tanto, se queda con una parte del pago al trabajo, sin haber trabajado.

También muchos de los talleres no les pertenecen y deben de cumplir con rentas. Es común que el trabajo del mes se gaste solamente en mantener el espacio. Y se debe agregar el problema con los impuestos, ya que como el artesano no tiene figura legal se le considera a su taller pequeño negocio o a él pequeño empresario, lo que causa cobros de impuestos y servicios muy por encima de sus posibilidades.

Este panorama se completa con una condición innegable y compartida por la mayoría de la población: la falta de empleo. El trabajo del oficio tradicional ha menguado. Los artesanos de la colonia Obrera persisten, pero muchos de ellos han visto como compañeros suyos se han retirado del oficio y cambiado de ocupación.

Algunos de ellos consideran que su oficio va en declive, les preocupa su situación personal pero también que el oficio que ellos han reivindicado toda su vida se pierda definitivamente. Otros piensan que no será así, que el oficio artesanal sigue siendo base fundamental en la producción y que la gente común continuará recurriendo a ellos.

Han buscado nuevas formas para continuar existiendo, haciendo más cosas de las que de por sí hacen: el ebanista restaura muebles antiguos; el hijo del sastre ofrece su trabajo a escuelas y oficinas para uniformes; el mecánico industrial ha aprendido a diseñar máquinas a través de tutoriales y fotografías en internet.

Más allá de la situación crítica, los atraviesan también otras subjetividades. El gusto y el orgullo por el oficio: la satisfacción de saber hacer bien algo, de crear y, en el crear, seguir aprendiendo, de hacer un trabajo que no aburre ni aliena, la experiencia forjada en años, el conocimiento profundo del material con que se trabaja.

También existe un orgullo de haber logrado no trabajar para nadie, ser asalariado y que el modo de hacer y los ritmos de trabajo estén regulados por alguien externo o tener que presentarse a horas impuestas. Muchos de ellos han tenido la experiencia de trabajar en fábricas y comentan que ahí su trabajo no es reconocido, que ahí los trabajadores se pierden y se vuelven personas indistintas. Lo que se observa, y ellos comentan abiertamente, es que no existe separación entre su vida y el oficio. Son artesanos todos los días.


Mucho se ha debatido sobre la situación del trabajo, sobre sus posibles sentidos e incluso su extinción. Pero, mientras las ciencias, las artes, técnicas, las herramientas sigan apropiadas en pocas manos, manos ajenas y dedicadas al lucro, la liberación del trabajo y del tiempo no tendrán cabida.

Recuperar el saber hacer del artesano nos permite acercarnos a un modo de trabajar que se consideraba extinto o en vías de extinción; sin embargo, lo observado nos enseña otra cosa: que el artesano, además de mantenerse activo, ha cuidado un modo de trabajar que en la sociedad moderna se ha ido perdiendo: un modo de trabajar más humano.

Al inicio del texto mencioné que una de las enseñanzas del saber hacer es la posibilidad de autogobernarse pero ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que todo ese conjunto de saberes, conocimientos, ingenio, experiencia, habilidades, imaginación, dedicación y hábitos sirven cuando se ponen en práctica para resolver las cuestiones comunes de la vida, dar solución a problemas y atender las necesidades de los pueblos. Esta riqueza en manos de seres comunes y lejos de la lógica del valor, realizada con autodeterminación, permite trabajar de otro modo, desde otra lógica y, sobre todo, permite liberar el tiempo del trabajo para dedicarlo a otras actividades no-productivas de la vida.

(Foto principal: cortesía de -Ronin-; fotos del cuerpo del texto: Estefanía Palacios.)


Bibliografía consultada

–Illades, Carlos y Mario Barbosa (coordinadores). Los trabajadores de la ciudad de México 1860-1950. Textos en homenaje a Clara E. Lida (COLMEX Y UAM, 2013).

–Marx, Karl. Manuscritos económicos y filosóficos de 1844.

–Marx, Karl. Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858 (Editorial Siglo XXI, 1989).

–Novelo, Victoria. “Ser indio, artista y artesanos en México”, en Espiral, estudios sobre Estado y Sociedad (2002). vol. IX, núm. 25. pág: 165-178.

–Palacios Hernandez, Lylia (coordinadores). Oficios urbanos tradicionales de Monterrey: el lado invisible de la cultura laboral regiomontana (UANL, 2014).

–Sennett, Richard. El Artesano (Anagrama, 2009).

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La Vía Verde: los síntomas y la enfermedad de una administración

En la administración de Miguel Ángel Mancera incluso colocar enredaderas despierta sospechas. Presentado el pasado 12 de julio, el proyecto Vía Verde, que otorgará espacios publicitarios a privados a cambio de que financien la implementación y mantenimiento de jardineras en las columnas que elevan la autopista urbana de la Ciudad de México, no tendría por qué ser polémico. Es más, no tendríamos siquiera por qué haber reparado en ello quienes no transitamos por ese bosque de concreto que OHL y las administraciones nos dejaron en buena parte del Periférico de la Ciudad de México. Como bien lo ha mostrado el arquitecto Axel Arañó en su cuenta de Twitter, revestir las colosales y severas columnas de los segundos pisos del Periférico con hiedras no requiere mayor gasto y hasta podría ocurrir de manera natural. Una jardinería vigilante a esas enredaderas no tendría por qué significar un alto cargo al erario. Un discreto proyecto de embellecimiento urbano con discretos servicios ambientales. Casi intrascendente, pero no sobrado.

El asunto naturalmente se enreda. No: no serán hiedras lo que reverdecerán la inhóspita autopista urbana –que muchos sugeriríamos más bien desmontar– sino “jardines verticales”. La técnica, sin embargo, es costosísima, tanto en su implementación como, sobre todo, en su mantenimiento. Y, dada la densidad vegetal de un jardín vertical frente a la de una buena hiedra, los servicios ambientales que brinda podrían ser incluso más irrelevantes en el contexto de la ciudad. Como proyecto público que ni siquiera viene acompañado por otros elementos como una reorganización del transporte público en el Periférico, por los altos costos y los nulos beneficios, tendría que desecharse sin mayor discusión. Sin embargo, y aquí viene el sello característico del gobierno de Mancera que presenta el horror como virtud: ¡el proyecto no es público! “No con nuestros impuestos”, dicen entusiastas Fernando Ortiz Monasterio, propietario de la beneficiada empresa que desarrollará los jardines verticales, y el actor Luis Gerardo Méndez, socio y promotor del proyecto. Se trata de una concesión del inmobiliario urbano a privados para que consigan lo que hace ya tiempo habían perdido: espacios publicitarios en el Periférico.

De las poco más de mil columnas de la autopista urbana, se plantea que una de cada diez se destine a anunciantes. A cambio de esta transacción, el gobierno no recibe nada más que un limitado greenwashing, pues toda la renta se destina a pagar el mantenimiento por 10 años de una jardinería que, de ser pública, se procuraría menos onerosa. Es decir, mientras los privados explotan para su beneficio los bienes públicos, un gobierno –y de izquierda– renuncia a percibir rentas que bien podrían ser destinadas a proyectos de mayor trascendencia para la ciudad. ¿Acaso esto no suena familiar en el contexto de esta administración de la ciudad?

Mancera y sus socios aprendieron la lección del siempre irrisorio Corredor Cultural Chapultepec: antes de presentar a la ciudadanía sus negocios, hay que revestirlos de ella misma. Era el ingrediente que faltaba para el éxito de los proyectos. En esta ocasión, antes que cualquier cosa, los empresarios lanzaron una petición en change.org que, gracias al respaldo carismático de Luis Gerardo Méndez juntaron más de ochenta mil firmas; en el proceso se les invitaba también a participar en un sondeo en línea que disfrazaba de estudio de opinión su afirmativa por el proyecto. Así, con la llamada “Vía Verde” ya no hablamos de un oscuro programa empresarial –como con el Corredor Cultural Chapultepec– sino de una luminosa iniciativa ciudadana.

La ciudadanía hace suyo el Periférico; Ciudadanos reverdecen el concreto; Gobierno, IP y ciudadanos juntos por el medio ambiente. La Vía Verde de pronto es presentada como la cura a unos meses difíciles de ozono, como la reconciliación de Mancera con los automovilistas por el Hoy No Circula, como la enmienda a los casi mil árboles talados en Mixcoac para construir otra vía de concreto para automovilistas. Una columna con plantitas por cada árbol caído es, hasta ahora, la única respuesta a una crisis ambiental.

Los promotores de la Vía Verde señalan que su propuesta nunca ha buscado ser la salvación de la contaminación ambiental, que no sustituye la urgencia y necesidad de proyectos más relevantes y que no busca lavar la indolencia de la terrible administración de Mancera –y sus predecesores– en materia ambiental. En el lugar común de su narrativa épica, ellos simplemente fueron “solo dos ciudadanos que presentaron una maqueta” buscando mejorar en algo su entorno. Buena voluntad, una idea bonita. No puede reprochárseles el intento de enriquecer el negocio de los jardines verticales.

La pregunta y el reclamo, en todo caso, no van dirigidos hacia ellos, ni mucho menos a los ochenta mil firmantes, sino a Mancera y sus nociones sobre la administración pública, sobre su proyecto o agenda de gobierno y de ciudad; específicamente, sobre su concepción de la gestión de problemas urbanos como un asunto de imagen. Mientras que en la administración de López Obrador pudimos distinguir, no sin inconsistencias, una agenda de política social y en la de Ebrard, no sin contradicciones, una de inclusión y derechos civiles, en la de Mancera vemos que lo único constante es un branding que, por sí solo y luchando por retomar los triunfos de sus predecesores, resulta en lo más hueco que hemos visto en cualquier administración de la Ciudad de México, incluyendo las antiguas regencias.

La Vía Verde es la repetición del Corredor Chapultepec como farsa. Y si es farsa, lo es por irrelevante, pues el de Chapultepec era un proyecto a todas luces nocivo para la ciudad. Lo que preocupa es la facilidad, poca reflexión y ausencia de un sentido tanto de lo urbano como de la administración pública con la que Mancera está dispuesto a concesionar a privados bienes de la ciudad, sin percibir rentas importantes por ello y encima presentar esto como virtud. Como con el Corredor, en la Vía Verde los conceptos y directrices “amigables” o de moda en la gestión del espacio urbano se emplean con toda la superficialidad y el objetivo de disfrazar la frivolidad, intrascendencia e intereses privados detrás de los proyectos. “Iniciativa ciudadana”, “verde”, “cultural”, “movilidad”, “peatonal”, “participación”, “sin nuestros impuestos”. Como si aludirlos los implicara o irrebatiblemente volvieran deseable el proyecto. El Corredor Chapultepec proponía un centro comercial sobre la calle; la Vía Verde un corredor publicitario bonito y eso es todo. No se reconoce un sentido –ni siquiera estratégico– de lo público en ninguno de los dos.

Ambos casos podemos sumarlos a una larga lista de otros elementos y aspectos de la administración de Mancera donde lo que ha privado es la improvisación, la frivolidad, la inexistencia de un proyecto de ciudad. Desde pintar de rosa el transporte público hasta la incapacidad de definir una agenda de seguridad pública incluso ante casos sensibles como el de la Narvarte o el del Bar Heaven; desde intervenir el Centro Histórico sin darnos razón del ambicioso plan de manejo que le heredó la administración anterior hasta la incapacidad de definir una relación con las protestas y movilizaciones que no esté mediada por la represión violenta o la discriminación selectiva de demandas. La reforma política del Distrito Federal parece haberse reducido a un cambio de nombre de la demarcación y el aplauso emitido por la propuesta de incrementar el salario mínimo se fue extinguiendo así como el entusiasmo de su administración por realmente encabezar ese debate. Con todo, la agenda de gobierno parece consistir en ser un llamativo pero simple ajonjolí rosa en todos los moles.

Son esta constante improvisación, la ausencia de sentido de lo público, de la ciudad y de posiciones ideológicas claras, así como la obsesión con el branding, el telón de fondo en el que es evaluada la Vía Verde. Es el recuerdo del Corredor Cultural Chapultepec en el que el gobierno de la Ciudad de México estuvo a dispuesto a colocar un aparatoso centro comercial sobre la vía pública, renunciando incluso a cobrar una renta significativa por ello. De la experiencia del Corredor Cultural Chapultepec –y del fracaso de su ejecución– aprendimos que esta administración, en su superficialidad, prefiere el riesgo de poner en juego lo público, de comprometer a la ciudad misma a cambio de vistosos bandazos que se limitan a dar la sensación de que algo se hizo.

(Foto: Vía Verde.)

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El Hoy No Circula: una medida autoritaria

En los últimos años, la contaminación ha aumentado en la Zona Metropolitana del Valle de México; la cantidad de autos per cápita también se ha incrementado; la mancha urbana ha ganado y sigue ganando terreno y los problemas de la ciudad han evolucionado con el cambio de siglo y de milenio, pero las autoridades capitalinas –ante el nuevo contexto: más complejo y menos alentador– siguen respondiendo con soluciones de la década de los noventa y, peor aún, con formas también de esos tiempos –a pesar de que tampoco la sociedad es la misma. Se ha anunciado que la respuesta a la reciente contingencia y a la nula mejoría en la calidad del aire será un programa de restricción vehicular sin excepciones para los autos particulares, que se aplicará de manera temporal. Exactamente así se inició, décadas atrás, la aplicación del Hoy No Circula (HNC), cuando el entonces departamento del Distrito Federal aplicó una política pública sin que mediara discusión alguna y sin ningún sustento científico. Todo politólogo sabe que en política la forma es fondo y, en este caso, los medios institucionales utilizados para dar solución al problema nos hablan de un autoritarismo resucitado: fue una decisión vertical, privada de deliberación previa, una medida en la que no se consultó a la ciudadanía.

La reciente solución a la contingencia ambiental –con razón– ha sido impopular y los ciudadanos han dudado de su efectividad. A todos nos afectan los altos niveles de contaminación, pero no tenemos derecho a opinar en las posibles soluciones. Los gobiernos estatales y el gobierno federal se miraron a los ojos y, como si hubieran tenido una epifanía, concluyeron que lo mejor era hacer que un 20% de los autos particulares –y hay que subrayar que solo los particulares porque el transporte público y el de carga siguen intactos– salieran de circulación, sin importar el grado de emisiones. Como si hubieran tenido una revelación, salieron a avisarnos que ya habían tomado una decisión, a manera de muestra de su liderazgo y eficiencia, de su autoridad incólume –todo esto tiene un fuerte tufo paternalista. La respuesta de las autoridades, no es sorpresa, ha dejado un mal sabor de boca entre los megalopolitanos, porque es evidente la disparidad de criterios en la aplicación de las estrictas pero “necesarias” medidas ambientales.

Para entender el porqué del descontento habría que hacer memoria de los diferentes criterios del HNC; de cómo nos han dado diferentes versiones cada vez que han tenido necesidad de justificar las excepciones. La duda sobre la capacidad de las autoridades para manejar la crisis ambiental es justificada, y el hermetismo apresurado de la toma de decisiones nos permite preguntarnos si, más que malas intenciones, las medidas negligentes están motivadas por una profunda ignorancia de la materia.


Las diferentes excepciones en el HNC y el debate público

El HNC nació en 1984, años en que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) lo era todo o casi todo en el ámbito político. El programa se originó en la sociedad civil como una iniciativa voluntaria, que tenía la finalidad de ejercer presión social para llamar la atención y provocar la reacción gubernamental sobre el tema, más que como una idea eficiente de reducción de emisiones. La reacción tardó, pero llegó entre 1989 y 1990 una vez que se cooptaron los ecologistas necesarios (por estos años nace el Partido Ecologista Mexicano, antecesor del Partido Verde Ecologista de México, que se deslindaría, más tarde, de la oposición de izquierda del país) y que se había pasado el rubor de la inacción gubernamental. En ese invierno de 1989 se anunció que el programa sería temporal durante la temporada invernal, debido a los altos índices de contaminación que se habían presentado en aquella época. Al ver la eficacia de la medida, el entonces regente del departamento del Distrito Federal, que era impuesto por el presidente, anunció, sin necesidad de explicar o argumentar la política pública, que el programa se aplicaría de manera permanente. En ese entonces el regente podía darse el lujo de tomar las medidas que le vinieran en gana pues su nombramiento y carrera política dependían del presidente, es decir, no debía ninguna explicación a los ciudadanos pues nada lo vinculaba con ellos.

Para 1995, cuando había avanzado la transición en la Ciudad de México, empezaron las excepciones, pues ya había un costo político, y también ya había voces científicas anunciando que el programa estaba teniendo efectos adversos para el ambiente y para la congestión. En este año aparece la calcomanía “0” para exentar a todos los autos que no rebasaran un límite de contaminantes en el proceso de verificación.

Para 1997, antes de salir del gobierno, el último regente, Oscar Espinosa Villarreal, con ganas de influir en los resultados electorales, hizo algunas excepciones con las calcomanías, pero no fue suficiente. La llegada del PRD no implicó un cambio ni una revisión del programa –simplemente lo dejaron seguir pues ya casi nadie resultaba afectado.

Ni para el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas ni para el de Andrés Manuel López Obrador el HNC y el tema ambiental fueron materia de controversia con la ciudadana. Por el contrario, en vez de mejorar la red de transporte público, Obrador optó por crear grandes obras viales que le sumaran popularidad y votos para buscar la presidencia –total, ya el tema ambiental lo resolvería cuando fuera presidente.

Fue hasta con Marcelo Ebrard que la congestión y los niveles de contaminación volvieron a ser tema de la agenda pública. Ebrard añadió el factor antigüedad al criterio de emisiones para exentar a más vehículos. Derrotados por la corrupción o de plano sin voluntad de cambiarla, se entregaron a la inercia de mejor exentar a todos los autos entre dos y 10 años de edad, para así evitarse las quejas por los abusos de los verificentros –que siempre reprobaban los autos para luego pedir un soborno. Ebrard incluso trató, sin éxito, de imponer el HNC sabatino, a sugerencia del Clean Air Institute,  pero el alto costo político le impidió seguir. Hasta 2010 se hizo la primera evaluación oficial del HNC por parte del Centro Mario Molina a petición del GDF, estudio que arrojó resultados ambiguos sobre la efectividad del programa.  La diferencia en este contexto es que Ebrard sí tenía aspiraciones de seguir subiendo de puesto y su ascenso sí dependía de los electores; por lo tanto, no tenía el camino tan sencillo como los regentes de los noventa y tuvo que dar marcha atrás al HNC sabatino y aumentó el periodo para obtener la calcomanía cero de ocho a 10 años.

Con una popularidad escandalosamente baja, hoy Miguel Ángel Mancera sabe que no tiene mayores aspiraciones políticas y que su supervivencia política y la gobernabilidad de la ciudad dependen del presidente, como con los viejos regentes; nada le debe a los ciudadanos de la capital que lo desaprueban rotundamente y que no le han dado su apoyo, sino que se lo dieron, en las elecciones del año pasado, a Morena, que se perfila para sustituir al Partido de la Revolución Democrática (que, como él ha declarado, no es el partido del jefe de gobierno). Imponer una decisión de este tipo tendrá un alto costo para Mancera, no así para el resto de miembros de la Comisión Ambiental Megalopolitana.

Decíamos que los jóvenes de ahora no entienden lo que implica el regreso del PRI, o la ausencia de libertades, ni la esencia vertical del sistema anterior a la transición. Hoy tenemos un ejemplo tangible –el HNC– para explicarles lo que era la toma de decisiones arbitraria, contraria a todas las voces, el imperio cínico de los intereses y el ego del gobernante en turno sobre el coro social que exige soluciones y no remiendos sobrepuestos.

(Foto: cortesía de Adrian Macias.)