911 Moisés

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De los cinco periódicos impresos con circulación nacional, únicamente dos, La Jornada y Milenio, consignaron en su primera plana el hallazgo del cuerpo degollado del periodista veracruzano Moisés Sánchez. En un país donde la libertad de expresión es un privilegio de unos cuantos, no deja de sorprender la falta de solidaridad de los medios de comunicación con sus colegas; es signo del profundo deterioro de los medios mexicanos, tan cercanos a las élites (y a la propaganda gubernamental) y tan lejos de sus lectores.

El pasado 2 de enero, a las 19:00 horas, un comando de hombres armados ingresó al domicilio del periodista. Lo secuestraron y robaron. Moisés Sánchez vivía en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz; era director y editor de La Unión, un periódico crítico financiado por el propio Sánchez con el dinero que ganaba como taxista (probablemente la manera de financiamiento explique mucho: la voz crítica e independiente del diario y la incomodidad que generaba a los políticos locales).

Moisés era un ciudadano activo. El pasado 16 de diciembre informó en su cuenta de Facebook:

Este día martes se formaron las redes vecinales por parte de autoridades estatales. Además, después en la siguiente reunión acordaron también que este miércoles, a las 8 de la noche, se tomará protesta al Comité de Autodefensas de la colonia Gutiérrez Rosas. Dicha toma de protesta será en la calle Violeta frente al domicilio de doña Paca… Esto es parte de lo que se acordó el día de la manifestación del día lunes 15 del presente mes en Medellín (de Bravo), en donde estuvieron presentes Autoridades Municipales (Omar Cruz Reyes), Estatales (el Subsecretario de Seguridad Pública), además de Autoridades Federales. Esperamos contar en la toma de protesta con la presencia de Adrián Martínez Galloso, Agente Municipal de esta congregación de El Tejar.

Para finales de diciembre la tensión con el alcalde era tal que Sánchez fue amenazado; le cumplieron.

moisc3a9s-sc3a1nchez-que-aparezca-de-candianiHacer periodismo en México no es una tarea sencilla. Por un lado, las condiciones laborales de los reporteros son ínfimas. Por el otro, autoridades y medios masivos parecen minimizar los ataques constantes a la libertad de expresión. De acuerdo con la organización Article 19, desde el año 2000 han sido asesinados 82 periodistas en México por causas presumiblemente vinculadas a su trabajo. Ningún país que vive en “democracia” tiene semejantes tasas de violencia contra la prensa.

Durante la administración de Enrique Peña Nieto han sido asesinados diez periodistas: Jaime Guadalupe González Dominguez (Ojinaga, Chihuahua), Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa (Saltillo, Coahuila), Alberto López Bello (Oaxaca, Oaxaca), Mario Ricardo Chávez (Tamaulipas), Gregorio Jiménez (Veracruz), Nolberto Herrera (Zacatecas), Octavio Rojas (Oaxaca), Atilano Román (Sinaloa), Antonio Gamboa (Sinaloa) y Moisés Sánchez (Veracruz) –apenas dos menos que los periodistas asesinados en París el pasado 7 de enero.

Estas cifras, escalofriantes, serían un escándalo de grandes proporciones en otros países. Hay más periodistas asesinados en Veracruz que en Israel y la zona ocupada de Palestina (12 desde 1992, CPJ) y más en el país que en Siria (61, CPJ) y solo menos que en Iraq (162, CPJ). Al contrario de estos últimos dos países, nuestro país es considerado como una democracia y no tiene un conflicto armado reconocido internacionalmente (pese a la sangrienta “guerra contra el narco”). Sin embargo, no se trata de números: un solo periodista asesinado merma la libertad colectiva.

Todo asesinato indigna y, si queda impune, indigna el doble. Pero la profesión del periodista está vinculada con el ejercicio de un derecho; su función social como mensajero materializa el propio derecho; de modo que matar a un periodista equivale a matar la posibilidad colectiva de expresarse. El efecto que cada asesinato de periodistas tiene en la sociedad deviene autocensura, y de allí el silencio, la nada.

El caso de Veracruz por eso es incómodo para todos: el silencio forzado mantiene –y quizá continúe haciéndolo– a gobiernos como el de Javier Duarte. A partir de los once asesinatos de periodistas durante su administración, es posible trazar cierto perfil en la forma de impartir justicia: “rápida resolución” y deliberada desconexión del ejercicio del periodismo como móvil del crimen. De tal suerte que Regina Martínez o Yolanda Ordaz o Gregorio Jimenez murieron de manera aislada, como víctimas de un delito común o un crimen pasional o una vecina vengadora. El gobierno ha sido incapaz de nombrar en ningún caso al crimen organizado (los Zetas u otros) o a las autoridades locales como responsables, postura que abre la sospecha de protección criminal por silencio.

periodista11En los casos investigados por el fiscal veracruzano Enoc Maldonado, la única prueba del delito es la confesión fuera de proceso, como si las pruebas materiales y la investigación no importasen. En el caso de Regina Martínez, por ejemplo, no se valoraron otras pruebas ni se siguió el debido proceso, pese a que el sentenciado dijo que la confesión le fue extraída bajo presión, amenaza y tortura. ¿Premiamos “eficacia” o legalidad? Aparentemente el gobierno veracruzano piensa que es mejor apostar por lo primero que por lo segundo.

Pensemos: ¿por qué un gobierno haría una apuesta de esa naturaleza? Me refiero a una investigación exprés y, por decir lo menos, desaseada. La respuesta quizá se encuentre (paradójicamente) en los propios medios. No son pocos los medios impresos nacionales que apostaron por reproducir los dichos del procurador local: se trató de una venganza personal y alguien contrató a unos criminales. Gobierno y medios construyen una verdad parcial; son, de alguna manera, cómplices. En el caso de Gregorio Jiménez, en un primer tratamiento ningún impreso cuestionó este dicho ni se preguntó cómo es tan fácil contratar a unos criminales; tampoco atendieron el contexto mismo de la vida del periodista: si fue amenazado, no lo fue por un motivo personal sino por sus publicaciones. Nuestro periodismo, o, mejor dicho, los dueños de los periódicos, jugando contra el periodismo, contra los periodistas y a favor de… ¿el dinero de publicidad oficial? No lo sé.

El procurador Luis Ángel Bravo aseguró que este sábado 24 de enero las autoridades encontraron el cuerpo de Moisés Sánchez en bolsas negras en un paraje. Martín López Meneses, chofer y escolta del alcalde de Medellín, y subdirector de la policía municipal, fue quien, según la procuraduría de Veracruz, ordenó la ejecución del periodista. Autoridades afirmaron que solicitarán el desafuero del edil Omar Cruz Reyes, quien permanece arraigado por disposición judicial, y así proceder contra él por su probable responsabilidad en el asesinato de Moisés Sánchez.

No se puede reducir el asesinato de Moisés, o de cualquiera de los periodistas asesinados, a asuntos locales, a una pelea con un presidente municipal. No. Se debe apuntar al Estado en su conjunto y a todos los arreglos que pacta para que estas tragedias sucedan de manera cotidiana.

Algo más indigna de este caso. Hoy existe una ley de protección a periodistas, un mecanismo federal para tal efecto y una fiscalía especial dependiente de la PGR que, desde mayo de 2013, tiene plenas atribuciones legales para atraer el caso. ¿Qué hemos obtenido? El silencio y el desinterés. Si matar a un periodista manda un mensaje que inhibe a otros a ejercer el derecho a libertad de expresión, el silencio de quien está obligado a proteger el derecho manda un mensaje que causa horror en tiempos del priato: el que nos pega, la paga.

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